Escobar Silebi debe responder por el freno a la ruta del Magdalena para Santa Marta

Jorge Eduardo Escobar Silebi promovió una reevaluación judicial del estudio de Uniandes y la invocó contra el avance financiero de la solución de agua. El Consejo de Estado revocó ese condicionamiento en 2023. Ahora que el Gobierno de Abelardo de la Espriella retoma el Magdalena, Opinión Caribe exige explicaciones, pide investigar la posible responsabilidad disciplinaria del procurador y pregunta si mantendrá su oposición a esa fuente.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

 

La Procuraduría se atribuyó la derogación de una autorización de vigencias futuras para el agua de Santa Marta. Lo dejó escrito en su informe Gestión 2017–2021: el Concejo retiró el Acuerdo 029 de 2018 «como consecuencia de la formulación de la demanda» presentada por el órgano de control. Una actuación que la institución exhibió entre sus resultados afectó el mecanismo presupuestal con el que el Distrito pretendía avanzar en su programa de acueducto y alcantarillado.

Esa controversia estaba conectada con otra decisión impulsada por Jorge Eduardo Escobar Silebi: la obligación judicial de reevaluar el estudio de la Universidad de los Andes que recomendaba combinar los ríos Toribio, Córdoba y Magdalena. El procurador invocó esa cautelar para cuestionar el avance del esquema financiero y promover un incidente de desacato.

La insuficiencia de las pruebas para desacreditar el estudio fue advertida dentro del propio Tribunal desde octubre de 2018. El magistrado Adonay Ferrari Padilla dejó constancia de su desacuerdo. Cuatro años y medio después, el Consejo de Estado revocó la reevaluación cautelar por falta de sustento probatorio para descalificar el estudio en aquella fase, desproporción y ausencia de urgencia.

Escobar tuvo una intervención activa en el freno judicial a la ruta del Magdalena: pidió la reevaluación y después la utilizó para cuestionar el avance financiero. Esa autoría está documentada. Determinar cuánto retraso material produjo y qué oportunidades de financiación afectó exige reconstruir contratos, recursos y decisiones. Esa investigación debe precisar su responsabilidad, sin diluirla entre las fallas de otras autoridades.

El 30 de octubre de 2026, Opinión Caribe publicó «Es hora de que Escobar Silebi le responda a Santa Marta». Ese día, el Gobierno anunció su apuesta por el Magdalena. La coincidencia hace vigente la pregunta por la posición actual del funcionario.

Una ruta con estudios y respaldo presidencial

La alternativa del Magdalena tenía una historia técnica y política anterior al litigio. En diciembre de 2014, MinVivienda informó que Uniandes había examinado siete opciones y seleccionado la combinación Toribio, Córdoba y Magdalena para el abastecimiento de mediano y largo plazo. El estudio contó con acompañamiento del Ministerio y la Alcaldía, y financiación de Findeter y Metroagua. El anuncio incluía contratar estudios y diseños específicos para captar del Magdalena.

El 16 de febrero de 2016, Juan Manuel Santos presentó públicamente en Santa Marta una estrategia por fases: pozos para la contingencia, Toribio y Córdoba en una segunda etapa y conexión al Magdalena como solución definitiva. La voluntad presidencial existió y quedó registrada.

También hubo contratación. Findeter registra la consultoría PAF-ATF-C-046-2015, específica para el Magdalena, por $3.941.756.256. Comenzó el 19 de agosto de 2016, terminó el 19 de mayo de 2017 y sus productos se entregaron al Distrito el 26 de julio de 2017. El inventario corresponde a ingeniería básica y análisis de alternativas; la fase siguiente se vinculaba a una asociación público-privada (APP). Había trabajo contratado y entregado, aunque faltaba completar el desarrollo necesario para construir.

La estructuración avanzaba con dificultades. En junio de 2018, MinVivienda reclamaba ajustes técnicos y señalaba que el cierre financiero quedaría en manos del siguiente gobierno. El 3 de agosto, según su informe de rendición de cuentas, el Comité Técnico recomendó la viabilidad técnica en etapa de factibilidad del componente de acueducto.

La cautelar y la advertencia que quedó escrita

La Procuraduría 13 Judicial II Ambiental y Agraria del Magdalena, a cargo de Escobar, promovió la acción popular 47001233300020170031300 para proteger derechos colectivos relacionados con el abastecimiento, el saneamiento y el ambiente. Entre sus solicitudes estaban reevaluar la alternativa del Magdalena e impulsar medidas para las plantas de Toribio y Curval.

El despacho admitió la demanda el 7 de febrero de 2018 y negó la medida de urgencia. La parte demandante presentó reposición el 22 de febrero. Al resolver ese recurso, el Tribunal Administrativo del Magdalena reconsideró la decisión y decretó varias cautelares el 25 de octubre de 2018.

