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¿Nulidad?

Opinión Caribe

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La Procuraduría General de la Nación el 3 de abril del presente año sancionó con destitución e inhabilidad de 12 años al exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar (2012 – 2015), por irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de cuatro pozos. Cuando la sanción salió Caicedo Omar aún no era candidato a la Gobernación. Hoy, es gobernador electo del Magdalena y con ello, un silencio sepulcral frente a la segunda instancia. ¿Los políticos tienen privilegios ante la justicia?

Unidad investigativa

El pasado 27 de octubre Colombia eligió a sus autoridades locales para el periodo 2020 – 2023, por tanto, el departamento del Magdalena eligió a sus nuevos dirigentes en medio de polémicas, fraudes y campañas de desprestigio, pero estas no existieron solo para ellas, porque el Departamento escogió como su Gobernador a un candidato que lleva a cuestas una sanción de inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos.

Esta sonada, pero nula inhabilidad, surgió a raíz de que en 2015 el candidato a la alcaldía de Santa Marta, Arístides Herrera Posada diera a conocer denuncias hechas por exfuncionarios de la Alcaldía que contenían documentos y audios que evidenciaban presuntas irregularidades en la contratación para la construcción de cuatro pozos de agua por cuenta del Distrito, que en ese momento, lideraba el alcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, hoy elegido como Gobernador del Magdalena.

Por este hecho, la Procuraduría General de la Nación el 3 de abril del presente año sancionó con destitución e inhabilidad de 12 años al exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar (2012 – 2015), por irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de cuatro pozos profundos que suministrarían agua potable a la capital del Magdalena, por un valor de $1.085 millones.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, el exfuncionario Caicedo Omar, luego de la declaratoria de calamidad pública en la ciudad por la sequía que afrontaba, suscribió de forma directa el contrato con una firma que no tenía la idoneidad ni la experiencia requerida para cumplir con las características técnicas que exigía esa obra. Como consecuencia, el contratista incumplió el contrato, ya que uno de los pozos no pudo ni podrá entrar en funcionamiento por graves deficiencias en su construcción.

Para el Ministerio Público esa situación vulneró los principios de la función administrativa y de la contratación con recursos públicos.

Por esos hechos, también fue destituido e inhabilitado por 11 años el exgerente de Proyectos de Infraestructura de Santa Marta, Efraín de Jesús Vargas Corvacho (enero – octubre de 2014), quien tuvo a su cargo la realización de los estudios previos.

‘TIRA LA PIEDRA Y ESCONDE LA MANO’

La Procuraduría calificó la conducta cometida por los exfuncionarios como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, pero, pese a estar catalogada de tal manera, hasta el momento la sanción no ha prosperado y el señalado se instalará el 1° de enero de 2020 como Gobernador del Magdalena sin ningún tipo de contratiempos, teniendo en cuenta, además, que, actualmente, dos de esos polémicos pozos, (el Pozo 27 de Mamatoco y el Pozo 5 de La Troncal) no funcionan y no les suministran agua a la población samaria.

“El 26 de marzo ha proferido la Procuraduría General de la Nación un fallo sancionatorio por 12 años sobre Carlos Caicedo, exalcalde de la ciudad de Santa Marta, por el incumplimiento de las normas legales, primero de contratación y segundo en la ejecución del contrato como lo hicimos visible. Ocho años después de dos gobiernos y dos posibles oportunidades de solucionar el problema del agua, hoy, los samarios se encuentran sin una sola gota”, afirmó Arístides Herrera Posada.

Asimismo, Herrera Posada aseguró, que “la Procuraduría sacó el fallo sancionatorio en dos puntos fundamentales, uno en lo que tiene que ver con los requisitos legales para la contratación, puesto que el alcalde no tuvo en cuenta un proceso licitatorio o un conjunto de mérito para escoger, lo que hizo fue escoger a dedo al contratista. Segundo, escogió un contratista que no tenía idoneidad, no tenía las condiciones técnicas o financieras para soportar un proyecto de esta magnitud. Sin dudar alguna, producto de esa coima de la que hablan en la grabación el proyecto se siniestró, la ejecución fue un desastre, y hoy miles de samarios continúan sin una sola gota de agua (…) Lo peor es que quien es culpable de no solucionar el problema de agua en Santa Marta sigue muy campante por las calles y carreteras del Departamento”.

El silencio absoluto del Procurador ante este caso que involucra al departamento del Magdalena ha despertado ciertas inquietudes en los periodistas samarios, quienes a lo largo de las diversas visitas hechas por el funcionario a Santa Marta, le han preguntado sobre cómo va el proceso y no han obtenido respuesta alguna.

PROCURADOR CARRILLO, ¿INHABILITADO?

