HOY HUBO AUTORIDAD, PERO TUVO QUE VENIR DE CASA DE NARIÑO

La orden presidencial que permitió reabrir la vía Santa Marta–Barranquilla demostró que el problema nunca fue la falta de competencias, sino la ausencia de mando. En 2026 se han documentado al menos 24 episodios de bloqueo social en el corredor, mientras Santa Marta acumula un perjuicio económico y reputacional que ninguna autoridad ha medido.

Por Víctor Rodríguez Fajardo
El Man del Sombrero

Hoy hubo autoridad.

Y precisamente por eso quedó retratada la ausencia de autoridad que Santa Marta y el Magdalena han soportado durante meses.

Este lunes 17 de agosto, habitantes del sector de Puente de La Barra, en jurisdicción de Puebloviejo, bloquearon el kilómetro 55 de la vía Barranquilla–Santa Marta después de cuatro días sin energía eléctrica. La comunidad recurrió al método que ya se volvió costumbre en este corredor: cerrar la carretera hasta que aparezca una solución.

Esta vez apareció el Presidente de la República.

Abelardo de la Espriella habló con la ministra de Minas, anunció la instalación de un nuevo transformador y reiteró al director de la Policía Nacional la orden de intervenir de inmediato frente a los bloqueos. Poco después, la Presidencia informó que el tránsito había sido restablecido.

El Presidente hizo dos cosas al mismo tiempo: atendió la causa de la protesta y ordenó recuperar la carretera.

El transformador respondía al reclamo de la comunidad. La orden a la Policía respondía al bloqueo.

Una medida sin la otra habría sido insuficiente. Despejar la vía sin atender la falla eléctrica habría dejado intacta la causa de una nueva protesta. Entregar el transformador sin exigir la apertura habría confirmado que cerrar una carretera es el mecanismo más eficaz para obligar al Estado a funcionar.

Hoy se impuso una fórmula distinta: gestión para solucionar y autoridad para garantizar el orden.

La señal fue inequívoca. El reclamo sería atendido, pero la carretera no permanecería cerrada indefinidamente. Para la Policía, la instrucción presidencial eliminó cualquier margen de espera o indefinición.

El Presidente hizo lo correcto.

El escándalo es que hubiera tenido que hacerlo.

24 BLOQUEOS Y UNA AUTORIDAD AUSENTE

Lo sucedido no fue excepcional. Fue el episodio más reciente de una crisis convertida en rutina.

Según el balance reportado por Ruta Magdalena Sierra Mar, hasta el 7 de mayo se habían registrado 20 bloqueos relacionados principalmente con problemas de servicios públicos. Seis ocurrieron durante los primeros siete días de mayo.

Algunos fueron levantados y reinstalados durante una misma jornada, por lo que la cifra no equivale necesariamente a 20 fechas distintas, pero sí a 20 interrupciones efectivas de la movilidad.

Después se documentaron por lo menos otros cuatro episodios: el 10 de junio, antes del peaje de Tasajera, por la desaparición de un pescador; el 9 de julio, en el PR54, por reclamaciones de docentes y estudiantes; el 22 de julio, en el PR67, por falta de energía; y el 17 de agosto, nuevamente por una falla eléctrica en Puente de La Barra.

El resultado es un mínimo verificable de 24 episodios de bloqueo social durante los primeros 229 días de 2026. La cuenta no incluye cierres por accidentes, obras programadas ni restricciones parciales.

Las causas cambian: falta de agua, energía, obras escolares, seguridad o incumplimientos institucionales. El método es siempre el mismo: tomar como rehén la movilidad entre Santa Marta y Barranquilla.

También se repite la respuesta oficial. Primero aparece el bloqueo; después el trancón alcanza varios kilómetros; más tarde llegan funcionarios; luego se instala una mesa; finalmente se promete una solución y se ruega la reapertura.

Así se creó un incentivo perverso.

Las comunidades aprendieron que una petición presentada ante una oficina puede permanecer semanas sin respuesta, mientras una carretera bloqueada consigue funcionarios, carrotanques, transformadores, compromisos y atención mediática en cuestión de horas.

El Estado convirtió el bloqueo en una ventanilla de atención.

Muchas reclamaciones son legítimas. Vivir sin agua o energía, estudiar en condiciones precarias o no recibir respuesta sobre una persona desaparecida son situaciones graves. La protesta pública y pacífica es un derecho.

Pero ningún derecho autoriza a suprimir indefinidamente los derechos de los demás.

Reclamar es legítimo. Paralizar un corredor estratégico no puede convertirse en la tarifa que debe pagar toda la sociedad para que el Estado cumpla sus obligaciones.

NO FALTAN COMPETENCIAS; FALTA MANDO

Aquí no existe un vacío jurídico.

La concesión Ruta Magdalena Sierra Mar tiene a su cargo la operación, el mantenimiento, la señalización y la atención de contingencias del corredor. Debe conservar la vía transitable y colaborar en el manejo operativo del tráfico.

Pero la concesión no es autoridad de Policía.

