SIN SEGURIDAD PRODUCTIVA NO HAY DESARROLLO: EL DESAFÍO EMPRESARIAL DEL MAGDALENA

Por José Miguel Berdugo Oviedo

La inseguridad no solamente amenaza la tranquilidad de las personas. También compromete la inversión, la productividad, el empleo y la capacidad de crecimiento de las empresas. Santa Marta y el Magdalena necesitan incorporar la protección de su actividad económica como una prioridad de desarrollo territorial.

Hay una dimensión de la seguridad que pocas veces ocupa el lugar que merece en las discusiones públicas sobre el futuro de Santa Marta y el Magdalena: la seguridad de quienes producen, invierten, comercializan, transportan, generan empleo y sostienen la actividad económica del territorio.

Habitualmente, cuando se habla de inseguridad, la conversación se concentra en los delitos que afectan a los ciudadanos, la convivencia, el orden público y la percepción de tranquilidad. Son asuntos fundamentales, pero existe otra dimensión que requiere atención específica: las condiciones de seguridad necesarias para que las empresas puedan desarrollar sus actividades sin amenazas, intimidaciones, extorsiones o restricciones impuestas por estructuras criminales.

No se trata de dos realidades independientes. Se trata de reconocer que la inseguridad también tiene consecuencias económicas profundas y que, cuando penetra el funcionamiento de las empresas, termina comprometiendo las posibilidades de desarrollo de toda una región.

Santa Marta y el Magdalena tienen condiciones estratégicas que deberían convertirlos en protagonistas del crecimiento económico del Caribe colombiano. Su infraestructura portuaria, la conectividad marítima y terrestre, la actividad agroindustrial, el potencial turístico, la ubicación geográfica y las oportunidades de desarrollo logístico constituyen ventajas importantes para atraer inversiones, ampliar mercados y generar nuevas oportunidades empresariales.

Sin embargo, estas ventajas pierden competitividad cuando el entorno en el que deben desarrollarse las actividades productivas comienza a estar condicionado por factores de inseguridad.

¿Qué confianza puede tener un inversionista cuando existen amenazas sobre las operaciones de una empresa? ¿Qué posibilidades de crecimiento tiene un pequeño comerciante cuando debe destinar parte de sus ingresos a satisfacer exigencias extorsivas? ¿Qué futuro puede proyectar un productor rural cuando la movilidad de sus trabajadores, la comercialización de sus productos o el funcionamiento de su unidad productiva están expuestos a presiones criminales?

Estas preguntas no son hipotéticas. Reflejan preocupaciones que deben ser incorporadas con mayor rigor en la agenda económica regional.

La extorsión representa una de las expresiones más preocupantes de esta problemática. Su gravedad no radica únicamente en la pérdida económica que ocasiona, sino en lo que representa como mecanismo de control sobre la actividad empresarial. Cuando una estructura criminal exige pagos periódicos para permitir el funcionamiento de un establecimiento, condiciona la movilidad de mercancías o amenaza a un productor para imponerle obligaciones económicas, está interviniendo ilegalmente en las decisiones de una actividad productiva.

En otras palabras, la empresa deja de operar exclusivamente bajo las reglas del mercado y comienza a enfrentar condiciones impuestas por actores criminales.

Esta situación adquiere una dimensión todavía más delicada cuando se observa la composición del tejido empresarial del Magdalena.

La región no está conformada exclusivamente por grandes compañías, operadores portuarios o empresas agroindustriales. Su economía depende, en buena medida, de miles de microempresas, pequeños establecimientos comerciales, emprendimientos familiares, prestadores turísticos y trabajadores independientes.

Para una gran empresa, un gasto extraordinario de seguridad puede representar una contingencia administrativa. Para una microempresa, una exigencia extorsiva recurrente puede comprometer su capital de trabajo, afectar el pago de sus obligaciones, reducir su capacidad de contratación o conducirla al cierre definitivo.

Por eso, sería un error abordar la seguridad productiva desde una perspectiva homogénea.

Las amenazas y las capacidades de respuesta son diferentes. Los riesgos de una operación portuaria no son los mismos que enfrenta un comerciante de barrio, un operador turístico, un transportador o un productor agrícola. Todos, sin embargo, forman parte de un mismo sistema económico y requieren condiciones que les permitan desarrollar sus actividades con libertad y seguridad.

También es necesario comprender que las consecuencias de la inseguridad no terminan en las empresas directamente afectadas. Sus efectos se transmiten a proveedores, trabajadores, transportadores, compradores y comunidades enteras.

Una empresa que reduce sus operaciones puede disminuir su contratación. Un establecimiento comercial que cierra deja de generar ingresos y demanda para sus proveedores. Una actividad turística que pierde confianza afecta hoteles, restaurantes, guías, transportadores y pequeños prestadores de servicios. Una cadena agroindustrial sometida a restricciones puede comprometer la producción, el abastecimiento y la comercialización.

A esto se suma un efecto menos visible, pero particularmente perjudicial: la inversión que nunca llega.

