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Análisis

Triple A, la joya de la corona

Opinión Caribe

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Espere en nuestra siguiente edición los detalles de las repercusiones del ‘Caso Lezo’ en Santa Marta.

A través de un acuerdo de trabajo conjunto entre España y Colombia se pretende esclarecer como a través de la construcción de sociedades en Panamá se diluyeron las acciones de Triple A, la empresa de servicios públicos de Barranquilla.

Tal y como informa revista Semana, las autoridades judiciales colombianas sospechan que la compra que hizo el Canal de Isabel II a Innasa (empresa sobre la que la estatal Canal de Isabel II consolidó desde Barranquilla una extensa red de compañías de servicios públicos en Colombia, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Perú, Venezuela, México y Panamá) llevó consigo un sobrecosto de más de 25 millones de euros repartidos entre políticos españoles y colombianos.

Por cuenta de múltiples transacciones la ciudad pasó de tener una participación accionaria de 84 al 14 por ciento. Por esto, el procurador Fernando Carrillo anunció que abrirá una investigación disciplinaria para esclarecer cuál fue el papel de los funcionarios colombianos que permitieron que esto sucediera. Por tanto, las autoridades judiciales españolas firmaron un acuerdo de cooperación con los procuradores y fiscales de Colombia.

En Barranquilla el negocio tampoco ha sido favorable para la ciudad. Inassa se asoció a Triple A, la empresa operadora del acueducto y el alcantarillado, y fue creciendo hasta hacerse con la mayoría accionaria. Tras unas inversiones de ampliación de redes para darle agua al sur de La Arenosa con recursos de la Nación por valor de 70.000 millones de pesos, inexplicablemente la ciudad perdió participación accionaria al pasar del 84 al 67 por ciento.

Después resultó que la ciudad renunció a recibir las regalías anuales con el objeto de que fueran invertidas en ampliación de cobertura. Y posteriormente, en 2005, la empresa se vio obligada a una emisión de acciones por valor de 180.000 millones de pesos y como el Distrito no invirtió lo que le correspondía, terminó disminuyendo su participación accionaria a solo el 14 por ciento, mientras los españoles y los socios colombianos aumentaban su participación quedándose con el 83 por ciento de la Triple A.

Cuando la Guardia Civil española puso en marcha la ‘Operación Lezo’ y capturó a una docena de directivos del Partido Popular (ala derecha del espectro político ibérico) la prensa de la península no habla de otra cosa, que, del megaescándalo, el cual tiene serias implicaciones en Santa Marta, Barranquilla y en una veintena más de municipios del norte del país hasta donde llegaron los tentáculos de una empresa de corrupción que ahora se está desplomando.

ENTRAMADO CORRUPTO

Para instalar el entramado de corrupción en Colombia, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se valió de dos personas: Ignacio Rodríguez Sobrino, su mano derecha y María Fernanda Richmond, directora financiera de Canal de Isabel II y miembro principal de Inassa. Ambos fueron capturados en España y deberán explicar no solo el capítulo Colombia -Triple A opera en 16 municipios de la Costa Caribe, sino toda la expansión de la firma a Ecuador, República Dominicana, Panamá, Brasil, México, Venezuela y Haití.

El año pasado Rodríguez Sobrino fue desbancado de la presidencia de Inassa para América Latina porque su nombre apareció en los Panama Papers y porque fue la cabeza visible de la compra de la firma de ingeniería Emissao en Brasil por 29 millones de dólares, una cifra que en Madrid se considera el doble del valor real. La compra de Emissao se realizó a través de la sociedad Soluciones Andinas de Agua de Uruguay, firma que carece de actividad y los pagos procedieron de cuentas suizas.

A Rodríguez Sobrino y a su jefe Ignacio González las autoridades ibéricas los están siguiendo desde 2008. Al mismo tiempo que la Guardia Civil española adelantaba las capturas y allanamientos en su territorio, en Colombia, por primera vez, las autoridades también concretaron determinaciones contra Inassa.

CÓMO SE DILUYÓ EL CAPITAL PÚBLICO EN BARRANQUILLA

El periódico El Heraldo recordó en una de sus ediciones dominicales que el 17 de julio de 1991 nace la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P., la cual recibió en concesión los servicios de saneamiento básico de Barranquilla.

