A favor y en contra

¿Quién apoya la delimitación de la Línea Negra y quienes han manifestado reparos? ¿Cuáles son sus principales argumentos? En este debate no existen buenos ni malos, ni enemigos o amigos de los indígenas. Lo que existen son actores sociales que defienden unos intereses concretos, que identifican unas posibles consecuencias y que privilegian unos temas por encima de otros. Es válido que algunas personas se preocupen por el impacto económico de la Línea Negra, al igual que resulta legítimo que otros privilegien una medida de discriminación positiva para reivindicar los derechos de las comunidades indígenas históricamente vulnerados.

A continuación se presenta un balance de diferentes actores relevantes en el país que se han pronunciado sobre el tema y una síntesis de sus argumentos centrales.

A FAVOR

1. LA CORTE CONSTITUCIONAL

Foto: flickr.com

“Debido al sentido particular que tiene para los pueblos indígenas la tierra, la protección de su territorio no se limita a aquellos que se encuentran titularizados, sino que se trata de un concepto jurídico que se extiende a toda la zona indispensable para garantizar el pleno y libre ejercicio de sus actividades culturales, religiosas y económicas, de acuerdo como las ha venido desarrollando de forma ancestral. El Estado tiene la obligación de proteger a las comunidades indígenas frente a las perturbaciones que puedan sufrir en el ejercicio de sus actividades en lo que han considerado su territorio ancestral, y debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar que conductas de particulares puedan afectar sus derechos”. Corte Constitucional. Sentencia T-849/14.

La Corte Constitucional es clave en este proceso. No solo se ha pronunciado reiteradamente a favor de la Línea Negra, sino en términos más generales, ha definido criterios más amplios como la definición de territorio indígena, el cual requiere de “protección especial cuando se trata de áreas sagradas y de importancia cultural para las comunidades, incluso cuando se trata de zonas fuera de los resguardos titularizados”. Esto dio sustento legal al proceso de concertación para especificar y delimitar los espacios sagrados que abarca la Línea Negra.

En efecto, la Corte ordenó en el Auto 189 de 2013, “Instar al Gobierno Nacional, oficiando a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para que a través de las dependencias competentes, inicie, de manera inmediata, las actividades tendientes a revisar, modificar, derogar o adicionar, según sea el caso, las Resoluciones 837 de 1995 y 002 del 4 de enero de 1973 y demás normas complementarias, con miras a redefinir o actualizar la denominada Línea Negra, de conformidad con lo estimado en la parte motiva de esta providencia”.

Lo anterior obedece a que, en concepto de la Corte, si bien desde 1973 el Gobierno Nacional ha reconocido que los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta mantienen una relación estrecha y especial con su territorio ancestral, dichos reconocimientos “ya muestran su insuficiencia, requiriéndose disposiciones más ajustadas a las necesidades del colectivo indígena”.

De este modo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia es nutrida, tal como se muestra en la siguiente relación de autos y sentencias:

• T-428 de 1992
• T380 de 1993
• SU-039 de 1997
• T634 de 1999
• SU-383 de 2003
• T-955 de 2003
• T-737 de 2005
• T-880- de 2006
• C 461 de 2008
• T-547 de 2010
• T-698 de 2011
• Auto 189 de 2013
• T-849 de 2014

2. EL GOBIERNO SANTOS

En agosto de 2010, Juan Manuel Santo se posesionó dos veces como presidente de la República de Colombia: una en ceremonia formal tradicional y la otra, de carácter simbólico, en la Sierra Nevada de Santa Marta, ante Autoridades espirituales y cabildos de los pueblos koguis, arhuacos, kankuamos y wiwas. Ahora bien, no es posible afirmar que desde entonces el expresidente ha favorecido únicamente los intereses de las comunidades indígenas del país. Sin embargo, sí ha manifestado una postura garantista y en concordancia con ello adelantó un proceso de cuatro años de concertación con los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta para delimitar los espacios sagrados contenidos en la Línea Negra. Como resultado se presentó, un día antes de terminarse su segundo periodo presidencial, el Decreto 1500 de 2018.

En este decreto, el gobierno Santos estableció que las autoridades territoriales y ambientales con jurisdicción en la Línea Negra, “adoptarán las medidas y adelantaran las acciones necesarias para garantizar el acceso a los espacios sagrados por parte de los cuatro pueblos, con el fin de realizar sus prácticas tradicionales, de conformidad con el artículo 2° de la Resolución 002 de 1973 y el bloque de constitucionalidad. Estas medidas y acciones incluirán aquellas de carácter preventivo, pedagógico y de divulgación que sean necesarias para la integridad, cuidado, protección, preservación y conservación de los espacios sagrados de la Línea Negra”. Artículo 7, Decreto 1500 de 2018.

