Fiscalía llama a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe

La investigación se relaciona con presuntos vínculos con estructuras paramilitares y hechos que la justicia ha catalogado como crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la gobernación de Uribe en Antioquia.

La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió formalmente una investigación y ordenó llamar a indagatoria al expresidente de Colombia y exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, dentro de un proceso que busca establecer su posible responsabilidad en hechos relacionados con estructuras paramilitares y graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Antioquia durante la década de los noventa.

La decisión fue adoptada mediante una resolución fechada el 17 de junio de 2026, firmada por la fiscal delegada Gloria Marcela Abadía Cubillos, quien dispuso la apertura de instrucción por los delitos de homicidio en persona protegida agravado y concierto para delinquir agravado.

La investigación se concentra en varios hechos que la Corte Suprema de Justicia declaró como crímenes de lesa humanidad en 2018, condición que los hace imprescriptibles y permite que continúen siendo objeto de actuaciones judiciales.

Entre los casos analizados se encuentran la presunta conformación, promoción o financiación de una estructura paramilitar que habría operado en el nordeste antioqueño utilizando como centro de operaciones la hacienda Guacharacas; la masacre de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996 en el municipio de Ituango, donde fueron asesinadas cuatro personas; la masacre de El Aro, perpetrada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, que dejó 16 personas muertas, 17 secuestradas, viviendas incineradas, robo masivo de ganado y desplazamiento forzado de la población; y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en Medellín el 27 de febrero de 1998.

De acuerdo con la resolución, Valle Jaramillo había denunciado reiteradamente las incursiones paramilitares en los corregimientos de La Granja y El Aro, así como la insuficiente respuesta estatal frente a las amenazas que enfrentaban las comunidades de la zona.

Las hipótesis de la Fiscalía

Dentro de la nueva etapa procesal, la Fiscalía plantea distintas hipótesis sobre la presunta participación de Uribe Vélez en los hechos investigados.

Respecto a la masacre de La Granja, el ente investigador sostiene que el entonces gobernador de Antioquia podría haber incurrido en una conducta de comisión por omisión, al considerar que tenía conocimiento de la situación de riesgo y la obligación legal de proteger a la población civil, sin que presuntamente se hubieran adoptado medidas efectivas para evitar la incursión armada.

En el caso de la masacre de El Aro, la resolución plantea la hipótesis de una posible actuación como determinador de la acción criminal. La Fiscalía señala que esta línea de investigación se apoya, entre otros elementos, en testimonios que relacionan al entonces secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, con la planeación de la incursión paramilitar.

Asimismo, el documento indica que también deberá esclarecerse la posible relación entre las denuncias realizadas por Jesús María Valle Jaramillo contra la administración departamental y su posterior asesinato.

La Fiscalía sostiene igualmente que existen elementos de prueba que apuntan a un eventual nexo entre el entonces gobernador y el grupo paramilitar que operaba desde la hacienda Guacharacas, estructura que posteriormente haría parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Nuevas pruebas y declaraciones

Como parte de la fase de instrucción, la Fiscalía ordenó la práctica de nuevas pruebas con el propósito de verificar las hipótesis planteadas y profundizar en el esclarecimiento de los hechos.

Entre las diligencias programadas figura la declaración jurada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien deberá ampliar información relacionada con los presuntos vínculos entre Álvaro Uribe Vélez, Vicente Castaño y otros integrantes de estructuras paramilitares.

También fue ordenada la declaración del exsenador Miguel Ángel de la Espriella, mencionado en versiones entregadas previamente por Mancuso, así como la incorporación de testimonios y versiones rendidas en procesos anteriores por exintegrantes de grupos armados ilegales relacionados con la masacre de El Aro.

La resolución recopila además más de dos décadas de actuaciones judiciales, compulsas de copias, decisiones de la Corte Suprema de Justicia y sentencias que, a lo largo de los años, han ordenado continuar investigando la posible responsabilidad del exmandatario en estos hechos.

Con la apertura formal de instrucción, la Fiscalía inicia una nueva etapa procesal orientada a recaudar pruebas, practicar diligencias y escuchar en indagatoria a Álvaro Uribe Vélez antes de determinar si existen méritos para adoptar decisiones de fondo dentro de la investigación.