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Denuncias

La salud, ¿derecho o negocio? Vida de las EPS, la muerte de los usuarios

Opinión Caribe

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Hasta como fallecida ha sido registrada Sandra Cervantes Lugo, en el hospital San Ignacio de Bogotá. Esta es la historia de una samaria de cuarenta años que refleja la situación de miles de colombianos que sufren más con las EPS que con la enfermedad que les aqueja.

Por Fanny Medina Ariza

Sandra Cervantes Lugo es afiliada a Coomeva, al mismo tiempo es otra víctima del sistema de salud en Colombia. Su caso, como miles en el país, pasa desapercibido ante la mirada de muchos y el accionar de pocos.

El 25 de agosto de 2010, el Juzgado Quinto Penal con funciones de control de garantías falló a su favor una tutela, a través de la cual le exigía a Coomeva, la prestación integral de las órdenes médicas, entrega de medicamentos, procedimientos, exámenes y traslados de la paciente.

La lucha por recibir la atención médica requerida, se ha convertido en una odisea de igual o mayor gravedad que la enfermedad que padece Sandra, quien por causa de un primer osteosarcoma (cáncer óseo) facial o tumor maligno, sufre otras fallas en su salud debido a las radioterapias y las quimioterapias.

Al parecer, el cáncer ha hecho metástasis en el tórax y en la quinta vértebra toráxica (t5) de la columna con afectación de cadera y pierna izquierda.

El 26 de julio, a Sandra Cervantes le deben practicar una microcirugía en Bogotá que fue autorizada luego de cuatro meses de insistencia; el procedimiento le permitirá tener una especie de bomba implantada en la columna con unos conductos internos hacia la zona t5 para suministrar un medicamento y para que el índice de dolor, de estrés y angustia, disminuya.

La demora en la autorización produjo una orden de arresto contra la gerente Margarita Orozco Eslait, la cual no se llevó a cabo, porque fue devuelta a la jueza el 28 de junio, debido a que Orozco no desempeñaba ya el cargo.

Después de ires y venires, el procedimiento quirúrgico fue autorizado. Sin embargo, Cervantes señala que no le interesa que la gerente vaya presa, porque eso no le soluciona para nada sus problemas de salud, pero exige la prestación total del servicio, y no parcial como ha sido hasta el momento.

Cervantes Lugo denuncia, además, que ha sido muy difícil obtener los exámenes requeridos para que se determine su patología actual, y hace días presenta un sangrado rectal que ha afectado su condición médica, “los médicos no me van a dar claridad con respecto a mi enfermedad, no van a proceder a hacer las biopsias y su patología respectiva, porque los estudios no son claros, los puntos a donde ellos me mandan, no son los adecuados, tienen que ser de cuarto o quinto nivel”.

La entrega de morfina ha sido un calvario para Sandra Cervantes, “yo les devolví 90 cajas porque me las dieron casi vencidas, les dije que, si es un suministro de 60, cómo pretendían que me iba a poner 150 cajas, ese es problema de ellos, no es mío. Ellos deben entregarle al paciente un medicamento que tenga legalmente como mínimo 6 meses para su vencimiento”.

Este medicamento, comenta la paciente, se lo suministran desde hace tiempo, pero tienen cuatro meses que no me lo entregan, porque las órdenes no son incorrectas, de acuerdo con lo expresado por las taquillas de Audifarma, operador de la entidad Coomeva en el suministro de medicamentos. En las órdenes que le han entregado, el código no corresponde al sistema de la farmacia.

Un día antes de su diálogo con OPINIÓN CARIBE, Sandra Cervantes tuvo una recaída, el dolor era muy fuerte y al llamar al médico de hospital en casa, para que le diera la orden con el código, según relata, le contestó que debía esperar porque estaba atendiendo a otros pacientes.

Como no le hicieron entrega de la dosis del medicamento, su hija buscó de manera particular quien le suministrara una ampolla de morfina, “me consiguieron dos, estoy pensando en que no tengo dosis para más tarde, qué puertas tocar si llego a necesitarlas, porque en la Secretaría de Salud no hay ni una gota de hidromorfona, la EPS es la única que tiene contrato con Audifarma”.

