Se instala mesa técnica para reconstruir Salaminita

En las instalaciones de la Unidad de Restitución de Tierras, Dirección Territorial Magdalena, se instaló, en cabeza de la Procuraduría Delegada para Restitución de Tierras en este departamento, la mesa técnica para la reconstrucción del centro poblado de Salaminita como parte del cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia. Esta orden restituye a 37 familias.

[Leer nota:«Fallo restituye tierras a 37 familias de Salaminita en Pivijay»]

Uno de los puntos más importantes dentro de esta reunión es el compromiso de la Fuerza Pública en garantizar la seguridad en el corregimiento. Es por ello que deben realizar un estudio en la zona que permita tener claridad sobre el panorama actual en esta jurisdicción.

Dentro de los compromisos con los que se buscará avanzar, está fijar una fecha para reunir a la Alcaldía de Pivijay y Gobernación del Magdalena, con el fin de garantizar la prestación de los servicios públicos y de salud para las familias que serán restituidas.

En el encuentro participaron la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Departamento para La Prosperidad Social, Banco Agrario, SENA, Gobernación del Magdalena, Defensoría del Pueblo, Consejo Noruego para los Refugiados, Agencia Nacional de Tierras, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Autónoma Regional, Policía y Ejército.

Salaminita fue destruido por los paramilitares el 7 de junio de 1999, cuando más de 30 hombres llegaron al corregimiento y delante de todos los habitantes asesinaron a Óscar Barrios, Carlos Cantillo y María Rosario Hernández, quien era la inspectora de Policía. Las versiones que surgieron con respecto a estos homicidios indican que estas personas fueron señaladas por los miembros de del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia como colaboradores de la guerrilla.

Los hechos violentos generaron los desplazamientos de los habitantes de Salaminita, lo cual ocasionó que el centro poblado quedara a disposición de los paramilitares. Estos, por orden de Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias Esteban, procedieron a destruir con un buldócer las edificaciones, desapareciendo el patrimonio de 40 familias.