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Libertad a 21 ‘exparas’

Opinión Caribe

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Crece expectativa en zonas del Magdalena donde delinquieron

Exintegrantes del Frente Resistencia Tayrona de la Sierra Nevada de Santa Marta, Bloque Norte; y Héroes y Mártires de los Montes de María, en Bolívar, recobrarían su libertad próximamente tras cumplir su pena en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Las autoridades civiles, militares y de Policía, han dispuesto diferentes acciones para resguardar la seguridad en las zonas donde militaron aunque no se tiene certeza si su retorno lo hacen en los lugares donde militaron.

LIBERTAD A PRUEBA

En total son 21 excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, los que, a través de la aplicación de la Ley 925 del 2005, le cumplieron a la justicia.

La expectativa se centra en si estos exmilitantes de la extrema derecha armada en el país, especialmente en la región Caribe, al salir libres retornen a las zonas donde tenían su radio de acción delictiva.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, en el grupo de 21 desmovilizados hay integrantes de primer nivel de la estructura paramilitar, exmandos medios y combatientes rasos.

Se trata de Dimas Nicolás Avendaño Jiménez, alias “Tribilín” o “Daniel”; Julio César Fontalvo Martínez; Luis Antonio Barreto Mesa, alias “Franklin”; Jairo Enrique Sara Sarmiento, alias “El Ñato”; Luis Alfredo Ropero Ramírez, alias “Garavito” o “Cambalache”; Ever Antonio Caicedo Pérez, alias “Tavo”; Edward Cortés Niño, alias Dálmata, “El Perro” o “Pecas”; Adán Rojas Ospino, alias “El Turpial” o “Carrancho”; Miguel Alejando Vásquez García, alias “Migue” o “Fantasma”; Adán Rojas Mendoza, alias “Negrete”, “Miguel” o “45”; Julio César Ebrat Thomas, alias “Macancán”; Carmen Rincón, alias “La Tetona”; Jovani Cristian Ochoa Pinzón, alias “Cachetes”; Dilio José Romero Contreras, alias “Cocodrilo” o “Mono Dilo”; Édgar Antonio Ochoa Ballesteros, alias “Morrocoyo”; Eduardo Enrique Vengoechea Mola, alias “El Flaco”; Jhon Jairo Coronado Guerrero, alias “El Saya”; Eliseo Beltrán Cadena, alias “Gordo Eliseo”; Ever de Jesús Gamarra Ballesteros, alias “Lucas”; Leonidas Acosta Ángel, alias “Troylo”; y Rigoberto Rojas Mendoza, alias “Rigo” o “El Alacrán”.

Mientras que Hernán Giraldo Serna, alias “Taladro” o “El Patrón”, no saldría libre porque la Ley 975 de Justicia y Paz no lo cobija luego de cumplir su pena, toda vez que en su prontuario tiene delitos sexuales contra menores de edad y además fue extraditado en el año 2008 a Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.

TIERRA FÉRTIL PARA EL NARCOTRÁFICO

La violencia en la ciudad se remonta a la época de guerra civil bipartidista. Muchas de las personas que residían en estas tierras venían huyendo del interior del país. Los asentamientos crecieron a la par con los cultivos ilícitos en la serranía y, en consecuencia, se incrementó la necesidad de protección. En ese contexto en los años ochenta llegaron las Farc con el fin de expandirse territorialmente y controlar los corredores entre el Cesar y Magdalena y a mediados de los noventa llegó el ELN.

En Santa Marta confluyen intereses de toda naturaleza. La cercanía con el mar favorece las actividades asociadas al narcotráfico.

Hernán Giraldo Serna, alias “El Patrón”, fue el promotor del primer grupo de autodefensas en el Distrito. En los años ochenta creó el grupo antiguerrillero “Los Chamizos”. Giraldo aprovechó el auge de la marihuana para ampliar sus dominios, primero en el mercado público de Santa Marta y luego su actividad se extendió hasta la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada y el sureste de La Guajira.

“Los Chamizos”, integraron después las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (Acmg) y, finalmente el Frente Resistencia Tayrona.

La familia Rojas fundó una estructura armada al Centro Occidente del departamento del Magdalena, conocida como el “El Clan Rojas” o las Autodefensas Campesinas del Magdalena, ACM, quienes consolidaron su dominio en la parte media de la Sierra Nevada en la década de los ochentas.

TENDENCIA DE LOS DELITOS

La tendencia de los grupos armados ilegales ha sido la causa de un número elevado de violaciones a los Derechos Humanos con el fin de consolidar, mediante la coerción y la imposición de las armas, el control territorial de las zonas donde operan.

Este tipo de hechos provocaron acciones de alto impacto y sin precedentes, como el desplazamiento, en el año 2002, de por lo menos 11 mil personas hacia el Distrito. Este es considerado el desplazamiento masivo más grande en Colombia, durante la confrontación armada.

