LA SOLUCIÓN NOS SALIÓ SALADA

Durante más de una década, Santa Marta pasó del río Magdalena a Toribio y Córdoba; de allí a los ríos de la Sierra, los pozos, El Curval y finalmente el mar. El saldo son dos proyectos parciales, una granja solar sin financiación visible y el abandono de una alternativa regional que podría beneficiar a más de 870.000 magdalenenses.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Opinión Caribe no está descubriendo ahora la crisis del agua. Durante más de una década ha documentado estudios, promesas, pleitos, contratos, viajes internacionales, licitaciones frustradas y cambios de rumbo.

Ese archivo permite reconstruir una historia que cada administración presenta por pedazos. El Magdalena, Toribio y Córdoba, los ríos de la Sierra Nevada, los pozos, El Curval y la desalinizadora parecen alternativas sucesivas. Ordenadas cronológicamente revelan un tortuoso camino marcado por negligencia institucional, mezquindad territorial, confrontaciones políticas y ausencia de visión regional.

Santa Marta está al pie de una de las mayores estrellas hídricas del país y a unos 80 kilómetros de tubería del río Magdalena. Sin embargo, terminó buscando agua en el mar Caribe.

La misma tecnología utilizada por poblaciones asentadas en los desiertos árabes.

Desalinizar es técnicamente posible. Lo difícil será pagar la operación, asegurar la energía necesaria, manejar la salmuera y evitar que los costos terminen ahogando a los usuarios en la tarifa.

EL MAGDALENA SÍ SE PUEDE BEBER

Triple A informa oficialmente que suministra agua potable a más de 2,8 millones de habitantes de Barranquilla y catorce municipios del Atlántico mediante sistemas abastecidos principalmente por el río Magdalena.

El agua cruda no debe beberse directamente, como tampoco la de cualquier río expuesto a sedimentos, vertimientos y contaminación. Para eso existen las plantas de tratamiento.

Los boletines del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA, publicados por el Instituto Nacional de Salud han clasificado como “sin riesgo” muestras correspondientes a municipios atlanticenses atendidos por esos sistemas. Esto no significa que el Magdalena esté limpio ni constituye una garantía permanente: demuestra que sus aguas pueden tratarse hasta alcanzar condiciones aptas para el consumo humano.

No aparece evidencia oficial de un problema sanitario generalizado atribuible al origen del agua potabilizada que reciben esos 2,8 millones de habitantes.

Si Barranquilla puede beber agua del Magdalena, la discusión para Santa Marta nunca debió reducirse a una supuesta incompatibilidad entre el río y la salud pública. La pregunta era cuánto costaba captarla, transportarla, tratarla y distribuirla.

Ese análisis sí se hizo.

EL TUBO NO ERA IMAGINARIO

Entre 2014 y 2015, la Universidad de los Andes, dentro del proyecto Findeter–Metroagua, evaluó siete alternativas para abastecer a Santa Marta.

La alternativa número 7 combinaba los ríos Toribio, Córdoba y Magdalena. Contemplaba una conducción cercana a 80 kilómetros desde el Magdalena hasta una planta de tratamiento en Toribio y un perfil calculado para transportar 2.500 litros por segundo.

El desarrollo progresivo proyectaba captar inicialmente 2.000 litros por segundo del Magdalena y elevar su aporte hasta 4.500 litros por segundo en 2036. Sumando Toribio y Córdoba, la capacidad total de tratamiento alcanzaría 6.000 litros por segundo.

El estudio examinó costos de inversión, plantas de tratamiento, tuberías, estaciones de bombeo, potencia requerida, longitud de los trazados, vulnerabilidad, pérdidas en la aducción, cambio climático y posibilidades de expansión.

No era un tubo dibujado sobre una servilleta.

Existió, además, otro análisis denominado “Abastecimiento de agua potable a la zona norte del departamento del Magdalena”. La Procuraduría confirmó el 4 de diciembre de 2023 que este estudio proyectaba el servicio durante cincuenta años, recomendaba utilizar el río Magdalena para reducir la presión sobre las fuentes de la Sierra Nevada e incluía a Santa Marta entre los territorios beneficiados.

No son el mismo estudio, pero se complementan: el de Uniandes demostró técnicamente la posibilidad de llevar agua del Magdalena hasta Santa Marta; el segundo planteó aprovechar esa fuente dentro de una solución regional.

