No es el fin de la paz

El pasado 29 de agosto se conoció un video en el que Iván Márquez, Jesús Santrich, junto a otros líderes de la antigua guerrilla de las Farc anunciaron que volverían a tomar las armas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Tienen razones válidas para hacerlo? ¿Se acabó la paz? Muchos colombianos observaron con preocupación y temor como el cese al conflicto se enfrenta a un nuevo desafío. ¿Cómo entender lo que este reto implica? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos para no volver a la guerra? A continuación, se presentan elementos para el análisis.

Marcela Escandón

LOS HECHOS: EL ANUNCIO DEL SUPUESTO NACIMIENTO DE UNA NUEVA GUERRILLA

A través de un video titulado “Mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer”, el 29 de agosto de 2019, el exjefe negociador de paz de las Farc, Luciano Marín, alias Iván Márquez, anunció, que retoma las armas después de tres años de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. Gracias a esos acuerdos, Márquez había estado en el Congreso de la República, pero hace cerca de un año que no se conocía su paradero. Algo similar había sucedido con Jesús Santrich, quien era representante a la Cámara por el recién reconocido partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), pero hace un par de meses que abandonó su cargo y se desconocía su localización. Santrich aparece en el video junto a Márquez, a alias El Paisa (Hernán Darío Velásquez Saldarriaga), a Henry Castellanos – alias Romaña – además, de otros guerrilleros disidentes.

Es así como estos líderes mencionan que ya no se acogerán a los acuerdos y que, ante los incumplimientos del Estado, deben retomar las armas “bajo el amparo del derecho de los pueblos del mundo a levantarse en armas contra la opresión”.

Los principales temas abordados en el discurso son:

– El anuncio de la retoma de las armas y la concentración de la lucha en contra de la oligarquía y no del pueblo.

– El cambio en la estrategia de combatir en la selva remota y la propuesta de actuar solo como respuesta a la ofensiva militar, ya no solo en lo rural.

– La mención a la protección a ciudadanía del común, incluyendo soldados rasos que ya no son objetivo militar, y excombatientes.

– El reconocimiento de que hay militares y policías que gozaron de los beneficios del acuerdo y le apuestan a la paz.

– La aclaración de los altos mandos corruptos en las Fuerzas Armadas y la oligarquía del país como objetivo de la lucha.

– El rechazo al asesinato de líderes sociales y excombatientes como falta de cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado.

– El anuncio de la búsqueda de alianzas con el ELN.

– La mención a la ‘injusta guerra’ contra Venezuela.

– La realización de numerosas referencias históricas, por ejemplo, al proceso de Los Comuneros, a Simón Bolívar y a Francisco de Paula Santander y al nacimiento de la guerrilla de las Farc en la vereda Marquetalia, en el Tolima, en 1964.

– Rechazan el reconocimiento de soldados y policías como fuera de foco de acciones militares.

– El diálogo con comerciantes, ganaderos y otros sectores económicos para desarrollar la producción en el campo.

– La financiación de sus acciones a través del cobro a multinacionales y economías ilegales.

– La convocatoria a elegir un nuevo gobierno de coalición y una Asamblea constituyente representativa.

– La insistencia en que no fueron derrotados militarmente.

– La retoma del nombre Farc-EP y el nacimiento de una nueva guerrilla como respuesta al incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado.

Pocos días después, se publicaron dos videos más en los que se hacen llamar el ‘Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia’. En este punto, Iván Márquez, el exjefe guerrillero volvió a decir que el Gobierno traicionó el acuerdo de paz y anunció la creación de un nuevo movimiento político clandestino que trabajará «para erradicar la corrupción», con acciones como «revocarles el mandato a politiqueros responsables del caos actual». Señalaron, además, que no repetirán la experiencia de la Unión Patriótica.

