Democracia y ciudadanía, por: Rubén Darío Ceballos

Es cierto en alguna medida que la mayoría de los ciudadanos del mundo apoyan decididamente la democracia como forma de gobierno y sistema político. Su definición está atravesada por diferentes debates desde los griegos hasta Rousseau, y se asocia desde entonces con soberanía popular, voluntad general, interés común, un todo homogéneo capaz de producir una voluntad colectiva, en la que son protagonistas los sujetos capaces de identificar el bien común; conceptos todos operantes en sociedades simples y apenas industrializadas.

Con la aparición de sociedades más complejas, de masa, con mayor diferenciación, la democracia directa fue acompañada de modificaciones teóricas a la que se incorporaron mecanismos de representación y dimensión vertical (constitución de autoridad). Es entonces cuando es pensada como representativa frente a la imposibilidad del autogobierno y en ámbitos de modernidad se le incorpora la división entre la titularidad y el ejercicio del poder, el principio de la mayoría, el constitucionalismo y la representación política, con la implicación que sus miembros son socialmente iguales, vale decir, una sociedad caracterizada por la igualdad de condiciones.

La concepción moderna de democracia, hace referencia a un sistema político basado en el poder popular y el ejercicio de ese poder se resuelve en lo electoral y el individuo es un sujeto fundante, un sujeto político que hace conocer su voluntad para que esta sea parte de la voluntad gobernante y delibera con el resto de los individuos en igualdad de condiciones para lograr decisiones legítimas. Schumpeter la define como “un método para llegar a decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencias por el voto del pueblo”. Robert Dahl, postula que la democracia es un ideal imposible de realizar en la práctica, por lo que debemos descartar el término de democracias “reales”. Lo que existe son “prácticas reales” o “poliarquías”, es decir, combinaciones de liderazgos con control de los no líderes sobre los líderes, regímenes cuyos actos presentan una correspondencia con los deseos de muchos de sus ciudadanos durante un largo período de tiempo.

Una tercera visión la constituyen los teóricos que, críticos del elitismo y el realismo político, ponen el acento en la participación como valor central capaz de contrarrestar la tendencia “oligárquica” del sistema político. Bachrach, Macpherson y Pateman, afirman que la poca participación y la desigualdad social están íntimamente unidas: para que haya una sociedad más equitativa es necesario un sistema político más participativo. Rescatan la dimensión de la democracia que hace referencia a la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. La democracia además de ser un método, posee una dimensión ética, implica una dimensión amplia de lo político que abarca no sólo las instituciones representativas gubernamentales y aquellos espacios en los que se toman decisiones que afectan los valores sociales. Los procesos de democratización surgen y se consolidan en un contexto signado por el impacto de la globalización y la revolución tecnológica como fenómenos que transformaron significativamente a estas sociedades en el campo político, económico y cultural, afirma Sojo.

De otro lado, el tema de la ciudadanía y su relación con la forma democrática de gobierno, es uno de los ejes centrales del debate sobre la transición democrática en la que el ciudadano es el sujeto fundamental de la democracia. O’Donnell, dice que “históricamente, la ciudadanía se desplegó junto con el capitalismo, el estado moderno y el derecho racional – formal y la definición de ciudadano “corresponde exactamente al sujeto jurídico capaz de contraer libremente obligaciones”. El ciudadano es, en este marco, “el que tiene derecho a cumplir los actos que resultan en la constitución del poder de las instituciones estatales, en la elección de los gobernantes que pueden movilizar los recursos de aquellas y reclamar obediencia, y en la pretensión de recurrir a procedimientos jurídicamente preestablecidos para ampararse de intromisiones que considera arbitrarias”.

Clásicamente la ciudadanía se refiere a un status asignado a todos aquellos que son miembros plenos de una comunidad, siendo éstos iguales respecto a sus derechos y deberes: “el ciudadano es un poseedor de derechos, los cuales le permiten ser tratado como un miembro pleno de una sociedad de iguales”. En este sentido, la noción de ciudadanía incluye a partir del siglo XVIII un conjunto de derechos civiles, a los que se suman progresivamente los derechos políticos en el siglo XIX y los derechos sociales durante el siglo XX. La también un principio de igualdad que coexiste (y confronta) con la desigualdad social resultante del juego de fuerzas que interactúan en una sociedad.

En la actualidad, la relación ciudadanía-democracia mantiene, por un lado, aspectos históricos que definen al sujeto-ciudadano, a la vez que se cuestionan aspectos sustanciales del ejercicio de la ciudadanía, vinculados a la reformulación del rol del Estado y a la calidad del régimen democrático en el marco del proceso de globalización. La noción de ciudadanía se reformula en un contexto de debilitamiento del rol del Estado, que precisamente fue el que le dio origen y razón de ser en su configuración clásica.