La reforma política, ¿a quién beneficia?

El proyecto de reforma política que el Gobierno presentó ante la Cámara de Representantes por la vía del ‘fasttrack’, contempla, entre otros, introducir las listas cerradas a partir de las elecciones de 2019, eliminar la circulación de dinero en efectivo de las campañas, que el Estado asuma la propaganda electoral en los espacios de radio y televisión, acabar con las curules vitalicias, y con las elecciones atípicas, y facultar al nuevo Consejo Electoral para que defina si una persona puede aspirar, o no, e impedir la posesión de un candidato electo.

OPINIÓN CARIBE dialogó con la exconcejala Patricia Caicedo Omar, aspirante a la Cámara de Representantes para las próximas elecciones, quien expresó sus posturas sobre la reforma política que propone el Gobierno Nacional.

OPINIÓN CARIBE: ¿Qué opina acerca de la Reforma Política?

PATRICIA CAICEDO: Lo positivo esse limite a dos períodos a quienes convirtieron estar en el Congreso en vitalicio, pero que ya no le generan mayores rentas políticas al país, sino beneficios para sí mismos. El problema es que también nos pone la disyuntiva de que muy buenos congresistas que Colombia necesita, que tienen experiencia y que pueden ser hasta en algunos casos salvaguardas moral y ayudar a ejercer una serie de derechos a las minorías deben limitarse a dos funciones.

OC: ¿Cómo quedan los pequeños movimientos?

PC: La reforma deja por fuera a los grupos significativos de ciudadanos para darle paso a los partidos que tienen que pasar con un alto porcentaje electoral, deben tener afiliados, por ejemplo, el Partido Liberal, que es un partido grande, sino tiene afiliados, en Santa Bárbara de Pinto, ahí no puede poner concejales, tiene que pasar por el proceso de afiliación que es lo que te da cuenta en realidad quétipo de militantes tiene el partido.

OC: ¿Y las Circunscripciones Especiales?

PC: Estas circunscripciones son para las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de víctimas, les dan unas favorabilidades, pero ya no las van a tener tanto en la circunscripción ordinaria. Les dan 16 nuevas curules. En el Cesar revisando y en eventos nacionales con respecto a la Circunscripción Especial, se escucha que hay muchos representantes de partidos políticos tradicionales que están tratando de meter a sus polluelos en esa circunscripción, porque quedarían con la curul tradicional de ellos, la ordinaria y también con la especial.

OC: ¿Que movimientos pueden aspirar a la Circunscripción?

PC: La Unión Patriótica podría tener Circunscripción Especial, ellos cumplen con las condiciones. Han tratado de desarrollar un trabajo, sobre todo en el interior de distintos sindicatos o agremiaciones. Los movimientos de víctimas del Magdalena, unas asociaciones de campesinos que están organizándose para estar ahí, además de los indígenas, si se ponen de acuerdo.

El aval lo tienen que dar las organizaciones sociales, tienen que decir si la persona es un líder representativo, tiene un trabajo político y social de base, y si puede representarlos.

OC: ¿A qué partido político piensa aspirar?

PC: Yo estoy esperando la Reforma para poder participar en una lista de coalición que es lo que nos queda a nosotros; de eso es que se habla en los distintos partidos a nivel nacional, lo que nosotros llamamos alternativos o del bloque democrático, que se plantee una lista de coalición donde la misma lista estén todos los partidos, el Verde, El Polo, ASI, Mais, Mira, es decir, todos los pequeños, pero que son representativos en diversos sectores, unir y generar una gran fortaleza en una lista nacional de coalición.

OC: ¿Estamos preparados para la Reforma?

PC: Colombia no tiene una democracia madura. La coyuntura cambia todos los días. Lo novedoso es que con la reforma política es que se logren hacer coaliciones, sobre todo los partidos más pequeños, que se autoricen esas coaliciones, listas a Senado y a Cámara. Lo otro, es que se baja la edad para darle mayor participación a la juventud, porque han tenido un rol muy claro y clave en los procesos políticos del país, un logro de esta reforma es que para la elección a Senado ya no es de 30 años el tope, sino de 25, le da posibilidad a jóvenes líderes que son muy buenos y lo mismo a la Cámara, que ya no son 25, sino 21.

Esto genera que los partidos y las organizaciones sociales se den a la tarea de hacer escuelas de formación de liderazgo social, comunitario y político para la renovación política.

OC: ¿Qué piensa de la lista cerrada?

PC: Me parece que el tema de las listas cerradas no es conveniente para nada, genera un clientelismo interno en cada partido, eso cercena la participación democrática, cualquier ciudadano común y corriente pueda que no crea en un partido, pero si en un candidato.

Esto de las listas cerradas está hecho para una democracia más madura y avanzada que la nuestra, la nuestra es una democracia todavía en formación y hasta que a nuestra democracia no se le quiten una serie de vicios, nosotros no podemos avanzar en esos estados.

OC: ¿Cómo afecta que seamos un país abstencionista?

