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El gota a gota

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Los entes territoriales que asumieron el esquema de Bonos de Agua no pudieron afrontar las deudas, algunos solo en los intereses han pagado dos veces el capital sin tener obras culminadas ni en funcionamiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Paola Ramírez Caballero

En el Magdalena, pasa de todo, en especial, cuando se carga con el paso de la corrupción y la única afectada es la población que debe pagar por las malas decisiones de quienes las gobiernan. Hoy, la mayoría de los municipios del Departamento se ‘ahogan’ con los créditos leoninos de los Bonos de Agua.

Doce años han pasado desde que se implementaron en el país los Bonos de Agua para financiar obras de acueducto y alcantarillado en 117 municipios del país por una cifra cercana a los 440.000 millones de pesos. Esta figura, que buscaba supuestamente, desarrollo en los entes territoriales fue acogida en el Magdalena significándole la mala hora a los municipios de Ariguaní, Concordia, El Banco, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Pijiño del Carmen, Puebloviejo, Remolino, San Zenón, Santa Ana, Sitio Nuevo y Zapayán, que están sumidos en una crisis económica como consecuencia del pago de exorbitantes intereses que no se reflejan en la disminución del capital, sino, por lo contrario, estos aumentan cada vez más.

Los municipios pignoraron hasta el 50 % de los recursos del Sistema General de Participación para cubrir las obras de acueducto y alcantarilla.

Los municipios pignoraron hasta el 50 % de los recursos del Sistema General de Participación para cubrir las obras de acueducto y alcantarillado que se ejecutarían bajo la modalidad de Bonos de Aguas, pero hoy la realidad es otra, ‘elefantes blancos’ que se alimentan de los recursos públicos sin que las inversiones repercutan en la calidad de  vida de las poblaciones.

Por lo anterior, la Contraloría General de la Nación reveló hallazgos con posibles implicaciones penales en 13 municipios del Magdalena en los que hay detrimento por obras de acueductos no construidas. Además, el ente de control fiscal señaló, que la información entregada por estas jurisdicciones se encuentra sin foliar, sin organizar en forma cronológica, sin carpetas y sin identificación.

De acuerdo con el informe de auditoría de la Contraloría General de la Nación, las condiciones de los préstamos adquiridos por los municipios vinculados al esquema de financiamiento denominado Bonos de Agua no fueron las más favorables por las tasas de interés pactadas y la restricción del prepago de las deudas, entre otras situaciones, lo que ocasionó que los entes territoriales buscaran mejorar los estados financieros a través de la estructuración de un esquema de negocios alternativos para refinanciar sus créditos con diferentes entidades monetarias que brindaran mejores condiciones con el fin de dar cumplimiento al pago de la deuda.

¿OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN?

Según los resultados de la auditoría de la Contraloría General, el municipio de Santa Ana obtuvo un crédito por $4.708.160.323, pignorando el 70 % de los recursos SGP. Para el caso de los contratos 006-09-2010, 704-2010, 2107-2010, no tienen documentos que acrediten la fuente de recursos para pago de interventoría, adicionalmente, en los contratos 704 y 2107 no existe CDP ni RP y pagos de interventoría; el contrato 113-10-2010 solo tiene un informe de interventoría; en relación con los demás contratos no encontraron informes de interventoría. Igualmente, el municipio no aportó el contrato del crédito.

Remolino es otra de las jurisdicciones que adoptó la modalidad de Bonos de Agua con un crédito por $ 2.163.868.417, pignorando el 55 % del SGP. Según los resultados de la auditoría, este municipio no entregó las actas de inicio del contrato de obra, estudios previos, informes de supervisión, pólizas del contrato de interventoría, actas de liquidación, extractos bancarios, comprobantes de egreso de pagos realizados al interventor del saldo restante de $61.452.660 y comprobantes de egresos de pagos realizados al contratista del saldo de $166.945.654.

Por su parte, Sitio Nuevo logró crédito por $ 2.360.407.9943, pignorando el 30 %, pero no entregó la documentación solicitada por la Contraloría General como acta de inicio del contrato de obra, acta de inicio del contrato de interventoría, órdenes de pagos de las autorizaciones de traslado bancarios correspondientes a los días 07/07/2011, 19/08/2011, 02/08/2011, 26/08/2011, 01/09/2011, 18/10/2011, 6/02/2012 y 31/12/2012, así como extractos bancarios.

En Guamal, la situación es similar, con un crédito por $1.559.576.907 con el 20% pignorado al SGP, no entregó información correspondiente a pólizas globales de manejo del 2012 a 2018; seguimientos de DNP y Ministerio de Vivienda y Desarrollo; actas de recibo y entrega de proyectos; liquidación de los contratos, actualización de pólizas de contratos, contrato de empréstito ni contrato de refinanciación hecho con Findeter en 2014.

