Votar con incomodidad

Colombia no escoge un santo: escoge un modelo de país

Por Víctor Rodríguez Fajardo – El man del Sombrero

Colombia llega a esta elección con una fatiga conocida: la de un país que vota mucho, discute más y confía poco. La abstención no es un dato técnico: es una radiografía moral de la democracia. Habla de desconfianza, de hastío y de esa peligrosa sensación de que votar y no votar producen el mismo resultado.

No es cierto. Pero es comprensible que se sienta así.

En la segunda vuelta de 2022, el 41,83 % del censo electoral no votó. En 2018, la abstención había sido de 46,07 %. En la primera vuelta de 2026, más de 17,5 millones de colombianos no fueron a las urnas. Casi la mitad del país mirando la política desde la orilla, como si el incendio ocurriera en una casa ajena.

La casa es la misma para todos. Y el incendio no espera.

La mitad que no aparece

La política no deja de ocurrir porque uno se retire de ella. El poder no queda vacante. Si el ciudadano moderado se abstiene, si el empresario decepcionado se lava las manos, si el votante de centro se refugia en la superioridad moral del voto en blanco, otros decidirán por él. Normalmente los más organizados, los más ideologizados, los más activistas.

Ese votante no duda. Llega antes. Vota con la certeza de quien defiende una causa. En elecciones apretadas vale el doble que el que se quedó en casa esperando un candidato suficientemente bueno para merecer su voto.

La política no premia la pureza. Premia la presencia.

Esta elección no es un concurso de simpatías. Se trata de decidir qué modelo de país tiene más posibilidades de producir empleo, inversión, empresa, seguridad jurídica y crecimiento. Esa decisión no admite evasión elegante.

El gesto noble que no alcanza

El votante en blanco merece respeto, no caricatura. Es muchas veces el ciudadano que más ha pensado su decisión: conoce las opciones, entiende el sistema y aun así no encuentra candidatura digna. El Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes señaló en su análisis «Voto en blanco, blanco del debate» que este votante sí participa, suele tener recursos de información y conocimiento político, y expresa que ninguna candidatura lo representa. No es apatía: es inconformidad articulada dentro del sistema.

El problema no es la intención. El problema es el efecto.

En segunda vuelta presidencial el voto en blanco no obliga a repetir la elección, no abre una nueva baraja, no produce un tercer candidato. Gana quien obtenga más votos entre los dos que quedaron. La Registraduría ha sido explícita: en segunda vuelta el voto en blanco tiene efecto simbólico, no jurídico.

Queda reducido a una anotación moral en el acta de una decisión que tomarán otros. Su fuerza es estética. Su debilidad, aritmética. Y en política, cuando las dos colisionan, suele ganar la aritmética.

El dilema que no admite evasión

La informalidad laboral llegó al 55,3 % en el primer trimestre de 2026 según el DANE. En zonas rurales dispersas alcanzó el 83,2 %. Millones de colombianos sin contrato, sin pensión, sin red, viviendo del rebusque. Esa gente no necesita más retórica de transformación histórica. Necesita empresas que la contraten, inversión que llegue a sus municipios, reglas que no cambien cada vez que cambia el humor ideológico del gobierno de turno.

La economía no florece porque el poder político la bendiga. Florece cuando hay reglas claras, propiedad protegida, crédito, confianza y empresarios dispuestos a arriesgar capital. El empleo no lo crea el Estado con un decreto. Lo crea quien contrata, produce y paga nómina. Sin empresa no hay empleo. Sin empleo no hay salario. Sin salario no hay clase media. Y sin clase media robusta la democracia se convierte en una pelea interminable por subsidios, promesas y rabias administradas.

La cuenta que alguien debe pagar

Hay una pregunta que esta campaña esquiva con elegancia culpable: ¿Quién paga la cuenta? No es una pregunta de tecnócratas. Es la que decide si las promesas se convierten en política pública o en frustración acumulada.

En abril de 2026 el DANE reportó que los combustibles y productos de industrias extractivas representaron el 45,4 % del valor FOB de las exportaciones colombianas. Los hidrocarburos financian regalías, hospitales, vías y transferencias a los territorios. No son el futuro del país, pero todavía sostienen una parte decisiva del presente.

Una transición energética responsable no dinamita el puente antes de construir el siguiente. Si se cierran fuentes de ingreso sin reemplazos productivos, la cuenta no desaparece: se aplaza con intereses. Y quienes pagan los intereses siempre son los mismos: los que menos tienen.

El estatismo promete ampliar derechos y presencia pública, pero debilita la base productiva que tendría que financiarlos. El resultado no es justicia social. Es fragilidad fiscal con lenguaje noble. Un Estado que gasta más de lo que recauda de manera sostenible no es generoso: le traslada la factura al futuro. Y cuando la producción se castiga, la redistribución termina quedándose sin qué repartir.