El numeral 1.2 ordenó al Distrito, a ESSMAR y a los organismos nacionales vinculados iniciar, en un mes, el procedimiento administrativo y contractual para reevaluar el estudio de Uniandes respecto de la captación del Magdalena. Dispuso examinar otras fuentes, incluidas Buritaca, Don Diego, Guachaca, Toribio y Córdoba, y realizar las consultas correspondientes cuando fueran necesarias.

La decisión alcanzó también a las plantas. En la página 32, el Tribunal negó ordenar cautelarmente las modificaciones presupuestales, los diseños y la construcción de Toribio porque consideró que dependían de la reevaluación. Aplicó la misma razón a Curval.

Escobar pidió la revisión; el Tribunal impuso la obligación y supeditó a ella su decisión cautelar sobre las plantas. La providencia no prohibió toda obra de agua, pero convirtió la reevaluación que él promovió en una exigencia judicial con consecuencias sobre las decisiones de abastecimiento.

En su salvamento parcial, Adonay Ferrari Padilla advirtió que faltaban pruebas suficientes y contundentes para desacreditar a Uniandes. Consideró apresuradas aquellas conclusiones y pidió escuchar a sus investigadores y completar el debate técnico con garantías de contradicción. La advertencia consta en las páginas físicas 37–38: la debilidad probatoria de la reevaluación promovida por Escobar fue señalada desde el comienzo, dentro del propio Tribunal.

La Procuraduría respaldó públicamente la decisión mayoritaria. En su boletín del 27 de diciembre destacó que el Tribunal había acogido su petición y ordenado revisar el estudio que recomendaba el Magdalena, considerando los afluentes de la Sierra como solución. La institución hizo suya esa actuación.

De la revisión del estudio a la disputa por la financiación

El auto sobre desacato recoge, entre los antecedentes expuestos por el procurador, el acta del Consejo Distrital de Política Fiscal, CODFIS, del 20 de noviembre de 2018. La propuesta incluía captar del Magdalena a través de la planta Toribio-Córdoba. Escobar intervino ante el Concejo el 18 de diciembre. El proyecto continuó su trámite.

El Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2018 autorizó comprometer vigencias futuras excepcionales para el programa de acueducto y alcantarillado ejecutado por ESSMAR: $892.155.192.955 en términos constantes, equivalentes a $1.659.109.350.551 en términos corrientes. La autorización comprendía el programa de servicios públicos, con un alcance mayor que la captación del Magdalena, y permitía asumir compromisos con presupuestos futuros. No acreditaba el desembolso de toda esa suma.

Escobar consideró que avanzar con ese proyecto mientras debía cumplirse la reevaluación contrariaba la orden judicial. Sus alegatos de 2023 reseñan requerimientos de la Procuraduría Regional para ajustar el proyecto y actuaciones de la institución: una demanda de nulidad, el incidente de desacato y una investigación disciplinaria por la presunta expedición irregular del acuerdo.

La Procuraduría presentó la demanda de nulidad el 27 de febrero de 2019. Según su informe de gestión, el cuestionamiento era que se comprometían vigencias futuras para un proyecto que necesitaba recursos nacionales sin concepto previo favorable del DNP. Al día siguiente, 28 de febrero, se presentó el desacato, admitido por el Tribunal el 27 de mayo.

Las dos actuaciones tuvieron recorridos distintos. El 23 de mayo de 2019, el Juzgado Séptimo Administrativo negó la suspensión provisional del Acuerdo 029. Cuatro meses después, el 20 de septiembre, el Concejo lo derogó mediante el Acuerdo 005. Fue una decisión de la corporación distrital; la Procuraduría se atribuyó en su informe haberla provocado con su demanda.

El efecto administrativo está identificado: se retiró aquella autorización de financiación. La Procuraduría presentó la demanda y se atribuyó la derogación; el Concejo tomó la decisión. La entidad debe explicar qué consiguió para el abastecimiento con el resultado que exhibió como logro, y la corporación debe mostrar los motivos y el debate que sustentaron su voto.

El reparo presupuestal por la falta de concepto del DNP tenía un fundamento distinto de la reevaluación del Magdalena. La revocatoria de esta última no resolvió aquel debate. Precisamente por eso, la Procuraduría debe separar sus objeciones, identificar las correcciones exigidas y mostrar qué seguimiento hizo para que existiera una financiación ejecutable.

El aporte nacional y las decisiones distritales

Mientras se desarrollaba la controversia judicial, la financiación nacional seguía sin resolverse. El 29 de noviembre de 2018, la Alcaldía anunció un acuerdo con el Gobierno para priorizar Toribio y Córdoba. La conexión al Magdalena quedaba pendiente de revisión conforme al marco fiscal. Rafael Martínez declaró que el gobierno anterior había dejado un proyecto técnicamente viabilizado, pero sin recursos.

El 18 de febrero de 2019, otra actuación dejó constancia de esa dificultad. El acta preventiva reproducida en las páginas 16–18 de los alegatos identifica a Escobar como funcionario responsable en la Procuraduría Regional del Magdalena y registra la comparecencia del alcalde Martínez, la gerente de ESSMAR, Ingrid Aguirre, y el director de Acueducto, Luis Gutiérrez.

