La prometida ‘paz’ territorial

Según informe del Cinep, sí existen estructuras paramilitares en el Magdalena

La familia *Hernández Gómez denuncia, que, a pesar del alto riesgo de ser asesinados por no entregar los títulos de propiedad de su finca, el Estado no les brinda protección.

Con el proceso de restitución de tierras se han recrudecido las amenazas en contra no solo de líderes reclamantes, sino de familias que han retornado a los predios que les habían expropiados. Pero, lo más preocupante es la ausencia del Estado en municipios como Zona Bananera, Puebloviejo, Fundación, Aracataca, Pivijay, Sabanas de San Ángel y Plato, donde son frecuentes las intimidaciones, los robos y las extorsiones de las que son víctimas familias como la *Hernández Gómez, desplazada en 1997 de su finca *‘El Lindero’, ubicada en Sabanas de San Ángel y a la cual no han regresado por temor.

La familia *Hernández Gómez ha denunciado que nuevamente enfrenta el drama de la violencia, esta vez por parte de ‘particulares’ que buscan de cualquier forma adueñarse de sus tierras, obligándolos a entregarles los títulos de propiedad. Los tres adultos y cuatro niños que integran este núcleo han sido objetos de amenazas de muerte, de intimidaciones verbales y agresiones físicas.

Uno de los miembros de esta familia indicó, que el 1 de febrero del presente año, su hija *Elvia Hernández Gómez, persona con capacidades especiales, fue golpeada y amenazada de muerte por hombres encapuchados, que le exigían la entrega de los títulos de propiedad de la finca *‘El Lindero’. Este hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Plato, que trasladó el caso a la Unidad de Medicina Legal, que le dio diez días de incapacidad por las lesiones y hematomas en su cuerpo.

También este hecho de violencia fue denunciado ante la Inspección de Policía de Sabanas de San Ángel y de Plato respectivamente. Los *Hernández Gómez le contaron a OPINIÓN CARIBE, que luego de la agresión a su hija ninguna autoridad ha hecho presencia en el lugar. “Nos sentimos desprotegidos porque la institucionalidad no ha hecho acompañamiento, ni existen indicios de que estén investigando, sabiendo que las amenazas que lanzaron contra mi familia son de muerte”, comentó *Fabián Hernández Gómez.

Como no se han implementado medidas de seguridad, es el pan de cada día, que la familia *Hernández Gómez, en la finca donde actualmente vive, sea víctima de panfletos y cartas amenazantes dejadas por debajo de su puerta por hombres armados, quienes les insisten en que les entreguen los títulos de propiedad o si no, serán asesinados.

Según lo informado por *Fabián Hernández Gómez, nuevamente esta intimidación fue denunciada ante la Fiscalía, la Unidad de Restitución de Tierras y la Personería de Plato, sin embargo, pasaron los días y ninguna autoridad hizo presencia por lo que se dirigieron a Santa Marta a la Unidad de Restitución de Tierras, donde les dijeron que este caso le correspondía al municipio de Plato. Las amenazas se intensificaron y la presencia de hombres aumentó en los alrededores de la finca.

“El Ejército nos acompañó durante unos días en la finca, eso hizo que se fueran los extraños, pero no hubo capturas”, señaló *Fabián Hernández Gómez. Después de retirarse el grupo de soldados el 27 de febrero, alrededor de veinte hombres armados le prendieron fuego a la finca.

Como consecuencia del desplazamiento y los vejámenes a los que son sometidos actualmente, algunos de los miembros de la familia presentan problemas psicológicos. Hasta el momento no ha habido capturas por este hecho ni han recibido protección, sin embargo, la Unidad de Restitución de Tierras manifestó, que está haciendo seguimiento a la denuncia que fue trasladada por el Grupo de Gestión, Prevención y Seguridad a la Unidad Nacional de Protección, quienes hicieron contacto con el solicitante e iniciaron el estudio de riesgo.

El Magdalena es una de las regiones que mayor complejidad ha presentado para implementar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Según cifras de la Unidad de Tierras, se han recibido unas 6 mil solicitudes; más de la mitad han sido atendidas. El problema se ha concentrado en el alegato presentado por los segundos ocupantes de los territorios, en su mayoría, terratenientes dedicados a la siembra de palma y banano.

LA AUSENCIA DEL ESTADO

La familia *Rodríguez Gómez al igual que otras del Magdalena, se siente desprotegida por la institucionalidad y considera que a las víctimas no se les garantizan sus derechos. “El llamado es para el Estado, que tiene en abandono a los campesinos indefensos, que favorece al que tiene influencias y dinero para comprar a la autoridad”, señaló *Fabián Rodríguez Gómez, quien a su vez pregunta “¿si el Gobierno no defiende, ni actúa diligentemente cuando necesitamos ayuda, entonces, a quién acudir?”

