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El hacinamiento carcelario, de mal en peor

Opinión Caribe

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Por Rubén Darío Ceballos

Grave es la situación de hacinamiento y sobrepoblación que se vive en los centros de reclusión del país, entre ellos, el de Santa Marta, en el que a duras penas “sobreviven” allí las personas privadas de la libertad. Se suma a la de por sí ya una situación comprometida y entre otras muchas, las defectuosas condiciones de reclusión físicas y las atinentes a la falta de despensa de servicios básicos. Las elevadas estadísticas de violencia intramural y la falta de control real y efectivo de las autoridades encargadas para tal efecto.

Las comprobadas acciones inadecuadas con fines de investigación criminal y el uso desmedido de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad de dichos centros. El también descomunal uso y abuso de la detención preventiva, por igual de los Señores Fiscales solicitantes y los Honorables Jueces de garantías, hecho que incide directamente en la sobrepoblación privada de la libertad. Las pocas o ningunas medidas efectivas para la protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad. La falta de disposiciones laborales y educativas, así como la ausencia de trasluz en los mecanismos de acceso a estos programas, cuando en las facultades de derecho la cátedra carcelaria no es tema de profundidad y conocimiento académico.

Lo cual atenta flagrantemente contra los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, como se ha demostrado hasta la saciedad mediante las visitas realizadas a penitenciarías, centros de detención, comisarías, estaciones de policía, URIS, entre otros, donde se han verificado las condiciones infrahumanas que se viven en esos escenarios. Poco o nada positivo se ha adelantado en pro, a pesar de las muchas reuniones que se han llevado a cabo con autoridades de alto nivel y organizaciones de la sociedad civil, supuestamente comprometidas con la situación de los reclusos; tan así, que la Ley 1760 del 06 de julio de 2015, extendió su vigencia efectiva en lo esencial a un año y a pesar de los meses transcurridos, en vez de verse mejoría, el tema se ha agravado. Esperamos que los medios de comunicación sean maduros y sensatos, cuando el 06 de julio del presente año 2016, se comiencen a registrar las múltiples libertades de ciudadanos encarcelados bajo la presunción de inocencia constitucional, cuya situación no ha sido resuelta.

Las graves consecuencias del hacinamiento carcelario en el país, Región Caribe y departamento en particular, han determinado desde siempre la necesidad de resocializar de manera eficiente y eficaz a esas personas, lo mismo que implementar la construcción de nuevas cárceles como una acción necesaria ante la sobrepoblación carcelaria; sobre todo, cuando son igualmente palpables las situaciones de deficiencias en las infraestructuras de los penales. Adicionalmente, la corrupción y los abusos en la gestión penitenciaria son flagelos crecientes en esta problemática. Recurrencias que requieren de desafíos que acaben con la existencia de esas deficiencias estructurales que afectan gravemente derechos humanos inderogables (derecho a la vida y a la integridad personal de los reclusos), e impiden que en la práctica las penas privativas de la libertad cumplan con la finalidad esencial de reformar y readaptar socialmente a los condenados.

Esta grave crisis es el resultado de decenios de repudio al problema carcelario por parte de los gobiernos e indolencia de las sociedades, que prefieren no mirar sus presos ni hacia las cárceles, donde campea la arbitrariedad y la corrupción, cuando lo importante es que la reclusión de una persona no implique restricciones o sufrimientos más allá de los propios al hecho cierto de estar privada de la libertad. Frente a todo lo dicho, necesario fuera que la adopción de una política pública penitenciaria sea un compromiso vinculante con visión integral de las ramas del poder público. Hay que apuntar, camino a soluciones, a un replanteamiento serio de la política criminal del país y del uso mismo del encarcelamiento como respuesta al delito, y por supuesto, a la calidad del propio sistema de administración de justicia, en el entendido que todo lo inherente a la cuestión penitenciaria debe regirse por criterios estrictos de transparencia y contar con los recursos suficientes y el apoyo institucional necesario para ejercer sus funciones de manera efectiva y con la autonomía e independencia que ello requiere, a efecto de hacerlo eficiente en todas sus líneas, en lo que menester serán voluntad y decisión políticas inaplazables, cuando instituciones alternativas; verbigracia, la detención o Prisión domiciliaria deben socializarse y culturizarse, así como también, penas pecuniarias en vez de la ineficaces reclusiones, jornadas productivas de trabajo de los detenidos en bien de la indemnización de las víctimas, del sostenimiento de sus familias, de la comunidad, del Estado y de su propia estadía en el centro penitenciario, siendo hora que dejen de ser cargas para el tributo de los distritos, municipios, departamentos y para la Nación.

 

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