En el decreto, el Ministerio de Hacienda dice que determinará recursos para que la Agencia Nacional de Tierras compre los predios donde hay sitios sagrados para los indígenas de la Sierra, algunos en las ciudades del Caribe.

Adicionalmente, como garantía de seguridad jurídica, el decreto crea una instancia de seguimiento y protección a la Línea Negra, llamada Mesa de seguimiento y coordinación para la protección del territorio tradicional y:ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, conformada por

“Ministros o sus delegados, del Interior, Cultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Agricultura y Desarrollo Rural; los Directores del Departamento Nacional de Planeación, de las Corporaciones Autónomas Regionales que tienen competencia dentro del territorio ancestral de la Línea Negra; los Gobernadores o sus delegados, de los Departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena y las autoridades públicas propias de los cuatro pueblos indígenas de la Snsm. Asimismo, participa como garante el Ministerio Público”. Artículo 10, Decreto 1500 de 2018.

Sumado a lo anterior, y poco antes de acabar su mandato, los distintos ministros encargados del tema, de Cultura, del Interior y del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible principalmente, e incluso el ministro de Hacienda, tuvieron que salir a defender el decreto y en especial, a desmentir muchos rumoreos. Se mostró, entonces, durante el proceso, bastante compromiso con el Decreto y los objetivos que desarrollaba.

3. LAS COMUNIDADES… POR SUPUESTO

De acuerdo con el abogado Roberto de Jesús Daza Salabata, asesor Jurídico del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, “los cuatro pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta manifestaron la existencia de imprecisiones en la identificación y expresión de los códigos ancestrales del territorio de la Línea Negra en el marco de las resoluciones Nos. 002 de 1973 y 837 de 1995, así como advertido la necesidad de dar a conocer sus fundamentos y de allí la de precisarla conforme a los principios de la Ley de Origen, detallando los espacios sagrados que la integran, sustentando su tejido de interconexiones de tierra, litoral y mar; sus mandatos condicionantes para un efectivo gobierno propio y con ello la necesidad de establecer las medidas, mecanismos y estrategias para asegurar su protección, conservación y manejo intercultural y coordinado”.

En consecuencia, y como era de esperarse, las comunidades indígenas respaldan el decreto, pues elaboraron el Documento madre (Jaba Seshizha, texto que recoge los principios y fundamentos ancestrales de la Ley de Origen que sustentan la integralidad y conectividad material, espiritual, visible y no visible, inherente al ámbito de su territorio ancestral expresado en la Línea Negra) el cual se constituye en fundamento y antecedente ancestral, jurídico, cultural y político del Decreto de 2018.

“Esta representación y el conocimiento del territorio tradicional que recoge el Documento Madre fue el resultado de un trabajo liderado por las autoridades de los cuatro pueblos, en el que con el fin de corroborar y unificar los espacios visibles, terrestres, litorales y marinos que hacen parte de la Línea Negra, se acudió tanto a los mapas ancestrales codificados en espacios sagrados y materiales de manejo ancestral, al conocimiento de las autoridades ancestrales y a los resultados de los recorridos de campo realizados por cada una de las cuatro organizaciones indígenas entre los años 2013 y 2014”.

Por ende, puede decirse que el decreto refleja en buena medida la postura de los pueblos indígenas de la Sierra, en tanto abarca y respeta lo definido por las comunidades en el Documento Madre del territorio ancestral de la Línea Negra, el cual “tiene por propósito constituirse en puente de entendimiento y comprensión entre el mundo de pensamiento indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta y la institucionalidad del Estado Colombiano, a efectos de garantizar la protección de su territorio ancestral e identidad cultural” de acuerdo con el abogado Daza Salabata.

EN CONTRA…O AL MENOS CON RESERVAS Y PREOCUPACIONES SOBRE EL TEMA

1. GOBERNADORES DE VARIOS DEPARTAMENTOS

En diversas cartas públicas remitidas al Gobierno nacional, autoridades municipales y departamentales expresaron sus preocupaciones. En efecto, los gremios y las gobernaciones del César, Magdalena y Atlántico dirigieron una misiva a Juan Manuel Santos en abierta oposición al Decreto de 2018, señalando que no pudieron revisar previamente el contenido del proyecto de decreto antes de su publicación vía Web. Es así como una de las principales críticas de los entes territoriales en esta materia es la falta de comunicación y socialización de los contenidos del decreto. Al hablarse de importantes impactos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena y La Guajira, también se ha hablado del impacto del decreto en los planes de ordenamiento en esos departamentos y de todos los proyectos económicos que allí se aprueben.