La pérdida del contrato con el prestador de servicios en Bogotá ha ocasionado que Cervantes no vuelva a tener un control con el gastroenterólogo, quien en la última cita le dijo que los sangrados podrían ser manifestación de un cáncer de estómago de nueva procedencia o metastásico. También tiene pendiente una resonancia en el rostro, la cual no se ha podido realizar porque la Clínica Palermo no tiene agenda disponible hasta octubre.

Le teme a la atención en Santa Marta por situaciones como la que vivió en la Clínica La Milagrosa el 25 de abril, adonde llegó por una flebitis o inflamación en las venas, acompañada de fiebre, le hicieron un examen, que de acuerdo con el médico, arrojó 6.40 de insuficiencia renal, resultado sorprendente para ella, porque con ese diagnóstico tan grave debía estar hinchada y no era así. La hospitalizaron y enviaron al cuarto piso a una habitación con camas en malas condiciones, en la que había estado una paciente con sífilis, “había un sofá-cama, ahí me tuve que acostar con mi hija porque una persona con patologías como la mía, con defensas bajas, acostada en esa cama, era fácil contagiarme de una bacteria”.

En la clínica sufrió un cuadro de isquemia, perdió el conocimiento, le suministraron un medicamento que ni ella ni su hija supieron cuál era y que la puso a caminar desesperada, por tanto, decidió retirarse de manera voluntaria, “le dije a mi hija, coge los bolsos que nos vamos, porque presiento que me van a matar en esta clínica”.

El año pasado, Cervantes Lugo debía seguir su tratamiento médico en el Hospital San Ignacio de Bogotá, pero días antes, Coomeva Barranquilla la llama diciendo que no podía viajar, porque el hospital registró la falta de recursos con ellos y los medicamentos podían suministrárselos en Santa Marta. A ella le habían practicado una resonancia, cuyo resultado era metástasis en el tórax, razón por la cual pidió su historia clínica, aprovechando uno de sus viajes a la capital para una cita de ortopedia.

En la historia clínica encontró que la junta médica se había realizado sin su presencia, “inventaron dicha junta médica, porque la orden la tengo en mi poder, en la cual se le pide a Coomeva que la paciente no faltara porque se iba a solucionar su situación y determinar el paso a seguir. Yo nunca estuve presente, además, anexaron a la historia que había recibido quimioterapias y radioterapias en el hospital, y eso no sucedió”.

Lo más grave no era ese hallazgo, “cuando me entregan la primera historia de esa junta alcanzo a ver que dice, “Sandra Cervantes, mujer de tantos años, fallecida 16 de mayo a las 09:39 de una hernia diafragmática”. Los datos consignados correspondían a su nombre, número de cédula y edad.

El supuesto fallecimiento pudo provocar su desvinculación del sistema de Coomeva, y el tratamiento médico habría sido interrumpido. Para dilatar esa información que la daba por fallecida, Sandra Cervantes mostró el documento a varias funcionarias de la entidad en Santa Marta.

COOMEVA SE PRONUNCIA

La entidad, en cabeza de Margarita Orozco Eslait, manifiesta, “los procedimientos que no están en el Plan Obligatorio de Salud se tramitan por dos vías, una por el comité técnico científico y a través de los fallos de tutela. En algunas ocasiones nos hemos encontrado con que no existe claridad en los fallos y eso genera confusión en el usuario y en nosotros como aseguradores del servicio, en eso consiste la demora en autorizar algunos procedimientos, en que nos demoramos en entender qué es lo que nos está ordenando el juez, si corresponde con lo que solicita el médico tratante y las expectativas del usuario”.

Dos, que la entidad ha tenido dificultades administrativas que son inherentes a la operación, que no han planeado hacerles daño a los usuarios, la intermitencia de la red prestadora de los servicios ha sido la mayor dificultad de la EPS desde hace varios años, sobre todo, con los que se prestan en el interior del país, de los que hacen uso varios pacientes.

“Hemos tenido dificultades con el flujo de recursos, no es inherente a Coomeva, es un problema estructural del sector, no hemos sido ajenos a ellos y eso ha afectado las relaciones con prestadores claves, lo que trae como consecuencias, sin intención, que algunos tratamientos de pacientes se hayan extendido un poco, porque al no tener disponibilidad, nos toca acudir a otras opciones en la red, con el agravante, que algunos no quieren una opción local o en la región Caribe, sino que han sido persistentes en continuar sus procesos en el interior”, manifestó Orozco.

