Unidad Investigativa
EL RODADERO: DIECISIETE AÑOS PAGANDO EL MIEDO
Hoy publicamos una carta de 2009 en la que la hija de Joaquín Bohórquez denunció ocupaciones presuntamente respaldadas por paramilitares y autoridades locales intimidadas. Su contenido confronta al Estado con el presente: persisten las denuncias de extorsión y quienes investigamos también hemos recibido amenazas.
Por: Víctor Rodríguez Fajardo
Estoy denunciando la gobernanza paramilitar en El Rodadero: la capacidad de imponer cobros sobre el trabajo, condicionar actividades y conseguir que el miedo determine qué se puede investigar. Hablo como periodista y como víctima.
En mi publicación del 4 de noviembre mencioné la circulación de amenazas y acusaciones cruzadas entre un empresario y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN. La autenticidad, el alcance y el sustento de esos mensajes siguen pendientes de verificación; aquí no los presento como prueba de vínculos delictivos. Reclamo que las autoridades los esclarezcan. Santa Marta no puede depender del siguiente comunicado atribuido a una estructura armada para conocer lo que ocurre en su territorio.
En ese contexto, hoy aporto un documento que permite mirar la profundidad histórica del problema. Es una carta de Marina Bohórquez Barona, fechada el 29 de enero de 2009 y dirigida al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. La publicamos como parte de este #TBT porque su contenido interpela al presente.
El asunto era explícito: “Invasión de tierras por parte de paramilitares en El Rodadero, Magdalena”.
Marina denunciaba ocupaciones parciales sobre aproximadamente 23 hectáreas de Inversiones Gaira Mar Ltda., en liquidación. Afirmaba que los ocupantes tenían respaldo de organizaciones emergentes de origen paramilitar, aparentemente Los Nevados. Pedía intervención nacional porque, según su comunicación, las autoridades locales habían sido intimidadas y no resolvían el conflicto.
Marina denunciaba algo más grave que una ocupación de tierras: según su carta, la intimidación impedía que las autoridades locales actuaran.
Y quien reclamaba era hija de Joaquín Bohórquez Rubio, desarrollador y urbanizador fundamental del Rodadero turístico. Conocí a don Joaquín cuando yo era un arquitecto recién graduado. Era toda una institución para Santa Marta. Su nombre estaba unido a la transformación de aquel territorio.
Marina recordaba que su padre, asociado con Cuéllar Serrano Gómez y Salazar, desarrolló y urbanizó el sector durante los años cincuenta y sesenta. Invocaba documentos de propiedad y los derechos de sus herederos.
Esa es la dimensión del reclamo: la familia de quien ayudó a construir El Rodadero pedía protección frente a ocupaciones que atribuía al respaldo paramilitar.
La copia no acredita recepción ni respuesta del Ministerio. Precisamente por eso hay preguntas concretas que esclarecer: ¿la comunicación fue recibida y radicada? ¿Qué trámite tuvo? ¿Qué autoridades intervinieron? ¿Qué ocurrió con los predios y cómo terminó el conflicto?
El Ministerio de Defensa debe informar si conserva registros de aquella solicitud. Las autoridades competentes deben explicar las actuaciones que hayan adelantado. Publicar la carta permite reclamar respuestas sobre una denuncia identificable, con fecha, destinatario y terrenos señalados.
Entre aquella advertencia y el presente hay registros que impiden despachar el problema como un episodio remoto.
La Policía Nacional informó en 2019 que Chucho Mercancía, cabecilla de Los Pachenca, había pertenecido al Bloque Resistencia Tayrona de Hernán Giraldo y posteriormente a Los Nevados. Esa trayectoria documenta conexiones entre estructuras, aunque no demuestra por sí sola una continuidad idéntica de organizaciones y responsabilidades.
En su informe de gestión de 2015, la Fiscalía registró 24 capturas dentro del caso Los Pachenca por extorsiones a comerciantes de El Rodadero y la Sierra Nevada, y otras doce en una segunda fase. El proceso figuraba en investigación.
En mayo de 2024, Noticias Caracol recogió denuncias de cobros por platos de comida vendidos y turistas transportados. El Gaula capturó a tres presuntos extorsionistas y la Policía informó del hallazgo de panfletos alusivos a las ACSN.
El 2 de noviembre de 2026, esta misma semana, Caracol Radio informó sobre las capturas de alias Gordo y Venecia, presuntamente relacionados con extorsiones en El Rodadero, Gaira y otros sectores de Santa Marta.
Hay operaciones y capturas. El balance debe incluir también la persistencia del negocio. ¿Quién administra el dinero? ¿Quién reemplaza a los capturados? ¿Qué resultados permiten afirmar que las víctimas recuperaron su libertad para trabajar?
Yo conozco otra consecuencia de la intimidación.
El 9 de enero de 2025, después de denunciar las irregularidades que vecinos atribuían a una central de chivas rumberas en El Rodadero, recibí una amenaza: “viejo cuide lo que dice que se va a morir”. Opinión Caribe la publicó ese mismo día. El 22 de enero, el medio volvió a denunciar la falta de garantías para mi ejercicio periodístico y el de otros colegas amenazados en Santa Marta.
Presenté la denuncia formal. Como relaté el 4 de noviembre, hasta esa publicación no conocía resultados que permitieran hablar de esclarecimiento. La intimidación consiguió que yo dejara de investigar las denuncias de aquellos vecinos.
Establecer quién estuvo detrás de la amenaza corresponde a la investigación. Su efecto lo sufrí yo: el miedo modificó mi trabajo.
En 2009, Marina Bohórquez denunciaba autoridades intimidadas. En 2025, una amenaza me apartó de una investigación. En 2026 siguen reportándose casos de extorsión.
Diecisiete años después de aquella carta, el Estado debe responder quién manda en El Rodadero. Porque mientras los criminales puedan cobrar por trabajar y una amenaza consiga silenciar una investigación, la autoridad pública seguirá en deuda con quienes viven, trabajan y denuncian allí.