En este sentido, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), ha enfatizado que las comunidades rurales tienen pocas posibilidades de acceder a la justicia, por desconfianza, porque cuando acuden a la Policía o ante cualquier funcionario a denunciar las amenazas, estas no trascienden, no les dan credibilidad y las archivan, por eso, muchas prefieren no acudir a ninguna instancia.

Asimismo, el Cinep considera, que actores armados como los paramilitares aún mantienen redes de información con funcionarios y miembros de la Policía, porque sus estructuras económicas, militares y políticas se mantienen intactas y generan mucho temor entre la gente. Además, las élites locales de terratenientes no desean que los procesos de restitución de tierras avancen, porque tocan al poder, por eso existe un subregistro de las amenazas y de violación de derechos humanos contra familias desplazadas.

Según el Cinep, en el Magdalena no hay analistas del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, de la Defensoría del Pueblo desde el 2013. Quienes han hecho un monitoreo y advertencia sobre las violaciones de derechos humanos y condiciones de seguridad son las organizaciones no gubernamentales.

El Estado debe ser el principal garante de los derechos humanos de cualquier persona, por eso deben existir diferentes mecanismos para responder al llamado de las víctimas. Por tal razón, las alcaldías deben construir y actualizar anualmente los planes de prevención y seguridad, en los cuales se estipulan recursos específicos para la protección de la población.

En la Mesa de Diálogo Multiactor sobre Seguridad y Protección para Reclamantes de Tierras en el Magdalena impulsada por el Centro de Investigación y Educación Popular, se identificó que en las alcaldías del Magdalena ni siquiera existen los planes de protección y prevención incluidos en la Ley 1448. También, se concluyó, que los líderes reclamantes de tierras con medidas de protección especiales vinculados al ‘Plan Padrino’ se sienten vulnerables, porque este no garantiza su seguridad.

“Los municipios no tienen presupuestos, por ejemplo, Orihueca en la Zona Bananera tiene 4 policías para toda la cabecera de este corregimiento, además, estos uniformados deben cuidar a determinados líderes, algunos han manifestado que llega el uniformado una vez al mes para hacerles llenar la planilla de los treinta días. La gente no va decir nada por el miedo que los amedrenta. La institucionalidad es insuficiente”, aseguró uno de los investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular.

En mayor riesgo se encuentran los líderes de las zonas rurales, la autoridad ni se asoma, porque no tienen gasolina para patrullar. Aunque existen reclamantes de tierras que han iniciado los procesos de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección, estas medidas son insuficientes. “Las medidas no son las adecuadas para los líderes de poblaciones rurales, a quienes les entregan un celular y un chaleco, situación que atenta contra la salud de los portadores, porque el Magdalena se caracteriza por sus altas temperaturas, además, no hay señal para los móviles, nos se les brinda de manera adecuada seguridad, porque los pueden atacar en sus viviendas”, enfatiza el Cinep.

A los reclamantes de tierras la Unidad Nacional de Protección les han asignado vehículos y escoltas, pero, actualmente, les han suspendido estos esquemas de seguridad por falta de presupuesto, sin embargo, es usual observar en las calles a personas con poco riesgo que cuentan con este servicio.

AMENAZADOS SIN TIERRAS

Los reclamantes, que por lo general están amenazados, se encuentran en procesos de restitución de tierras, es decir, que las víctimas no han retornado a los territorios, pero sí sufren de amenazas sin tener los predios. El Cinep explica, que la categoría de ‘reclamantes’ incluye no solo a los cobijados por la Ley de Víctimas, sino también a aquellos que han realizado reclamaciones ante la Ley de Justicia y Paz, procesos ordinarios o administrativos.

Según los registros del Cinep, en el Magdalena, entre julio de 2011 y diciembre de 2016 han sido documentadas 109 amenazas, dos atentados y dos asesinatos en contra de personas vinculadas a procesos de reclamación de tierras. Además, de 84 investigadores que han caracterizado el despojo en la región e integrantes de ONG defensoras de derechos humanos acompañantes del proceso, han sido amenazadas en el periodo 2011-2016 durante el transcurso de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

El Índice de Riesgo de Victimización, IRV, en la región Caribe, publicado por la Unidad Nacional de Víctimas, señala, que en el periodo comprendido entre 2013 y julio de 2016, la Unidad Nacional de Protección estudió 253 de estas solicitudes, de las cuales 123 fueron evaluadas con ‘riesgo extraordinario’ y 126 con ‘riesgo ordinario’.

Al panorama de riesgo se suma el asesinato en agosto de 2016 de Roberto Suárez Bonilla, reclamante de tierras de un predio en Zona Bananera y muerto a golpes en la vereda La Secreta, Ciénaga. “Los reclamantes que han retornado a las tierras son despojados nuevamente y amenazados, pasan por situaciones graves, porque fueron retornos no acompañados, el interés de amenazar es para que desista del proceso, porque existe oposición”, sostuvo un investigador del Cinep.