En Zapayán, la administración gestionó un crédito de $1.420.294.154, pignorando el 35 % de Sistema General de Participación que según la Contraloría ha pagado más de una vez. A esto se le suma que tampoco suministró los contratos de obra y de interventoría; pólizas globales de manejo, contrato de empréstito, contrato de refinanciación realizado con Findeter en 2014; contrato de fiducia, Plan de Desarrollo 2008 – 2011. En este caso el municipio adujo, que hubo problemas de inundaciones y se perdió toda la información.

En Concordia el crédito por Bonos de Agua asciende a $ 1.041.035.739, este municipio pignoró el 24 % del SGP, pero tampoco da razón de los documentos de las etapas precontractual, contractual y de ejecución del contrato de interventoría con Hidrocivil; pólizas globales de manejo de los años 2009 y 2011; actualización de pólizas de contratos y Plan Plurianual de Inversiones 2008 – 2011. Cuenta con obras inconclusas de acueducto y alcantarillado.

Asimismo, Pijiño del Carmen obtuvo crédito por $1.155.077.373, pignorando el 20 % de los recursos SGP. En este municipio no entregaron las pólizas globales de manejo 2009 a 2015, contratos de empréstito, contrato de refinanciación realizado con Findeter en 2014 y contrato de fiducia.

También, Nueva Granada tiene crédito por $1.973.458.846 con el 35 %, está en la misma condición que los demás municipios sin entregar información sobre el acta de inicio del contrato de interventoría, informe final de interventoría, acta de liquidación del contrato, acta de suspensión No. 3, contrato inicial del crédito, contrato de fiducia e información presupuestal.

Este municipio tiene obras inconclusas de acueducto y alcantarillado, ade- más, paga $2.000.000.000 en interés por Bonos de Agua.

El Banco tiene un crédito por $3.726.166.453 con el 30 % del SGP, pero la Contraloría General, en el contrato de interventoría realizado con la firma Consultoría S.A.S., no encontró adjuntadas las actas de inicio, soportes de pagos realizados, acta de liquidación y pólizas. En el contrato hecho con la firma Ingelco S.A, no se allegó acta de inicio, pagos realizados, acta de liquidación y solo encontró el ente de control, el informe de interventoría. Tampoco aportó los soportes del contrato interadministrativo suscrito el 29 de diciembre de 2010 entre la E.S.P. y el Municipio.

Este municipio tiene obras inconclusas de acueducto y alcantarillado, además, paga $2.000.000.000 en interés por Bonos de Agua. “Tenemos un endeudamiento superior a 4.200 millones de pesos en capital por una deuda que empezó en 3.800 millones de pesos, además, hemos pagado más de 2.000 millones en intereses en nueve años y la deuda no ha decrecido, sino que va en aumento, porque al ser insostenible, la hemos reliquidado dos veces”, explicó Víctor Rangel, alcalde de El Banco a Caracol Radio.

El crédito que adquirió El Banco bajo modalidad de Bonos de Agua estaba orientado a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y la terminación de un tramo de alcantarillado para la Comuna Dos, sin embargo, una de esas obras es considerada actualmente como un ‘elefante blanco’, tal y como la mayoría de los proyectos que fueron financiados con esos polémicos recursos.

“La planta está abandonada, es un ‘elefante blanco’, la Contraloría conoce la situación. El alcantarillado si sirve, pero esos créditos han sido nocivos para el municipio. Con esos recursos hubiésemos podido ampliar el acueducto y el alcantarillado, que no se intervienen desde el año 2002 y es insuficiente, nuestra cabecera municipal no tiene agua de forma permanente y con ese dinero, sin duda, hubiésemos podido ponerle agua, también, a los corregimientos”, indicó el alcalde de El Banco.

Los magdalenenses deben comprar agua para cubrir las necesidades de sus hogares.

El mandatario banqueño asegura, que “estamos pagándole a una empresa cuyo beneficio no se vio en el municipio, en ese momento fue una política estatal y el alcalde era Alberto Puerta, pero el panorama que le pintaron a los municipios es que era un crédito de condiciones blandas, pero resulta que los intereses son tan altos e imposibles de pagar, que nos ha tocado hacer dos reliquidaciones”.

En Pedraza, la situación es similar, crédito por $1.238.993.897 con el 30 % del SGP pignorado, tampoco suministró al ente de control fiscal los contratos de empréstito, información presupuestal, contratos de fiducia, los pagos realizados del crédito, los pagos realizados a los contratos derivados y no se suministró información de la etapa precontractual y poscontractual.