Los representantes distritales manifestaron que la Nación no aportaría los $1,5 billones necesarios para captar del Magdalena o ejecutar la APP. Señalaron que habría acompañamiento y asesoría y expusieron otra hoja de ruta. Quedó registrada su versión; falta identificar la decisión nacional que la sustenta, cuándo se adoptó y por qué.

Santos respaldó la ruta del Magdalena y terminó su gobierno sin resolver su financiación. En junio de 2018 ya faltaba el cierre financiero; la cautelar llegó en octubre. Esa secuencia impide atribuirle a la medida la ausencia inicial de recursos. Pero la falta de cierre financiero tampoco exonera a Escobar por los obstáculos que promovió después: debe establecerse si dificultaron o frustraron la posibilidad de completarlo. El expediente exige rastrear compromisos, trámites y decisiones, con sus fechas y responsables.

El CONPES 4159 de 2025 añade antecedentes que también deben examinarse. Recoge reparos a la alternativa combinada por fluctuaciones de caudal en temporada seca y afirma que la APP, pese a contar con viabilidad técnica en etapa de factibilidad, no prosperó porque no fue incorporada como proyecto estratégico en el plan de desarrollo de la administración distrital entrante. El pasaje no identifica ese gobierno.

El DNP y el Distrito deben identificar esa decisión de planeación y explicar su relación con las dificultades financieras y la controversia judicial. Las responsabilidades de quienes gobernaron también deben establecerse. Su existencia no borra la intervención de Escobar ni permite utilizar el fracaso financiero como respuesta a todos los cuestionamientos sobre su actuación.

Una medida de urgencia y cuatro años y medio de espera

Entre el auto del 25 de octubre de 2018 y la revocatoria de su orden de reevaluación, el 27 de abril de 2023, transcurrieron cuatro años, seis meses y dos días: 1.645 días. Las apelaciones habían sido concedidas el 29 de abril de 2019 en efecto devolutivo, sin suspender por sí mismas la exigencia de reevaluación.

En los párrafos 161–164, el Consejo de Estado concluyó que, en aquella etapa y sin prejuzgar, faltaban pruebas para descalificar o restar validez técnica o científica al estudio de Uniandes. Encontró desproporcionado ordenar entonces la reevaluación y no acreditado el requisito de urgencia. Dejó abierta una revisión posterior, sustentada en el debate probatorio y con garantías de contradicción.

La revocatoria fue parcial: el Consejo de Estado dejó sin efecto los numerales 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5, modificó el 1.6 y confirmó lo demás. La acción popular continuó, pero el condicionamiento que Escobar había promovido para reevaluar el Magdalena perdió su soporte judicial en esa fase.

La objeción sobre la suficiencia de la prueba quedó escrita en 2018. La corrección judicial llegó en 2023. El sistema de justicia debe explicar por qué una medida provisional sobre una inversión pública atravesó gobiernos antes de resolverse su justificación.

Los 1.645 días miden el intervalo entre las providencias. Para establecer cuánto tiempo perdió efectivamente el proyecto por esas actuaciones, hay que identificar los contratos, diseños, aprobaciones o desembolsos aplazados o modificados. La ciudad necesita esa reconstrucción para atribuir consecuencias concretas a cada responsable.

El desacato terminó sin sanción. En el auto fechado el 29 de noviembre de 2023, el Tribunal examinó las órdenes que subsistían y encontró actuaciones administrativas dirigidas a cumplirlas, sin una conducta negligente sancionable. Para entonces, la orden de reevaluar el estudio ya había sido revocada.

Dos posiciones que la Procuraduría debe explicar

Escobar mantuvo su postura después de la revocatoria. En los alegatos del 2 de noviembre de 2023 reconoció la decisión del Consejo de Estado y sostuvo la suficiencia de otras fuentes. En la página 21 escribió: «no hace falta acudir al caudal del Río Magdalena».

Su objeción también era sanitaria. En las páginas 20–21 cuestionó al Magdalena por el deterioro de su cuenca. Citó una obra del Instituto Humboldt sobre contaminación y peces, indicadores de calidad del agua y advertencias sobre tramos cuya contaminación comprometía la potabilización. Añadió su interpretación de los caudales de otras fuentes para sostener que Santa Marta podía prescindir del río. Su argumento comprendía la suficiencia de las alternativas y la calidad del agua.

Un mes después, el 4 de diciembre de 2023, la Procuraduría anunció una investigación disciplinaria sobre el contrato de El Curval que involucraba a Carlos Caicedo, Virna Johnson y Francisco García Rentería. Entre los asuntos por examinar señaló que se habría ignorado un estudio favorable a captar del Magdalena para evitar impactos sobre fuentes y comunidades de la Sierra.