El 2 de enero de 2019, Opinión Caribe documentó que el entonces alcalde de Puebloviejo, Wilfrido Ayala, respaldaba un acueducto regional para Sitionuevo, Puebloviejo, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca y Santa Marta.

El 4 de mayo del mismo año, este medio registró que el viceministro de Agua, José Luis Acero, consideraba la regionalización como la alternativa más efectiva para beneficiar inicialmente a Santa Marta, Ciénaga y Puebloviejo. La entonces gobernadora Rosa Cotes apoyó públicamente la propuesta y contempló su posterior extensión hacia Zona Bananera y Aracataca.

Según las proyecciones oficiales disponibles, esos seis territorios reúnen más de 870.000 habitantes.

El acueducto regional no es una ocurrencia nacida para controvertir la desalinizadora. Tiene estudios, trazados, caudales y población beneficiaria identificada.

CINCO AÑOS QUE NO VOLVIERON

El 25 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro de una acción popular promovida por el entonces procurador judicial ambiental y agrario Jorge Eduardo Escobar Silebi, ordenó reevaluar la alternativa del río Magdalena.

La decisión no prohibió utilizarlo definitivamente, pero introdujo incertidumbre jurídica y contribuyó a paralizar esa posibilidad durante casi cinco años.

El 27 de abril de 2023, el Consejo de Estado revocó la orden. La alta corte concluyó que dentro del expediente no existían elementos para descalificar o disminuir la validez técnica y científica del estudio de la Universidad de los Andes. También consideró que ordenar aquella reevaluación no resultaba proporcional frente a las condiciones demostradas en el proceso.

No es necesario atribuirle a Escobar Silebi motivaciones que no están probadas. Basta examinar los efectos de su actuación: la alternativa quedó frenada, Santa Marta perdió años valiosos y el Magdalena se alejó de la solución.

La justicia corrigió la decisión. Lo que no pudo devolver fue el tiempo.

Esta controversia no debe confundirse con las intervenciones posteriores de la Procuraduría sobre El Curval y la desalinizadora. Se trata de actuaciones, funcionarios, procedimientos y momentos diferentes.

TODOS POR EL MISMO TUBO

La captación de los ríos Toribio y Córdoba encontró resistencia política y comunitaria en Ciénaga. Sus dirigentes alegaron que podía comprometer el abastecimiento y las actividades productivas del municipio.

La discusión se convirtió en una disputa parroquial: Ciénaga defendía sus fuentes mientras Santa Marta pedía agua.

Un acueducto regional habría cambiado la ecuación. Ciénaga no tendría que entregar sus ríos para resolver exclusivamente la sed samaria, sino que sería beneficiaria del agua del Magdalena junto con Sitionuevo, Puebloviejo, Zona Bananera y Aracataca.

Todos por el mismo tubo.

La posibilidad de construir un sistema de regulación y represas con otras fuentes de la Sierra tampoco avanzó. Las obras que afecten directamente a los pueblos indígenas y sus territorios protegidos por la Línea Negra deben cumplir el proceso de consulta previa.

No aparece constancia pública de una consulta culminada para desarrollar ese sistema con destino al abastecimiento de Santa Marta. Tampoco puede responsabilizarse a los indígenas por una concertación que las autoridades no han demostrado capacidad para adelantar.

Así se redujeron las posibilidades: el Magdalena quedó sometido a incertidumbre judicial; Toribio y Córdoba, a la mezquindad territorial; y un sistema con otras fuentes de la Sierra, a la incapacidad institucional para concertar.

CAICEDO Y VIRNA TAMPOCO SE SALVAN

Carlos Caicedo convirtió su oposición al gobierno de Iván Duque en una bandera. Tenía derecho a controvertirlo políticamente, pero un gobernador no ejerce control político sobre el presidente, no vota sus proyectos ni administra un Estado independiente. Su responsabilidad era articular los intereses territoriales y gestionar ante la Nación.

¿Oposición para qué?

Bajo su liderazgo no se ejecutó una solución definitiva. Su aliada Virna Johnson anunció que dejaría contratado El Curval, un proyecto cercano a $1,69 billones que sería financiado mediante vigencias futuras distritales durante treinta años.

El 30 de diciembre de 2022, el Concejo de Santa Marta aprobó las facultades solicitadas por la alcaldesa, con doce votos favorables y siete concejales ausentes que habían manifestado desacuerdo.

La licitación LP-011-2023 terminó desierta el 4 de diciembre de 2023. Catorce firmas manifestaron interés, pero ninguna presentó oferta.

