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¿Reducir impuestos?

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Carlos Cabrera Saavedra

El impacto efectivo que tuvo en el consumo y el crecimiento la reforma tributaria causado por la Ley 1819 de 2016, en especial por el incremento en el Impuesto al Valor Agregado IVA, del 16 % al 19 %, ha permitido ambientar propuestas de rebajar impuestos en Colombia, sin que se haya evaluado su efecto desde la perspectiva de política macroeconómica.

Varios candidatos a la Presidencia han planteado como parte de su campaña la propuesta de bajar impuestos, en caso de llegar al cargo para el cual se presentan. Sin embargo, olvidan que el Presupuesto General de la Nación 2018 fue presentando con un déficit del Balance Fiscal de 30.1 billones de pesos, de los cuales una buena parte se financiará con crédito; otra, con venta de algunos activos menores que le quedan a la Nación; y la otra, a través de contabilidad creativa con una figura que denominaron ‘pérdida de apropiación’, la cual consiste en incluir como ingreso algo que nunca ingresó ni ingresará.

Como tradición, desde el año 90 se habla de la Reforma Tributaria estructural y todo proyecto que llega con esa intención alcanza a introducir apenas dos o tres ajustes a los tributos,  afectando a los trabajadores o a los consumidores en general, ya que son los sectores subrepresentados en el Congreso, mientras que el capital cuenta con suficiente representación impidiendo la construcción de un Sistema Tributario equitativo. Siempre se argumenta que es necesario incentivar el capital a través de exenciones y tratamientos preferenciales, para generar empleo, pero únicamente terminan beneficiando a los financiadores de campañas políticas y sus clientelas y el impacto sobre el empleo no es el anunciado, o si se genera empleo no es producto de dichos incentivos.

A través de los medios de comunicación se comparan las tasas nominales de tributación con otros países para mostrar que las colombianas son muy altas, y que con esos niveles de tributación no se atrae inversión extranjera, pero no se comparan las tasas de tributación efectiva que realizan las empresas en Colombia. Además, sin una planificación y justificación adecuada, solo se dedican a firmar convenios de doble tributación para favorecer a países que realizan grandes inversiones en Colombia, pero que no hay inversión colombiana en los mismos, con lo cual solo se exporta riqueza a través de los impuestos que pagan en sus países de origen, en cambio de empleos de mala calidad.

Desde el punto de vista de las teorías macroeconómicas se plantea que, para aumentar el PIB, la fórmula en materia de política expansiva incluye, rebajar impuestos, bajar las tasas de interés, y aumentar el gasto público. Sin embargo, no se evalúa que el gasto público en Colombia es inflexible y en la medida en que se mantenga o incremente, y se bajen los impuestos se incrementará sustancialmente el déficit fiscal. Esto acudiendo solo a las teorías.

Pero la realidad es mucho más compleja, a lo anterior, hay que agregar que se estableció en la Constitución el principio de sostenibilidad fiscal y como derivación de este, la regla fiscal macroeconómica prevista en la Ley 1473 de 2011, que establece que el déficit en el balance fiscal estructural debe ser de 1.9 % del PIB o menos en 2018 y de 1.0 % del PIB o menos en 2022.

En la teoría no hay un nivel adecuado de déficit, eso depende de quien es usted y su credibilidad en el mercado internacional. A manera de ejemplo, en el tratado de Maastrich que dio origen al Euro como moneda única en la Unión Europea, es del 3 % del PIB, límite que ya han incumplido hasta Alemania y Francia. Sin embargo, y a pesar de contar con buena calificación internacional por ser cumplidos y saber mentirle al Fondo Monetario Internacional, se decidió imponer un límite que no tienen ni los países desarrollados. En palabras cotidianas, el país se volvió más papista que el Papa, con lo cual se fuerza a los gobiernos a una política contraccionista, con independencia del ciclo, ya que, aunque la regla tiene puerta de fuga, su diseño hace que su aplicación en ciclos recesivos no controle los efectos procíclicos de la regla fiscal.

Con este escenario macroeconómico, proponer una rebaja de impuestos, así sea para regresar al 16 % en el IVA, no resulta viable, sin modificar la regla fiscal macroeconómica y aún modificándola, queda la pregunta ¿con qué ingresos sustituirán los impuestos que pretenden rebajar? ¿Cómo hacer compatible una rebaja en impuestos y al mismo tiempo incrementar el gasto público a través de nuevos programas? Cualquier formulación alrededor de formalizar la economía, no deja de ser retórica, no solo por que esas medidas son de muy largo plazo, sino porque no están resueltos los problemas de ilegalidad más grandes incluidas las guerrillas y las bacrim.

