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Análisis

Estado ‘premia’ a Electricaribe

Opinión Caribe

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Gobierno sigue girando recursos para intervenir redes y subsidiar tarifas

La Corte Constitucional no ha abierto ni una sola investigación contra el Estado ni Electricaribe por la vulneración del derecho estipulado en el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia.

La problemática social generada como consecuencia del deficiente servicio prestado por Electricaribe en la región Caribe ha tocado ‘fondo’ como para que esta haga parte de la agenda del honorable recinto del Congreso de la República, escenario en el que han estado presentes funcionarios de la empresa, del Ministerio de Minas y Energía, y de la Superintendencia de Servicios Públicos, exponiendo el discurso de siempre, en el que se victimiza a la empresa y se olvida al usuario que debe aguantar los abusos de esta entidad.

Los costeños dejaron de creer en los discursos de los gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, congresistas y hasta del mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien nunca se atreve a hablar en público de una eventual intervención o desprivatización de Electricaribe, sino que anuncia, “anticipar los pagos a los Fondos de Energía para ayudar a los usuarios de bajos recursos e inversiones para ampliar las redes eléctricas”.

“Como alguien que incumple, no hace las inversiones y es líder del PQR de las empresas del país y se le continúan girando cheques para el subsidio y de los fondos del Ministerio de Minas se le asignan recursos para ejecutar las obras de energía del país. El Estado y la Superintendencia permiten que todos los abusos se den sin defender a los usuarios”, cuestiona el congresista David Barguil, representante del Partido Conservador.

Esto es ratificado por su homóloga Sara Piedrahita del Partido Social de Unidad Nacional, quien asegura, que “durante años la Nación ha girado a ciegas a la empresa, no hay vigilancia sobre las redes, ni de las tarifas, la falta de control por parte del Estado ha sido total y es la responsable de que estemos así en nuestra región”.

Si esta causa tiene cientos de dolientes en todos los escenarios políticos, se debe constituir en una norma para sancionar ejemplarmente a empresas que abusan de los usuarios, tal como sí la hay para quienes roben energía o instauren ante la Corte Constitucional una acción judicial por la violación al derecho constitucional de recibir servicios públicos eficientes.

El Código Penal, en su artículo 256 denominado ‘Defraudación de Fluidos’, contempla que las personas que son sorprendidas robando energía pueden ser condenadas de 16 a 72 meses de cárcel y a multas de ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero, el Estado no ha constituido una norma que sancione como debe ser a aquellas empresas de servicios públicos que abusan de los usuarios a través del cobro de exorbitantes facturas y por energía no consumida. Dichas situaciones no son vistas como un delito sino como un error involuntario de un sistema.

En este sentido, los usuarios están cansados de tantos debates que no son más que sofismas de distracción, porque para nadie es un secreto que todo es un negocio, con el cual se benefician a unos cuantos acosta del perjuicio del pueblo. “Hay información de funcionarios que reciben apoyo de Electricaribe y a través del Ministerio de Minas y Energía, subsidios para aprovechar eso a su favor”, afirma el senador Fernando Araujo del Partido Centro Democrático.

Asimismo, Araujo asegura, que al presidente Santos le ha faltado voluntad política para resolver esta situación que se le ha salido de las manos, sin tener otra opción que intervenir. “El Estado no ha tomado el ‘toro por los cachos’, ha sido débil y tímido para resolver el problema de Electricaribe que encontramos con dificultades para cumplir con las obligaciones financieras y amenaza a las regiones con racionamientos”.

La causa generadora del deficiente servicio ha sido la misma política de privatización liderada por el Estado cuando vendió a menos precio las infraestructuras de las electrificadoras de los entes territoriales de la región Caribe, dejándole a propósito el ‘lomo’ del negocio a la Multinacional Unión Fenosa y quedándose con el hueso.

No existe ninguna entidad que defienda a los usuarios, porque a lo largo de la historia la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios ha sido cuestionada por su desempeño. “Esta entidad funciona no para la conveniencia de los costeños, sino para la de Electricaribe, lo que permite todo tipo de conductas inaceptables”, advirtió el senador Jorge Enrique Robledo del Partido Polo Democrático Alternativo.