Algunas instituciones exigen un pago anticipado y otras ni siquiera aceptan la atención, como es el caso de los hospitales San José y San Ignacio en Bogotá con los que en estos momentos no tienen relación comercial, son entidades que no tienen interés en continuar con un vínculo. En algunos casos, por petición puntual del paciente acceden a prestar el servicio.

Otros de ellos son la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul, Hospital ‘Pablo Tobón Uribe’. La Fundación Santa Fe no tiene obligación contractual con Coomeva, pero bajo la modalidad de pago anticipado, atienden algunos casos. Con la Fundación Cardio infantil se analizan acercamientos para recuperar la relación contractual.

Coomeva aclara, que cuando no se ha tenido la posibilidad de remitir a un paciente al lugar donde normalmente lleva su tratamiento, se le ofrecen otras opciones, si el usuario no acepta, es su decisión.

Luego de los plantones pacíficos realizados por pacientes con enfermedades huérfanas, en una mesa de diálogo con Secretaría de Salud, se establecieron algunos compromisos que debía cumplir la EPS dentro de un plazo establecido; aseguran, que, a la fecha, todos se han cumplido.

Para la entidad en Santa Marta, la red es estable, tienen atención en la Clínica La Milagrosa, en la Fundación Cardiovascular; a nivel ambulatorio, la red está completa; Imágenes del Norte no está prestando el servicio, pero la ha cubierto Imagenología del Magdalena.

En cuanto al rechazo de los médicos en el interior del país a los exámenes realizados en la regional, afirma, que, podría tratarse de pretensiones del profesional de la salud, para que el estudio se haga en las IPS con las que tienen empatía o trabajan.

Con respecto a la situación particular de la paciente Sandra Cervantes, aclara, que no tienen pendientes autorizaciones, que no fue fácil encontrar al proveedor de la bomba que se le implantará, e inclusive, que buscaron un prestador que no es de la red, el cual pidió pago anticipado. “Ella es una paciente que a toda costa quiere atenderse en Bogotá, en el hospital donde la atendían el año pasado, pero que, en mayo, a través de una junta médica, la dieron de alta, con un documento que señala que puede ser atendida en su regional, porque solo recibe controles con estudios”.

“Hemos tenido inconvenientes, porque el operador logístico nos ha manifestado su inconformidad por el trato que les da por las exigencias de servicios que están fuera de nuestra competencia como prestador”, manifiesta la gerencia. Así mismo, asegura, que es legítima la junta médica que se realizó en el hospital San Ignacio, la cual afirma, que no es necesaria la presencia del paciente para definir continuidad o no del tratamiento en la institución, porque la historia médica sirve como guía.

“EL NEGOCIO DE LAS EPS”: ROBLEDO

OPINIÓN CARIBE consultó al senador Jorge Robledo, quien es un crítico del sistema de salud por las diversas falencias a nivel estructural que generan historias indignantes como la de Sandra Cervantes Lugo y muchos colombianos más. El senador Robledo ha catalogado al sistema de salud como perverso, al preguntarle las razones explica, “es así, los colombianos les entregamos todo a los colombianos, cada uno de alguna manera o el gobierno le entrega a las EPS unas sumas astronómicas que no caben en la calculadora, y estas EPS, por ganarse esa cantidad de plata no cumplen con los deberes establecidos”.

Agrega, que cuando una EPS niega un medicamento, a un especialista o un procedimiento quirúrgico, le aumentan sus ganancias, que salen de la Unidad de Pago por Capacitación, UPC, que es la plata que el Estado le transfiere a las EPS para que administren los recursos de la salud, cada vez que lo hacen, como dicen los viejos comerciantes, ‘les suena la caja registradora’. “Tenemos un sistema perverso, donde las ganancias de las EPS son a costa de la salud y la vida de los colombianos, ese es el problema de fondo”, afirmó Robledo.

El problema principal, asegura, es que las leyes no son para la salud de los colombianos, sino para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos.

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