Con $786.000 millones asignados, Essmar abrió convocatoria para construir la planta desalinizadora

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, la capital del Magdalena superó un reto administrativo e ingenieril complejo: pasar de un diagnóstico técnico que cuantifica crisis hídrica a una convocatoria pública real donde los interesados pueden pujar por construir la solución. Hace menos de una semana, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta publicó un aviso informativo abriendo inscripciones para construir la prometida y necesaria obra.

Por: José D. Pacheco Martínez

Santa Marta ha dado un paso decisivo en la búsqueda de una solución definitiva al problema de desabastecimiento de agua que ha sido de debate público los últimos 25 años.  La Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana Sostenible de Santa Marta (Edus) adjudicó el pasado 2 de junio del presente año (2026), el contrato para la construcción del sistema de acueducto El Curval al Consorcio Planta Curval, integrado por Caribbean Region Water Conservancy Engineering S.A.S., CM Ingeniería y Construcción S.A.S. y CFD Ingeniería S.A.S.

La decisión, formalizada tras la evaluación de la única propuesta recibida, puso fin a una etapa de selección que había generado debate público por el alcance de la inversión y la estructura de financiación planteada. Este proceso contractual, sin embargo, había recibido observaciones de la Procuraduría, que solicitó detenerlo. Quince días después, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar) publicó el aviso informativo para la licitación de una planta desalinizadora de agua de mar. Ambas actuaciones, ejecutadas por entidades distintas forman parte de una misma estrategia: aumentar la oferta de agua potable en una ciudad que enfrenta un déficit estructural de 616,7 litros por segundo.

El diagnóstico que soporta las dos inversiones fue elaborado por la Unión Temporal EYD SM 2025, pero su desarrollo contó con la supervisión y el acompañamiento técnico de la Universidad del Magdalena, que actúa como interventora del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Santa Marta. Ese documento técnico cuantificó con precisión la magnitud del problema: la ciudad produce actualmente 1.171 litros por segundo, pero la demanda asciende a 1.787,8, y concluyó, que, si no se incorporan nuevas fuentes, el déficit superará los 1.900 litros por segundo en 2055.

Diagnóstico y estrategia escalonada

Este balance hídrico elaborado por los consultores partió de proyecciones demográficas que combinaron población permanente, flotante y migrante, utilizando métodos aritmético, geométrico, exponencial y de Wappaus. Es decir, se utilizaron cuatro modelos de cálculo distintos para estimar de manera más objetiva cómo podría crecer la población y, en consecuencia, la demanda de agua.

Cada uno de estos métodos plantea una forma diferente de proyectar ese crecimiento, lo que permite contrastar resultados y construir un rango más amplio de posibles escenarios. En conjunto, según los consultores, este enfoque busca reducir el margen de error y ofrecer una estimación más equilibrada sobre el comportamiento futuro del sistema hídrico.

También consideraron el crecimiento urbano, la ocupación turística y las pérdidas operacionales del sistema. El resultado fue una radiografía crítica: las fuentes superficiales —los ríos Piedras, Manzanares y Gaira— siguen siendo la columna vertebral del abastecimiento, pero los pozos subterráneos han entrado en proceso de sobreexplotación. Sobre el particular, el documento advierte que «Santa Marta ha venido arrastrando, especialmente en los últimos quince años, un problema de déficit en la oferta hídrica del sistema de acueducto. Durante años la demanda ha superado la oferta sin que haya logrado incluir al sistema una nueva fuente que reduzca el déficit».

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La situación se agrava en temporada de alta afluencia turística y durante los períodos asociados al Fenómeno del Niño. En ese sentido, la solución propuesta por el estudio no es una sola obra, sino una estrategia escalonada que combina tres tipos de intervenciones. Primero, la reducción de pérdidas operacionales del 40 % al 25 % durante el horizonte de planeación, una medida que por sí sola permitiría recuperar varios cientos de litros por segundo actualmente no aprovechados; segundo, la incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento en tres hitos: 630 litros por segundo en 2030, 350 en 2035 y 300 en 2049 y; tercero, la ampliación de las concesiones existentes, como la del río Piedras.

Yendo al punto del contrato, el estudio justifica la opción de las desalinizadoras señalando que «la disponibilidad prácticamente ilimitada del recurso hídrico marino y su cercanía al sistema hacen de ella una fuente confiable acompañada por producción limpia de energía, constituyéndose en una alternativa complementaria para atender los requerimientos futuros de abastecimiento».

