EL ESTADO BURDEL: ENTRE LA COSIFICACIÓN SEXUAL Y EL CASTIGO A LA MATERNIDAD

Mientras la maternidad y la lactancia pueden convertirse en factores de precariedad, persiste una pregunta incómoda: cuánto pesa el mérito y cuánto la proximidad privada con quienes administran el poder público.

Por Amelia Rocío Cotes Cortés

Abogada

Opinión | En el Estado colombiano persiste una contradicción indignante: mientras mujeres gestantes, lactantes y cuidadoras enfrentan barreras para acceder a oportunidades laborales o conservarlas, el poder público también puede degradarse cuando un cargo o contrato se convierte en instrumento para premiar cercanías privadas.

La desigualdad que sirve de telón de fondo es contundente. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, el 89,8 % de las mujeres participó en actividades de trabajo no remunerado, frente al 65,2 % de los hombres. En el trabajo remunerado ocurrió lo contrario: 34,2 % de las mujeres frente al 55,9 % de los hombres, según el DANE.

La contratación estatal permite observar esta contradicción desde otro ángulo. Según la cifra de Colombia Compra Eficiente recogida en las fuentes de este artículo, entre enero de 2023 y octubre de 2024 se registraron 598.671 contratos de prestación de servicios suscritos por mujeres, equivalentes al 43,5 % del total registrado, incluidos aquellos sin género identificado. Se habla de contratos, no necesariamente de igual número de mujeres.

Pero contabilizar contratación femenina no basta para demostrar igualdad. ¿Cuántos de esos contratos garantizaron una ejecución digna y compatible con el embarazo, la maternidad y la lactancia? ¿Cuántas contratistas encontraron en el cuidado una desventaja? Y, desde el otro extremo, ¿qué mecanismos permiten determinar cuántos respondieron exclusivamente al mérito y cuántos pudieron estar atravesados por favoritismos o proximidades personales con quienes ostentaban capacidad de decisión?

Las estadísticas disponibles no responden estas preguntas. Y sería irresponsable convertir la sospecha en cifra.

El problema, además, no tiene domicilio exclusivo. Cuando se habla del Estado no se alude únicamente al Gobierno nacional, sino a sus distintas ramas, órganos y niveles territoriales. Las controversias sobre relaciones personales, nombramientos y contratos alrededor del poder han formado parte, en distintas épocas, de la conversación pública sobre alcaldías, gobernaciones, Congreso, Gobierno nacional, Universidades, juzgados y Cortes. Algunas han llegado a la prensa o a instancias oficiales; otras pertenecen al vox populi. No todo puede tratarse como hecho probado. Pero tampoco debería ignorarse la pregunta que dejan instalada: ¿puede asegurarse que el mérito siempre pesa más que la cercanía personal con quien tiene el poder de nombrar o contratar?

La cuestión no es censurar la sexualidad femenina. Una relación sentimental, por sí misma, no constituye necesariamente una inhabilidad, como incluso ha señalado Función Pública al analizar este tipo de vínculos. La responsabilidad surge cuando lo público puede ponerse al servicio de intereses privados. La propia Corte Constitucional ha relacionado el régimen de inhabilidades para contratar con la protección del interés general, la moralidad y la imparcialidad y con la prevención de tratamientos preferentes.

Allí adquiere sentido hablar de “Estado burdel”: no como descalificación de las mujeres ni de su libertad sexual, sino como denuncia de la degradación de lo público cuando la intimidad puede convertirse en moneda de intercambio del poder.

Resulta entonces inadmisible que la misma institucionalidad pueda ser tolerante frente al favoritismo y despiadada con la maternidad. La igualdad exige que ninguna mujer necesite proximidad íntima con el poder para obtener una oportunidad, ni esconder su embarazo, sacrificar la lactancia o renunciar al cuidado para conservarla.

El poder público existe para garantizar derechos, reconocer capacidades y proteger la dignidad humana.

Las mujeres no somos moneda de cambio del poder ni trabajadoras desechables cuando decidimos ser madres, pero el precio que pagamos en la maternidad sigue siendo muy alto, en la lucha por los derechos laborales que sigue siendo desigual versus los estereotipos de belleza y relación íntima con el poder que premia rápido con el acceso y la estabilidad laboral.