SE ACABÓ EL SALVOCONDUCTO: LA CÚPULA DE LOS PACHENCA VUELVE A LA CLANDESTINIDAD

La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra seis representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego de que el Gobierno nacional clausurara el espacio de conversación sociojurídica.

La medida devuelve la persecución judicial, pero deja una pregunta más importante: ¿está preparado el Estado para ocupar el territorio que pretende arrebatarles?

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Se acabaron las credenciales, las reuniones y el paraguas jurídico. Seis integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada —ACSN—, estructura también conocida como Los Pachenca, volvieron a quedar con órdenes de captura vigentes tras la terminación del espacio de conversación sociojurídica iniciado durante el gobierno de Gustavo Petro.

La decisión forma parte de la reactivación de 46 órdenes contra antiguos representantes de distintas estructuras armadas que participaban en acercamientos con el Estado. En el caso de las ACSN, la medida cobija, según la relación divulgada, a José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo; Loryin Emilio Pertuz Ballestas, alias Sebastián o York; Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso; Élmer David Reyes Carrillo; John Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias.

La Fiscalía precisó que otras órdenes ya estaban vigentes y que la decisión frente a dos personas requeridas mediante trámites de extradición quedó aplazada. Esto obliga a manejar con cuidado las listas divulgadas por algunos medios: no todos los nombres mencionados quedaron en idéntica situación jurídica.

LA PAZ QUE NO LLEGÓ A LA TIENDA

El espacio con las ACSN tenía como propósito conducir al desmantelamiento de la organización, su sometimiento a la justicia y la reducción de la violencia en Santa Marta, Ciénaga y Dibulla. Sobre el papel se hablaba de proteger a la población, impedir el reclutamiento de menores y contener homicidios, desplazamientos y extorsiones.

Pero en la Santa Marta profunda la paz nunca llegó completa.

Mientras los delegados discutían documentos y protocolos, comerciantes, transportadores, prestadores turísticos, mototaxistas y trabajadores informales continuaron denunciando el pago de cuotas. Una investigación publicada por El Espectador estimó que las ACSN controlaban hasta el 95 % de la extorsión asociada a la actividad turística de Santa Marta.

En otras palabras: el diálogo avanzaba por arriba mientras la vacuna seguía cobrándose abajo.

Una muestra reciente quedó en Taganga. Las autoridades capturaron a un presunto encargado de recaudar extorsiones para la organización, pero comerciantes y habitantes denunciaron que al día siguiente los cobros continuaron. Cayó un presunto cobrador, pero la caja siguió funcionando.

Ese es el tamaño verdadero del problema: no se trata solamente de capturar hombres armados, sino de desmontar una administración criminal capaz de cobrar, castigar, vigilar y reemplazar rápidamente a sus operadores.

REGRESAN LAS ÓRDENES, ¿REGRESA EL ESTADO?

El Gobierno justificó el cierre de los acercamientos en la falta de voluntad de paz y en el incumplimiento de las condiciones establecidas. Con esa determinación desapareció la calidad de representantes y la Fiscalía quedó facultada para reactivar la persecución judicial.

Las autoridades de policía judicial pueden ejecutar ahora las capturas, pero una resolución no equivale a recuperar territorio.

Las ACSN no sobreviven únicamente porque sus cabecillas se esconden bien. Han construido durante décadas redes familiares, económicas y sociales sobre la Sierra Nevada, heredadas parcialmente de las antiguas estructuras paramilitares comandadas por Hernán Giraldo. Su poder incluye rutas de narcotráfico, cobros extorsivos, control comunitario y capacidad para intervenir en actividades legales.

El investigador Rubén Darío Zamora ha advertido que un eventual desmantelamiento requiere intervenir las redes de sicarios, extorsionistas, despojadores y colaboradores que permiten la supervivencia de la organización. Capturar la cabeza sin desmontar esas conexiones puede producir relevos, fragmentación y nuevas disputas.

Y ahí aparece el riesgo inmediato: el territorio que pierdan Los Pachenca puede ser ocupado por el Clan del Golfo, organización con la que mantienen una confrontación por el control de la Sierra, sus corredores y sus rentas.

LA PRUEBA NO ES CAPTURARLOS

La reactivación de las órdenes marca un cambio de política y devuelve presión judicial sobre la cúpula. Pero el éxito no se podrá medir por el número de fotografías de capturados ni por la cantidad de uniformados enviados durante una semana.

La prueba estará en otra parte: que el comerciante deje de pagar, que el campesino pueda movilizarse sin permiso, que el hotelero no financie involuntariamente una organización armada y que Taganga no siga entregando la cuota diaria después de cada operativo.

Porque capturar a seis cabecillas puede ser una noticia.

Recuperar la Sierra y quedarse en ella sería una política de Estado.

Y entre una cosa y la otra hay un territorio inmenso que durante demasiado tiempo ha sido gobernado por quienes cobran la vacuna.