Otro municipio bajo el esquema de Bonos de Agua es Ariguaní con crédito por $1.312.474.286 con recurso pignorado del SGP del 20 %; mientras que Puebloviejo consiguió crédito por $1.458.081.334, también con el mismo porcentaje de pignoración, ninguno de estos municipios suministró el contrato de fiducia suscrito entre el municipio y Alianza Fiduciaria, ni los reportes emitidos por Alianza. La jurisdicción de San Zenón, obtuvo crédito por $2.174.833.677 con pignoración del 45 % de los recursos del SGP.

La Contraloría General de la Nación, al analizar estos contratos, observó que estos municipios no cumplieron con el factor de idoneidad en la selección, lo que llevó a que no garantizaran la mejor alternativa jurídica, técnica y económica, ya que en estos casos las Empresas de Servicios Públicos, no tenían la capacidad técnica y organizacional suficiente para llevar a cabo proyectos de la envergadura de las obras financiadas con el esquema de Bonos de Agua, lo que se tradujo en que estas empresas se vieran abocadas a la subcontratación.

También, el informe de la Contraloría reveló, que la mayoría de los contratos suscritos con recursos del esquema de financiación de Bonos de Agua, tuvieron prórrogas extensas porque los plazos iniciales convenidos no fueron cumplidos, suscribiéndose numerosas suspensiones y adiciones.

Otro aparte del informe de auditoría señala, que en los municipios de Sitio Nuevo y Santa Ana, hubo deficiencias en la planeación contractual, toda vez que no se tuvieron en cuenta aspectos como: permisos requeridos para la ejecución de la obra o puesta en funcionamiento; servidumbres necesarias para la ejecución de la obra, determinación de la viabilidad técnica de algunos predios a intervenir, los cuales tenían limitaciones en su intervención por su protección ambiental y en la mayoría de los casos, no se contaba con proyectos precisos en el momento del desembolso de los créditos.

Los municipios que se encuentran bajo el esquema de bonos de agua adjudicaron contratos sin cumplir con los requisitos, hoy esta situación es investigada por los entes de control.

Otro hallazgo detectado por el ente de control fiscal fueron las debilidades en la supervisión e interventoría de forma generalizada en los contratos suscritos con recursos de la fuente de financiación de Bonos de Agua por cuanto no hubo vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto contratado y falta de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento de los objetos contractuales, lo que generó faltantes de obra, obras no funcionales, deficiencias en los procesos constructivos, inaplicabilidad de las especificaciones técnicas establecidas, obras terminadas sin funcionamiento alguno y obras sin terminar, afectando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de la Contratación Estatal.

En los años 2015 y 2016, un mayor número de municipios reportaron más recursos comprometidos que recursos disponibles para la vigencia 38 y 30 respectivamente. Siendo los municipios pertenecientes al Magdalena los de mayor incumplimiento de este indicador.

OBRAS TERMINADAS SIN FUNCIONAMIENTO

Durante el desarrollo de la auditoría y las visitas técnicas efectuadas por la Contraloría General quedó en evidencia que en Puebloviejo y Sitio Nuevo, existen obras que fueron terminadas y recibidas por las entidades territoriales contratantes, no obstante, estas actualmente no se encuentran en funcionamiento y en ninguna época lo estuvieron, de manera que a pesar de estar construidas no prestan el servicio para el cual fueron contratadas, lo que afecta a la comunidad que sigue sin recibir el servicio de agua potable.

¿DETRIMENTO FISCAL?

Los municipios bajo el esquema de Bonos de Agua deben responder por la inversión de estos recursos. La Contraloría General detectó responsabilidad fiscal por $757.742.168.24, en el municipio de Concordia por el contrato N° 001-18-07-2011, cuyo objeto era la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, elaboración de carcaza, mantenimiento y optimización del tanque elevado y suministro e instalación de líneas de conducción y redes de distribución en el corregimiento de El Bálsamo, el ente de control constató, que a pesar de haberle girado al contratista el dinero, la obra se encuentra paralizada, abandonada y el plazo para su ejecución se encuentra vencido.

Por su parte, en Pedraza, según el informe de auditoría, presuntamente existe un detrimento patrimonial por $1.201.720.000, por el no funcionamiento y deterioro de tres plantas de tratamiento construidas por Acemag y recibidas por la administración municipal. Convenio interadministrativo del 18 de agosto de 2010.

Puebloviejo es otro de los municipios con responsabilidad fiscal por $1.699.532.988, por el contrato de obra CD-UM-MPV-001- 2011, para la construcción del sistema de captación, potabilización y optimización de la conducción del acueducto de los corregimientos de Tasajera y Palmira, sistema que, según la Contraloría General, en la actualidad no funciona, porque la administración no le suministra los reactivos químicos necesarios.

El municipio de Santa Ana, también deberá responder por $1.070.000.000 relacionados con el convenio interadministrativo del 13 de octubre de 2010, el cual tenía por objeto la construcción de la primera etapa del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de San Fe.