La sociedad de economía mixta nació con una estructura accionaria de un 85% de participación por parte del Distrito (Acciones clase A) y 15% del sector privado (Acciones clase B). La sociedad fue por un término de 20 años.

Luego, los empresarios de Barranquilla se dedicaron a buscar capital haciendo ‘teletones’ y fue así como vendieron acciones en el ‘Suri Salcedo’. Esta venta ocurrió en la primera administración de Bernardo Hoyos, quien en ese momento argumentó que se requería hacer una millonaria inversión para llevar agua a los barrios del suroriente y suroccidente. Es así como hay 5.490 accionistas privados, entre personas jurídicas y particulares.

Posteriormente, en la administración de Edgard George González, fueron creadas las acciones Clase C, con lo cual el 43.31% de las acciones en la empresa pasan a Interamericana de Aguas y Servicios S.A. E.S.P, Inassa, como socio calificado operador, reconociéndole, además, el 4.5% de los ingresos brutos por año de la empresa.

En el periodo de George (de 1994 a 1998) empieza la participación accionaria de Aguas de Barcelona en la empresa Triple A. En ese entonces, el Distrito vendió gran parte de sus acciones a los catalanes, quedando con tan solo un 14.5% del total de la empresa de economía mixta.

En cuanto al proceso de cómo llegaron los catalanes a Barranquilla y cómo lograron entrar a la sociedad de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo no hay mucha claridad. Algunos dirigentes de la época que fueron consultados dicen que recuerdan poco de ese momento.

Hoyos sostiene que es porque en ese momento los medios de comunicación y la Cámara de Comercio de Barranquilla «no dijeron nada al respecto».

Detrás de la participación accionaria de los catalanes -según el exalcalde Bernardo Hoyos- estaba el interés político de la familia Gerlein.

La empresa Triple A inició con un capital público privado y sus socios necesitaban recuperar las inversiones realizadas. Es por ello que pidieron ampliación de la concesión y fue precisamente en la segunda administración de Bernardo Hoyos (1998-2000) donde se amplía hasta el 19 de octubre de 2033, es decir, por 20 años más.

De acuerdo con los registros de la Notaría Quinta y de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Interamericana de Aguas y Servicios, S.A., E.S.P., Inassa, fue creada el 19 de septiembre de 1996, el mismo día en que le entregaron el componente accionario.

Cuando el alcalde Humberto Caiaffa asume su cargo (2001-2003), Canal de Isabel II adquiere el 75% de Inassa a través de Canal Extensia, cuando Inassa ya poseía el 64% de la Triple A.

Después llega a la Alcaldía Guillermo Hoenigsberg. La Junta aumenta el capital a $65 mil millones y como consecuencia de ello el componente accionario quedó de la siguiente manera: Inassa, 82.16 %; Distrito, 14.50%; y el sector privado, 3.34%.

LAS CIFRAS

De acuerdo con una publicación del periódico El Heraldo de Barranquilla, el medio conoció los estados financieros consolidados de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A., Inassa S.A., y de sus subordinadas, al 31 de diciembre de 2015.

En estos documentos se da cuenta de la razón por la cual Triple A es llamada por los medios europeos ‘La joya de la Corona’, porque mientras esta aparece con un capital de $73.485 millones y patrimonio de $221.927 millones, la empresa en República Dominicana reporta un capital de $5.893 millones y un patrimonio de $18.958 millones y la de Ecuador, un capital de $1.025 millones y un patrimonio de $11.309 millones.

Además, el documento registrado ante la Superintendencia de Sociedades indica, que el capital autorizado de Inassa al 31 de diciembre de 2015 está conformado por 26.000.000 de acciones, con valor nominal de $5.000 pesos cada una, de las cuales 23.151.997 acciones están suscritas y pagadas a la fecha del informe.

Para cumplir con su objeto, la empresa suscribió en Barranquilla un contrato de concesión en 1993. Se trata concretamente de un contrato de suscripción de acciones firmado con el distrito de Barranquilla el 19 de octubre de 1993, con el cual se recibió en concesión por 20 años el derecho de utilización de los activos operacionales de la antigua Empresas Públicas Municipales de Barranquilla S.A., vinculados directa o indirectamente a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la capital del Atlántico.