PC: La abstención tiene varios estadios, uno es el descreimiento de la gente, sobre todo, el voto adulto, porque no creen en la política ni en los políticos. Otro es que no tienen acceso al voto, esa es otra cosa que no toca la reforma, la reforma está hecha para un país de ciudades, pero a la Colombia profunda no le sirve; otro tema es el analfabetismo de la gente, el funcional y el real, mucha gente en el campo no sabe leer y muchas veces no entiende el tarjetón, y los que saben leer, muchas veces, tampoco entienden el tarjetón. Otro, es el difícil acceso de la gente de las veredas y de monte adentro para llegar al puesto de votación.

OC: ¿A quién beneficia el proyecto de la forma como está presentada la Reforma Política?

PC: Yo creo que, a los partidos grandes, puesto que a los pequeños y las organizaciones sociales les toca ‘nadar’ con la dificultad, la ventaja es el estatuto de la oposición pero este es constitucional, desde hace mucho rato, el tema de la financiación de la participación en los diversos organismos de control de los partidos de oposición, pero el resto, es más beneficioso para los partidos grandes que para los pequeños.

OC: ¿Ayudará a reducir la corrupción en las campañas?

PC: Con la financiación del Estado se cierran un poco más las brechas, se va a crear un comité especializado para supervisar que las campañas cumplan los topes, que la publicidad que manda el Estado sea la necesaria y que se use como es debido. La forma como te haces elegir, te marca la pauta de cómo gobiernas y cómo trabajas, si te haces elegir con mercaderes de la política, gente que financia campañas que son grandes mafias, tienes que ver cómo haces para pagarles, generalmente estos políticos nuestros van directo al presupuesto público para pagar sus gastos.

Colombia tiene muchos temas en contra, uno de esos es el conflicto armado, creo que lo vamos solucionando poco a poco, porque con esa problemática se retira la confianza inversionista, además de causarle la muerte a muchos colombianos; otro es el de la corrupción, que debemos derrotar a como dé lugar.

ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA REFORMA POLÍTICA

Habrá listas cerradas desde 2019 se acaban las curules vitalicias.

De acuerdo con la reforma política, en el año 2018 se establecerá un régimen de transición de listas cerradas, pero no bloqueadas, y en las elecciones regionales de 2019 se impondrá un régimen de lista cerrada, en el que los colombianos votarán por las listas de los partidos de su predilección y no directamente por los candidatos.

En esta reforma también se introduce un régimen mixto de financiación de campañas y se reduce la edad mínima para aspirar a la Cámara de Representantes a 21 años; y al Senado, a 25 años. La reforma también incluye una disposición para que ninguna persona pueda ser elegida por más de dos periodos en corporaciones públicas.

Proponen habilitar las inscripciones de cédula y el voto digital, progresivamente, con plan piloto para el voto de los colombianos en el exterior.

CNE  tendrá funciones de Policía judicial 

El proyecto crea el Consejo Electoral Colombiano -CEC- que entrará a reemplazar al Consejo Nacional Electoral, y que tendrá 9 miembros de dedicación exclusiva. Seis de sus magistrados serán elegidos con el mismo esquema con el que se elige al Registrador Nacional y los otros tres serán elegidos, mediante un proceso de convocatoria pública, por Presidente de la República.

Este Consejo tendrá una unidad de Policía Judicial que podrá allanar, capturar, interceptar teléfonos, entre otras atribuciones. El Consejo deberá decidir antes de una elección, si una persona puede aspirar o no. También podrá impedir la posesión de los candidatos electos ante denuncias por fraude, entre otras irregularidades.

Tendrán presencia territorial, pues se plantea que en cada región sólo quede un delegado de la Registraduría y otro del CEC.

Se castigará la entrega de dádivas y se eliminará la circulación de efectivo

Según el proyecto, se elimina la circulación de efectivo en las campañas electorales. Los privados que realicen donaciones deberán declararlas a la autoridad electoral y deberán informar de dónde proviene el dinero. La propaganda electoral en los espacios de radio y televisión la asumirá el Estado.

También se plantea implementar un registro de proveedores de campaña, para conocer qué empresas logísticas o asesores, entre otros, intervienen. Se prohíbe entregar dádivas, regalos y donaciones a los electores, pues esas conductas se castigarán con pérdida de investidura y con responsabilidad penal para quienes las cometan.

También se prohíbe la contratación de transporte para cualquier evento proselitista y durante el día de las elecciones, pues el Estado asumirá ese servicio durante los días de votación.

PROCURADURÍA PODRÁ INHABILITAR CON EL VISTO BUENO DEL CONSEJO DE ESTADO

El proyecto le quita ‘dientes’ a la Procuraduría General en su tarea de inhabilitar a funcionarios de elección popular, pues según la iniciativa, de ahora en adelante la última palabra la tendrá el Consejo de Estado.

El texto contempla que las inhabilidades impuestas en segunda instancia por el Ministerio Público sólo cobren vigencia hasta que el tribunal de lo contencioso administrativo las avale, en un trámite revisión. De esta forma, según fuentes del Gobierno, se estaría cumpliendo con una disposición de la Carta Interamericana.