El Senador de la República advierte de los posibles inconvenientes que podría tener la puesta en marcha de una propuesta de la administración Santos que consiste en instalar a exguerrilleros en el macizo montañoso, aplicando un modelo de Policía Rural similar al de la gendarmería francesa.

Como aire frío despedido desde la misma Sierra Nevada de Santa Marta, fue recibida por muchos la posibilidad planteada por el Gobierno Nacional de reinsertar a la vida pública a cientos de desmovilizados de la guerrilla de las Farc, realizando acciones sociales en el citado macizo montañoso, que históricamente ha sido utilizado como punto estratégico para el narcotráfico, la extorsión y otros delitos.

Las inquietudes se presentan con las preocupaciones y denuncias planteadas por el Senador magdalenense Honorio Enríquez Pinedo, quien cuestiona la propuesta por considerarla una iniciativa conflictiva y polémica de la administración del Presidente Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta que algunos desmovilizados de las AUC, se reorganizaron como bandas criminales, concentrando su nuevo accionar en las laderas de la Sierra, ante las quizá débiles políticas sociales del Estado.

Sin embargo, la medida aún estaría en proceso de estudio, ello, teniendo en cuenta que el proceso de paz con la guerrilla de las Farc se encuentra en instancia de dialogo y, según la agenda anunciada por el máximo mandatario nacional, culminaría el próximo 23 de marzo.

LA DENUNCIA DEL SENADOR

Ante la inquietud generada, OPINIÓN CARIBE consultó al Congresista Honorio Enríquez Pinedo quien integra la bancada del Partido Centro Democrático y lidera las preocupaciones frente al tema.

“Se está dando una concesión total por parte del Estado colombiano hacia la guerrilla de las Farc y se estudia la posibilidad de que la Sierra Nevada sea uno de los lugares donde posiblemente lleguen desmovilizados de la misma guerrilla. Hecho que preocupa porque no tienen un plan de acción integral, salvo que lo tengan y no lo hayan informado, lo que deberían hacer en caso de que se concrete; además de explicar bajo qué condiciones se integrarían con los demás actores que conviven en el departamento del Magdalena, donde tanto hemos padecido de la violencia armada”, expresó Honorio Enríquez Pinedo.

El mismo tiempo el Senador manifestó que el Gobierno Nacional debería considerar cuáles son las fuentes de ingreso y empleo para estructurar un plan, una vez se dé el caso de que los reinsertados se instalen en la Sierra, agregando que dicho macizo es compartido con los departamentos del Cesar y La Guajira.

LA SIERRA, UN POTOSÍ DEL DELITO

El Congresista se plantea la posibilidad de que pueda darse una disputa territorial en la Sierra, considerando que desde la década del 70 del siglo pasado ha sido explotada como un sector estratégico de cultivos ilícitos, laboratorios de drogas y punto de partida de las mismas por el mar, sumado al hecho de que actualmente es usada por bandas criminales como ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Usuga’, pese a los operativos de las tropas del Batallón de Alta Montaña y demás grupos especiales adscritos a la Primera División del Ejército Nacional con jurisdicción en este extremo de la región Caribe.

“Ese sería un tema que posiblemente debería enfrentar este Gobierno en caso de que materialice esa decisión que desde ya veo desacertada porque lo que van a crear es una bomba de tiempo, por ser un lugar estratégico no solo para la Nación sino para los que se dedican al narcoterrorismo. Esa es mi preocupación y la claridad que le comuniqué al Presidente de la República, la cual no ha sido respondida por parte de él; silencio que no me sorprende debido a que ese es su estilo”.

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DURAS CRÍTICAS AL PROCESO

Senador Honorio Henrriquez

Honorio Enríquez Pinedo, agregó que la paz es algo que queremos todos pero, insistió sobre las formas en las que se debe conseguirla.

“Si se está en un proceso de paz dónde se supone que debe haber muestras de arrepentimiento con las víctimas, pero las declaraciones de los cabecillas distan mucho de un posible arrepentimiento. Yo creo que el mensaje es claro por parte de ellos: ‘delinquir vale”.

La posición del parlamentario fue contundente luego de oponerse a las presuntas irregularidades que se han desarrollado durante las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana, Cuba.

“El jefe de Estado no descartó la posibilidad de que algún día Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’ sea presidente del país, siendo este un mensaje nefasto. Por lo que me pregunto con qué autoridad moral, con qué ética, el Gobierno colombiano enviará personas a la cárceles, con qué autoridad Santos mirará a los ojos de las madres colombianas que tengan a sus hijos presos mientras que a ‘Timochenko’ se le perdona 118 ordenes de captura, más de 2.500 asesinatos, más de 20 mil niños reclutados, entre otros delitos. Eso sí, aclaro, nadie que delinque puede burlarse de la Ley. Solo creo que acá se han invertido los valores. Dejo esa reflexión para que se mire cómo se invirtió la justicia y el derecho en esta Nación”.

Igualmente, en medio de la entrevista, Enríquez Pinedo evocó una vieja polémica, iniciada desde el 2006, año en el que coincidencialmente sellaba el primer periodo administrativo del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy Senador y cabeza del grupo político el cual hace parte Honorio Enríquez.

De acuerdo con el magdalenense, el actual proceso de paz beneficiaria más a las víctimas que a los victimarios, refiriéndose al caso de las desmovilizaciones masivas de los paramilitares que motivaron la creación de la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; ambas tildadas aún como insuficientes a la hora de hacer justicia y reponer a los afectados, pese al compromiso con la verdad por parte de los altos mandos de los bloques de las Autodefensas.