La Contraloría había advertido debilidades de planeación y riesgos financieros. El modelo exigía que el contratista financiara la construcción durante aproximadamente tres años y medio para recibir pagos con recursos distritales a lo largo de tres décadas.

Virna terminó su mandato sin adjudicar la obra.

Existe otro episodio difícil de explicar. El 30 de noviembre de 2023, Opinión Caribe registró una declaración de la entonces ministra de Vivienda, Catalina Velasco. Según la funcionaria, desde junio el Gobierno le había ofrecido a la Alcaldía $19.233 millones para rehabilitar pozos y aumentar el suministro de agua potable.

Virna Johnson no aceptó los recursos.

Cinco meses después, la ministra tuvo que ofrecérselos nuevamente y pedirle públicamente que los recibiera antes de que terminara la vigencia presupuestal.

Mientras Santa Marta padecía sed, su administración rechazó dinero disponible para mitigarla.

PINEDO RESCATÓ EL CURVAL

Carlos Pinedo retomó El Curval y el 2 de junio de 2026 fue adjudicado el contrato al Consorcio Planta Curval, integrado por Caribbean Region Water Conservancy Engineering S.A.S., CM Ingeniería y Construcción S.A.S. y CFD Ingeniería S.A.S.

Ese avance debe reconocerse.

Pero ya no se trata del megaproyecto de 2.400 litros por segundo y $1,69 billones anunciado por Caicedo y Virna. La obra contratada tendrá capacidad para tratar 800 litros por segundo captados del río Piedras. Incluye una conducción de 10,5 kilómetros, anillos de distribución y nuevas redes para sectores del nororiente y Bonda.

Pinedo llevó a contratación una obra que su antecesora dejó enredada, pero El Curval es parte de la solución, no la solución completa.

El Plan Maestro calcula que Santa Marta produce actualmente 1.171 litros por segundo frente a una demanda de 1.787,8. El déficit es de 616,8 litros por segundo y podría superar los 1.900 litros por segundo en 2055 si no se incorporan nuevas fuentes.

Las mediciones sobre pérdidas han oscilado entre el 40 % y cerca del 60 %, dependiendo de la vigencia y la metodología. El Plan Maestro propone reducirlas al 25 %. Sin esa recuperación, una parte considerable del agua nueva seguirá desapareciendo antes de llegar a los usuarios.

MUCHO PODER Y POCA AGUA

¿De qué sirve tener la Presidencia del Senado, congresistas en comisiones estratégicas y magdalenenses ocupando cargos importantes en el Estado si no hemos resuelto el principal problema de Santa Marta?

No todos tienen competencia directa sobre el acueducto, pero sí capacidad de gestión, articulación e influencia. La política no se mide por los puestos obtenidos, sino por la capacidad de convertir ese poder en infraestructura.

Una obra para seis territorios tendría mayor alcance regional que una solución concebida exclusivamente para Santa Marta. Sin embargo, nuestros dirigentes administraron parcelas cuando debieron construir región.

¿Por qué la Nación comprometió $786.000 millones para desalinizar agua sin actualizar y publicar primero una comparación con el acueducto regional?

La comparación debería incluir inversión inicial, costo de operación, consumo energético, valor por metro cúbico, impacto tarifario y número de beneficiarios.

Sin esa evaluación, el Magdalena fue apartado no porque una comparación actualizada demostrara que era inferior, sino porque dejaron de impulsarlo.

AGUA CON RECURSOS; SOL CON ANUNCIOS

El CONPES 4159 de 2025 declaró estratégicas las plantas desalinizadoras. La Resolución 0829 del 6 de noviembre de 2025 asignó $786.000 millones, distribuidos entre 2026 y 2030 con cargo al Presupuesto General de la Nación.

La planta principal proyectada produciría 600 litros por segundo, equivalentes a 51.840 metros cúbicos diarios.

Los documentos contractuales contemplan una potencia eléctrica instalada de 12.096 kilovatios y un consumo máximo de 3,04 kilovatios hora por cada metro cúbico producido.

A plena capacidad, la desalinizadora podría consumir hasta 157.594 kilovatios hora diarios, equivalentes a unos 57,5 millones de kilovatios hora al año.

Ese es el tamaño real de la discusión energética.

La granja solar anunciada por el entonces presidente Gustavo Petro no exhibe un respaldo financiero equivalente. No aparece una partida individualizada, un predio asegurado, un contrato adjudicado ni un cierre financiero específico para las fotoceldas.

