LA SEGURIDAD ABRE LA RELACIÓN DE ABELARDO CON EL MAGDALENA

Durante sus primeros 30 días, el presidente intervino frente a los bloqueos de carreteras y respondió a las alertas sobre grupos armados. Son señales iniciales de autoridad, no una victoria sobre la inseguridad. La extorsión, el control territorial y la protección de la economía deberán marcar la siguiente etapa.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Abelardo de la Espriella ya tenía votos, militantes y aliados políticos en el Magdalena. Desde la Presidencia necesitaba construir una relación directa con el territorio.

La seguridad le abrió esa puerta.

Recuperar la autoridad del Estado fue su principal promesa de campaña y es, hasta ahora, la presencia más visible de su Gobierno en el departamento. Durante sus primeros 30 días tomó decisiones frente a problemas que afectan la movilidad, la economía y el control territorial.

El primer mensaje llegó durante el último bloqueo de la vía Santa Marta–Barranquilla. Aunque el cierre ocurrió en Puebloviejo, Santa Marta fue la ciudad más perjudicada. La capital quedó parcialmente incomunicada con Barranquilla, el aeropuerto Ernesto Cortissoz y uno de sus principales corredores de abastecimiento, turismo y atención médica.

Un bloqueo en Puebloviejo nunca afecta solamente a Puebloviejo.

Tampoco son menores los cierres en Zona Bananera. Estos comprometen la conexión del Caribe con el interior del país y golpean especialmente al sector bananero, obligado a movilizar una producción perecedera dentro de tiempos estrictos para llegar a los puertos.

Durante años, las carreteras del Magdalena terminaron convertidas en escenarios recurrentes de presión. Comunidades que no encuentran respuestas cierran las vías y trasladan el costo de sus reclamos a viajeros, pacientes, transportadores, comerciantes y productores.

La intervención presidencial permitió recuperar la movilidad y envió una señal de autoridad sobre esos corredores. Ahora corresponde evitar que los problemas sociales desatendidos vuelvan a cerrar las mismas carreteras.

Después llegaron los reportes sobre presuntos retenes del Ejército Gaitanista en sectores de Urquijo, Guaimaral, Villanueva y la zona rural de Guamal. La amenaza planteó una pregunta conocida por el departamento: ¿quién controla realmente el territorio?

La gobernadora Margarita Guerra solicitó directamente un Consejo de Seguridad Presidencial. Su reacción llevó la preocupación de los municipios hasta el poder nacional y propició la articulación entre la Presidencia, la Gobernación, el Distrito y las administraciones municipales.

Poco después ocurrió la operación en la que murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, señalado por las autoridades como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Margarita respondió con una frase contundente: “¡Tenemos Presidente!”. Carlos Pinedo sostuvo que, cuando existe decisión, el Estado actúa con contundencia. Ambos mandatarios reconocieron la respuesta nacional frente a una amenaza que afecta al territorio.

Son actuaciones importantes, pero apenas iniciales.

La muerte de un cabecilla no desmantela una organización. La apertura de una carretera no resuelve las causas de la protesta. Un Consejo de Seguridad tampoco recupera por sí mismo los corregimientos, las zonas rurales y los corredores sometidos a la intimidación criminal.

El siguiente examen es la extorsión.

Ese flagelo somete a comerciantes, transportadores, contratistas, ganaderos, agricultores y productores bananeros. Financia estructuras criminales, encarece la actividad económica y convierte el trabajo de los magdalenenses en fuente de ingresos para quienes los amenazan.

Enfrentarla exige inteligencia, investigación financiera, denuncias protegidas, capturas, judicialización y presencia estatal permanente. También requiere que los resultados puedan medirse: estructuras desarticuladas, rentas criminales afectadas y ciudadanos liberados del pago de extorsiones.

Los primeros 30 días muestran que la seguridad puede convertirse en el eje de la relación entre Abelardo y el Magdalena. También revelan una articulación institucional que debe aprovecharse.

El Magdalena sigue lejos de tener seguridad estable, carreteras protegidas y territorios libres de extorsión. Reconocer que el Gobierno comenzó a ejercer autoridad no obliga a declarar resueltos sus problemas. Significa elevar la exigencia: después de las primeras señales deben llegar resultados duraderos.

En el Magdalena, Abelardo ya encontró la puerta de entrada. Ahora falta saber hasta dónde será capaz de llegar.