No puede ordenar un desalojo, dispersar manifestantes ni emplear la fuerza. Cobrar peaje no la convierte en responsable exclusiva del orden público.

Esa responsabilidad ya está distribuida.

El alcalde es la primera autoridad de Policía en su municipio. Debe conservar el orden público, dirigir la respuesta territorial y coordinar la actuación de la Policía Nacional. En este corredor, la competencia corresponde a Puebloviejo, Ciénaga, Sitionuevo o Santa Marta, según el lugar exacto del cierre.

La Policía debe proteger a manifestantes y viajeros, facilitar el diálogo, garantizar corredores humanitarios y, si el cierre total persiste, actuar bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y respeto por los derechos humanos.

La Gobernación debe coordinar cuando el problema desborda un municipio, afecta varios territorios o compromete un corredor estratégico departamental.

Y el Presidente, como máxima autoridad nacional de orden público, puede impartir instrucciones que prevalecen sobre las de gobernadores y alcaldes.

Por eso la orden de hoy fue efectiva. No creó una competencia nueva: activó una cadena de mando que llevaba demasiado tiempo paralizada.

Pero la supremacía presidencial debe ser el último nivel de la respuesta, no el primer teléfono al que haya que llamar cada vez que una comunidad atraviesa llantas sobre la Troncal del Caribe.

Lo ocurrido nació como un problema parroquial: una falla eléctrica, un transformador y una protesta localizada en Puebloviejo.

Sus consecuencias fueron regionales y nacionales.

La Casa de Nariño terminó resolviendo lo que debieron anticipar y gestionar una alcaldía, la empresa prestadora del servicio, la Policía y las autoridades departamentales.

LA FACTURA QUE PAGA SANTA MARTA

Santa Marta paga cada bloqueo aunque ocurra a decenas de kilómetros de su perímetro urbano.

Cada cierre deja pasajeros que pierden vuelos, turistas que cancelan reservas, hoteles que reciben huéspedes varias horas tarde, buses que incumplen itinerarios, trabajadores que pierden jornadas, pacientes que retrasan citas, transportadores que consumen combustible sin avanzar y mercancías que llegan fuera de tiempo.

También golpea la logística portuaria, el abastecimiento del comercio, el transporte de alimentos, la cadena de frío y la programación de eventos.

Pero existe un daño más difícil de reparar: el reputacional.

Un destino turístico pierde competitividad cuando el visitante entiende que llegar o salir de Santa Marta puede depender de una protesta por agua, energía o cualquier incumplimiento ocurrido sobre el corredor.

La percepción que se instala es devastadora: viajar a Santa Marta es una lotería.

No existe un balance público consolidado sobre cuánto han costado estos 24 episodios. Nadie ha cuantificado los vuelos perdidos, las noches hoteleras canceladas, la carga represada, el combustible desperdiciado, las citas incumplidas ni las pérdidas de empresas y trabajadores.

Esa ausencia de medición también es negligencia institucional.

Santa Marta lleva años pagando un peaje que no aparece en ninguna caseta:

el peaje de la ausencia de autoridad.

DE LA ORDEN PRESIDENCIAL AL PROTOCOLO

Lo ocurrido hoy no puede quedar como una demostración ocasional de carácter presidencial.

El corredor necesita un protocolo interinstitucional que establezca quién actúa, en cuánto tiempo y con qué instrumentos desde el primer momento de una amenaza de cierre.

Debe haber monitoreo preventivo de conflictos; presencia inmediata del alcalde o su delegado; intervención de la empresa responsable del servicio reclamado; coordinación de la Gobernación; manejo del tráfico por la concesión; corredores humanitarios; un tiempo definido para la negociación y actuación proporcional de la Policía cuando persista el cierre total.

También se necesita un registro público con la hora de inicio y terminación, la causa, el municipio, las autoridades intervinientes, los vehículos afectados y una estimación de las pérdidas.

Sin información no hay responsabilidad.

Y sin responsabilidad, cada bloqueo vuelve a comenzar desde cero.

Ejercer autoridad no significa criminalizar la pobreza ni desconocer las necesidades de las comunidades. Significa que el Estado llega antes del cierre, escucha antes de que la desesperación estalle, resuelve lo que le corresponde y evita que un grupo, por legítima que sea su reclamación, imponga durante horas sus decisiones sobre miles de ciudadanos.

Hoy hubo autoridad.

La carretera fue abierta porque el Gobierno nacional combinó solución y mando. Pero queda la pregunta incómoda:

¿Por qué tuvo que intervenir el Presidente de la República para resolver una situación cuyas competencias estaban previamente asignadas a las alcaldías, la Policía y las autoridades del Magdalena?

Casa de Nariño no puede convertirse en la Alcaldía de Puebloviejo, en la oficina de reclamos de la empresa de energía y en el comando local de Policía cada vez que se cierre la vía.

Hoy el Presidente abrió la carretera.

Ahora les corresponde a las instituciones territoriales demostrar que son capaces de mantenerla abierta.

Porque si el próximo bloqueo vuelve a necesitar una orden presidencial, la autoridad no habrá regresado al Magdalena:

apenas habrá pasado de visita.