Ante la suscitada preocupación, el Senador manifestó cuáles serían las posibles vías para encontrar una mejor salida al conflicto y al beneficio de los mártires del mismo.

“Primero, las Farc deben someterse a un arrepentimiento sincero. Segundo, debe haber un reconocimiento a las víctimas por medio de los bienes, producto del narcotráfico. Así mismo, que desminen al campo colombiano. Conjuntamente, lo ideal es que haya una cohesión en los discursos; no puede ser que el Presidente diga una cosa, los negociadores otra y ‘Timochenko’ otra, reflejando grandes contradicciones. Lo más cierto es que el Estado no pude ofrecerle más concesiones a estas personas”, puntualizó Enríquez.

LOS ANALISTAS

Ante la ‘alerta temprana’ que el citado Congresista elevó ante la opinión pública, OPINIÓN CARIBE acudió a la experiencia de Priscila Zuñiga, destacada politóloga samaria y analista del conflicto armado, quien trabajó como asesora en diferentes procesos de desmovilización, desarme y reintegración, experta en el ejercicio del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos con comunidades víctimas.

“En este caso no hay que pensar cuáles serían los conflictos sociales que se van a presentar, sino más bien qué capacidad tiene la institucionalidad para acompañar un proceso de reconciliación en la Sierra Nevada de Santa Marta con las comunidades, en este caso ancestrales, campesinos y colonos que habitan ahí. También hay que preguntarse cuál será la responsabilidad de la Gobernación, de la alcaldía y demás entes departamentales y municipales que se encarguen del proceso. Debe haber una directriz nacional”.

NO HABRÍA CONFLICTO

La experta apuntó que las posibilidades de que haya conflictos en la zona resaltan a la vista y la imaginación, pero que estos se darían en materia de convivencia “ante el posible contexto, hay que incentivar escenarios de convivencia pacífica en dicho territorio, dado a su pluralidad poblacional” expresó Priscila Zúñiga.

Seguidamente, la analista se manifestó ante la inquietud despertada por el Senador Enríquez, referente a la presunta residencia de los desmovilizados del grupo insurgente que arribarían a esa subregión del Departamento, contradiciendo su posición.

“Si nos basamos en hechos históricos, la reincidencia de la guerrilla es mínima. Recordemos los procesos de la década del 80 y del 90 cuando el M-19 y la corriente socialista del EPL se reintegraron a la vida pública exitosamente debido a que no retornaron a las acciones subversivas, por lo que creo que hay que darle el beneficio de la duda. Hacer la paz da miedo, pero lo peor es no hacerla, solo nos queda confiar y darle el voto de confianza a estos diálogos”.

Priscila Zúñiga también trajo a colación que el presente no solo es un proceso de paz sino también de reconciliación, que debe incluir a personas de la sociedad civil.

“Recordemos el miedo que tuvimos con los desmovilizados del paramilitarismo. Ahora, miedo tenemos todos, pero eso no indica que no debamos afrontar ello con prudencia”.

Conjuntamente, la politóloga expresó que “de acuerdo a un reporte de la Defensoría del Pueblo, la última incursión guerrillera en el Magdalena se presentó en el 2006. De igual forma hay que recordar que en el Departamento y, especialmente en La Sierra, hubo una presencia importante de la guerrilla, siendo este un incentivo o una intención de los guerrilleros de regresar a sus orígenes, teniendo en cuenta que muchos nacieron y tienen familia en poblaciones como San Pedro, San Javier, Palmor, La Cristalina, entre otros. Por otro lado, en Santa Marta, no debe haber mayor temor debido a que solo en Minca podría presentarse este caso y de una forma mínima”.

LA VERSIÓN DEL ESTADO

Cesar Mercado Durán, representante para los derechos humanos del Ministerio del Interior en el Departamento del Magdalena, se refirió al respecto de la polémica aclarando que se trata de una propuesta que aún se encuentra en proceso de estudio y la cual estaría encaminada a copiar un mecanismo de gendarmería francesa que consiste en un modelo de policía rural que se aplica en el país europeo.

El término tiene su origen en el siglo XV, cuando el Rey Carlos VIII acudió a las poblaciones rurales para custodiar los caminos. Etimológicamente deriva de la palabra gendarmerie: gente de armas o armados.

“Esto solo es una iniciativa que el Presidente Santos tendría pensado como una solución que logre ocupar el tiempo de los desmovilizados, en aras de que estos sirvan a la seguridad de la Nación. Hay que decir que en El Salvador se presentó un caso similar, donde los exguerrilleros se unieron y finalmente contribuyeron a la seguridad de su país después de ser parte del conflicto armado”.

Igualmente, el enlace del Ministerio dijo que lo dicho por el Senador es apresurado teniendo en cuenta que la estructura de la seguridad del Estado no está en negociación con los cabecillas de las Farc.

“Nuestro Jefe de Estado hizo una gira por Francia en donde extrajo la idea de la gendarmería. Ese país cuenta con dos tipos de policías diferentes; la primera se encarga de brindar seguridad en las ciudades e investigar los crimines, mientras que la segunda no hace parte del Ministerio de Defensa, sino más bien del Ministerio del Interior y Convivencia Ciudadana, por lo que no tiene acceso a armamentos. Ahora, no creo que el Gobierno le facilite armas a los desmovilizados, en este caso su función sería más social”.

No obstante, la inquietud ya está sembrada en la opinión pública y en la sociedad civil, solo se espera que las semillas del posconflicto no ocasionen un choque social en esa parte del Departamento.