En defensa de la propiedad y las actividades comerciales privadas, los mandatarios señalaron, que causa gran incertidumbre el impacto que podría tener la implementación del decreto en el crecimiento económico y la competitividad del Caribe colombiano. A ello se suma la mención que hicieron al proceso del posconflicto y la necesidad de blindarlo de las posibles consecuencias de tener que adelantar consultas previas para cualquier proceso o trámite.

Ante esto, los gobernadores propusieron una mesa de diálogo para definir canales efectivos de comunicación entre los actores. Se llegó incluso a solicitar que se frenara la expedición del decreto hasta que se socializara mejor con ellos, se dimensionara el papel de los entes territoriales, se analizaran sus competencias legales en la materia y hasta se habló de un exceso en las competencias normativas de un decreto para llevar a cabo la delimitación geográfica del territorio sagrado indígena. Finalmente, la crítica más aguda en contra del decreto, es que el mismo desconoce algunos principios constitucionales como la autonomía y la descentralización.

2. GREMIO HOTELERO, TURÍSTICO Y DE LA CONSTRUCCIÓN
   

   Foto: Archivo Opinión Caribe

En los sectores turísticos y de la construcción se concentran buena parte de las críticas y temores frente al proyecto. Representantes de estos gremios han señalado, también en cartas abiertas al Gobierno Nacional, que no se les tuvo en cuenta en el proceso de elaboración del decreto y que luego de su publicación no se ha socializado y discutido adecuadamente.

Además, son quienes más señalan la existencia de inseguridad jurídica. A modo de ejemplo, resulta pertinente analizar un caso que, según la experta Liane Saumeth, produjo gran preocupación, por lo menos en el gremio de la construcción en 2017, cuando los koguis lograron por medio de una tutela que se frenara la construcción del edificio Magenta, de 18 pisos, en el sector de El Rodadero, en Santa Marta, Magdalena, porque no habían hecho consulta previa y por estar sobre un sitio de pagamento.

“Se habla de puntos interconectados con carácter de protección, que son los sitios sagrados. ¿Entonces? Hay puntos que están tocando el suelo urbano y el suelo de expansión, que es el que definen los municipios en sus Planes de Ordenamiento Territorial, POT, para ampliar según sea necesario. Una ciudad como Santa Marta suma 5.000 viviendas más cada año, ¿Para cualquier actividad en Riohacha, Santa Marta y Valledupar habrá que hacer consulta previa?”, se pregunta la abogada Saumeth. Aunque el Ministerio del Interior ha señalado en múltiples ocasiones que no, los interrogantes persisten, porque aunque el decreto no lo señale, es posible que las comunidades acudan a las vías judiciales para frenar proyectos que consideren violatorios de lo establecido en el decreto.

Casos similares al de Santa Marta se pueden presentar en los demás departamentos. Oportunidades de negocio que pierden legitimidad, afectación al turismo y priorización del carácter sagrado de los territorios en detrimento de proyectos económicos, son los grandes temores.

3. SECTOR MINERO ENERGÉTICO

Resulta casi imposible encontrar declaraciones públicas de representantes de empresas o proyectos mineros en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por ello, se presenta a continuación el problema, desde el enfoque indígena:

En 2017, dos mil indígenas arhuacos llevaron a cabo una marcha en Valledupar, capital del departamento del Cesar, con el fin de exigirle al Gobierno Nacional que se protejan sus territorios ancestrales de los efectos de la minería. A ellos se sumaron los wiwas, kogui y kankuamos. Ese mismo año, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería (ANM) afirmaron en diversos eventos y declaraciones públicas que tanto los páramos como los Parques Nacionales Naturales, debidamente delimitados por la autoridad ambiental, están prohibidos para el desarrollo de actividades extractivas.

“Solo se hace minería o se adelantan proyectos de índole extractivo, donde la autoridad ambiental lo permite, esto deja por fuera todos los páramos y Parques Naturales que han sido delimitados por el Gobierno Nacional. Tanto las entidades, como los funcionarios comprometidos en el proceso, tienen igual respeto y cuidado por nuestros recursos naturales, como cualquier otro ciudadano. Por ello, hacemos un llamado a quienes quieren desinformar acerca de estos temas, para que se abstengan de crear más polarización entre los colombianos, y menos a través de los temas medioambientales, que han sido desde el primer día, prioridad para este Gobierno”, afirmó el ministro de Minas y Energía de ese entonces, Germán Arce Zapata.