 El sistema completo: así funcionará la planta desalinizadora

Essmar estructuró el Estudio Previo para definir las condiciones técnicas, financieras y contractuales de la planta desalinizadora, el documento precisa que “el proyecto comprende la ejecución integral, bajo esquema EPC (Engineering, Procurement and Construction), a precio global fijo y con alcance llave en mano”. En esta modalidad de contratación una sola empresa asume de manera integral el desarrollo de un proyecto: lo diseña, adquiere los equipos, lo construye y lo entrega funcionando. En ese marco, se exige que los materiales en contacto con agua de mar resistan condiciones extremas de corrosión, con factor PREN superior a 40, lo que obliga al uso de aleaciones como el dúplex 2205 o 2507.

La operación, de acuerdo con los estudios previos, inicia en la captación submarina, ubicada a 1.700 metros de la costa y concebida “con perfil elíptico/aerodinámico que minimiza la perturbación de corrientes”. Dos líneas independientes de tuberías HDPE de 1.600 milímetros de diámetro, “cada una capaz de transportar el 100% del caudal requerido (redundancia N+1)”, aseguran continuidad operativa incluso ante fallas.

Asimismo, se prevé que la velocidad de entrada estará limitada a 0,15 metros por segundo, bajo un sistema que “opera con control de velocidad de entrada para prevenir la succión de biota marina”. Desde allí, el agua ingresa al sistema de flotación por aire disuelto (DAF), primera barrera de pretratamiento. Tres unidades de 1.830 metros cúbicos por hora operan de manera simultánea, inyectando cloruro férrico a 50 miligramos por litro para la coagulación de partículas.

Las dinámicas del proceso de tratamiento descrito en los documentos contractuales publicados en la plataforma Secop, informan que, en este punto, las microburbujas elevan a la superficie los pequeños “grumos” de suciedad que vienen dispersos en el agua, donde son retirados hacia el canal de lodos, alcanzando una reducción de turbidez superior al 95 por ciento. El flujo resultante “se recoge por el fondo/perimetral y fluye al tanque de agua tratada por flotación”.

Superada esta etapa, el agua clarificada se conduce a un tanque intermedio de 1.500 metros cúbicos antes de ingresar a la ultrafiltración. Allí actúan membranas cerámicas de óxido de aluminio con poro de 30 nanómetros y “vida útil garantizada: ≥ 20 años con mantenimientos correctamente programados y asistidos a tiempo”. El sistema se organiza en 24 trenes, 20 en operación y 4 en reserva, cada uno con capacidad de 257 metros cúbicos por hora, mientras que el retrolavado se activa de forma periódica entre 60 y 90 minutos.

El proceso avanza hacia la ósmosis inversa, núcleo de la desalinización, en esta etapa, cinco trenes de membranas de poliamida operan a 60 bares de presión, con una recuperación del 42 por ciento y producción de 432 metros cúbicos por hora por tren. Importante mencionar aquí, que las bombas de alta presión, de 1.000 kilovatios y 10.000 voltios, las cuales al operar con el sistema de recuperación PX-Q400 alcanza una “eficiencia de recuperación ≥ 98%”.

Debido a su corrosividad, el agua resultante no es aún apta para consumo humano, por lo que debe ser remineralizada mediante “contactores de piedra caliza de flujo ascendente, distribuidos en diez celdas de hormigón con lechos de dos metros de altura”. Este proceso permite estabilizar el líquido hasta obtener “un agua estable química con LSI ≈ +0,2, cumpliendo los parámetros de la Resolución 2115 de 2007”, ajustando el pH entre 7,5 y 8,2.

Una vez estabilizada, el agua se almacena en un depósito de 5.000 metros cúbicos, equivalente a 2,3 horas de producción. Desde allí, seis bombas de 160 kilovatios impulsan el flujo hacia la red de distribución, con variadores de frecuencia que regulan la presión según la demanda del sistema. Todas las superficies en contacto con agua potable deberán contar con certificación NSF/ANSI 61, garantizando la calidad sanitaria del suministro.

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Este proyecto incorpora una red de control integral de la planta, la cual se concentra en un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) que monitorea más de 200 variables en tiempo real y permite operación automatizada con secuencias de seguridad. El sistema exige un “arranque secuencial automático de todos los subsistemas con interbloqueos de seguridad”, además de “análisis predictivo de fouling de membranas, optimización energética y detección de anomalías, con almacenamiento de datos por cinco años en servidores redundantes”.

La infraestructura eléctrica alcanza 12.096 kilovatios de potencia instalada, con distribución en 440 voltios y alta tensión de 10 kilovoltios para equipos principales. Los “variadores de frecuencia (VFD) Clase C2 de compatibilidad electromagnética (EMC), filtros de armónicos THD ≤ 5%” garantizan estabilidad energética, mientras el sistema de puesta a tierra mantiene una resistencia máxima de 5 ohmios y la planta cuenta con generadores de emergencia.