El populismo que ha caracterizado tanto las campañas de izquierda como las de derecha, hace prever la disminución de las transferencias monetarias, más conocidas como subsidios, las cuales tienen un peso importante en el gasto clasificado como de inversión, ya que a pesar de ser un gasto recurrente se ha programado como inversión.

A lo anterior, es necesario agregar que el Gobierno Nacional negoció en La Habana, la financiación del acuerdo con las Farc, tomando como fuentes de financiación; dos que primero le pertenecen al territorio como son el Sistema General de Regalías SGR y el Sistema General de Participaciones, SGP, y segundo, los recursos con los cuales los Alcaldes y Gobernadores llevan a cabo sus programas de gobierno y disminuyen la presión popular que demanda bienes y servicios. Aunque ya una parte de las regalías se orientó inclusive para indemnizar a las víctimas, se viene la reforma al SGP, que no será sencilla en la medida en que, con dichos recursos se financian los sectores de Educación y Salud y, por tanto, su reforma estará condicionada por la movilización de dichos sectores.

Todo lo anterior indica, que efectivamente así no lo propongan, los candidatos se verán abocados a implementar una reforma tributaria en su primer año de gobierno, pero para subir impuestos, así firmen sobre piedra lo contrario, como ya ha pasado históricamente.

Pero la campaña ha ido más allá de jugar con la estabilidad fiscal de la Nación como se ha descrito y se han presentado propuestas para frenar el incremento en los impuestos prediales, que son una de las fuentes más importantes de financiación de las ciudades. Esto ya raya en la irresponsabilidad.

Como producto de las reformas al SGR y al SGP, las entidades territoriales han ido perdiendo su autonomía y sus recursos han sido recortados y su capacidad decisoria limitada exclusivamente a cuando gastar y no en qué. Los políticos en campaña no contribuyen a generar una cultura tributaria de corresponsabilidad entre el Estado y el ciudadano.

La ciudad debe brindar una gran cantidad de bienes y servicios, en especial de infraestructura básica, que el mercado no genera porque no le resulta rentable, o porque los acostumbramos a que lo hace el Estado. Solo cuando las personas cambian de ciudad entienden la cantidad de bienes y servicios que tienen disponibles y el costo de no tenerlos.

Vivir en la ciudad tiene un costo y sus habitantes deben estar dispuestos a pagarlo, ya sea vía tributación o tarifación de los servicios divisibles o a pagar el costo más alto: no contar con los bienes y servicios que requiere una ciudad para desarrollar una actividad económica que beneficie a todos sus habitantes.

Quitar a los distritos o municipios la herramienta de actualización de sus catastros para que el valor del predio refleje el valor de mercado y, por tanto, contribuya en proporción a su riqueza, es quitar la fuente más importante de redistribución con que cuentan las entidades territoriales y la fuente más estable para brindar a la ciudad los bienes y servicios que requiere y beneficiar el enriquecimiento sin causa que genera el mercado inmobiliario a unos pocos propietarios de la tierra, en especial de aquellos que la mantienen improductiva, pero su valor se sigue incrementando.

Por otra parte, aunque no es un tema estrictamente tributario, también se ha propuesto la eliminación de la intermediación de las EPS en el servicio de salud, lo cual muestra una profunda ignorancia del diseño del Sistema General de Seguridad Social en salud. La función de las EPS no es una actividad caprichosa y además de compartir el riesgo con el Estado en el sistema de aseguramiento, conlleva la contratación de los servicios tanto de las IPS públicas como de las privadas. Esto no quiere decir que lo estén haciendo bien.

Alguien debe realizar todos los trámites administrativos de vincular las demandas de los usuarios con la oferta se los prestadores y esto tiene un costo que alguien tiene que asumir.

Pensar en que el Estado a través de Adres pudiera administrar el aseguramiento y/o la prestación de los servicios a los 50 millones de habitantes es una locura. Si hoy las EPS con mayor número de afiliados son las que mayor cantidad de problemas tienen para garantizar la atención oportuna a sus afiliados, cómo será con una sola entidad dedicada a administrar la contratación de los servicios en todo el país y articular la oferta y demanda de servicios, conceder y articular las citas médicas, los servicios especializados, los laboratorios, las farmacias y demás.

Los colombianos votamos por el Congreso de la República, algunos lograron el respaldo con sus propuestas, pero algunas de estas como se ha descrito, no son viables o de cumplirse la promesa el remedio sería peor que la enfermedad. Ojalá sepamos identificar y evaluar las propuestas que le sirven al país, y votemos a conciencia por propuestas viables, que no desinstitucionalicen, ni generen expectativas sobre rebajas de impuestos que no son viables desde el punto de vista económico y además, no contribuyen a la generación de una cultura tributaria.

La disculpa del colombiano no puede ser que no paga impuestos porque se los roban, puesto que ello significa simplemente que es el ciudadano el que se los está robando.

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