El año 2002 fue el de mayor recepción de víctimas del desplazamiento forzado que ha tenido Santa Marta en toda su historia; el número de familias registradas durante el año estuvo muy cerca de las 7.000, la cifra de personas que se encontraba en la ciudad viviendo en situación de desplazamiento superaba las 10 mil.

Sin embargo, el Registro Único de Víctimas, RUV, proporciona unos datos más desalentadores para analizar: entre el periodo 1985 y 2015 se presentaron 84.345 víctimas.

Según el portal VerdadAbierta.com en el departamento del Magdalena se presentaron un total de 12.010 homicidios entre 1990 y 2013 y en Santa Marta, 4.934, lo que ubicó a la ciudad en el décimo lugar del ranking con el mayor número de víctimas mortales. Los datos de VerdadAbierta.com fueron recopilados por la Policía y procesados por el Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República. El portal aclara que el 80 por ciento de los homicidios, en promedio se han dado por causas de intolerancia.

El RUV, que tiene a su disposición todas las fichas estadísticas de las personas que acuden a su despacho para que se reconozca su condición, reporta sin embargo un total de 7.820 víctimas de homicidio en el marco del conflicto armado, entre 1985 y 2015.

DELITOS DE ALTO IMPACTO

Las masacres están incluidas en los delitos considerados de alto impacto. Entre los años 1996 y 2006 se cometieron 19 en el Distrito; sin embargo, es probable que el número de masacres sea mayor, puesto que no se ha logrado determinar con exactitud las cifras.

Sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el territorio hay que considerar de manera especial la violencia sexual ejercida para sembrar terror en la población. Como estrategia de guerra los grupos paramilitares utilizaron el abuso físico, la explotación sexual, la prostitución, la anticoncepción forzada y el sometimiento al aborto.

Sobre los delitos cometidos por la estructura denominada Frente Resistencia Tayrona y su máximo comandante Hernán Giraldo Serna, se han documentado 103 casos de violencia sexual; no obstante, la Fiscalía solo ha podido establecer su responsabilidad en las violaciones a 19 menores de edad.

Es altamente probable un subregistro de estos delitos debido a que las mujeres víctimas no se atreven a denunciar los casos, mucho menos quienes eran menores de edad durante la época de acción paramilitar. La RUV ha registrado 108 casos de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado entre 1985 y 2014.

ESCENARIOS TERRITORIALES

En la actualidad, Santa Marta cuenta con una tasa de 5.58 homicidios por cada 100 mil habitantes. Este fue el delito que más impacto negativo tuvo entre los ciudadanos en el año 2012 cuando la tasa era de 40.8.

Según la consejera de Convivencia y Seguridad del Distrito, Priscila Zúñiga, es necesario que ante la puesta en libertad de los exparamilitares desmovilizados en la ciudad, se evalúen los posibles escenarios de riesgo de afectaciones a la seguridad y la convivencia, pero también el impacto en la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

Para el análisis territorial, el Observatorio Distrital de Seguridad y Convivencia en convenio con la Fundación Paz y Reconciliación advierte sobre escenarios de riesgo en los que podrían presentarse afectaciones a la seguridad ciudadana y la convivencia.

La Consejera de Convivencia y Seguridad del Distrito aseguró que la puesta en libertad de los postulados será un desafío para el ente territorial, toda vez que los excombatientes llegarán a engrosar la lista de desempleados y deberán entrar a una ruta de reintegración especial diseñada por la Agencia Colombiana para la Reintegración.

De manera complementaria, el Distrito de Santa Marta allanará la Ruta para el posconflicto, “es una propuesta para lograr la reintegración social del desmovilizado y de su entorno familiar, donde podrá tener acceso a la oferta institucional en los temas de salud, educación, emprendimiento, recreación y deporte. Todo esto con el fin hacerlo activo en las relaciones sociales y comunitarias de su entorno de una manera responsable e incluyente. Este escenario supone una mayor presencia de la Fuerza Pública en aquellos barrios donde los desmovilizados fijarán su residencia”, apuntó Priscila Zúñiga.

El Estado tiene el deber de garantizar su seguridad teniendo en cuenta los antecedentes.

En 2007, hubo un incremento de homicidios de población desmovilizada en el territorio debido a la entrada en vigencia de la ley 975. Los desmovilizados, debían entregar información a la Justicia y contribuir con la verdad de los hechos y de su participación en la estructura paramilitar, en la época se produjo una retaliación de los interesados en mantener oculta esa información.

“Es muy importante que el ente territorial conozca de antemano el listado de aquellos que recobrarán la libertad, que tenían la condición de comando y de mando medio. Esto permitirá diseñar un sistema de verificación y control de las zonas donde podrían entrar a moverse, supervisar su actividad y anticiparse al impacto que podría tener su actividad en esas zonas”, explicó la funcionaria.