Adicionalmente, el esquema contractual exige pruebas de rendimiento durante 72 horas continuas a plena capacidad. Durante ese periodo se verifican un caudal mínimo de 2.160 metros cúbicos por hora, calidad del agua conforme a la Resolución 2115 de 2007 y consumo energético inferior a 3,04 kWh por metro cúbico. El documento establece además una “garantía general de equipos: 36 meses a partir de la Puesta en Servicio Definitiva o 60 meses desde el despacho”, junto con 20 años para membranas cerámicas y 60 meses para membranas SWRO.

Asignación presupuestal garantizada y condiciones estrictas de ejecución

Contrario al proyecto El Curval que ha sido cuestionado desde el punto de vista financiero las plantas desalinizadoras tienen asegurado el dinero para su ejecución a través del respaldo otorgado por el Gobierno Nacional mediante la Resolución 0829 del 6 de noviembre de 2025, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El acto administrativo formalizó la asignación de $786.000 millones, distribuidos en cinco vigencias fiscales entre 2026 y 2030, con cargo al Presupuesto General de la Nación.

La resolución designó a Essmar E.S.P. como entidad ejecutora de los recursos y establece la obligación de ajustar el Convenio de Uso de Recursos No. 0500 de 2025 para incorporar la construcción de las plantas. Los desembolsos, sin embargo, quedan sujetos a la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC), mientras un Comité de Seguimiento -integrado por el Ministerio, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Distrito y Essmar- supervisará la ejecución.

En paralelo, el Estudio Previo definió un esquema de pagos propio del contrato EPC basado en hitos verificables, es decir, entregas técnicas concretas que deben ser certificadas antes de cualquier desembolso. La fase de ingeniería se divide en dos momentos: una primera etapa de Debida Diligencia, que incluye metodología, cronograma, análisis de alternativas, informe técnico y evaluación de riesgos; y una segunda de Estudios Detallados y Estructuración, centrada en el diseño final del proyecto. Cada uno de estos componentes tiene un peso específico dentro del pago total, condicionado siempre a la certificación de la interventoría.

Las fases posteriores —adquisiciones y suministro, obras civiles, instalación y montaje, pruebas, puesta en marcha y operación asistida— también se remuneran por avance, pero con una particularidad: en cada acta de pago se reconoce el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U.) ofertado por el contratista, aplicado de forma proporcional al valor ejecutado.

Los hitos incluyen eventos verificables como órdenes de compra, pruebas FAT en fábrica, avances de obra civil, integración de sistemas y estabilización operativa de la planta. Cada desembolso exige un soporte documental completo: factura, informe de avance, certificación de interventoría, evidencia técnica del hito cumplido y acreditación del pago de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales. La facturación debe presentarse dentro de los primeros veinte días de cada mes, y Essmar cuenta con un plazo de hasta treinta días para realizar el pago, una vez aprobados los soportes.

Finalmente, el esquema financiero deja establecido además que el contratista asume el riesgo de flujo de caja asociado a la disponibilidad de recursos públicos. Los pagos dependen de los giros efectivos del Gobierno Nacional, y los tiempos de trámite o desembolso no podrán ser invocados como causal de suspensión o reclamación de mayores valores. En consecuencia, el constructor debe mantener la ejecución del proyecto conforme al cronograma aprobado, garantizando personal, equipos y suministros aun cuando los recursos no hayan sido transferidos.

Posdata

La Resolución 0829 no solo asignó recursos, sino que creó un Comité de Seguimiento con representantes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento Nacional de Planeación, el Distrito de Santa Marta y Essmar, encargado de supervisar la ejecución de los proyectos y generar alertas tempranas. Este esquema de control multiactor busca garantizar que los 786 mil millones de pesos destinados a la desalinización, tengan trazabilidad y que los recursos del Conpes 4159 se materialicen en infraestructura funcional.

El año 2030 se perfila como el horizonte de cierre de la brecha hídrica en Santa Marta. Para entonces, El Curval y la planta desalinizadora deberían estar operando o en etapa final de construcción y prueba, sumando aproximadamente 1.400 litros por segundo adicionales al sistema. Pero la ecuación no se resuelve solo con nueva oferta. Es importante tener en cuenta las advertencias relacionadas con las pérdidas operacionales que deben reducirse del 60% actual al 25% y, la necesaria construcción de un sistema de alcantarillado robusto como complementos indispensables.

Queda pendiente una pregunta que los documentos no responden: ¿qué ocurrirá con la operación de las plantas una vez construidas? El Conpes 4159 mencionó la posibilidad de una Asociación Público Privada (APP) para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Distrito, pero no se ha precisado su estado.

Si la APP no avanza, la operación recaerá en la fracasada Essmar, que deberá asumir no solo la gestión de las nuevas plantas, sino también la reducción de pérdidas y el manejo de las aguas residuales. Sin una definición clara, el esfuerzo financiero y técnico de los próximos años podría enfrentar un cuello de botella operativo justo cuando la ciudad más lo necesite.