En este convenio se dispuso que el valor presente de los flujos de caja netos de los ingresos futuros generados por los activos recibidos en concesión durante el período de 20 años era de $32.754 millones a la fecha de firma del contrato, y que, de este valor establecido, la empresa debía efectuar pagos mensuales al Distrito por concepto de regalías a la tasa del 1.5% mensual sobre $23.158 millones.

Sin embargo, esta obligación fue extinguida a partir de septiembre de 1999, por convenio entre las partes del 28 de mayo de 1999, en el que se acordó participar con recursos propios en la financiación del Plan de inversiones en Acueducto y Alcantarillado de la Zona Sur Occidental: el saldo, es decir, la suma de $9.596 millones, constituyó el aporte de capital que el Distrito hizo a la empresa.

Luego, el 19 de julio del 2000, la empresa firmó un acuerdo para la ampliación por 20 años, a partir del 19 de octubre de 2012 y vencimiento final el 19 de octubre del año 2033 del plazo de la concesión inicial otorgada por el Distrito en 1993.

En consecuencia, la compañía desembolsó como contraprestación $13.551 millones. Adicionalmente, por este acuerdo, la firma pagaría al Distrito regalías mensuales, a partir del 20 de octubre de 2012, para lo que se contrataría una firma de auditoría, acordándose que el flujo de caja libre se utilizaría como base para establecer el valor de las regalías y el porcentaje de estas sería del 30%.

LAS PESQUISAS DE LA FISCALÍA

El pasado 26 de abril, el fiscal Martínez anunció la apertura de dos investigaciones por petición de España relacionadas con el escándalo de corrupción en la Triple A.

En ese momento, el titular del ente acusador dijo que el ‘Caso Lezo’ «tendría injerencia en Colombia por la empresa que opera el servicio de acueducto y alcantarillado de Barranquilla».

En tal sentido, el Martínez señaló que «el fiscal de España ha solicitado cooperación judicial de la Fiscalía de Colombia».

Reportó, la apertura de dos investigaciones: «una que es bajo Ley 600, porque son hechos anteriores al año 2008, cuando entró en vigencia el nuevo código de procedimiento penal en la ciudad de Barranquilla, y otra investigación al amparo de la Ley 906. Esas dos investigaciones están en curso y ya hay fiscales e investigadores asignados al caso».

Y concluyó que el escándalo «comprometería a ciudadanos del lado y lado del Atlántico».

Esta sería la primera investigación entre ambos países a través de «equipos conjuntos», explicó a la prensa el fiscal Martínez.

Por su parte, el fiscal Maza precisó, que solicitará al juez de instrucción del caso, Eloy Velasco, que autorice la investigación conjunta con un equipo formado por funcionarios, autoridades y miembros de ambas fiscalías.

«Con ese convenio se trata de perseguir delitos que puedan tener un alcance territorial que afecte a ambos países, y en concreto delitos muy específicos que están actualmente en investigación», añadió Maza.

Martínez reconoció la ‘cooperación y liderazgo’ de su colega español y comentó que este acuerdo sirve para renovar y acelerar los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países, pues excede en mucho los acuerdos anteriores.

«Hoy la criminalidad es mucho más global, transaccional y requiere esfuerzos de cooperación entre nuestro Estados para doblegar las distintas formas de criminalidad», concluyó.

El Ministerio Público informó el pasado 10 de mayo de la apertura de una indagación preliminar en la Triple A de Barranquilla, en la que la línea central de la averiguación es también determinar por qué se redujo la participación accionaria del ente territorial en la empresa, es decir, cómo el Canal de Isabel II, a través de su filial Inassa, se hizo al 60 por ciento de las acciones.

La indagación preliminar abierta va, concretamente, contra autoridades administrativas del distrito de Barranquilla «con el propósito de establecer si hubo actos de corrupción e irregularidades en relación con la forma como el ente territorial fue diluyendo su participación accionaria en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P., mientras que uno de sus accionistas, Inassa, obtenía el control societario».

Ante ello, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación ordenó la práctica de pruebas en la Alcaldía de Barranquilla, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y otras públicas y particulares que han tenido relación con los hechos investigados.

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