Escobar defendía que no hacía falta acudir al Magdalena. La Procuraduría, en otra actuación, investigaba el posible desconocimiento de un estudio favorable a esa captación. La entidad debe explicar esa diferencia de criterios: identificar qué estudios examinó en cada expediente y por qué sus conclusiones conducían a actuaciones tan distintas. La apertura sobre El Curval era una investigación, con responsabilidades todavía por establecer.

Barranquilla y Cartagena obligan a comparar

Triple A capta agua cruda del Magdalena y describe cómo la potabiliza. Acuacar identifica al canal del Dique, brazo de ese río, como origen de su abastecimiento mediante Dolores y Gambote; su infraestructura incluye el sistema lagunar Juan Gómez–Dolores. Ambas experiencias deben entrar en la evaluación de la alternativa samaria.

La comparación tiene datos verificables. El consolidado oficial de Minvivienda y Superservicios, elaborado con información de vigilancia sanitaria de SIVICAP, registra para 2024 un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, IRCA, de 0 % en Barranquilla urbana y 2,92 % en Cartagena urbana. Ambas figuran en la categoría «sin riesgo». Son resultados municipales de la zona urbana, referidos al agua suministrada. La norma sitúa entre 0 y 5 % esa categoría y exige continuar el control y la vigilancia.

Hay evidencia pertinente sobre contaminantes. En su inspección de febrero de 2023, Superservicios consignó que los análisis adicionales remitidos por Triple A, incluidos cadmio, mercurio y plomo en la red, estaban dentro de los rangos permitidos. El informe también registró incumplimientos puntuales de otros parámetros y muestras con riesgo medio. Ambos resultados deben leerse juntos.

La experiencia demuestra que es posible obtener agua potable de esa fuente mediante sistemas de tratamiento. Para trasladarla a Santa Marta deben compararse el punto de captación, los contaminantes, su variación estacional, los procesos necesarios y sus costos. La contaminación del agua cruda y la imposibilidad de potabilizarla son afirmaciones distintas. Escobar debe explicar qué condición específica sustentaría descartar para Santa Marta una fuente que otras ciudades aprovechan.

El IRCA no certifica ausencia de enfermedades: su alcance depende de las muestras y los parámetros examinados. Los resultados agregados favorables exigen mantener vigilancia y corregir desviaciones. La evaluación sanitaria debe establecer qué riesgos persistirían después del tratamiento propuesto.

La Procuraduría ha intervenido ante problemas concretos en ambas ciudades. En diciembre de 2022 exigió acciones por fallas y coloración del agua en Barranquilla, además de proteger la bocatoma frente a vertimientos. En febrero de 2023 informó que la procuradora ambiental de Cartagena había promovido una queja por descargas a la bahía. Son actuaciones de control con objetos propios. No equivalen a un aval técnico general a cualquier captación, pero impiden presentar a esos despachos como indiferentes a la contaminación.

La propia sentencia de Santa Marta relaciona, en su página 113, informes del laboratorio de Triple A sobre captación en Barranquilla de febrero y abril de 2018. Ese antecedente debe contrastarse con la argumentación sobre el Magdalena: qué muestran las muestras de la fuente y qué permiten concluir sobre el agua después de tratarla. La sola presencia de esos documentos no resuelve la comparación.

La pregunta a Escobar y a la Procuraduría es concreta: ¿qué evidencia distingue a Santa Marta de esos sistemas y justificaría excluir el Magdalena? Las objeciones sobre tratamiento deben demostrarse; las de costos o mejores alternativas deben sustentarse en una comparación.

El Magdalena sigue abierto en la sentencia de 2026

El Tribunal dictó sentencia con fecha del 30 de septiembre de 2026, firmada electrónicamente el 19 de octubre y notificada el 20. El fallo ampara derechos colectivos y ordena superar deficiencias de acueducto y alcantarillado. La acción popular obtuvo resultados sustanciales, con condiciones específicas para seleccionar las fuentes.

En la página 169, la Sala concluye, conforme al dictamen pericial: «no existe fundamento para descartar la alternativa 7 por las condiciones del agua del río Magdalena». Su viabilidad depende de definir el sistema de captación e implementar tratamientos adecuados. La sentencia reconoce las exigencias asociadas a sedimentos y contaminantes.

El peritaje de la Universidad Nacional tenía límites precisos. La página 123 señala que era de prefactibilidad y no incluyó caracterización ni análisis de laboratorio de contaminantes, incluidos metales pesados. Esos estudios requieren campañas representativas en distintos periodos y condiciones hidrológicas. La elección de una captación y de un tratamiento exige completar ese trabajo.

En la página 201, el Tribunal recoge que la alternativa Magdalena con aportes de Toribio y Córdoba obtuvo la mayor calificación global, mientras la del Don Diego presentaba mayores riesgos técnicos, ambientales y sociales. A continuación prioriza agotar las instancias técnicas, legales y financieras de las fuentes de la Sierra, especialmente Don Diego y Buritaca, y contempla el Magdalena como segunda medida si aquellas no cubren la necesidad a largo plazo.

