Pares, una fundación con intereses mezquinos

De acuerdo con el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación, de las 522 candidaturas monitoreadas, el 35 % cuenta con cuestionamientos, pero sorprende que no se encuentre en la lista del Magdalena, el candidato Carlos Caicedo, quien cuenta con múltiples procesos en diferentes entes de control, ¿será por los contratos que ha suscrito con la Alcaldía de Santa Marta desde el 2014 y que suman más de $1.200 millones?

Unidad investigativa

La Fundación Paz y Reconciliación, Pares Colombia, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que tiene como propósito principal  generar conocimiento e intervención social, mediante la investigación y el análisis cualificado de la realidad en los ámbitos de seguridad, conflicto armado interno, postconflicto, criminalidad, gobernabilidad, gobernanza y democracia; derechos humanos y conflictos asociados al desarrollo, para incidir en la opinión pública y ante tomadores de decisiones del orden institucional y privado.

Pares Colombia cuenta con financiamiento de las fundaciones internacionales Ford Foundation, Open Society Foundations y FES en Colombia; y con el apoyo de Colombia Joven, un organismo del Gobierno Nacional. Todas tienen un fin común, apoyar el trabajo de justicia social en todo el mundo.

En un reciente estudio señalaron, que de las 522 candidaturas monitoreadas, el 35 % cuenta con cuestionamientos: 130 cuestionados aspiran a alcaldías, 47 a gobernaciones, 4 a asamblea y 2 a concejo, distribuidas a lo largo de 28 departamentos y 107 municipios del país.

En este listado aparece el departamento del Magdalena, sin embargo, Carlos Caicedo, líder de Fuerza Ciudadana, movimiento al que pertenece el actual alcalde Rafael Martínez; el exalcalde de Santa Marta y hoy candidato a la Gobernación, no aparece en este, a pesar de los procesos que tiene en los entes de control, los cuales no solo son hacia él, sino también, hacia su equipo de colaboradores, teniendo en cuenta que Pares Colombia presenta nexos y lazos familiares de los candidatos.

Pares publica un documento de gran importancia antes de las elecciones del 27 de octubre, con el objeto de concienciar sobre el voto inteligente por parte del elector, pero dicho documento tiene inclinaciones e intereses mezquinos que esconden, candidatos cuestionados por la sociedad y entes de control, pero, que son afines políticamente a ellos, simplemente los omiten. Tal es el caso específico de Carlos Caicedo, candidato a la Gobernación del Magdalena, y por qué no, de Virna Johnson, candidata a la Alcaldía de Santa Marta, quien actualmente se encuentra imputada por la Fiscalía.

PARES Y SUS CONTRATOS CON LA ALCALDÍA

León Valencia Agudelo es el director Ejecutivo de Pares Colombia; en el organigrama lo acompañan Ariel Fernando Ávila, subdirector; y Norma Idárraga Hurtado, subdirectora Administrativa y Financiera.

León Valencia es el mismo que ha aparecido en fotografías con Carlos Caicedo y que curiosamente ha suscrito, en calidad de representante legal de Pares, varios contratos con la Alcaldía de Santa Marta, durante los años 2015 y 2016, cuando Caicedo era alcalde y luego, en los años 2016 y 2017 cuando las riendas de la ciudad las había tomado Rafael Martínez.

Con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir al desarrollo de la línea 1.1.3 del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Equidad para todos, primero los niños y las niñas”, la Alcaldía de Santa Marta, a cargo de Carlos Caicedo Omar, suscribió contrato con la Fundación Paz y Reconciliación el 24 de enero del 2014 por un valor de $208.454.400 millones.

Para el 1° de abril de 2015 se celebró otro contrato entre la Alcaldía y la Fundación, este por un valor de $524.940287 millones, bajo la premisa de aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, para el funcionamiento del observatorio de seguridad y convivencia ciudadana.

Pero, no solo eso, el 15 de abril del 2016 otro contrato fue celebrado, esta vez por $628.848.489 con el objetivo de sumar esfuerzos para la construcción de diferentes procesos de planeación e implementación de políticas públicas de seguridad y convivencia.

Más de $1.200 millones en contratación que podrían ser la razón de peso por la que el actual candidato no se encuentra en el listado, a pesar de tener investigaciones, una de las más recientes es la del 1° de febrero de 2019, en la que un Fiscal de Derechos Humanos resolvió la situación jurídica de Carlos Caicedo, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, luego de encontrar evidencias que lo vincularían con el crimen del estudiante de la Universidad del Magdalena, Hugo Maduro, hecho ocurrido el 26 de mayo del año 2000 en la ciudad de Santa Marta.

El estudiante fue víctima de un atentado en su residencia, ejecutado por Gelmet Sait Hincapié De la Cruz y Luís Carlos López Castro, quienes al parecer pertenecían al grupo de los ‘Urbanos de Santa Marta’ de las AUC al mando, en ese tiempo, de Hernán Giraldo Serna y Giovanni Navarro Ordóñez. El homicidio habría sido ordenado como consecuencia de las denuncias por corrupción en el interior de la institución educativa interpuestas por Maduro Rodríguez.