Cepeda: el proyecto equivocado

Iván Cepeda tiene convicciones. El problema no es que sea deshonesto con lo que cree. El problema es precisamente lo que cree.

Sería injusto no reconocer por qué su propuesta tiene adherentes. En un país desigual, con regiones abandonadas y una historia larga de abusos y privilegios, la promesa de un Estado más fuerte no suena absurda. Para millones, más Estado significa presencia, salud, educación, protección, una autoridad pública que llegue donde el mercado nunca llegó. Esa intuición merece respeto porque nace de dolores reales.

El problema es que una intuición moralmente comprensible puede convertirse en una política económicamente inviable.

Su programa apunta a más redistribución, más intervención y más conducción política de la economía. Bloomberg Línea resume su apuesta como inversión social desde el Estado, reforma tributaria progresiva, economía popular e infraestructura pública. Ese enfoque puede sonar justo en el papel, pero no responde la pregunta decisiva: cómo se financia sin asfixiar a quienes producen. Colombia ya tiene Estado de sobra para crear trámites y repartir promesas. Y tiene Estado de menos para garantizar seguridad, justicia rápida e infraestructura decente. Ampliar lo que no funciona no es transformación. Es persistencia con otro nombre.

Abelardo: los sapos y la apuesta

Abelardo de la Espriella es ruidoso, áspero, tiene un estilo que raspa. Su tono puede ser excesivo y su narrativa puede simplificar donde debería matizar. Aunque se presenta como figura contra el establecimiento, su entorno político ha recibido cuestionamientos por dirigentes vinculados a estructuras tradicionales del Caribe. Ese no es un detalle menor para un país que ha sufrido demasiado por elegir caudillos que prometen barrer con la política tradicional mientras terminan pactando con ella en silencio.

Pero los sapos no se niegan: se ponderan.

La pregunta no es si la candidatura es pura. En política colombiana el candidato puro no existe. La pregunta es si, con Congreso activo, prensa libre, cortes independientes y ciudadanía alerta, su apuesta por un Estado más pequeño, menos carga regulatoria y más espacio para la empresa privada ofrece mejor oportunidad que la alternativa estatista. Bloomberg Línea resume su propuesta como ajuste fiscal, reducción del Estado, rebaja de impuestos empresariales, seguridad jurídica, reactivación de hidrocarburos y meta de crecimiento del 7 % anual.

Para quienes creen que la riqueza no se decreta sino que se produce, que el empleo no nace del decreto sino de la empresa, y que un país no puede prometerse más Estado mientras le cierra la puerta a los ingresos que lo sostienen, la respuesta inclina la balanza.

Un contrato, no un matrimonio

Votar por Abelardo no tiene que ser un acto de amor. Puede ser un mandato condicionado con letra pequeña y advertencia incorporada.

Lo apoyo para achicar la burocracia, no para reemplazar unas clientelas por otras. Lo apoyo para defender la inversión privada, no para favorecer empresarios amigos del poder. Lo apoyo para abrir la exploración energética con responsabilidad, no para entregarle el subsuelo a los mismos de siempre. Lo apoyo para restaurar autoridad, no para atropellar instituciones. Lo apoyo para que el país produzca, no para que un nuevo caudillo administre la escasez con otro discurso.

Ese es el trato. Con esa letra. Sin cláusulas en blanco.

A veces votar bien no consiste en votar por quien más se parece a uno. Consiste en votar por quien menos amenaza aquello que uno considera esencial.

El voto en blanco deja intacta la conciencia, pero no modifica el rumbo. La continuidad estatista puede satisfacer una identidad política pero no responde la pregunta decisiva: cómo se paga el Estado que promete ampliar. Y votar con incomodidad, tragándose sapos, apostando por un modelo y no por un mesías, es quizás el acto más adulto que le queda al ciudadano que todavía cree que esto tiene arreglo.

Colombia no necesita un Estado que prometa todo y produzca poco. Necesita empresas que contraten, inversión que llegue, exploración energética responsable mientras se construye la transición, y un aparato público concentrado en hacer bien lo que le corresponde: seguridad, justicia, infraestructura, educación y reglas claras.

La riqueza no se reparte si antes no se produce. El empleo no aparece porque el gobierno lo decrete. Y un país que cierra sus fuentes de ingreso mientras amplía su gasto no está siendo valiente: está siendo irresponsable con quienes más dependen de que la economía funcione.

Eso no es un lujo ideológico. Es lo mínimo que les debemos a millones de colombianos que trabajan en la informalidad, sin estabilidad ni protección. Y también a los más de 17 millones que no fueron a votar, convencidos de que la política ya no les resuelve nada.

Tienen razón en la desconfianza. Se equivocan en la conclusión.