Para el Cinep, el problema está en el subregistro. “Creo que nadie ha implementado un registro detallado de estos riesgos. La situación solo es visible para las instituciones y los medios de comunicación cuando hay homicidios”, explica un investigador del Centro de Investigación.

Ahora se han hecho algunas restituciones de tierras reales, y quienes las utilizan son los grandes terratenientes como ganaderos, palmeros, y bananeros, quienes han acaparado el territorio, esto lleva a que se den distintas formas de despojo violentos.

“Las amenazas se dan porque la Unidad de Restitución de Tierras ya ha iniciado procesos donde existe oposición fuerte, donde el terrateniente se presenta como dueño de la tierra y hay reclamantes que se mantienen en condición de desplazamiento, solicitando la adjudicación del predio”, explicó un investigador del Cinep.

Pese a que el Magdalena es uno de los departamentos priorizados por la Unidad de Restitución de Tierras, algunos de los predios despojados de manera ilegal por grupos armados o por testaferros aún no han sido regresados a sus dueños legítimos. De igual manera, a quienes han regresado voluntariamente a sus tierras los han amenazado y otros han sido objeto de extorsiones.

La Mesa de Diálogo Multiactor encontró que las tensiones alrededor de las tierras y las denuncias sobre la inseguridad aumentaron tras la reunión de abril de 2016, en Sabanas de San Ángel, en la que el exprocurador general, Alejandro Ordóñez, y el presidente de Fedegan, José Félix, Lafaurie, avivaron en sus discursos un movimiento de oposición a la restitución.

Esto demuestra como existen intereses desde el Estado contra los procesos de restitución de tierras. En el Magdalena se han cometido pocos actos de homicidios contra reclamantes, pero si hay muchas personas en situación de amenazas, este riesgo en que se encuentran se podría transformar y convertir en homicidios si las autoridades no toman correctivos antes que salgan los fallos.

SÍ HAY PARAMILITARISMO

La Mesa de Diálogo Multiactor liderada por el Cinep informó, que, en el 2016 en el Centro y Norte del Magdalena, los campesinos advirtieron sobre patrullajes de desconocidos con casco y visor y la circulación de panfletos. Aunque para la Fuerza Pública la situación obedece a la presencia de bandas o delincuencia común, las organizaciones sociales reiteran que los hostigamientos y amenazas provienen de un rearme del paramilitarismo, que coincide con la salida de la cárcel de José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, exjefe paramilitar del Frente ‘William Rivas’ del Bloque Norte de las AUC.

“La línea del Estado es seguir negando que existen paramilitarismo, porque toca los nexos con las relaciones políticas, económicas y militares que se mantienen. El Magdalena fue el departamento con más políticos investigados por la parapolítica, por tanto, sigue la directriz de decir que todo hecho de violencia es un delito realizado por bandas criminales, delincuencia común, cuando en esta región fue donde se lanzaron los primeros panfletos contra los líderes de restitución”, aseguró un investigador del Cinep.

El rearme del paramilitarismo en el Magdalena es una realidad advertida por el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo en un comunicado emitido el 8 de febrero de 2017. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA), en su mandato de seguimiento al desarme, desmovilización y reintegración de grupos paramilitares, señaló en su informe la Alerta sobre el rearme que se registra en los municipios del centro y sur del departamento.

El Cinep alerta que a pesar de tener restricciones especiales de movilidad, es decir, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá le solicitó no hacer presencia en los municipios donde el Frente ‘William Rivas’ de las Autodefensas Unidas de Colombia tuvo injerencia, tales como Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El Retén, Puebloviejo y Fundación, varios campesinos han visto a Carlos ‘Tijeras’ por el corregimiento de Soplador en Zona Bananera.

Además, el exparamilitar cuenta con seguridad de la Unidad Nacional de Protección, lo que resulta contradictorio, pues tiene asignado carro y escolta, medidas que en muchas ocasiones les niegan a los líderes reclamantes de tierras.

Aunque las autoridades lo nieguen, actualmente existe un control territorial del paramilitarismo en el Magdalena. “El paramilitarismo se transforma, pero se mantiene en este departamento, lo que permite a una persona estar durante ocho años preso y regresar como si nada, hacer nuevas alianzas con los terratenientes o la élite que no quiere que el proceso de restitución de tierra avance”, puntualizó el investigador del Cinep.

En un departamento como el Magdalena, con 486 mil personas desplazadas, según el Registro Único de Víctimas, RUV, y donde cursan diversos procesos de restitución por ser una región despojada, la familia *Hernández Gómez, no cree en la prometida ‘paz’ territorial.

NOTA DE REDACCIÓN: Por razones de seguridad los (*) nombres de las víctimas fueron cambiados.