LA REACCIÓN: RECHAZO GENERALIZADO

Luego de la publicación del video, se compartieron muchas reacciones por parte de ciudadanos del común, expertos, periodistas académicos y líderes de opinión, entre otros. A través de redes sociales aparecían lamentos y análisis que iban desde los memes burlones hasta los comentarios más alarmantes sobre posibles consecuencias de esta decisión en el cese del conflicto armado.

Los políticos y candidatos a elecciones locales también se pronunciaron todos, rechazando y lamentando la decisión. Al respecto, el presidente colombiano Iván Duque declaró que el grupo de disidentes es una “banda narcoterrorista”, denunció que reciben un supuesto apoyo de Nicolás Maduro en Venezuela y mencionó un contacto con Juan Guaidó (líder opositor venezolano, reconocido como presidente venezolano interino por parte de varios países en el mundo) para enfrentar conjuntamente la situación.

El rechazo contundente también vino del nuevo partido derivado de la entrega de las armas de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las cuales se convirtieron en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). No solo Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, Victoria Sandino y Carlos Losada se distanciaron de Iván Márquez y la disidencia que espera consolidar, sino que el Partido publicó un comunicado a la opinión pública para oponerse contundentemente a los disidentes y convocar a las fuerzas del país a defender los acuerdos, a pesar de reconocer “que el cumplimiento de los Acuerdos por parte del Estado marcha a paso paquidérmico, y que los reincorporados hemos pasado por serias dificultades en distintos sentidos”.

Finalmente, instituciones públicas colombianas como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y entidades internacionales como la OEA, se unieron a las voces de rechazo. La Justicia Especial para la Paz (JEP), ente público nacido también de los acuerdos, anunció que arrancó el proceso para eliminar los beneficios con los que cuentan los excombatientes que quieren rearmarse y expulsarlos del sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

¿CÓMO ENTENDER LO SUCEDIDO? ¿QUÉ MENSAJE HAN QUERIDO MANDAR?

El mensaje más importante que se deriva de la decisión de estos personajes es que, para este grupo de personas, el Estado ha incumplido y no hay otra salida que retomar la lucha armada.

Lo anterior debe analizarse con cautela. Por un lado, es cierto que el Estado ha tardado mucho en implementar los acuerdos y ha incumplido algunos compromisos como aprobar en el Congreso un conjunto de reformas legales y medidas como las curules especiales de paz. Pero, por otro, es importante tener en cuenta que más de 13 mil excombatientes de las Farc están comprometidos con el proceso de paz y generando proyectos productivos tanto en los Espacios de Capacitación y Normalización como fuera de ellos. Estas personas le están apostando a la paz y eso no va a cambiar por la publicación de un video.

¿QUÉ ES LAS FARC? ¿POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES? UN POCO DE HISTORIA

Todo este debate merece un poco de contexto. Las Farc eran una guerrilla que nació a mediados de la década de 1960 como respuesta a dos factores que confluyeron: en primer lugar, fueron un legado del periodo conocido como La Violencia, pues algunos de sus primeros miembros fueron guerrilleros liberales armados en la lógica de la violencia bipartidista. En segunda instancia, fueron campesinos armados y personas que estaban inconformes con el reparto y abuso del poder por parte de los partidos políticos tradicionales Liberal y Conservador durante la época del Frente Nacional. Curiosamente, el Frente Nacional fue un pacto bipartidista llevado a cabo para eliminar la violencia política, pero fue por décadas parte del discurso legitimador de las guerrillas para justificar el uso de las armas por cuenta de la exclusión política, la escasa justicia social, entre otros.

Las Farc eran la guerrilla activa más antigua y grande, por lo cual habían sido determinantes en las decisiones políticas macro del país por décadas. No solo la política de seguridad se hacía pensando en la manera de derrotar a las Farc, sino que se llegó a decir, incluso, que eran definitivas en la elección presidencial, oscilando el electorado entre propuestas conciliadoras y mano dura.

