LA ESAP: UNA MAESTRÍA EN ELEFANTES BLANCOS

La institución creada para enseñar buena administración pública mantiene en Santa Marta su propio monumento al fracaso estatal. Después de casi catorce años, dos directores nacionales magdalenenses, miles de millones de pesos invertidos y varias actuaciones de los organismos de control, los estudiantes siguen recibiendo clases en salones prestados. Ahora que Nerio José Alvis Barranco dirige la ESAP y el presidente Abelardo de la Espriella juega de local en la ciudad, la obra inconclusa no puede seguir siendo invisible.

La escuela que debía modernizar al Estado

Por Víctor Rodríguez Fajardo

La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, nació en 1958 para profesionalizar el servicio público: formar administradores, capacitar servidores, asesorar entidades territoriales y contribuir a construir un Estado menos improvisado.

Durante casi siete décadas amplió su cobertura y llevó sus programas a lugares donde pocas universidades tienen presencia permanente. En el Caribe, una sola dirección territorial atiende Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira, con actividades en Barranquilla, Malambo, Suan, Santa Marta, Valledupar, Bosconia, La Jagua de Ibirico, Villanueva y Uribia.

Ese avance debe reconocerse. En Santa Marta la formación no se ha detenido: hay capacitaciones, se gradúan administradores públicos y continúa la oferta académica. Opinión Caribe ya había documentado en 2018 que la ESAP seguía desarrollando sus actividades en la ciudad, pese a sus dificultades de infraestructura.

Esa es la contradicción. La Escuela que enseña planeación, contratación y ejecución presupuestal no ha sido capaz de resolver su propia sede.

La página oficial de la institución todavía registra en 2026 como lugar de desarrollo en Santa Marta la IED Normal Superior San Pedro Alejandrino. La ESAP opera en salones de un colegio facilitados mediante acuerdos con la Alcaldía.

Hay que agradecerle al colegio que abra sus puertas. Lo difícil de explicar es que una entidad universitaria nacional, con presupuesto, patrimonio y autonomía administrativa, todavía dependa de espacios prestados en la capital del Magdalena.

La sede que se convirtió en monumento

Sobre la avenida del Libertador permanece la estructura de lo que debía ser la sede propia.

El proyecto nació del convenio interadministrativo suscrito entre la ESAP y Fonade el 28 de diciembre de 2011. En desarrollo de ese acuerdo, Fonade contrató la construcción y el acta de inicio de la obra fue firmada el 10 de diciembre de 2012. Son momentos contractuales distintos.

El contrato comenzó con un presupuesto de $2.830 millones y, después de las adiciones, ascendió a $4.140 millones. Más adelante se contrató una segunda fase por $5.330 millones, suspendida cuando se advirtió que primero debían resolverse las fallas estructurales de la construcción inicial.

Este último valor corresponde al contrato para continuar el proyecto y no puede presentarse automáticamente como dinero pagado o perdido. Lo incontrovertible es que miles de millones de pesos públicos quedaron atrapados en una estructura que no se ha podido terminar, recuperar, demoler ni destinar a otra función.

Es el elefante blanco en su forma más pura: no sirve, cuesta mantenerlo y nadie reconoce su paternidad.

Una historia que Opinión Caribe no dejó perder

Esta columna no descubre el problema. Opinión Caribe lleva casi una década siguiéndolo.

En octubre de 2017 publicó “Sede de la ESAP, una ‘vaca lechera’”, investigación que documentó el proceso fiscal, las prórrogas, las fallas estructurales, la segunda etapa suspendida y la demanda contra Fonade.

Después vinieron “El elefante blanco de la ESAP sigue en pie” y “Proceso de responsabilidad fiscal contra exfuncionarios de Fonade y la ESAP”, ambas de 2018; y “Honorio, el sinsabor en la ESAP”, que reconstruyó la relación del exdirector nacional con el proyecto.

La sede reapareció en “Elefantes inconclusos de la ciudad de Santa Marta” y, en 2026, en “Santa Marta no puede seguir esperando” y “Santa Marta: 260 hectáreas y cinco billones de pesos esperando una decisión”.

Son, por lo menos, ocho publicaciones relacionadas con el caso. Esta columna recoge esa investigación persistente y pregunta por qué, después de tantas denuncias, audiencias, estudios y promesas, la ciudad continúa frente al mismo edificio.

