La democracia no se destruye con bombas. Se pudre con togas

Opinión / Por: Victor Rodríguez Fajardo – El Man del Sombrero

Esto ya no es una controversia jurídica. Es una operación con dos frentes, un libreto y un beneficiario identificable.

Y no es la primera vez que lo digo.

Lo advertí. Aquí está.

Quienes han seguido esta columna saben que el patrón no es nuevo. Lo documenté cuando Petro todavía fingía que gobernar y hacer campaña eran actividades separadas. Lo señalé cuando el lenguaje del M-19 empezó a reaparecer no en los archivos sino en la tarima, en el gesto, en la táctica. Lo escribí cuando nadie quería incomodarse con la pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega un presidente que nunca dejó de ser guerrillero en su manera de entender el poder?

Hoy los hechos responden solos. Y lo hacen en dos frentes simultáneos.

Primer frente: La Comisión de Acusaciones no investiga. Filtra.

La Cámara de Representantes no tiene la facultad constitucional de suspender al presidente de la República. Eso lo sabe cualquier estudiante de primer semestre de derecho. Lo que ocurrió fue otra cosa: una ponencia interna de la Comisión de Acusaciones, conducida por una representante del Pacto Histórico que actúa como instructora del caso, que se filtró al debate público antes de ser votada en comisión. Antes de tener fuerza jurídica alguna. Antes de superar el primer trámite que la convertiría en decisión real.

Una ponencia sin votar no es un fallo. No es una sanción. No es una suspensión.

Pero es un titular. Es un escándalo. Es un relato de persecución listo para consumo inmediato.

Técnicamente discutible. Jurídicamente frágil. Políticamente perfecta.

Porque el efecto no dependía de que fuera legal. Dependía de que fuera ruidosa.

Y vaya que lo fue.

En menos de doce horas Colombia ardía en redes, en tarimas y en micrófonos. Petro ya tenía su imagen de mártir constitucional. Cepeda ya tenía el combustible para la recta final. Los indecisos ya tenían una razón emocional para tomar partido. El caos no fue el accidente: fue el producto. No importaba si la ponencia sobrevivía la votación en comisión. Para cuando eso se aclarara, el daño ya estaba hecho y el beneficio ya estaba cobrado.

Petro no es víctima. Es el incendiario que llama a los bomberos para que lo fotografíen.

Segundo frente: El Tribunal no arbitra. Golpea.

Mientras tanto, en el otro extremo de la contienda, un particular interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá contra la campaña de Abelardo de la Espriella. El magistrado la admitió y concedió una medida provisional que obliga a retirar en 24 horas la bandera de Colombia, los símbolos patrios, las imágenes de la fuerza pública, el saludo militar y el lema «Defensores de la Patria» de toda su propaganda.

Todo eso ya estaba inscrito. Ya estaba aprobado. Ya aparece en el tarjetón donde Colombia votará el 21 de junio.

Y aquí está el segundo detalle técnico que el escándalo intenta sepultar: no hay fallo de fondo. No hay sentencia en primera instancia. No hay pronunciamiento sobre si la tutela tiene o no razón en su mérito. Hay una medida provisional dictada antes de que el juez haya estudiado el caso. Es decir, se desmonta una campaña, se retiran símbolos avalados por el CNE y se altera de facto el tarjetón electoral con una medida que ni siquiera ha superado el primer filtro jurídico de fondo.

El Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad competente del sistema electoral colombiano, ya avaló ese movimiento, ese nombre y esos símbolos. Un tribunal no puede llegar a desbaratar por tutela de un particular lo que la autoridad electoral ya ordenó como válido y que figura en la papeleta oficial.

En derecho eso se llama medida cautelar. En política se llama golpe preventivo.

Cuando la toga hace lo que la urna no puede, algo se rompió.

El libreto completo: teoría del caos en tiempo real.

Hay un momento en el fútbol que todo hincha reconoce: la final, el marcador en contra, el tiempo corriendo y el técnico que sabe que el empate no sirve. En ese momento da lo mismo perder por uno que por goleada. Entonces mete a todos los delanteros, saca a los defensas y lanza el equipo al ataque total. No es táctica. Es desesperación con método.

Eso es lo que está pasando en Colombia.

El Pacto Histórico sabe que va perdiendo. Las encuestas no mienten y los números no se negocian con tutelas ni con medidas cautelares. Entonces activaron la teoría del caos: si no podemos ganar jugando limpio, incendiamos el estadio.

Y los dos instrumentos son quirúrgicamente precisos en su impunidad técnica: la ponencia filtrada antes de ser votada, que no es fallo pero produce el escándalo. La cautelar dictada sin fallo de fondo, que no es sentencia pero produce el daño. Ninguna de las dos es definitiva en derecho. Las dos son definitivas en política. Para cuando los recursos prosperen o los jueces corrijan, la semana decisiva ya habrá pasado. Los votos ya se habrán movido. El caos ya habrá cumplido su función.

Dos frentes. Dos operaciones distintas en forma. Idénticas en resultado: uno de los candidatos con mayor intención de voto queda golpeado en su imagen, sus símbolos y su campaña. El otro sale fortalecido, movilizado y con el relato de la persecución aceitado y listo para la recta final.

La ponencia filtrada y la cautelar sin fallo. Los dos el mismo día. Los dos beneficiando al mismo candidato. A once días de las elecciones.

Eso no es coincidencia. Eso es cronograma.

La combinación de todas las formas de lucha no está en un comunicado guerrillero amarillento guardado en un archivo. Está aquí, ahora, en tiempo real: la comisión como trinchera, la ponencia como proyectil, la tutela como cerrojo, la indignación como combustible, el martirio como estrategia.

Ya lo describí cuando robaron la espada de Bolívar y nadie entendió que eso no era un robo: era una declaración de principios sobre cómo se iba a ejercer el poder cuarenta años después.

El M-19 no murió. Mutó. Y gobierna.

Lo que no necesita conspiración para ser denunciado.

No hay aquí acusación de reunión secreta ni de orden escrita en papel. No hace falta. Lo que existe es algo igualmente grave y perfectamente documentable: una cadena de decisiones que, por su oportunidad, sus efectos y sus beneficiarios, altera el clima electoral y contamina la confianza pública.

Un frente activa el martirio. El otro neutraliza al adversario. Los dos ocurren el mismo día. Los dos benefician al mismo bando.

Y cuando un equipo político llega a ese punto, cuando ya no le importa el costo institucional ni el daño democrático con tal de no perder, ahí es cuando la democracia deja de ser un sistema de reglas y se convierte en un campo de batalla sin árbitro.

No se requiere prueba de reunión clandestina. Se requiere memoria. Y esta columna la tiene.

Gobernados por la guerrilla oficial.

Colombia no puede seguir tolerando que el gobierno haga campaña desde el poder, que una ponencia sin votar se filtre con precisión de francotirador para generar el escándalo que más le conviene al candidato oficial, que un tribunal desmonte por cautelar sin fallo de fondo lo que la autoridad electoral ya aprobó y que aparece en la papeleta del 21 de junio.

Hay un libreto. Hay un cronograma. Hay un beneficiario. Hay una víctima identificable.

Colombia está en ese partido. El marcador va en contra de la democracia. Y el reloj corre.

La democracia no se destruye con bombas. Se pudre, despacio, cuando el Estado deja de arbitrar y empieza a militar.

Y hoy, en Colombia, el Estado ya eligió bando.

No digan que no se los advertí.

Auto del tribunal superior de bogotá aquí