Las administraciones con el dinero de las poblaciones continúan pagando altos intereses por los famosos Bonos de Agua.

San Zenón, por su parte, debe responder por $2.006.632.030 del contrato interadministrativo de obra No.10-12-15-01 que tenía como objetivo la construcción de plantas de tratamientos para la optimización de los acueductos de los corregimientos de Santa Rosa de La Montaña, Bermejal, Angostura, Palomar, El Horno, Peñoncito y Janeiro. También para el mantenimiento de la tubería de distribución del acueducto de la cabecera municipal, el cual fue suscrito con la Asociación Regional de municipios del Caribe, Aremca, el 15 de diciembre de 2010, por $2.006.632.031,75.

De acuerdo con lo anterior, la Contraloría General de la Nación precisó en el informe de auditoría, que “evaluada la modalidad de contratación en cada uno de los municipios, se pudo determinar, que en su mayoría, la selección del contratista fue bajo la modalidad de contratación directa a través de urgencias manifiestas, la celebración de convenios o contratos interadministrativo en Puebloviejo, Sitio Nuevo, Zapayán, Santa Ana, Pijiño del Carmen, Pedraza, San Zenón, El Banco y Guamal; bajo la modalidad de licitación pública para la ejecución de las obras en Remolino, Nueva Granada, Ariguaní y Concordia; y para la contratación de interventoría de los contratos de obra se llevó a cabo a través de concursos de méritos y convenios interadministrativos”.

 

Mediante oficio 2018ER0122707 del 21-11-2018, la Contraloría General del Magdalena informó, que no ha adelantado procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares por irregularidades en el esquema de financiamiento denominado Bonos de Agua, mientras tanto, las poblaciones continúan padeciendo por la carencia del preciado líquido, aprendiendo a vivir con el desbordamiento de las alcantarillas.

EL NEGOCIO

Los intereses por los bonos estaban fijados a una tasa del 8 % más UVR. Para que todo funcionara correctamente fue creado un patrimonio autónomo llamado Grupo Financiero de Infraestructura (GFI) que era el encargado de emitir los créditos y de hacer el giro de los recursos a los municipios beneficiarios.

En el 2008 fue constituida la empresa Konfigura S.A., compañía que sería la encargada de asesorar la emisión de los mencionados bonos. El senador Jorge Enrique Robledo denunció que esta compañía compró bonos con una tasa de UVR + 8 %, mientras a los municipios les cobraron una tasa de UVR + 11 % a 19 años de plazo, lo que habría significado que Konfigura S.A se quedara con un 3 %, es decir, obtuvo ganancias cercanas a 14 mil millones de pesos anuales durante cinco años por la asesoría prestada.

“El ministro Carrasquilla con esa empresa lo que hizo fue montar un leonino contra los municipios de Colombia, negocio con cual, él y sus socios se ganaron una suma enorme. Hizo una modificación constitucional que llevó a una ley que les permite a los municipios colombianos endeudarse en sumas enormes para asuntos relacionados con el agua y que, meses después de dejar la cartera, creó la empresa ‘Konfigura’, que llevó a que 117 municipios se endeudaran a unas tasas de interés inaceptables”, aseguró el Congresista del Polo Democrático.

Hoy, las administraciones con el dinero de las poblaciones continúan pagando altos intereses por los famosos Bonos de Agua, pero ni rastro de obras hay en la mayoría de las jurisdicciones del Magdalena.


No hay contaminantes agresivos en el aire que respiramos en Santa Marta

Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente está dirigido a la grave situación que sufre el planeta debido a la alta contaminación del aire.*En el Magdalena, Corpamag cuenta con 13 estaciones donde monitorea la calidad atmosférica.

Desde que se lanzó la alerta en Colombia sobre el daño que ocasiona en la salud del ser humano la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera, la Corporación Autónoma del Magdalena, Corpamag, ha venido operando un Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire que mide las características del aire que se respira en la región.

Para ello la Corporación, cuenta con un Laboratorio Ambiental en la ciudad de Santa Marta y 13 estaciones de monitoreo, que permite entregar un parte de tranquilidad a la ciudadanía: No hay contaminantes agresivos en el aire que respiramos.

La evaluación de los resultados obtenidos en el mes de abril de este año, referida a las concentraciones de material particulado respirable (PM10), es mayoritariamente “buena” en la región, con un 75%.

No obstante, debido a las actividades desarrolladas en la zona, se ha identificado que la problemática principal se encuentra relacionada con la emisión de material particulado PM10 (material particulado con un diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros) y PM2.5 (material particulado con un diámetro aerodinámico menor a 2.5 micrómetros) al aire, catalogados como contaminantes de referencia y de interés nacional.

 

 

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