Los inversionistas evalúan infraestructura, conectividad, costos, disponibilidad de talento humano, estabilidad institucional y condiciones de seguridad. Cuando un territorio presenta riesgos persistentes para la operación empresarial, sus ventajas naturales y logísticas pueden resultar insuficientes para competir frente a otras alternativas.

El Magdalena no puede aspirar a consolidarse como plataforma logística, destino turístico internacional, centro agroindustrial o receptor de nuevas inversiones mientras la seguridad de sus actividades económicas no sea tratada como una prioridad institucional.

Esta problemática tiene, además, antecedentes históricos que no pueden desconocerse. Las dinámicas del conflicto armado, el narcotráfico, las disputas por el control territorial y la transformación de las estructuras criminales han incidido durante décadas en diferentes municipios del departamento.

La persistencia de economías ilegales y su capacidad para intervenir sobre actividades comerciales y productivas demuestran que no estamos frente a un asunto exclusivamente coyuntural.

El auge y la consolidación de estructuras criminales en Santa Marta y el Magdalena guardan una relación directa con los vacíos históricos de presencia institucional del Estado en determinados territorios.

Allí donde la institucionalidad no logra garantizar de manera efectiva la seguridad, administrar justicia, ejercer autoridad, ofrecer servicios públicos y generar oportunidades de desarrollo económico, se crean condiciones propicias para que organizaciones ilegales ocupen esos espacios y establezcan mecanismos propios de control territorial, social y económico.

Esta ausencia no debe entenderse exclusivamente como falta de presencia de la Fuerza Pública, sino como una debilidad integral del Estado en el ejercicio de sus funciones.

En esos escenarios, los grupos criminales encuentran oportunidades para imponer normas, administrar rentas ilegales, ejercer intimidación, controlar actividades productivas y construir relaciones de dependencia o sometimiento con las comunidades.

Se configura así un círculo vicioso: la debilidad institucional facilita la expansión criminal y el control ejercido por estas organizaciones dificulta, a su vez, la recuperación de la institucionalidad, deteriorando la confianza, desincentivando la inversión y limitando las posibilidades de desarrollo económico y social del territorio.

En este contexto, la responsabilidad principal corresponde al Estado. Garantizar la seguridad, combatir las estructuras criminales, investigar los delitos, proteger el ejercicio de las actividades económicas y aumentar los servicios del estado en las comunidades son obligaciones institucionales que no pueden trasladarse al sector privado.

Pero esto no significa que los empresarios deban permanecer como espectadores.

Los gremios, asociaciones, cámaras de comercio y organizaciones empresariales tienen una responsabilidad importante en la construcción de soluciones. Su capacidad de representación, conocimiento de las dinámicas económicas y presencia territorial puede contribuir a identificar riesgos, consolidar información y establecer mecanismos de interlocución con las autoridades.

Desde esta perspectiva, Santa Marta y el Magdalena necesitan avanzar hacia una verdadera Agenda de Seguridad y Desarrollo Productivo, que permita superar las respuestas aisladas y construir una estrategia permanente de articulación institucional y empresarial.

La creación de un espacio de conversación sobre Seguridad y Desarrollo Productivo, con participación de los diferentes sectores económicos y las autoridades competentes, permitiría establecer prioridades, identificar corredores productivos vulnerables, hacer seguimiento a las situaciones que afectan a las empresas y formular propuestas concretas.

De igual manera, un sistema de análisis de Seguridad Empresarial y Productiva permitiría comenzar a responder unas preguntas fundamentales que todavía carecen de suficiente información: ¿cuánto le está costando la inseguridad a la economía del Magdalena? ¿Cómo se está afectando la percepción de seguridad y la reputación del destino?

Necesitamos conocer las empresas afectadas, los sectores más vulnerables, las pérdidas económicas, los costos adicionales de operación, los empleos comprometidos y las inversiones que se aplazan o se descartan por razones de seguridad.

Sin información confiable es difícil dimensionar el problema, establecer prioridades y evaluar la efectividad de las respuestas institucionales.

La protección de la actividad económica legal no es una reivindicación exclusiva de los empresarios. Es una condición para preservar el empleo, fortalecer la formalidad, garantizar oportunidades y construir bienestar colectivo.

Santa Marta y el Magdalena tienen enormes oportunidades de crecimiento, pero también enfrentan desafíos que exigen una visión institucional de largo plazo.

No basta con promover inversiones, anunciar proyectos de infraestructura o posicionar las ventajas competitivas del territorio.

Es indispensable garantizar que quienes decidan apostar por esta región puedan hacerlo en condiciones de confianza y seguridad.

Un territorio donde las empresas deben pagar para operar, los comerciantes temen abrir sus establecimientos y los productores no tienen garantías para desarrollar sus actividades difícilmente podrá construir una economía competitiva y sostenible.

La seguridad productiva debe dejar de ser un asunto secundario en las discusiones sobre desarrollo regional.

Es momento de reconocer que proteger a quienes generan empleo, producen riqueza y construyen empresa también significa proteger el futuro económico del Magdalena.