Asimismo, de acuerdo con las evidencias recaudadas, el fiscal de conocimiento cuenta con testimonios sobre la presunta entrega de contratos de Caicedo Omar a grupos paramilitares cuando se desempeñaba como rector de la Universidad del Magdalena durante el período 1996 – 2006.

De igual forma, Pares Colombia omitió que el pasado 3 de abril de 2019, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad (en primera instancia) de 12 años al exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar (2012 – 2015), por irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de cuatro pozos profundos que suministrarían agua potable a la capital del Magdalena, por un valor de $1.085 millones.

REFRESCANDO LA MEMORIA

La ciudadanía, medios de comunicación y redes sociales han denunciado de manera permanente los abusos y actos de corrupción de Carlos Caicedo, y su equipo de confianza. Teniendo en cuenta que Pares olvidó mencionarlo en su listado, OPINIÓN CARIBE les refresca la memoria a sus lectores, teniendo en cuenta que en su pasada edición 276 fueron señalados los principales hitos de esta situación:

El 4 de octubre de 2016, la Contraloría General de la República adelantó un Control Excepcional entre convenios suscritos entre la Alcaldía de Santa Marta y la entidad sin ánimo de lucro La Perla Cultural. Se encontraron 15 hallazgos administrativos de los cuales 14 correspondían a presunta incidencia disciplinaria, 6 con presunta incidencia penal y 4 fiscales por $933.411.043. Asimismo, en contratos sobre obras de infraestructura hubo 29 hallazgos administrativos de los cuales 27 tenían presunta incidencia disciplinaria, 15 con presunta incidencia penal, 1 para indagación preliminar y 11 fiscales por $29.023 millones de pesos.

El 21 de diciembre de 2016, la Contraloría General de la República alertó al Gobierno Nacional por las irregularidades que se estaban presentando en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE. La Contraloría del Magdalena dio apertura a un Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal por $1.206 millones, donde los presuntos responsables eran el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo, la secretaria de Educación de la época, Íngris Padilla, y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Asoalimentarce.

El 14 de noviembre de 2017, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia al alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y ordenó su suspensión por tres meses por presuntamente influir en procesos electorales de carácter político partidista. El mandatario tuvo que responder por los mensajes en Twitter y las acciones en favor del aspirante a la Presidencia de la República por un grupo significativo de ciudadanos, Carlos Eduardo Caicedo Omar, representados en reiterados trinos donde elogiaba la gestión de su antecesor.

El 28 de noviembre de 2017 Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, quien en ese momento estaba suspendido por la Procuraduría y el exalcalde de Santa Marta y en ese momento aspirante a la Presidencia de la República, Carlos Caicedo, fueron detenidos dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por las presuntas irregularidades en la construcción de las obras de la Calle 22, los puestos de salud y la red de parques del Distrito. Los centros de salud de La Paz, Taganga y el IPC La Candelaria, fueron demolidos durante la administración de Carlos Caicedo, sin que hasta la fecha se hayan terminado, pese a la inversión por 6.537 millones de pesos.

El 25 de julio de 2018, la Fiscalía Seccional Magdalena radicó una solicitud de audiencia de imputación y medida de aseguramiento en contra del exalcalde Carlos Caicedo, por el delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, relacionado con la Red de Parques de esa ciudad. De acuerdo con la investigación, en su condición de alcalde para el año 2015, habría quebrantado el principio de planeación en los contratos 390 y 413 de 2015, al adicionar los dos contratos por valores de $25.443’324.330 y $13.476’017.575, respectivamente; cuyo objeto era la adecuación de 25 parques en él contrato 390 y 15 en él contrato 413.

El 20 de diciembre de 2018, la Contraloría General de la República en desarrollo del Control Excepcional ya mencionado de 2016 adelantó dos juicios fiscales a Caicedo y otros por daño patrimonial por convenios firmados con la fundación La Perla en 2015. El daño patrimonial es el siguiente: mediante auto 553 diciembre 20/2018 por $246.272.847. Mediante auto 554 diciembre 20/2018: $64.622.061. Total:   $310.894.908.

El 11 de febrero de 2019, la Fiscalía seccional Magdalena imputó el delito de peculado por apropiación a favor de terceros a Virna Johnson, fórmula de Carlos Caicedo a la Alcaldía de Santa Marta, por presuntas irregularidades en el pago de recursos para las obras de la calle 22 o avenida Santa Rita.

El 21 de marzo de 2019 fueron cobijados con detención domiciliaria el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez; el exgerente de la Empresa Social del Estado, Edgardo Charris Salcedo; y el contratista Jesús Enrique Navarro Brito, mientras que el exalcalde de la ciudad, Carlos Caicedo Omar, y otros dos procesados deberán comparecer en libertad a la acusación presentada por la Fiscalía.

Es importante tener en cuenta que, si se eligen candidatos a punto de ser judicializados, se desataría en el territorio un caos administrativo, que llevará a vacíos de poder, confusión, conflictos y desaceleración de la inversión y un solo resultado, tiempo perdido, sin embargo, a pesar de las buenas intenciones que puedan tener las fundaciones que financian a Pares Colombia, es el momento de hacer un llamado a quienes han creído en ellos para que tengan en cuenta como se manejan las investigaciones y la manipulación de los resultados con el fin de influir en el elector.