Las autoridades deberán justificar esa prioridad mediante decisiones técnicas motivadas y plazos verificables: cómo determinarán la suficiencia de las fuentes de la Sierra y cuándo corresponderá acudir a otras. La mayor calificación de la alternativa combinada exige una explicación dentro de ese balance.

El numeral quinto incluye expresamente al Magdalena, si fuera del caso, entre las fuentes aprovechables mediante Toribio. El octavo exige un procedimiento técnico motivado sobre la viabilidad de los ríos de la Sierra y la determinación de otras fuentes si resultan inviables o insuficientes, con las consultas previas correspondientes. El undécimo ordena continuar Curval, Toribio y Córdoba, además de las soluciones que los estudios actualizados acrediten como viables.

El texto ordena evaluar prioritariamente la Sierra; no impone construir previamente todas sus alternativas. La captación del Magdalena sigue condicionada a las decisiones técnicas pertinentes y la calidad de sus aguas no fue aceptada como fundamento suficiente para descartarla.

El auto del 11 de noviembre de 2026 aclaró exclusivamente el carácter técnico y científico del apoyo de INVEMAR al monitoreo ordenado al Distrito y ESSMAR. Las disposiciones sobre abastecimiento permanecieron. El estado judicial del 12 de noviembre registra esa aclaración.

Al corte documental del 13 de noviembre de 2026, constaba la presentación de apelaciones de los ministerios de Hacienda y Vivienda, el Distrito, Superservicios, el DNP, CORPAMAG, DADSA y ESSMAR. La última actuación del historial recuperado era una reiteración del recurso del Distrito, registrada ese 13 de noviembre. En los documentos consultados no aparecía una decisión sobre la concesión de los recursos ni una sentencia de segunda instancia.

Escobar frente al milagro del agua

El Gobierno de Abelardo de la Espriella devolvió al Magdalena un papel central en la solución de largo plazo. En el foro del 30 de octubre de 2026 presentó tres frentes: recuperación de pérdidas, una alianza regional para el servicio y captación del río. El comunicado de Presidencia recoge una precisión del ministro Jaime Andrés Beltrán: los tres se atenderán simultáneamente. «No termina uno para empezar el otro», explicó. El anuncio permite impulsar el Magdalena mientras se interviene el sistema existente.

Minvivienda asigna la prioridad inmediata a recuperar el agua que se pierde, mejorar las redes y rehabilitar pozos; registra, además, que el Distrito avanza en El Curval. Para el Magdalena anuncia un sistema regional de 5.000 litros por segundo y una actualización de la APP que precisará el punto de captación. Es una apuesta estructural que todavía debe completar su definición y financiación. El respaldo a esa fuente no equivale a aprobar intactos todos los diseños y condiciones del proyecto anterior.

La complementariedad ya fue planteada por Opinión Caribe en la columna del 3 de noviembre: integrar El Curval, el Magdalena, los pozos y el aprovechamiento del río Piedras mediante etapas compatibles. Cada intervención debe aportar agua y preparar la siguiente. Convertir las fuentes en banderas de la política parroquial vuelve a dejar al usuario esperando.

¿Volverá Escobar Silebi a ser una piedra en el zapato del proyecto del agua que impulsa Abelardo? Su posición anterior justifica la pregunta. Debe precisar si mantiene la afirmación de 2023 y presentar el balance actualizado de oferta y demanda que permitiría prescindir del Magdalena a largo plazo. Si cambió de criterio, debe explicar qué cambió en la evidencia.

El 2 de noviembre, la Procuraduría celebró la sentencia sin mencionar el Magdalena ni la nueva apuesta nacional. Ese boletín no aclara cómo asumirá la entidad el proyecto anunciado por el Gobierno.

Opinión Caribe ha buscado que Escobar Silebi se pronuncie, sin obtener una respuesta de fondo. La explicación comunicada al medio es que los funcionarios de su nivel no dan declaraciones. Entretanto, el medio lo ha mencionado públicamente y ha formulado preguntas sobre sus actuaciones. Invocar esa restricción no explica la posición que defendió ni sus efectos. La Procuraduría puede ofrecer una respuesta institucional por escrito.

La política parroquial conoce demasiado bien el recurso de convertir una discusión técnica en una disputa de poder. Para evitar que el agua vuelva a quedar atrapada allí, las objeciones de Escobar deben exponerse con estudios verificables y someterse a contradicción. Su cargo da peso institucional a sus argumentos y hace más necesaria su explicación pública.

El Gobierno debe explicar cómo articula sus frentes simultáneos con la evaluación prioritaria de la Sierra dispuesta en la sentencia de primera instancia, recurrida al corte documentado. El anuncio presidencial no modifica la providencia ni resuelve la discusión técnica. La Procuraduría debe vigilar estudios, contratación, financiación y resultados.

