¿NECESITA COLOMBIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN?

Por: Ives Danilo Díaz Mena.

Cada cierto tiempo, Colombia vuelve a una discusión que parece acompañarnos

como una sombra: la necesidad de cambiar la Constitución.

Algunos sostienen que los problemas del país son consecuencia de un modelo

institucional agotado y que ha llegado la hora de replantear las reglas. Otros

defienden la Constitución de 1991 como una de las mayores conquistas

democráticas de nuestra historia y advierten sobre los riesgos de modificarla.

Entre una posición y otra, la discusión suele volverse política. Sin embargo, antes

de preguntarnos si Colombia necesita una nueva Constitución, quizás deberíamos

responder una pregunta más simple: ¿hemos cumplido realmente la que

tenemos?

La Constitución de 1991 nació en un momento complejo de nuestra historia. Fue el

resultado de un anhelo colectivo de modernización, apertura democrática y

reconocimiento de derechos. Amplió la participación ciudadana, fortaleció las

garantías fundamentales y redefinió la relación entre el Estado y los ciudadanos.

No fue perfecta. Ninguna Constitución lo es.

Pero tampoco puede afirmarse que los problemas actuales del país sean

consecuencia exclusiva de su contenido.

Durante más de tres décadas, Colombia ha tenido una de las constituciones más

garantistas de América Latina. El desafío no ha sido únicamente lo que dice el

texto constitucional, sino la distancia que existe entre lo que está escrito y lo que

ocurre en la realidad.

Porque una Constitución puede reconocer derechos. Lo difícil es garantizarlos.

Puede establecer principios. Lo complejo es cumplirlos.

Puede diseñar instituciones. Lo verdaderamente importante es que funcionen.

Por eso, cuando se plantea una reforma constitucional, la discusión debería ser

mucho más profunda que una simple disputa ideológica. No se trata de defender

un documento como si fuera intocable ni de promover cambios por el simple hecho

de cambiar.

Se trata de entender qué problema se quiere resolver.

Las constituciones están llamadas a dar estabilidad. Son el marco de referencia

que permite que una sociedad conviva bajo reglas compartidas. Modificarlas es

una decisión legítima dentro de cualquier democracia, pero también es una

decisión que exige responsabilidad.

Porque cuando las reglas fundamentales cambian constantemente, la confianza

institucional comienza a debilitarse. Y la confianza es uno de los activos más importantes que puede tener una

democracia.

Colombia necesita reformas. Eso parece indiscutible.

Necesita mejorar la educación, fortalecer la justicia, reducir la desigualdad,

generar oportunidades y recuperar la confianza de los ciudadanos en sus

instituciones.

La verdadera pregunta es si esos objetivos requieren necesariamente una nueva

Constitución o si, por el contrario, exigen una mayor capacidad para cumplir la que

ya existe.

Tal vez el debate no debería centrarse únicamente en cambiar las reglas.

Tal vez también deberíamos preguntarnos por qué tantas veces hemos fallado en

aplicarlas.

Porque la fortaleza de un país no depende únicamente de sus normas. Depende

de la voluntad colectiva para respetarlas, defenderlas y convertirlas en realidad.

Las constituciones pueden orientar el rumbo de una nación.

Pero ningún texto, por bueno que sea, puede reemplazar el compromiso de

quienes tienen la responsabilidad de hacerlo cumplir.

Por eso, antes de abrir una nueva discusión constitucional, Colombia debería

hacerse una pregunta honesta:

¿El problema está en las reglas o en nuestra capacidad para cumplirlas?

Porque quizás la respuesta a esa pregunta explique mucho más sobre el país que

queremos construir que cualquier reforma que pueda escribirse en el papel.

“Las democracias no se fortalecen cambiando de reglas cada vez que aparece

una crisis; se fortalecen cuando la sociedad decide respetar y hacer cumplir las

que ya tiene.”