Dos directores magdalenenses y ninguna solución

El Magdalena tuvo no uno, sino dos directores nacionales de la ESAP durante los años decisivos del proyecto.

Honorio Henríquez Pinedo dirigió la institución entre 2006 y octubre de 2012. Durante su administración se gestionaron los recursos y se celebró con Fonade el convenio que dio origen a la sede.

No dirigió la ejecución material: el acta de inicio fue suscrita el 10 de diciembre de 2012, cuando ya había dejado el cargo. Pero tampoco es un extraño en esta historia. Promovió el proyecto y después dispuso de cuatro periodos en el Congreso —hasta llegar a la Presidencia del Senado— para impulsar una solución que nunca llegó.

Después asumió Elvia María Mejía Fernández, oriunda de Aracataca y posesionada en enero de 2013. Recibió la obra iniciada; durante su administración se conocieron las advertencias técnicas y se intentó reformular la construcción. Tampoco consiguió entregar la sede.

Uno gestionó el proyecto, pero no ejecutó la obra. La otra recibió la construcción con sus problemas. Fonade gerenció. El contratista construyó. La interventoría certificó. Las administraciones siguientes heredaron. Los organismos de control investigaron.

Todos tienen una explicación. La única que no la tiene es Santa Marta.

Los órganos de control miraron, pero no resolvieron

Sería inexacto decir que el caso nunca apareció en el radar institucional.

La Contraloría General configuró un hallazgo fiscal de $4.521 millones: $4.140 millones por el contrato de obra y $381 millones por la interventoría que recibió una estructura con placas dañadas, vigas deformadas y sin cumplimiento de las normas de sismorresistencia.

En 2017, la Procuraduría abrió una investigación contra representantes de las empresas interventoras. La ESAP, además, demandó a Fonade por $8.400 millones, pretensión que incorporaba la inversión y gastos posteriores de vigilancia, peritaje y funcionamiento en instalaciones prestadas. Ese valor reclamado no equivale a recursos recuperados.

El expediente continuó abierto. El Informe de Auditoría de Cumplimiento CGR-CDCDR N.º 51 de 2023 estableció que persistía el hallazgo relacionado con los contratos de obra 2123778 y de interventoría 2124044. También señaló que las acciones correctivas no habían podido ejecutarse debido al desistimiento de la ESAP frente a la propuesta de reforzamiento.

Los estados financieros de ENTERRITORIO con corte al 31 de diciembre de 2025 todavía registraban el convenio 211046 dentro de sus contingencias, mantenían una provisión de $11.183.801 para el trámite de una licencia de reforzamiento estructural y reportaban activa la controversia contractual ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la espera de sentencia.

El expediente no es una reliquia periodística. Al terminar 2025 todavía producía efectos administrativos, judiciales y contables.

Lo que sigue sin conocerse públicamente es cuánto dinero fue recuperado, quién respondió patrimonialmente y cuál es la decisión técnica definitiva. Se propuso reforzar el edificio, pero la auditoría dejó constancia del desistimiento de la ESAP. También se sostuvo que debía demolerse.

¿Se refuerza, se derriba o continuará abandonado entre estudios, desistimientos y litigios?

Una investigación que no produce explicación pública, recuperación verificable del patrimonio ni solución para la comunidad termina pareciéndose demasiado a la impunidad.

Honorio no puede declararse visitante

La responsabilidad política de Honorio Henríquez no terminó cuando dejó la ESAP.

No le atribuimos la ejecución de una obra iniciada después de su salida ni afirmamos que tenga responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal. Eso solo puede establecerlo una autoridad competente. La exigencia es política.

Henríquez promovió el proyecto y gestionó el convenio que le dio origen. Después construyó una extensa carrera legislativa y ha permanecido cerca del poder nacional durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Iván Duque y ahora, como presidente del Senado, durante el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Completa cuatro periodos en el Congreso. Pocos dirigentes magdalenenses han tenido una plataforma semejante para gestionar soluciones ante la Nación.

¿Qué debates de control político promovió? ¿Qué recursos consiguió para rescatar la sede? ¿Qué hizo durante sus años de influencia para esclarecer el destino del dinero y evitar que la estructura siguiera deteriorándose?

