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Opinión Caribe

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Las cifras crecen más rápido que las víctimas

En el departamento del Magdalena 47 menores han sido víctimas de delitos como abuso sexual, las cifras preocupan a las autoridades debido al incremento que presentan al ser comparadas con las del año pasado.

En estado de alerta se encuentran las autoridades administrativas, policiales y los organismos gubernamentales con jurisdicción en el departamento del Magdalena, luego que durante lo corrido del 2015 el número de delitos contra menores de edad superara el marco de los primeros 7 meses del año pasado.

El cuadro comparativo fue construido con base en informaciones suministradas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, el cual se encargó de establecer el consolidado en compañía del Comando de la Policía del Magdalena, que cubre todos los municipios del Departamento a excepción de Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo y la ciudad de Santa Marta; localidades custodiadas por la Policía Metropolitana.

Según en cuadro comparativo, en lo que va corrido del año, se han registrado 47 casos de denuncias relacionadas con flagelos en los que las víctimas no superan la mayoría de edad, y aunque faltan meses para culminar el año, la cifra está a tan sólo 7 puntos del total de 54 casos ocurridos durante los 12 meses del año anterior.

EL DELITO SEXUAL
Dentro de los delitos en contra de los menores de 14 años se pueden destacar el acto sexual simple y acto sexual con agravante (acceso carnal abusivo).

Según la Ley 1236 de 2008 de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, adscrita al Código Penal Nacional, el acto sexual con menor de 14 años o abuso, consiste en que el victimario realice actos distintos a la penetración, y de igual forma induzca al menor a prácticas sexuales, por lo que incurrirá en prisión de 9 a 13 años.
A diferencia del delito de actos sexuales con menor de 14 años bajo circunstancias agravadas, cuya misma ley especifica que el individuo indiciado por un hecho de ese calibre deberá someterse a un aumento de la pena en comparación al primer suceso punible.

La misma Ley ratifica que las circunstancias agravadas aplican cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas; el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza; igualmente, si se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual; además, se produjere embarazo; y cuando la víctima fuere una persona de disminuido físico, sensorial, o psíquico; entre otras acepciones.
En tercer lugar aparece el delito de acceso carnal; basado en el acto de penetración o violación, por lo que el agresor deberá someterse a un proceso jurídico que contemplará las condenas de 12 a 20 años.

LAS ALARMAS
De acuerdo a os datos suministrados por el Icbf, en el Magdalena, la tendencia del delito de actos sexuales simple con menor de 14 va en aumento, teniendo en cuenta que durante el 2014 se presentaron 20 hechos, mientras que hasta julio de 2015 ya se tiene registro de 19 casos de la misma naturaleza. De igual manera se ha registrado en 2015 un caso de delito sexual con agravante
Conjuntamente, en el Bienestar Familiar se han registrado 17 denuncias de acceso carnal o violación entre el final del anterior semestre y el inicio del actual, a solo 16 de igualar el record de los 33 ocurridos el año pasado.

Por su parte, un informe proveniente del Comando de la Policía Metropolitana de Santa Marta arrojó que en esta capital se han reportado 26 denuncias por delitos sexuales contra menores de 14; 13 por violación, 10 por abuso, 2 por abuso agravado y 1 por violación bajo circunstancia de agravación.
El consolidado de la fuerza pública, con autoridad en esta ciudad, fue entregado por la coronel Sandra Vallejos Delgado, quién se apoyó en investigaciones realizadas por el Grupo de Infancia y Adolescencia y la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, adscritas a la institución en referencia.

Así mismo, de acuerdo con las autoridades, los niños son violentados en la mayoría de los casos por un familiar o conocido que accede a ellos aprovechando la cercanía y el conocimiento del entorno.
Por tal motivo, la señalada situación de salud pública tiene encendida las alarmas entre las autoridades policiales y gubernamentales que vienen adelantando medidas para contrarrestar el accionar de los pederastas o abusadores de niños en el Departamento.

“Es preocupante que lo ocurrido el año pasado no haya servido de ejemplo entre las demás autoridades y la comunidad magdalenense. A esta altura estamos a solo 7 denuncias de alcanzar el tope del año pasado, cuando estamos a 5 meses de cerrar este 2015, lo que índica que no solo se puede igualar esa ingrata cifra sino que se puede superar”, recalcó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

LA TRATA DE MENORES
Otro de los flagelos que vulnera a la población infantil del Magdalena, es el de la trata de menores.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, “el tráfico de menores de edad es una actividad lucrativa que está vinculada a redes de delincuencia y corrupción. Dado que se desarrolla casi siempre en la clandestinidad. La trata de menores comporta en todo caso una vulneración del derecho del niño a crecer en el seno de un entorno familiar. La trata de menores conlleva invariablemente para estos niños y niñas una serie de peligros, como la violencia y el abuso sexual, además del trabajo forzado”.

