Editorial & Columnas
La universidad en modo empresa y el riesgo de ser universidad
Por: Gerardo Angulo Cuentas
El otro día, al terminar clase, un estudiante me lanzó una de esas preguntas que parecen simples pero desordenan todo:
—Profe, ¿la universidad pública es para pensar… o para obedecer?
Me quedé callado unos segundos. No por falta de respuesta, sino porque en esa pregunta estaba condensado el debate más incómodo —y más urgente— que hoy atraviesa a las universidades públicas en América Latina.
Y lo estamos esquivando.
Porque mientras discutimos reformas, estatutos, indicadores y acreditaciones, en el fondo lo que está en juego es algo mucho más profundo: qué tipo de universidad queremos ser… y, sobre todo, quién la gobierna realmente.
Hoy, sin decirlo abiertamente, están compitiendo dos modelos.
Dos formas de entender la universidad.
Dos maneras de ejercer el poder dentro de ella.
Dos visiones de futuro que no son compatibles… aunque intenten convivir.
La primera es la universidad administrada. Esa que empieza a parecerse sospechosamente a una empresa. Todo se mide, todo se reporta, todo se optimiza. Aparecen indicadores por todas partes, rankings, metas, tableros de control. La palabra favorita es “gestión”, y la promesa es seductora: eficiencia, transparencia, resultados.
Y ojo, no es un modelo absurdo. Tiene lógica. En sistemas públicos donde históricamente ha habido desorden, clientelismo o inercia, introducir reglas, métricas y control no solo es necesario… es urgente.
El problema es cuando la lógica administrativa se vuelve la única lógica.
Ahí la universidad empieza a cambiar de piel sin darse cuenta.
Deja de ser un espacio de pensamiento crítico y se convierte en una máquina de producir evidencias de desempeño.
El profesor deja de ser un intelectual para convertirse en un generador de productos medibles.
El estudiante deja de ser un sujeto en formación para convertirse en un dato en un dashboard.
Y entonces ocurre algo peligroso: empezamos a confundir calidad con cantidad.
Publicar más no es pensar mejor.
Graduar más no es formar mejor.
Medir más no es entender más.
Pero claro, este modelo tiene algo que enamora a los gobiernos y a algunos directivos: permite mostrar resultados rápidos. Y en tiempos de presión política, eso vale oro.
En la otra esquina está la universidad deliberativa. Esa que defiende la autonomía, la participación, los cuerpos colegiados, el debate. La universidad como comunidad, no como organización. La universidad como espacio donde se piensa, se discute y —a veces— se demora.
Aquí la palabra clave es “autonomía”. Y no es una palabra menor. Es, probablemente, la columna vertebral de la universidad pública latinoamericana. Sin autonomía, la universidad se vuelve extensión del poder de turno. Y eso ya lo hemos visto… y lo hemos sufrido.
Pero tampoco nos digamos mentiras.
Cuando este modelo se lleva al extremo, también tiene sus sombras.
Decisiones que tardan meses o años.
Reformas que nunca llegan.
Espacios capturados por pequeños grupos que hablan en nombre de todos.
Responsabilidades diluidas hasta que nadie responde por nada.
En nombre de la participación, a veces terminamos legitimando la parálisis.
Y mientras tanto, el mundo afuera no espera.
El problema es que este debate suele plantearse como si hubiera que escoger un bando: o nos volvemos eficientes o defendemos la autonomía. Como si pensar y gestionar fueran actividades incompatibles.
Y ahí es donde estamos perdiendo la conversación.
Porque una universidad que solo administra deja de ser universidad.
Pero una universidad que solo delibera deja de incidir.
Hace un tiempo, en una reunión institucional, alguien propuso “implementar metodologías ágiles”. Todo el mundo asentía. Sonaba moderno. Sonaba necesario. Sonaba inevitable. Hasta que alguien hizo la pregunta incómoda:
—¿Ágiles para qué?
Reinó el silencio en todo el salón.
Como reina el silencio: ese silencio que lo dice todo.
Porque muchas de las transformaciones que hoy se intentan introducir en nuestras universidades no nacen de una reflexión académica profunda, sino de una ansiedad por parecer contemporáneos. Por parecer eficientes. Por alinearse con lenguajes y prácticas que funcionan… en otros contextos.
Pero América Latina no es un laboratorio vacío.
Nuestras universidades públicas no solo forman profesionales. Sostienen territorios, producen pensamiento crítico, incomodan al poder, crean ciudadanía. En muchos lugares, son el último espacio donde todavía se puede pensar sin permiso.
Y eso no cabe en un sprint.
Entonces, la pregunta no es si debemos medir o deliberar. La pregunta es más incómoda:
¿Estamos gobernando las universidades para que piensen… o para que obedezcan mejor?
Porque si el objetivo es solo que funcionen “bien”, entendiendo bien como rápido, medible y ordenado, entonces no necesitamos universidades. Necesitamos centros de entrenamiento.
Pero si creemos —de verdad— que la universidad pública debe formar ciudadanos críticos, producir conocimiento relevante y cuestionar lo establecido, entonces su gobernanza no puede reducirse a un dashboard… ni a un backlog bien priorizado.
Necesita algo más difícil: criterio.
Tal vez el verdadero reto no es escoger entre gestión o autonomía, sino construir una gobernanza que sepa cuándo decidir… y cuándo discutir. Cuándo medir… y cuándo pensar. Cuándo ejecutar… y cuándo resistir.
Porque al final, la respuesta a la pregunta de mi estudiante no está en un modelo ni en un decreto.
La universidad pública no es para obedecer.
Pero tampoco es para quedarse cómoda discutiendo mientras todo cambia afuera.
Es para incomodar.
Para pensar.
Y, sobre todo, para no dejarse gobernar sin entender por qué.
Y eso, en estos tiempos, ya es bastante subversivo.