El Magdalena ha premiado electoralmente esa trayectoria una y otra vez. La torre inconclusa sigue sobre la avenida del Libertador.

Nerio Alvis ya conoce la casa

El expediente también llegó al escritorio del nuevo director nacional de la ESAP, Nerio José Alvis Barranco.

Alvis no aterriza en un sector desconocido. Entre mayo de 2021 y agosto de 2022 dirigió el Departamento Administrativo de la Función Pública durante el gobierno de Iván Duque. Desde esa posición encabezó el sector al cual está adscrita la ESAP y, en agosto de 2021, posesionó a Octavio Duque Jiménez como director de la Escuela.

Cinco años después asumió personalmente el mando de la institución mediante el Decreto 1308 del 25 de agosto de 2026.

Tampoco es ajeno al Caribe. Es natural de Valledupar y escogió la región para realizar sus primeros actos como director. Durante una ceremonia de grados habló de la visión que comparte con el presidente Abelardo de la Espriella y recordó los principios del artículo 209 de la Constitución: moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Pocas oportunidades resultan tan apropiadas para demostrarlos como resolver el desastre de la sede de Santa Marta.

Alvis recibe un expediente que no necesita reconstruirse: tiene el convenio 211046, el hallazgo fiscal, la controversia contractual, el informe de 2023, los estados financieros de 2025, una propuesta de reforzamiento abandonada y una comunidad académica que todavía funciona en salones prestados.

No se le puede responsabilizar por casi catorce años de fracaso. Pero desde que asumió la Dirección Nacional le corresponde decidir qué hará con ellos.

¿Ordenará un nuevo diagnóstico y definirá, con presupuesto, responsables y cronograma, si el edificio se refuerza, se demuele o se reemplaza por una sede nueva?

El Tigre también juega de local

La responsabilidad no termina en el nuevo director. La exigencia llega hasta el presidente Abelardo de la Espriella.

No necesita que un funcionario le dibuje un mapa. Tiene vínculos públicos y privados conocidos con Santa Marta y una relación frecuente con el territorio. Aquí juega de local: conoce sus calles, sus élites y sus problemas. Y, como decimos en el Caribe, sabe dónde ponen las garzas.

Tampoco necesita una visita protocolaria. Basta transitar por la avenida del Libertador, una de las arterias obligadas de Santa Marta, para encontrarse con el esperpento.

La ciudad de los 500 años más uno no puede seguir cargando esa estructura como si fuera parte natural del paisaje.

El Gobierno tiene la oportunidad de establecer el estado de los procesos, determinar la viabilidad técnica del edificio, identificar los recursos recuperables y presentar una salida definitiva. Terminar, reforzar, demoler o reemplazar: cualquier decisión debe tener presupuesto, responsables y cronograma.

La coincidencia institucional es difícil de repetir: un nuevo director de la ESAP que conoce el sector desde el gobierno de Iván Duque y un presidente del Senado que promovió el proyecto original y representa al Magdalena.

Abelardo pone la voluntad política. Nerio Alvis tiene la competencia administrativa. Honorio Henríquez carga con la deuda histórica.

Si ni siquiera ahora aparece una solución, no será por falta de información, proximidad, competencia o influencia. Será porque el abandono también es una decisión política.

La clase que nadie quiere dictar

La ironía es que la ESAP enseña formulación de proyectos, contratación estatal, control fiscal, planeación y transparencia administrativa.

En Santa Marta su lección más elocuente no se dicta en un salón. Está levantada en concreto sobre la avenida del Libertador.

Es una torre distinta a las Torres del Corone, pero pertenece a la misma geografía moral: aquella en la que la impunidad termina financiando el poder, la ciudad se acostumbra al despojo y el ciudadano vuelve a elegir a quienes nunca rindieron cuentas.

Han pasado casi catorce años, dos directores nacionales magdalenenses y varios gobiernos. También contratos, adiciones, informes, hallazgos, investigaciones y por lo menos ocho publicaciones de Opinión Caribe siguiendo el rastro.

Se gastaron miles de millones. La sede no se entregó. Los estudiantes siguen en salones prestados.

La culpa, como siempre, es de otro.

O de la vaca.