Nacieron como una agrupación de autodefensa en el Alto Magdalena y poco a poco se expandieron a zonas de colonización reciente en el sur de la cordillera oriental con el fin de actuar como protectores de invasores de terrenos privados y colonos de la frontera agrícola. Por décadas enfrentaron los intentos del Estado por desmontarlas, en ocasiones a través de conversaciones de paz – por ejemplo, durante el gobierno de Belisario Betancur – y a veces con un aumento de la represión y la acción militar – como en el gobierno de Turbay y su estatuto de Seguridad o los periodos de Álvaro Uribe y su seguridad democrática -. Solo sería hasta el gobierno de Juan Manuel Santos que las conversaciones de paz prosperarían hasta consolidarse en un acuerdo para la terminación del conflicto armado.

¿QUÉ SE ACORDÓ EN LA HABANA? ¿QUÉ CAMBIÓ LUEGO DEL PLEBISCITO POR LA PAZ? ¿CÓMO FUE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN QUE HOY DESCONOCEN ESTOS DISIDENTES?

En 2012 Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) anunciaron al país el inicio de las conversaciones con la firma de un “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. El texto incluía seis puntos concretos de discusión. Con esto, la negociación de Santos se diferenciaba del proceso de El Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana. Los temas establecidos fueron: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, derechos de las víctimas y la implementación, verificación y refrendación. Los países garantes del proceso eran Cuba y Noruega, mientras Venezuela y Chile fueron nombrados países acompañantes.

Cuatro años después de conversaciones en La Habana, Cuba, se firmó el acuerdo para la terminación del conflicto armado con la guerrilla de las Farc como un conjunto de compromisos discutidos y consensuados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo armado durante esos años de conversaciones y que debían ser refrendados por parte de los colombianos de manera previa a su aplicación.

Entonces, se organizó en Cartagena de Indias una ceremonia especial en la que se realizó el acto simbólico de la firma del acuerdo en presencia de representantes de la comunidad internacional y de millones de colombianos que observaban por televisión o se trasladaron a la ciudad a participar del evento. Fuentes oficiales señalan, que en la ceremonia estuvieron presentes víctimas, campesinos, presidentes, empresarios, indígenas, deportistas, excombatientes, artistas y ciudadanos de todas las tendencias. Fue un día histórico y muy emotivo para muchos.

Pese a esto, se dio un resultado inesperado en el plebiscito, para muchos en Colombia y la comunidad internacional. Debido a que el Gobierno de Juan Manuel Santos había prometido que los colombianos tenían la última palabra, y que iban a refrendar el acuerdo de manera directa, el 2 de octubre de 2016, el país acudió a las urnas, aunque lo hizo más polarizado que nunca. Producto de la polémica campaña previa y de la profunda división, el NO obtuvo la mayoría por un estrecho margen. Santos había convocado al país para que decidiera si respaldaba o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las Farc-EP y el país dijo que NO.

A partir de ese momento inicia un duro proceso en el que se revisaron los acuerdos para atender las demandas de los ganadores: los del NO. Rondas de debate y ajustes fueron realizados, aunque no se atendieron todas las demandas de los que defendían el NO, por ejemplo, la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, se firmó un documento con modificaciones derivadas de múltiples reuniones con los líderes del NO del plebiscito. La ceremonia se realizó en respuesta a la expresión de los colombianos el 2 de octubre. “Dijeron, queremos la paz, pero queremos un nuevo acuerdo”. Durante más de un mes se llevaron a cabo largas jornadas de debate, en medio de un ambiente polarizado y cargado de incertidumbre en la opinión pública. La paz estaba en peligro y Santos negoció hábilmente y de manera urgente el nuevo texto del acuerdo, el que finalmente sería el acuerdo de paz definitivo.

Algunos de los principales cambios consistieron en que se nombró una comisión de expertos para revisar el asunto agrario, solo se incorporaron a la Constitución los asuntos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se exigió la entrega del listado de bienes de las Farc, se permitió la entrada de terceros o privados en la JEP y se delimitó la participación en política, en especial, en el Congreso de la República, definiendo que las curules de paz transitorias solo serían para las víctimas (aunque estos escaños reservados nunca se implementaron).