“En el caso particular del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, ya delimitado, reiteramos que no existen títulos mineros”, manifestó la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib Daza. Sin embargo, el área protegida por el parque es mínima en comparación con la totalidad del territorio indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con 132 títulos mineros vigentes y 244 solicitudes más a corte de 2017 para la explotación de calizas, hidrocarburos, níquel, cobre, entre otros minerales, la preocupación es legítima y urgente.

4. EL PUEBLO WAYÚU

La Línea Negra incluye a siete resguardos indígenas Wayúu de La Guajira. Debido a la superposición parcial de sus territorios ancestrales y a que comparten algunos espacios sagrados, la preocupación de los wayúu es que el decreto también redefiniría el territorio ancestral del Pueblo Wayúu. De este modo, no es claro cómo podría coordinarse y trabajarse de manera mancomunada, la implementación del decreto con comunidades indígenas distintas de las cuatro que cobija la Línea Negra.

Dos expertos opinan…

“No existe ambigüedad o vacío normativo debido a que en Sentencia T-849 de 2014, la Corte Constitucional señaló que “la ‘Línea Negra’ es una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta”, y que en tal sentido “el compromiso asumido por el Estado colombiano no se limita a la garantía de protección de algunos sitios en el interior de la denominada Línea Negra, sino a la totalidad del territorio que incorpora la misma toda vez que corresponde a un espacio geo-referencial delimitado por un polígono que recrea un espacio determinado y no un conjunto de lugares sin conexión alguna en lugares aislados”.

El Decreto 1500 del 6 de Agosto de 2018 de protección del territorio ancestral está conforme a los acuerdos y pactos celebrados entre el Estado colombiano y los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, como puede observarse, este tiene su fundamento igualmente jurídico no solo en los tratados internacionales como es el Convenio 169 de 1989, sino en la misma Constitución Política de Colombia y en los diferentes fallos de las Cortes colombianas y, en especial, de la Corte Constitucional”.

Roberto de Jesús Daza Salabata. Abogado Especialista en Derecho Administrativo, catedrático en Derecho Constitucional. Asesor Jurídico de la OWBYT del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco Pueblo Wiwa.

“El pasado 28 de agosto se realizó un consejo económico de la construcción por Camacol y se ratificó que los proyectos ubicados en la zona costera son los que en estos momentos dinamizan al sector constructor, ahí es donde está la oferta y la demanda de proyectos inmobiliarios más importantes de la ciudad y es justamente el punto crítico de esta discusión, porque en esa zona el nuevo Decreto reconoce puntos sagrados y hay el antecedente de un proyecto, Magenta, que tiene sobre el terreno título de propiedad (escritura pública y registro, es decir documentos públicos que son oponibles a terceros para acreditar titularidad del derecho de dominio), tiene Licencia de Construcción expedida acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial que dice que el sector tiene un uso de suelo residencial, tiene plan de manejo ambiental aprobado por la autoridad ambiental Distrital, está dentro del perímetro urbano del distrito de Santa Marta, es decir, que cuenta con disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y cuando inició el proceso de construcción, un grupo de indígenas se opuso al proyecto indicando que se lleva a cabo sobre un punto sagrado para ellos y el proyecto fue paralizado por orden judicial.

Las preguntas son entonces, ¿quién responde a los inversionistas privados? ¿Quién responde a los compradores de los apartamentos, quienes de buena fe invierten en un proyecto que cuenta con todos los permisos al día para desarrollarse?

El turismo, el comercio, la agroindustria y la construcción son las actividades económicas más importantes del Magdalena y Santa Marta, todas necesitan de infraestructura para su dinámica comercial, como garantizar a los inversionistas la seguridad jurídica a la hora de tramitar sus proyectos.

Frente a esto, también es fundamental el respeto por los derechos de las comunidades indígenas, su cosmovisión, luchas históricas y jurídicas en la defensa de su cultura. Sin embargo, por eso mismo deben identificarse y corregirse los desequilibrios y posibles espacios para los abusos. El Derecho es un llamado a buscar un equilibrio entre las realidades bien sea individuales o colectivas y lo que debe ser justo y es ahí donde está la tarea para evitar muchas situaciones lamentables, en lograr ese equilibrio normativo, social y mitigar los impactos económicos que se puedan generar”.

Liane Saumeth Mendinueta. Abogada, especialista en Derecho Urbano y en Derecho Comercial y Marítimo. exsecretaria de Planeación Distrital de Santa Marta y exgerente de Camacol capítulo Magdalena.