El incremento en los reclamos por la deficiencia en el servicio eléctrico, cobros excesivos, doble facturación, entre otros, deja al descubierto la debilidad institucional que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios para acabar con la poderosa capacidad de corrupción de Electricaribe y que se suma a la cadena de supuestos dolientes de esta problemática social.

“Años de complicidad de la Superintendencia con Electricaribe nos llevaron a este problema que tocó fondo. Nunca multaron ni sancionaron cuando tenían que hacerlo, nunca tomaron medidas a tiempo, les permitieron hacer lo que se les diera la gana y dejaron que la bola de nieve creciera hasta llegar al punto que estamos hoy”, señala el congresista Barguil.

El atraso histórico en inversión de las redes hace que el 80% de la informalidad eléctrica en Colombia esté en la Costa y es una realidad que solo se puede resolver con una inmensa inversión. “Si el Gobierno Nacional no se echa a los hombros el problema de la informalidad eléctrica, nunca se podrá resolver este tema, porque los costeños son buena paga, pero son muy pobres para asumir en las facturas estos costos”, afirma el senador Robledo.

SIN ACCIONES JUDICIALES

Si la Constitución Política de Colombia obliga al Estado a garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos, ¿por qué no existen acciones judiciales frente a la violación de este derecho constitucional? hasta el momento ningún doliente lo ha hecho y solo se han detenido a decir, “el Presidente es quien debe solucionar esto”, cuando la responsabilidad es de todos; según los representantes políticos de los entes territoriales el instrumento jurídico será lo último que usen.

“Si no hay solución buscaremos la posibilidad de recurrir a los recursos jurídicos”, dice el senador Araujo; mientras que el diputado del Magdalena, Edward Torres, comenta que “hay varios mecanismos judiciales que están a la mano y cuando sea el momento lo utilizaremos”. La Corte Constitucional no ha abierto ni una investigación contra el Estado ni Electricaribe por la vulneración del derecho estipulado en el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia donde se estipula que, “es deber del Estado asegurar la prestación de los servicios públicos de manera eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. El Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.

Esta violación es evidente y demostrable por las quejas presentadas debido a cortes constantes y prolongados de energía, irregularidades en los cobros, facturación y en la instalación de contadores de energía. Basta con que alguien se atreva a dar el primer paso en instaurar una acción para que los demás se peguen a sacar pecho, los magdalenenses preguntamos, ¿qué espera nuestra clase política? Al parecer es más importante estar bien con el Gobierno que con el pueblo.

“Es claro que al tema se le han dado muchas largas y no se han tomado soluciones de fondo ni se han abierto investigaciones contra los responsables de lo que padecemos en la Costa”, reconoce el senador Honorio Henríquez del Partido Centro Democrático, quien asegura que la competitividad de la Región Caribe se ha visto afectada por la ineficiencia de esta empresa. Los ciudadanos estamos ante un inminente apagón. De allí, también la importancia de brindar soluciones”.

Es necesario que el Gobierno Nacional en articulación con la clase política de la región Caribe garantice, tal y como es su deber y lo establece la Constitución Política de Colombia, la efectiva prestación del servicio a los usuarios. La población está cansada de los apagones, de irregularidades en las facturas y de los abusos de esta entidad.

TRES CAMINOS

La historia de Electricaribe parte de la quiebra y posterior liquidación de las ocho electrificadoras de la región Caribe. Según los congresistas, el Estado tiene tres caminos para solucionar la crisis padecida por la Costa con el servicio de energía; la primera es intervenir; la segunda, capitalizar; y la tercera que se vayan.

“Si la salida más inmediata es una intervención, entonces, exigimos que los agentes encargados de ello tengan independencia política y que con esta decisión el Gobierno garantice el servicio de energía eléctrica”, comenta el senador del Magdalena, Henríquez.

