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¿La candidatura los exime de cumplir las normas?
En medio de la euforia que suscita el momento político por el que vive el país, los simpatizantes de las campañas se muestran permisivos en las manifestaciones públicas con fines proselitistas.
Exceso en los cupos de los vehículos, circulación en vías prohibidas, invasión del espacio público y hasta la obstaculización de avenidas principales, son las constantes en los eventos masivos de las campañas electorales. La historia indica que las violaciones no son solo de los adeptos sino también de los mismos candidatos.
El caso más reciente fue el protagonizado por el candidato a la alcaldía de Santa Marta Juan Carlos Palacio, quien por las calles de Pescaito circuló de parrillero en una motocicleta violando la restricción vigente, además no llevaba los elementos de protección exigidos por Ministerio de Tránsito y Transporte. Palacio quebrantó la prolongación del Decreto 273 de 2013 el cual sanciona a los samarios que circulen en el área urbana con parrillero hombre.
Otra de las irregularidades del candidato fue la movilización sin casco estipulado en la Resolución 1737 del 2004, y la ausencia de chaleco tal como reza el artículo 94 de la Ley 769 de 2002 en la cual se establece el uso de este elemento entre 06:00pm hasta las 06:00am del día siguiente. Franja horaria en la que se encontraba la movilización de Palacio.
Dentro de los infractores de las normas de tránsito en medio de campañas electorales aparece el líder de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, quien, durante el marco de sus aspiraciones a la Presidencia de la República, se desplazó también en moto violando el Decreto que él mismo firmó siendo Alcalde de la ciudad en 2013, e infringiendo las normas de la jurisprudencia nacional consagradas en el Código Nacional de Tránsito.
De la única infracción que se salva es del porte del chaleco reflectivo el cual, según la ley, este tiene un uso horario marcado, que para el momento de la caravana no era exigido.
Aunque los casos denunciados están motivados por un acercamiento a la comunidad, no dejan de ser objetos de escándalo en vista que quienes están incurriendo, son los que aspiran a vivir según las Leyes y normas del Estado Social de derechos.
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