Siete oportunidades y siete peligros de la reforma política

Por: Marcela Escandón Vega

Colombia se jacta de ser la democracia más antigua de América Latina. A pesar de esto, siete de cada diez colombianos no cree en los partidos políticos; uno de cada dos dice que no tiene afinidad con ninguno de ellos; y cuatro de cada diez no confían en el proceso electoral y nunca han votado.

Esta paradoja es reflejo de unas de las principales razones -junto con la inequidad social y la distribución desigual de la tierra- con las que se ha justificado la violencia política por décadas en nuestro país: la percepción de que la corrupción y la exclusión son las características principales del sistema político colombiano.

Ante esto, el actual gobierno colombiano propone, como parte de lo acordado con la guerrilla de las Farc en el marco de su desmovilización, una reforma política para acabar con la exclusión y la corrupción. La reforma, de acuerdo con el propio ministro del Interior Guillermo Rivera, busca “ofrecer mayores garantías al ejercicio de los derechos políticos de los colombianos, garantías para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, medidas para promover la participación de jóvenes y mujeres en la política y normas para diseñar un nuevo sistema y organización electoral que modernicen y profundicen nuestra democracia.”

La reforma, como toda propuesta de cambio, ha generado y generará álgidas discusiones. Una de las principales críticas que desde ya ha recibido es que poco tiene que ver con la reincorporación de la Farc y los acuerdos del Teatro Colón. Este reparo no resulta justificable si se tiene en cuenta que nuestro conflicto armado ha respondido en buena medida a las barreras para la participación política, la corrupción y en general, a la primacía de intereses privados en lo público.

En consecuencia, lo que se busca aquí no es cuestionar la pertinencia de la reforma o sus alcances, sino analizar sus principales disposiciones para establecer los efectos positivos o negativos que podría traer su aprobación, como ejercicio que todos los ciudadanos deberíamos hacer. ¿Qué es lo bueno y lo malo de la reforma? ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades?

LOS RIESGOS DE LA REFORMA: POSIBLE TRANSFUGUISMO, MAYORES PODERES PRESIDENCIALES, ENTRE OTROS…

1. Uno de los primeros asuntos que ha generado alarma es el de los cambios a la figura de la pérdida de investidura, pues se eliminarían tres causales para esta sanción: la violación del régimen de inhabilidades, la indebida destinación de dineros públicos y el tráfico de influencias. En la práctica esto significaría el fin de la muerte política, pues quienes incurran en estos actos podrían cumplir algunas sanciones y luego volver a la vida pública. Esto genera más que suspicacia. ¿Por qué esto sería positivo para el país? ¿A quién beneficiaría? ¿Cómo aporta esto a la participación y a la transparencia?

2. Otro asunto que genera preocupación es el tiempo en que se discute la reforma. En ambiente preelectoral, quienes debaten y aprueban los cambios en las reglas para competir en política son quienes buscarán los votos en las campañas electorales del próximo año.

Idealmente, una reforma política debería discutirse luego de las elecciones y no antes. Además, quienes deciden los cambios no deberían verse afectados por los mismos, para no ser juez y parte. Finalmente, una reforma constitucional como esta no debería discutirse a través del FastTrack o procedimiento legislativo especial, pues reduce los tiempos de debate a la mitad y dificulta el control ciudadano tan necesario para modificaciones de esta envergadura.

3. Añadir una instancia adicional previa a que entren vigencia las sanciones de los entes de control también preocupa. Si es aprobado este articulado, las decisiones sancionatorias de la Procuraduría y la Contraloría solo tendrían efecto luego de su confirmación por parte del Consejo de Estado. En un país donde la impunidad y la congestión judicial son frecuentes, debilitar de esta manera los controles existentes no parece ser una buena idea.

4. Otro elemento fundamental de la reforma es la transformación de la autoridad electoral. De acuerdo con el Gobierno, se fortalecerá y despolitizará el Consejo Nacional Electoral, además de cambiar su nombre a Consejo Electoral Colombiano. Sin embargo, el proyecto de reforma constitucional contempla que los nueve magistrados que lo conforman ya no tengan origen directo en los partidos políticos al ser elegidos solo por los congresistas, sino que sean elegidos tres por parte del Presidente de la República, tres por los magistrados de las altas cortes y tres por el Congreso de la República.

