Especial sobre finanzas públicas (ll)

Por Carlos Cabrera

Esta segunda parte de la edición especial de finanzas públicas se concentra fundamentalmente en los temas relacionados con el manejo de las finanzas en el proceso de recentralización que sufre el país, en contravía de la Constitución de 1991 y de las necesidades de la Nación.

La crisis fiscal que empezó en 1997 y que respondió al ciclo económico profundizado por la crisis política generada por el proceso 8.000, sirvió de disculpa para iniciar el proceso de recentralización, argumentando falsamente, que las entidades territoriales eran responsables en buena medida de dicha crisis y que, si no se controlaba su endeudamiento y su gasto, se pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica del Estado. La Corte Constitucional se creyó el cuento y empezó a hacer prevalecer en materia fiscal la unidad sobre la autonomía territorial, permitiendo el establecimiento de normas permanentes, para resolver algo que de acuerdo con los argumentos era coyuntural.

El proceso que comenzó con el establecimiento de reglas al endeudamiento territorial para recuperar la plata que tenía embolatada el grupo financiero elector de este país, y que había sido prestada con criterios políticos, jugando al riesgo soberano y no a las condiciones individuales de cada entidad territorial, fue posteriormente reforzado con la aplicación de la Ley de quiebras a las entidades territoriales, los límites de gasto, la ley de responsabilidad fiscal, las reformas al régimen de participaciones, entre otras normas y hoy continúa no solo con la innumerable cantidad de reglamentos sectoriales que, o le quitan competencias importantes a las entidades territoriales por ejemplo, en temas de usos del suelo, con el fin de favorecer algunas actividades como la minería, o le asignan responsabilidades sin recursos.

Aunque los defensores de la descentralización han perdido la pelea en los últimos 20 años, no pierde la esperanza de que, como producto de la presión internacional generada por las exigencias de la Ocde para su ingreso, las necesidades del proceso de paz y el resurgir del liderazgo de los mandatarios regionales, permita recuperar el proceso y se reconozca que un país con la diversidad geográfica, económica y cultural de Colombia no se puede gobernar desde Bogotá y menos con sus criterios urbanos de planificación.

Se espera, que la actitud beligerante en defensa de la descentralización asumida por los Gobernadores este fin de semana en Cartagena, no sea acallada con la negociación individual, con prebendas a algunos territorios o con promesas de embajadas como sucedió en la última reforma al Sistema General de Participaciones. De entrada, se requiere que el director de la Federación de Departamentos (vocero de los gobernadores) no sea alguien cuestionado y, por tanto, imposibilitado para su vocería y que los alcaldes entiendan que durante los últimos veinte años el director de su Federación ha brindado algunas prebendas insulsas a los mandatarios directivos de la Federación y no ha respondido a los intereses de los Municipios.