¿TIENEN RAZONES PARA VOLVER AL MONTE?

Más que una traición del Estado, como lo señala Iván Márquez, lo que vivimos hoy son las dificultades propias de intentar acabar los problemas históricos y estructurales que favorecieron el desarrollo del conflicto armado en Colombia. El principal de ellos, el problema agrario y de tierras, iba a ser solucionado a través de una Reforma Rural Integral, la cual “está en pañales” según declaraciones del propio ‘Timochenko’. Además, el asunto tan relevante de la exclusión política y el cierre de espacios de discusión y participación real y efectiva, tampoco ha avanzado. El bloqueo de las reformas legales que tenían que haberse aprobado en el Congreso es una de las principales causas de que la participación política siga siendo limitada: las curules a las víctimas y la reforma electoral no pasaron el debate legislativo.

En el caso de la lucha contra el narcotráfico, el uso nuevamente de glifosato y el cambio de enfoque y compromiso hacia la sustitución sin fumigación, también ha dificultado el asunto. En cuanto al empoderamiento y la generación de ingresos económicos, hay muchos avances en la creación de proyectos productivos, pero siguen existiendo barreras como la falta de empleo, el rechazo hacia los excombatientes, la bancarización, entre otros.

Finalmente, el problema más grave es el de los asesinatos a líderes sociales. La mayoría no cuenta con seguridad, ni propia ni estatal. Algunos medios de comunicación reportan que hay más de 700 líderes sociales asesinados desde que se firmó el acuerdo y 135 excombatientes. ¿Por qué no se implementan acciones para proteger a quienes les están apostando a la paz?

Pese a todo lo anterior, no hay ninguna justificación para intentar volver a la guerra. Colombia no es el mismo país de hace unas décadas, cuando las masacres y secuestros eran comunes y se normalizó la violencia en niveles alarmantes. Hoy estamos en otro momento histórico.

Y AHORA ¿QUÉ VIENE? EXCOMBATIENTES Y CIUDADANOS A DEFENDER LO AVANZADO

– En primer lugar, se debe superar la primera reacción pesimista. Esto no es la vuelta al conflicto armado ni el fin de la paz y el rearme de la guerrilla más grande y antigua. Este es el intento de una minoría para recobrar protagonismo.

– Se debe apoyar a quienes prefieren las ideas y no las armas. No se debe permitir que ocurra lo mismo que con la Unión Patriótica (UP). Durante cerca de 20 años, los copartidarios de la UP fueron perseguidos y asesinados. El exterminio cobró la vida de cerca de 1.500 personas, pues la UP empezaba a ganar elecciones locales, mientras la guerrilla seguía actuando en la ilegalidad. Esta ambigüedad fue utilizada por grupos ilegales, aparentemente, con el apoyo de fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares, para justificar el genocidio. Ahora que las Farc es un partido legal, no se puede permitir que la historia se repita.

– Los excombatientes que ya cambiaron su vida y no quieren ni pueden volver al monte, han tenido hijos o iniciaron proyectos productivos, por ejemplo, necesitan respaldo. No se puede permitir que unos pocos decidan la suerte de la mayoría de excombatientes, y de paso, la de todos los colombianos.

– Se debe analizar de manera crítica la decisión de cuatro cabezas guerrilleras, pero en sus justas proporciones. Las disidencias que quedan son extremadamente débiles frente a la guerrilla más grande y antigua que ya desapareció.

– Respaldar a la JEP y hacer control ciudadano al proceso que deben adelantar en contra de estos disidentes, para que se les quiten los beneficios y les caiga todo el peso de la ley.

– Hay que informarse y hacer seguimiento a la implementación de todos los puntos del acuerdo. Solo la veeduría ciudadana y el seguimiento de los medios de comunicación, harán una diferencia en la tan compleja implementación de los acuerdos.