Además, se amplían los periodos de cuatro a ocho años para estos funcionarios, y se busca fortalecer la entidad incluyendo un cuerpo técnico de investigación y funciones de policía judicial.

Al analizar estos cambios se concluye que el objetivo de despolitizar la organización electoral no se cumpliría en tanto los partidos políticos continuarían eligiendo el ente que los controla.

Finalmente, sobre este tema cabe mencionar, que en 2009 ya una reforma política había intentado fortalecer el Consejo Nacional Electoral dándole autonomía presupuestal y administrativa.

5. También ha sido objeto de críticas que se proponga eliminar el umbral como requisito para obtener o mantener la personería jurídica, es decir, el reconocimiento oficial de un partido político.

En adelante, el requisito no sería tener un número mínimo de votos en cada elección sino demostrar un mínimo de afiliados: el 0.2 % del censo electoral, la población apta para votar, es decir, unos 71.226 ciudadanos, número que iría aumentando hasta el 0.5 del censo electoral, es decir, 178.065 personas en 2019.

Esta medida puede tener un incentivo negativo hacia los partidos hacia el reclutamiento de afiliados que no necesariamente están activos, puede que no conozcan sus propuestas o no apoyen sus candidatos y no respalden a la colectividad en las urnas.

En consecuencia, tendríamos partidos que no reflejan la conformación de las corporaciones como los concejos y el Congreso, y no por ende no se corresponden con las preferencias de los ciudadanos y con sus representantes.

6. También han generado rechazo dos propuestas: la posible eliminación de la incompatibilidad de los congresistas para ocupar otros cargos públicos luego de su renuncia y la posibilidad de que los políticos pasen a ser parte de otros partidos para las campañas legislativa y presidencial del próximo año.

Esta última es una propuesta de sectores del partido de la U que aún no está en la reforma y que parece no haber tenido acogida en el Congreso, pues genera inestabilidad en las colectividades y porque, además, en reformas políticas anteriores como la de 2003 y 2009 se tomaron medidas opuestas, prohibiendo el transfuguismo y dando un periodo de transición para que se realizara por una última vez este ajuste de cambios de partido sin sanciones.

Con respecto a la eliminación de incompatibilidades, la posibilidad de que los congresistas puedan pasar a ocupar cargos en la rama Ejecutiva preocupa, pues esto definitivamente aumenta la influencia del gobierno en el interior del Congreso y por ende debilita el equilibrio de poderes en el país.

7. También es objeto de controversia la muerte a nivel nacional de los grupos significativos de ciudadanos desde el 2019. Esto significa que nuevos liderazgos por fuera de los partidos solo pueden expresarse en lo local y que si aspiran a cargos nacionales de elección popular deben hacerlo obligatoriamente con el aval de un partido o movimiento político ya existente. En un contexto de gran desprestigio de los partidos, esto no es positivo.

LAS OPORTUNIDADES: PARTICIPACIÓN DE JÓVENES Y MUJERES, VOTO ELECTRÓNICO U OTROS…

1. Con el fin de generar mayor inclusión en el sistema político y como parte de lo pactado con la guerrilla de las Farc, la reforma contempla limitar a únicamente tres periodos la reelección para cualquier corporación (Concejos, Asambleas, Senado y Cámara de Representantes). Si bien la antigüedad en un cargo es usualmente algo bien visto (incluyendo los cargos públicos), lo cierto es que figuras polémicas que llevan décadas en la política con pocos resultados tendrían que dar paso a nuevas figuras políticas, facilitando la renovación política y la participación.

Además, se propone reducir la edad para postularse al Senado (pasando de 30 a 28 años) y a la Cámara de representantes (hoy de 25 años, pasando a 23) Esto significaría que podríamos tener más jóvenes en la política y serían los ciudadanos los que decidirían si son adecuados o no para el cargo.

Finalmente, se establece que un 10% de la financiación estatal se distribuiría de manera proporcional al número de jóvenes inscritos como candidatos en las listas de candidatos y otro 10% en función del número de mujeres inscritas, lo cual sería un gran incentivo para que los partidos adopten medidas más incluyentes a la hora de participar en campañas.