La actuación de Escobar también debe investigarse

Opinión Caribe solicita la apertura de una investigación disciplinaria sobre las actuaciones documentadas de Jorge Eduardo Escobar Silebi. Debe establecerse si cumplió sus deberes al promover la reevaluación, invocarla contra el avance financiero y sostener posteriormente que Santa Marta podía prescindir del Magdalena. La queja o la información recibida pueden dar lugar a una investigación para verificar la conducta y determinar si constituye falta; exigir ese examen no requiere que exista una sanción previa.

La investigación debe contrastar las pruebas que presentó, la advertencia de Ferrari, los fundamentos de la revocatoria y los argumentos de 2023. También debe establecer qué efectos concretos tuvieron sus actuaciones sobre los trámites y las oportunidades de financiación. La pregunta es si ejerció sus funciones con el rigor exigible o incurrió en un incumplimiento que deba sancionarse.

La revocatoria no demuestra por sí sola una falta ni el dolo. Una sanción requiere identificar la conducta prevista en la ley, la afectación sustancial e injustificada del deber funcional y la culpabilidad correspondiente. Esos elementos deben investigarse; no pueden presumirse a partir del resultado adverso de una actuación judicial.

La Procuraduría cuenta con control disciplinario sobre sus propios servidores. Su Veeduría tiene competencia de instrucción en los casos definidos por el artículo 73 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado en 2021. Corresponde al despacho competente decidir sobre estos hechos con imparcialidad. También debe examinar, por cada conducta y fecha, el régimen aplicable y los términos de caducidad o prescripción: las actuaciones de 2018–2019 y las de 2023 no se pueden tratar como un solo hecho vigente porque sus efectos persistan.

La entidad debe responder de manera motivada a este reclamo. El poder de investigar a otros no sustrae a un procurador del examen de su propia conducta.

Las cuentas que siguen pendientes

Escobar debe explicar qué consiguió Santa Marta con la ruta que defendió. Debe identificar la prueba disponible cuando pidió la cautelar y la evidencia que sustentó, después de su revocatoria, que no hacía falta acudir al Magdalena.

La Procuraduría debe mostrar los defectos que encontró en las vigencias futuras, las correcciones que exigió y el seguimiento a una financiación ejecutable. También debe explicar la relación entre la postura de Escobar y la investigación de El Curval, y hacer públicas las decisiones y conclusiones que legalmente pueda divulgar.

El Distrito y ESSMAR deben poner fechas y documentos a los contratos, diseños, aprobaciones o desembolsos que se aplazaron: cuáles por las actuaciones judiciales y de control, cuáles por falta de recursos y cuáles por decisiones propias. Al Gobierno nacional le corresponde documentar qué ocurrió con el aporte esperado. El DNP debe precisar la explicación del CONPES sobre el plan de desarrollo. Al Concejo le corresponde hacer accesibles los motivos y el debate de la derogación.

La justicia debe permitir reconstruir la demora de la impugnación. Las autoridades del abastecimiento deben acreditar qué obras terminaron, qué caudal incorporaron y cómo mejoró la continuidad del servicio durante la controversia. Al Gobierno de Abelardo le corresponde convertir el nuevo anuncio en obras y agua en las casas.

La conclusión de Opinión Caribe es que Escobar contribuyó al freno judicial de la ruta del Magdalena: solicitó la reevaluación y, una vez ordenada, la invocó contra el avance financiero. La Procuraduría reivindicó, además, un efecto sobre la autorización presupuestal. Cuantificar las consecuencias exige investigación; reconocer quién promovió esas actuaciones exige leer los documentos.

Santa Marta conoce demasiado bien el cuento del gallo capón del agua. Escobar debe responder por lo que promovió, por el sustento de sus objeciones y por la posición que asumirá ante la nueva apuesta del Magdalena. Una institución que reclama sus resultados también debe responder por sus consecuencias.

Fuentes documentales

Edición del 15 de noviembre de 2026. Corte documental del expediente: 13 de noviembre de 2026.

[1] Procuraduría General de la Nación — Por una Procuraduría Ciudadana Gestión 2017–2021

Página 387, apartado «Demanda de nulidad contra Acuerdo distrital de Santa Marta». Para las cifras se contrastan el Acuerdo 029 y el auto de desacato, que distinguen pesos constantes y corrientes.

[2] Concejo Distrital de Santa Marta — Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2018

Artículo primero, montos en pesos constantes y corrientes; parágrafo tercero sobre decisiones judiciales y advertencias del Ministerio Público. Páginas 1–2 del acuerdo. Consultar fuente oficial

[3] Tribunal Administrativo del Magdalena — Auto de medidas cautelares del 25 de octubre de 2018

Radicado 47001233300020170031300. Negativa inicial y reposición, pp. 1–3; solicitudes, p. 22; condicionamiento de las órdenes sobre plantas, p. 32; numeral 1.2, pp. 33–34; salvamento parcial de Adonay Ferrari Padilla, pp. físicas 37–38. Consultar fuente oficial

[4] Tribunal Administrativo del Magdalena — Auto sobre incidente de desacato fechado el 29 de noviembre de 2023