En noviembre de 2025, el Ministerio de Vivienda informó que el Distrito apenas gestionaba los terrenos.

La desalinizadora tiene CONPES, resolución de asignación y vigencias presupuestales. La granja solar todavía tiene anuncios.

El manejo de la salmuera aparece contemplado, pero su descarga definitiva y sus efectos dependerán de la ingeniería de detalle y del licenciamiento ambiental. Tampoco está definido públicamente quién operará las plantas a largo plazo, cuánto costará cada metro cúbico ni qué parte llegará a la tarifa.

FALTA MOSTRAR LA LLAVE

El 3 de septiembre de 2026, Opinión Caribe registró el capítulo más reciente. Essmar y la Secretaría de Infraestructura aseguraron que la gestión del alcalde Carlos Pinedo ante el ministro de Vivienda permitió destrabar la desalinizadora.

Sin embargo, falta mostrar la llave.

No se ha divulgado el acto escrito que removió el obstáculo, la ruta contractual definitiva, el cronograma ni el modelo final. Tampoco se ha aclarado si se construirá una planta o dos; si el sistema producirá 500, 600, 623 o 650 litros por segundo; quién contratará ni cómo quedó atendida la solicitud preventiva formulada por la Procuraduría.

Santa Marta volvió a escuchar una expresión conocida: ahora sí.

Después de más de una década, la ciudad no necesita otra promesa líquida. Necesita documentos, obras terminadas, agua en las tuberías y tarifas que sus habitantes puedan pagar.

La desalinización puede ser una fuente complementaria. Lo inadmisible es que hayamos llegado hasta ella después de dejar envejecer una alternativa regional, perder cinco años en una controversia judicial, convertir los ríos en una disputa entre vecinos, rechazar recursos disponibles y fracasar repetidamente en la coordinación institucional.

Este padecimiento no fue causado únicamente por la naturaleza. También fue producido por la negligencia de quienes aplazaron decisiones y la mezquindad de quienes defendieron intereses políticos o territoriales sin comprender que el agua no reconoce fronteras municipales.

Nos consiguieron una planta para quitarle la sal al mar, pero no tuvieron visión para poner a seis territorios a beber agua dulce por el mismo tubo.

La solución no solamente llegó tarde.

Nos salió salada.

DOCUMENTOS Y ARCHIVO CONSULTADOS

• Triple A: información oficial del sistema de acueducto que atiende a Barranquilla y catorce municipios del Atlántico.
• Instituto Nacional de Salud: Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano, SIVICAP, y boletines IRCA.
• Universidad de los Andes, Findeter y Metroagua: “Resultados de los estudios de abastecimiento de agua para Santa Marta”.
• Tribunal Administrativo del Magdalena: medida cautelar del 25 de octubre de 2018.
• Consejo de Estado: providencia del 27 de abril de 2023, expediente 47001-23-33-000-2017-00313-01.
• Procuraduría General de la Nación: comunicado del 4 de diciembre de 2023 sobre El Curval y el estudio “Abastecimiento de agua potable a la zona norte del departamento del Magdalena”.
• Departamento Nacional de Planeación: CONPES 4159 de 2025.
• Ministerio de Vivienda: Resolución 0829 del 6 de noviembre de 2025.
• Opinión Caribe, 2 de enero de 2019: “Puebloviejo quiere agua del río Magdalena”.
• Opinión Caribe, 13 de marzo de 2019: “Planta desalinizadora, otra opción para solucionar problemática de agua”.
• Opinión Caribe, 4 de mayo de 2019: “¿Para dónde va el agua?”.
• Opinión Caribe, 30 de diciembre de 2022: “En medio de controversias fue aprobado proyecto del Sistema de Acueducto El Curval”.
• Opinión Caribe, 30 de noviembre de 2023: “El Gobierno ofreció 19 mil millones para el agua en Santa Marta y Virna Johnson los rechazó”.
• Opinión Caribe, 4 de junio de 2026: “¡Solución real! Alcalde Carlos Pinedo adjudica el proyecto Planta El Curval”.
• Opinión Caribe, 22 de junio de 2026: “Con $786.000 millones asignados, Essmar abrió convocatoria para construir la planta desalinizadora”.
• Opinión Caribe, 3 de septiembre de 2026: “Desalinizadoras: dicen que se destrabaron, pero falta mostrar la llave”.