Cabe destacar que en la ciudad hay nuevas estructuras armadas ilegales como es el caso de ‘Los Urabeños’ o ‘Gaitanistas’, ‘Los Pachencas’, y los ‘Rastrojos’, como también en menor medida, la Oficina Caribe (La Silla) que, por el poder del narcotráfico, disputan el control del territorio, especialmente la Troncal del Caribe, puertos naturales, laboratorios y zonas de procesamiento de base de coca, ruta ilegal de combustible de contrabando, entre otros.

La actividad de estos grupos podría alentar confrontaciones armadas con afectaciones a la población civil, atentados con artefactos explosivos, delaciones, ajustes de cuentas, desapariciones forzadas y reclutamiento de personas.

“Este es el escenario más crítico en razón de la violencia que podría presentarse y el que tendría mayor impacto en la percepción de seguridad del territorio. Además, podría ser un obstáculo para el proceso de Restitución de Tierras en zonas rurales del Distrito y la focalización de este objetivo”, agregó Priscila Zúñiga, Consejera.

Hay un último escenario, que tiene que ver con la restructuración de grupos paramilitares y el asocio con las Bacrim, teniendo en cuenta que las personas que hicieron parte las estructuras delictivas están en la ciudad. Esta condición favoreció y extendió las denominadas franquicias, creadas para mantener el control territorial sobre algunos bienes que no fueron entregados a la Justicia para la reparación de las víctimas.

SÍ HAY REINTEGRADOS EN EL MAGDALENA

Luego de hacer un reconocimiento global del territorio y sus escenarios, OPINIÓN CARIBE consultó a la Agencia Colombiana para la Reintegración para conocer cómo son los procesos y cuántos reintegrados hay en el Magdalena y de qué tipo. Ante estos interrogantes, el coordinador de la ACR en el Departamento, José Nicolás Wild, aseguró que en el territorio hay 1.400 reintegrados que se encuentran activos en la ruta y la mitad de estos están en Santa Marta.

Destacó que en Colombia hay 140 personas que cometieron delitos graves y atroces y ninguna está en el departamento del Magdalena. 70 más saldrán en los próximos meses y ninguna de estas ha manifestado alguna intención de venirse para el Departamento, aseveró José Nicolás Wild.

DESPUÉS DE OCHO AÑOS, LIBRES

Son miles los postulados en todo el país que acogidos a la ley de Justicia y Paz podrían ser objeto de beneficios jurídicos de la obtención a la libertad a prueba; sin embargo, en Colombia hay 140 libres en condición de reintegración especial debido a que han sido altos mandos de los grupos de la extrema derecha.

“Con ellos lo que hay es un tema de beneficios jurídicos que se ganaron a partir de acogerse la Ley 975, porque se hizo la norma de justicia transicional y se les dijo vengan, desmovilícense, los que son rasos tienen un tratamiento distinto, y quienes tuvieron un nivel de mando o postulados a la Ley por crímenes atroces tienen una ruta diferente. Pero en ambos casos cada grupo tiene su norma. La que rige a los rasos es la Ley 1424 del 2010 la cual tiene unos beneficios jurídicos, está la Ley de Justicia y Paz después de que aplicaran la pena alternativa que iba de 5 a 8 años y luego podían obtener la libertad a prueba”, contextualizó Wild.

Esto es lo que ocurre en la actualidad, porque varios de ellos ya cumplieron los ocho años de cárcel y están obteniendo la libertad, pero según el Coordinador de la ACR en el Magdalena es una libertad a prueba, que condiciona el comportamiento de esta persona una vez que está en el territorio.

SALDRÁN, PERO NO SABEN A DÓNDE IRÁN

Según las declaraciones del coordinador de la Agencia Colombiana para la Reintegración, de todos los exmiembros de grupos al margen de la ley que saldrán en los próximos meses de las cárceles en donde se encuentran recluidos, aún la Agencia no tiene en conocimiento a qué departamento de Colombia irán.

“Estamos claros, no sabemos a dónde irá esta gente, solamente hasta cuando estas personas lo decidan y les sea aprobado el beneficio de libertad a prueba, es cuando sabremos a dónde van”, aclaró José Nicolás Wild.

Aseguró que a la Agencia Colombiana de Reintegración le ha preocupado el fortalecimiento de las comunidades en riesgo de victimización, “es ahí donde no encuentra uno un eco, porque el tema de seguridad se ha visto reflejado solo en que va a pasar con estas personas cuando salgan de los centros de reclusión, pero no tanto con las comunidades. Porque han pasado ocho años y las comunidades victimizadas por estas personas siguen estando igual”, explicó.

“De los 70 que saldrán libres en los próximos meses no se sabe a dónde se dirigirán, esto es tan incierto como decir que los 21 reintegrados vendrán al Magdalena”, puntualizó, José Wild.

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