Documento 301 de SAMAI. Antecedentes e interposición, pp. 1–4; acuerdo y derogación, pp. 19–20; ausencia de sanción, p. 26. Registro en SAMAI: 7 de diciembre de 2023; firma electrónica registrada el 13 de diciembre. Consultar fuente oficial

[5] Consejo de Estado — Auto del 27 de abril de 2023

Copia oficial SAMAI de 82 páginas, documento 189. Párrafo 42, página física 28; párrafos 161–164, físicas 69–70; parte resolutiva, físicas 81–82. Revoca cuatro numerales, modifica uno y confirma lo demás. Consultar fuente oficial

[6] Opinión Caribe — Es hora de que Escobar Silebi le responda a Santa Marta

Publicación identificada con fecha del 30 de octubre de 2026. Antecedente editorial de esta investigación. Consultar antecedente editorial

[7] Ministerio de Vivienda — Presentación de la solución de abastecimiento para Santa Marta

Comunicado del 15 de diciembre de 2014, relativo a la presentación del 14 de diciembre. Consultar fuente oficial

[8] Ministerio de Vivienda — Intervención del presidente Santos sobre las fases de abastecimiento

Comunicado del 16 de febrero de 2016. Consultar fuente oficial

[9] Findeter — Hacia la definición de soluciones definitivas para el abastecimiento de agua potable para el Distrito de Santa Marta

Presentación del 28 de agosto de 2024. Entrega al Distrito, página 2; contrato PAF-ATF-C-046-2015, página 11; productos de ingeniería básica, página 12. El valor contractual es distinto del presupuesto de convocatoria. Consultar fuente oficial

[10] Ministerio de Vivienda — Minvivienda pide celeridad para sacar adelante acueducto y alcantarillado de Santa Marta

Comunicado del 15 de junio de 2018. Ajustes técnicos pendientes y cierre financiero a cargo del siguiente gobierno. Consultar fuente oficial

[11] Ministerio de Vivienda — Informe de rendición de cuentas Vigencia 2018

Apartado 4.3.1.5 «Santa Marta», pp. impresas 38–39, físicas 42–43. Recomendación del Comité Técnico del 3 de agosto de 2018, p. impresa 39. Consultar fuente oficial

[12] Procuraduría — Tribunal de Magdalena acogió petición de la Procuraduría y ordenó proteger el derecho colectivo a la salud pública en Santa Marta

Boletín 686 del 27 de diciembre de 2018. Consultar fuente oficial

[13] Jorge Eduardo Escobar Silebi — Alegatos de la Procuraduría 13 Judicial II Ambiental y Agraria del Magdalena

Oficio PJIIAAM 336 del 2 de noviembre de 2023. Acta preventiva, páginas físicas 16–18; actuaciones financieras y reconocimiento de la revocatoria, 18–19; argumentos sobre calidad del Magdalena, citas a Humboldt e indicadores de cuenca, y suficiencia de otras fuentes, 20–21. Consultar fuente oficial

[14] Alcaldía de Santa Marta — Alcaldía de Santa Marta y gobierno nacional acuerdan solución de corto plazo para la crisis del agua

Boletín 1447 del 29 de noviembre de 2018. Consultar fuente oficial

[15] Procuraduría — Investigación por presuntas irregularidades en el contrato de El Curval

Boletín 1607 del 4 de diciembre de 2023. Apertura de investigación, sin declaración definitiva de responsabilidad. Consultar fuente oficial

[16] Tribunal Administrativo del Magdalena — Sentencia del 30 de septiembre de 2026

Radicado 47001233300020170031300, documento 394. Relación de informes de captación de Triple A de febrero y abril de 2018, p. 113; límites del peritaje, p. 123; captación y tratamiento, p. 169; prioridad de fuentes, p. 201; numerales quinto, octavo y undécimo, pp. 222–224. Los informes de Triple A citados por el fallo no están incorporados como archivos independientes en este paquete. Consultar fuente oficial

[17] SAMAI — Historial del proceso y recursos de apelación de 2026

Exportación del historial de 351 actuaciones. Corte: 13 de noviembre de 2026. Firma y notificación: 00330–00332; recursos: 00334–00344; aclaración: 00346, 00348 y 00350; reiteración del Distrito: 00351. El registro de ESSMAR no equivale a disponer del escrito. La presentación no acredita concesión de los recursos. Consultar fuente oficial · Estado judicial del 12 de noviembre de 2026

[18] Procuraduría — Procuraduría logra sentencia que ordena garantizar agua potable para los samarios

Boletín 1051 del 2 de noviembre de 2026. Consultar fuente oficial

[19] Tribunal Administrativo del Magdalena — Auto aclaratorio del 11 de noviembre de 2026

Documento 426 del expediente. Pp. 6–7 y resolutivo primero: alcance técnico-científico del apoyo de INVEMAR en el numeral decimoséptimo. Consultar fuente oficial