Mientras que su homólogo Jorge Robledo insiste en que mientras no se reestructure el actual modelo de negocio, cualquier empresa que se constituya o llegue a la Costa a prestar el servicio de energía fracasará y atropellará a los usuarios, porque este fue diseñado para beneficiar a la empresa privada.

“La legislación ampara el comportamiento de Electricaribe, hay un problema de resoluciones, que, si no se modifican, se puede cambiar a esta empresa”, indicó el senador Robledo.

Por su parte, el representante Barguil insiste en que una empresa abusiva como Electricaribe y administrada por funcionarios inescrupulosos que no cumplen con la función social de prestar un servicio de calidad, tiene dos caminos: vender o ser intervenida.

“Esta situación está demasiado diagnosticada, tenemos claro que no hay otra opción que la intervención para que se dé la salida de esta empresa y podamos pensar en un nuevo operador”, asegura David Barguil.

El servicio de energía en la Costa presenta una situación crítica debido a la empresa a la que el Estado le entregó la responsabilidad cuando fueron liquidadas ocho electrificadoras de la región Caribe. Situación que tocó fondo, por tanto, se exigen cambios de todo tipo. “No puede pasar el 2016 sin que se tomen medidas de fondo. Estamos en un momento crucial, esperemos que el remedio no vaya a ser peor que la enfermedad”, expresó la representante Sara Piedrahita.

A finales de noviembre se debe marcar el punto de partida para esta problemática social padecida por la región Caribe. Se debe decidir si la mayor accionista, la Multinacional Unión Fenosa, capitalizará a Electricaribe o el Estado la intervendrá acompañada de otras acciones que garanticen un servicio sostenible.

“Estamos a la espera de esa reunión y de la decisión si se da la intervención, que es la petición que se debe hacer de manera responsable y no se convierta en otro fracaso como ha ocurrido con otras entidades”, enfatiza la congresista Piedrahita.

¿Y SI SE VA?

Ante este interrogante, la respuesta es, sin lugar a dudas, que, si Electricaribe se va, los costeños no derramarán ni una lágrima, como sí lo harán quienes presuntamente reciben ‘favores’ económicos de esta empresa. Surge la presunta, ¿qué pasaría si Gas Natural Fenosa decide abandonar al país?

El Estado no perdería mucho con esta decisión, los españoles se llevan su capital bruto, dejando unas redes deterioradas y obsoletas, así como una empresa quebrada y sin reputación.

Además, los recursos destinados para mejorar y ampliar redes y cobertura y cubrir los subsidios a tarifas seguirán en manos del Estado, quizás con mayor probabilidad de obtener mejores resultados.

Desde este contexto, es claro que la prestación del servicio de electricidad es un gran negocio. Se inicia con gran volumen de inversión, asumiendo pérdidas al comienzo como todo negocio, pero con fructíferas ganancias en el futuro, donde el Estado también contribuye a ‘engordar’ el bolsillo de los privados.

BUEN TRATO

El discurso de Electricaribe se ha enmarcado en decir que el Estado no da apoyo suficiente para la solución a los grandes problemas que esta enfrenta, cuando existen apoyos a las inversiones de esta entidad. Se financió con el fondo Faer, aumento de la cobertura; con el fondo Prone, mejoras en la calidad del servicio; con el Foes, cubrimiento de riesgos de cartera y con el fondo Fssri, el alivio de tarifas.

En los más de 10 años que tienen, Electricaribe ha recibido más del 60% de los recursos asignados en estos fondos manejados por el Ministerio de Minas y Energía, condición que la convierte en la principal gestora de inversión en redes, sin que los resultados sean positivos.

El mecanismo es similar en los recursos para subsidios de tarifas destinados del Fondo de Energía Social, Foes, donde Electricaribe recibe cada año las mayores transferencias del Presupuesto General de la Nación. “Electricaribe se lava las manos diciendo que no invierte en redes porque no es rentable, el problema de fondo es que no es un servicio sino un negocio”, comenta el parlamentario Robledo.