2. Otro elemento que, si se implementa adecuadamente sería positivo para la política del país, es la inclusión de medidas para la actualización y tecnificación de los procesos electorales. Para ello se habilitaría la recolección de firmas digitales para que los ciudadanos presenten iniciativas al Congreso de la República, y se adelantaría por fin la inscripción y voto electrónico, así como sistema de identificación biométrica, empezando con los colombianos en el exterior.

Esto no es nada nuevo, se ha propuesto en muchas ocasiones y lo cierto es que no se necesita una reforma constitucional para ello; sin embargo, si en el marco de esta reforma se consigue, sería fundamental para disminuir el fraude y darles mayor legitimidad a nuestros procedimientos electorales.

3. Otro acierto es aumentar las responsabilidades de los partidos políticos y así extender la responsabilidad penal a los representantes legales de las organizaciones políticas y los directivos de las campañas electorales (no solo a los candidatos y particulares) que incurran en violaciones a las reglas de campaña y castigar con pérdida de investidura la violación de las reglas para la financiación de campañas, recepción de donaciones y administración de los dineros.

4. Un elemento positivo propuesto por parte de partidos minoritarios alternativos y de oposición (Mira, Alianza Verde, Polo Democrático, Mais, entre otros) y que fue incluido en la reforma es la posibilidad de permitir las coaliciones de estos movimientos a corporaciones públicas durante un periodo de transición de ocho años, para asegurar su existencia y generar garantías a las minorías en la democracia colombiana.

5. Como medida novedosa divulgada a través de medios de comunicación nacional, tenemos el establecimiento del voto como un requisito para aquellos ciudadanos que quieran acceder a un empleo público. Si bien esto no garantiza que no habrá corrupción ni servidores públicos comprometidos o transparentes, al menos estas personas tendrían que haber participado en la selección de sus representantes y por ende, en la toma de decisiones públicas.

6. Una propuesta ciudadana incluida en la reforma política es la prohibición a las campañas a la hora de contratar transporte de electores y entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos. Esto en el marco de una propuesta más general que consiste en aumentar la financiación política estatal a través de asignaciones equitativas y otras medidas como un servicio de transporte estatal el día de las elecciones.

Pero reformar la Constitución para prohibir la compra de votos no significa nada si no se implementa adecuadamente y no es claro cómo contribuye en eso la reforma, además, el costo para el Estado sería enorme y solo valdría la pena si se acompaña de controles y sanciones efectivas.

7. La reforma también contempla el establecimiento de listas cerradas, esto como parte de las recomendaciones de la famosa Misión Electoral independiente establecida como parte de los acuerdos de paz. Las listas cerradas permiten que sean los partidos políticos quienes eligen el orden en que se presentan y eligen sus candidatos.

Esto sería un acierto en tanto disminuye el individualismo y fortalecen las decisiones colectivas, pero para ello se requieren mecanismos de democracia interna y procesos abiertos de toma de decisiones con los cuales aún no cuentan nuestros partidos políticos.

¿VALE LA PENA LA REFORMA?

Antes de responder a esta pregunta es importante tener en cuenta que algunas de estas propuestas pueden ser eliminadas del texto de la reforma durante el debate y otras que hoy no se contemplan pueden ser incluidas.

Sin embargo, es importante hacerle seguimiento a lo que en este momento se discute en el Congreso.

¿Es positivo el balance de la reforma y debería aprobarse? La respuesta es sencilla: hay medidas que sí le apuntan a aumentar la participación (como la de incentivar candidatos jóvenes y mujeres en las listas electorales y la transparencia (como el voto electrónico), pero hay otras que generan gran preocupación como la permisividad ante el transfuguismo como un ‘mico’ que podría colarse en la reforma durante su debate.

En consecuencia, los medios de comunicación y la ciudadanía tenemos una enorme responsabilidad a la hora de monitorear la evolución del proyecto de reforma a nuestra Constitución y no mirar para otro lado, cambiar de canal o pasar a otra página en los periódicos. Si no cambiamos tales actitudes no es posible tener autoridad moral para quejarse de “los mismos con las mismas”, la corrupción y los micos.