[20] Consejo Nacional de Política Económica y Social — Documento CONPES 4159 de 2025

Página impresa 13. Antecedentes de la alternativa combinada y de la APP; viabilidad técnica mediante oficio 2018EE0062371 y explicación sobre su no incorporación como proyecto estratégico en el plan de desarrollo distrital. El pasaje no identifica la administración. Consultar fuente oficial

[21] Presidencia de la República — Tres frentes para garantizar agua potable a Santa Marta

Comunicado del 30 de octubre de 2026. Anuncia recuperación de pérdidas, alianza regional y captación del Magdalena; precisa que los tres frentes se atenderán simultáneamente. Es un anuncio de política y estructuración, no una certificación de cierre financiero ni de ejecución. Consultar fuente oficial

[22] Ministerio de Vivienda — Hoja de ruta para el acueducto y alcantarillado de Santa Marta

Comunicado del 30 de octubre de 2026 sobre inversiones nacionales cercanas a $786.000 millones. Apartados sobre prioridad inmediata, tres fases y captación del Magdalena. Registra El Curval a cargo del Distrito y una APP por actualizar; los recursos anunciados para redes y recuperación no acreditan financiación integral de la captación. Consultar fuente oficial

[23] Opinión Caribe — Santa Marta entre la verruga y el milagro del agua

Columna de Víctor Rodríguez Fajardo del 3 de noviembre de 2026. Antecedente editorial sobre la integración por etapas de El Curval, el Magdalena, los pozos y el río Piedras. Su valoración no constituye una respuesta de la Procuraduría ni de Escobar. Consultar antecedente editorial

[24] Triple A — Captación del Magdalena y potabilización en Barranquilla

Página «Potabilización», apartados de captación, tratamiento y control. Descripción del prestador; debe distinguirse de la vigilancia sanitaria independiente. Consulta del 15 de noviembre de 2026. Consultar fuente oficial

[25] Aguas de Cartagena — Fuente de abastecimiento y potabilización

Página «Gestión Ambiental», apartados «Los caminos del agua» y «Proceso de potabilización». Identifica el Dique y las estaciones Dolores y Gambote. Consulta del 15 de noviembre de 2026. Consultar fuente oficial

[26] Minvivienda y Superservicios — Consolidado municipal del IRCA 2007–2024

Archivo oficial XLSX, hoja URBANO. Año 2024: Barranquilla, celdas AM139 y AN139; Cartagena, AM170 y AN170. Datos de vigilancia SIVICAP depurados por las entidades. Cartagena se redondea a dos decimales. El libro original se conserva en el expediente de soportes. Consultar fuente oficial · Metodología y publicación oficial

[27] Ministerios de Protección Social y de Ambiente — Resolución 2115 de 2007

Artículos 1, 5 y 13–15: potabilización, contaminantes, cálculo e interpretación del IRCA. El rango 0–5 % corresponde a «sin riesgo». Consultada en el normograma del Invima. Consultar fuente oficial

[28] Superservicios — Inspección especial a Triple A de Barranquilla

Febrero de 2023; vigilancia y control de calidad 2018–2022. Tabla 40, p. 112; muestras individuales, tabla 41, p. 113; controles adicionales e incumplimientos, pp. 167–168. Fuente consultada en línea; sin PDF local. Consultar fuente oficial

[29] Procuraduría — Requerimientos por fallas del agua potable en Barranquilla

Boletín 770 del 19 de diciembre de 2022. Quejas por coloración, vulnerabilidad y protección de la bocatoma. Actuación preventiva, sin certificación de potabilidad. Consultar fuente oficial

[30] Procuraduría — Actuación por vertimientos a la bahía de Cartagena

Boletín 119 del 1 de febrero de 2023. Queja de la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria y sanción impuesta por Cardique al Distrito. Su objeto es la contaminación de la bahía, no la certificación del agua del acueducto. Consultar fuente oficial

[31] Aguas de Cartagena — Seguimiento al sistema de captación y al abastecimiento

Boletín 2897 del 9 de octubre de 2026. Sistema lagunar Juan Gómez–Dolores, estaciones de bombeo y seguimiento al agua del Dique; incluye manejo de algas que afectan el tratamiento. Consultar fuente oficial

[32] Congreso de la República — Código General Disciplinario

Ley 1952 de 2019, con las modificaciones de la Ley 2094 de 2021. Artículos 9 y 10, ilicitud sustancial y culpabilidad; artículo 33 y notas de vigencia, prescripción; artículos 211–212, procedencia y fines de la investigación. La ley aplicable y las reglas temporales deben examinarse según cada conducta. Consultar texto normativo consolidado

[33] Presidencia de la República — Competencia disciplinaria sobre servidores de la Procuraduría

Decreto Ley 262 de 2000, artículos 72–74, modificados por los artículos 16–18 del Decreto Ley 1851 de 2021. Distribución de competencias de instrucción y juzgamiento. Consultar texto normativo consolidado