Igualmente, la Unicef manifiesta que “el porcentaje de menores se ha ido incrementando. En todo el mundo, los niños representan actualmente casi una tercera parte de las víctimas de trata. De cada tres víctimas menores, dos son niñas y una es niño”.
Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, considera a Colombia como un país que aporta mucho para el incremento de este tipo de flagelos, tanto en el interior del país como hacia otras partes del mundo, principalmente en modalidades como la explotación sexual, los trabajos forzados y el matrimonio servil.

Ante el preocupante panorama, desde el año 2001 la OIM implementó en Colombia el Programa Integral de Lucha contra la Trata, con el objetivo de mitigar este tipo de delitos a través de la implementación de estrategias de prevención, asistencia a las víctimas, el fortalecimiento institucional y la descentralización de las políticas públicas, las cuales son lideradas por el Gobierno Nacional en coordinación con las administraciones departamentales.

“Desde su creación, el programa ha contado con el apoyo financiero del Ministerio del Interior, la Unión Europea, la Embajada de Bélgica, la Embajada de Holanda, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Banco Interamericano para el Desarrollo, BID, el Fondo Global de Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas de la OIM, entre otras organizaciones”, destaca la OIM.
COMITÉ DE TRATA DE PERSONAS
El Ministerio del Interior y de Justicia creó a través de la gobernación del Magdalena el Comité de Trata de Personas, inaugurado el 29 de abril de 2015 por medio del decreto 139.

Dicho comité está conformado por el secretario del Interior, el director seccional de la Fiscalía, el procurador regional del Magdalena, el secretario de salud departamental, el secretario de educación departamental, la oficina de pasaporte, el comandante de la Policía del Magdalena, el comandante de la Policía Metropolitana, el director regional del Icbf y demás organismos del orden nacional.
Pese a la creación del comité, aún no se han reportado casos de este tipo de delitos. Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por OPINIÓN CARIBE apuntaron que son muchos los habitantes de Ciénaga y Puebloviejo que dijeron ver a más de un menor de edad, en su mayoría niñas, abordar vehículos en la carretera Troncal del Caribe para luego no saber de ellas, por lo que se presume que fueron o son usadas para el tráfico de personas.

“Contrario a los casos de abuso sexual en niños, en el tema de trata de menores es distinto; son muchas las quejas pero nadie denuncia. Nadie se atreve a asegurar por lo que el delito no existe en el Magdalena”, puntualizó Carlos Maestre Castilla, coordinador del Comité.

EL CASO DEL PARQUE TAYRONA
Nuevamente el tema contra delitos a menores sale a la palestra pública, luego del caso de la niña Jessica Patricia Arias, quien desapareciera el pasado 25 de junio en el Parque Tayrona para luego ser hallada el lunes 13 de julio por un campesino, el cual la identificó al interior de una vivienda situada en el sector de Calabazo, corregimiento de Guachaca.
La pequeña que se encontraba alto grado de desnutrición y deshidratación por lo cual la Defensoría del Pueblo del Magdalena solicitó una exhaustiva investigación a la Fiscalía General de la Nación sobre el caso.
En esa ocasión, el ministerio público había creado cierto revuelo luego de manejar la hipótesis que apuntaba a que Jessica iba a ser sacada por vía marítima desde el Parque Tayrona para luego ser explotada por delincuentes en territorio extranjero.
Como respuesta a lo pensado por la Defensoría, las unidades del Grupo Antisecuestro y Extorción, Gaula, de la Policía, encabezada por la Coronel Vallejos Delgado, descartaron dicha posibilidad.
En un principio se manejaron muchas versiones que conducían a que la víctima, de apenas 8 años de edad, iba a ser utilizada para la trata de menores, debido a que fue encontrada encadenada. Pero tiempo después las autoridades manifestaron que la niña al parecer fue objeto de un secuestro bajo la modalidad de represalia. No obstante, las unidades especiales de la Policía aún están tras los pasos de los autores materiales e intelectuales del aberrante hecho.
Jessica Patricia Arias permaneció privada de la libertad durante 18 fatídicos días en los que sus padres se aferraron a los operativos de búsqueda del Gaula con sobrevuelo en la reserva natural, siendo finalmente rescatada por la comunidad residente en Calabazo.
Fue mucho lo que se comentó conforme al reciente caso de violencia contra un menor, pero pocas han sido las aclaraciones cedidas por los uniformados, los cuales aseguraron que las indagaciones sobre el suceso continuarán en reserva.
Mientras continúan los cuestionamientos sobre qué tan expuestos están los menores de edad en el departamento, las autoridades propician una cultura de protección a la población infantil magdalenense.

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