EN EL MAGDALENA

Según el diputado Edward Torres, en el Magdalena hay un indicador nuevo, diferente al de los cortes diarios, cierre de vías por efecto del mal servicio, presionando a los alcaldes que no tienen mucho por hacer, porque hay un operador que ellos no pueden cambiar.

Cuando la energía comenzó a fallar en las grandes ciudades, se visibilizó en el Congreso de la República esta problemática, mientras que, en corregimientos como Algarrobal y San Roque en El Banco, llevan años padeciendo los abusos de esta empresa.

“El Estado produjo un detrimento en contra de los entes territoriales y nadie dijo nada. En Barranquilla y Montería sufren cortes de energía 140 horas al año, pero ningún medio nacional nunca ha dicho que en un corregimiento como Algarrobal es normal que se vaya todos los días”, resaltó el diputado Torres.

Estos corregimientos pagaban 25 mil pesos mensuales en la factura de energía y actualmente cancelan, con los mismos electrodomésticos, 150 mil pesos. Todo se debe a que Electricaribe ejecutó inversiones en esta población que no tiene recursos suficientes para el sostenimiento de sus familiares.

“En el Gobierno Nacional se maneja la doble moral, nunca se ha hecho un juicio de responsabilidades frente a los que ocasionaron este problema y el detrimento patrimonial nunca ha sido tocado en los debates nacionales. El tema de los cortes es un problema de gestión”, señaló el diputado del Magdalena.

Electricaribe hace ocho meses no tenía recursos para ampliar las redes, hoy ha cambiado el discurso, diciendo que no tiene dinero para funcionar. “Cuando esos dos factores dejan de actuar es porque en el diseño del modelo hubo fallas en los que no se han determinado responsables nacionales”, señala Torres.

GENERADOR DE VIOLENCIA

El 80 % de las protestas y bloqueos que se presentan en las principales vías intermunicipales y departamentales del Magdalena, La Guajira y Atlántico son consecuencias del deficiente servicio de energía prestado por Electricaribe, por ello, es considerada por las autoridades de seguridad como principal generadora de alteración del orden público y violencia social en la región Caribe.

Los comandantes de la Policía de la región Caribe aseguran, que Electricaribe no debería ser un factor de violencia del que tendría que cuidarse la población, el deficiente servicio de energía se ha convertido en una inconformidad social, que durante el año ocasiona protestas y bloqueos de vías.

Además, se han identificado tres factores fundamentales que generan alteración del orden público entre los que se encuentra el deficiente servicio que presta Electricaribe. Los apagones, que se han convertido en el pan de cada día de las comunidades, quienes aseguran que este es un problema histórico que no cuenta con la prevención oportuna de Electricaribe para corregirlos.

LA BANCADA COSTEÑA

Los congresistas de la Costa Caribe colombiana emitieron un comunicado a la opinión pública con la que exhortan al Gobierno Nacional y a la empresa Electricaribe a buscar una salida de común acuerdo para esta problemática, ya que los principales beneficiados serán los ciudadanos de la Costa Caribe.

Además, indicaron, que ante el escenario de una probable intervención a Electricaribe, la empresa prestadora del servicio de energía en esta región del país, exige un agente interventor independiente, con amplia trayectoria gerencial, con independencia política, que ofrezca garantías para el óptimo desempeño y cubrimiento a toda la zona norte de Colombia.

Ante la reiterada negativa de la casa matriz de realizar inversiones para actualizar las redes de distribución, ofrecer un servicio competitivo de buena calidad y frente a la permanente incertidumbre de un apagón que viven los ciudadanos de la Costa, consideramos que la intervención con fines de liquidación de Electricaribe se convierte en una alternativa real.

Asimismo, ha manifestado la bancada costeña que no van a permitir bajo ninguna circunstancia, que esta oportunidad de mejorar las condiciones del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe lleve nuevamente a esa época en la cual las empresas de energía de la Costa eran controladas por personas inescrupulosas, los cuales utilizaron los recursos para su propio beneficio y dejaron a los ciudadanos con un pésimo servicio, aún más precario que el que tenemos hoy.

 

 

 

 

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