El Procurador General de la Nación es la cabeza del Ministerio Publico, eso implica la defensa de la sociedad en los procesos que se adelantan contra los funcionarios o en las investigaciones que se realizan a través de la conducta de los servidores públicos, es decir, es el control disciplinario, por ello, debe estar absolutamente distante de toda actuación de orden político, pero la realidad en Colombia es que el actual Procurador tiene una vida política y sobre su espalda, una inhabilidad.

El Pozo 5 de La Troncal es uno de los ‘pozos milagrosos’ con el que iban a suministrar de agua a Santa Marta, pero en realidad está desolado, abandonado y presenta daños estructurales que evitan su funcionamiento.

En 1994, el entonces viceprocurador General, Mauricio Echeverry, sancionó con suspensión de 30 días al hoy procurador Fernando Carrillo como ministro de Justicia por haber faltado en la organización, dirección y vigilancia de todo lo que guardaba relación con la cárcel La Catedral, debido a la fuga de Pablo Escobar. En 1997, Jaime Bernal Cuéllar como procurador General y Eduardo Montealegre como viceprocurador, confirmaron la sanción contra Carrillo.

Carrillo Flórez emprendió acciones jurídicas y el mismo año Bernal le reconfirmó la sanción, pues, según su criterio, no procedía recurso alguno. Presentó tutelas ante el Tribunal de Cundinamarca, ante el Consejo de Estado y ante la Corte Constitucional, y todas les fueron negadas. Con ellas pretendió tumbar la sanción disciplinaria al considerar que Bernal no fue imparcial y violó su derecho al debido proceso. Luego acudió al Consejo de Estado con una demanda de nulidad no solo contra la sanción de la Procuraduría, sino contra la anotación que hizo el Presidente de la República en su hoja de vida.

En 2002, con ponencia de Jesús María Lemus y el voto de Alejandro Ordóñez, el Consejo de Estado le negó la demanda. Para el Consejo de Estado Carrillo, «faltó a la diligencia (…) en lo que tiene que ver con la creación, organización y administración del centro carcelario», además, conocía de «la situación irregular que se presentaba en la cárcel de Envigado, y sobre la construcción de obras suntuarias», incumpliendo con la orden de desmontarlas. También, que no pudo controlar a la gente bajo su dirección. «Así las cosas, la conducta del Ministro de Justicia es contraria a lo señalado e incurre en falta disciplinaria que amerita la sanción respectiva (…) se evidenciaron una serie de irregularidades en el manejo de la política de sometimiento de la justicia», sentenció el Alto Tribunal.

Un año después, Carrillo le solicitó al procurador General Edgardo Maya, la revocatoria directa de la sanción y Maya accedió afirmando, que «se incurrió en una flagrante irregularidad» por un impedimento. La inhabilidad quedó en segundo plano y Carrillo fue elegido Procurador General de la Nación y aquí es donde se cuestiona, ¿La justicia cojea con los políticos?

LOS FALLOS DEPENDEN DE LOS INTERESES POLÍTICOS

El Pozo 29 San Pedro Alejandrino está en funcionamiento, aunque presenta deterioro en su infraestructura.

Recientemente se desarrolló en Santa Marta la cumbre de alcaldes y gobernadores electos para el periodo 2020 – 2023; en el tercer día del encuentro, estuvo presente el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien habló sobre el proceso de empalme, la corrupción, el reclutamiento forzado y diversos temas que aquejan al país. Al final, su intervención, curiosamente la esperaba el gobernador electo del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, con quien compartió un fraternal saludo.

Cuando salió la inhabilidad de la Procuraduría, Caicedo Omar aún no era candidato a la Gobernación del Magdalena, era solo un exalcalde y líder del movimiento que montó a Rafael Martínez en la Alcaldía de Santa Marta, pero, hoy, ya es Gobernador del Magdalena, con más de 300 mil votos del pueblo magdalenense que respaldan esa elección, con los que sí cuenta Caicedo. El dirigente político Ricaurte Losada Valderrama aseguró, que “los procuradores en Colombia, actúan para favorecer a unos y perjudicar a otros de acuerdo con el interés político que tengan”. ¿Será lo que está pasando en el caso Caicedo?

Losada Valderrama aseguró, también, que la política está ligada a la rama judicial y por ellos se ven tantas inhabilidades nulas. “Que la justicia en muchos casos, no en aquellos en que los procesos no tienen una significación y una repercusión de orden político, es evidente la intervención de la política de la justicia. Eso se debe separar definitivamente. Una manera de hacerlo es que haya independencia de la rama judicial”.

¿QUÉ DICEN LOS SAMARIOS?

El Pozo 27 de Mamatoco es el ‘cuco’ de este proyecto. Nunca entró en funcionamiento, se invirtieron en él los recursos, pero no suministró de agua a la población samaria; hoy está convertido en un lote baldío, lleno de maleza.

OPINIÓN CARIBE salió a las calles de Santa Marta a preguntarle a los samarios, que por seguridad se reservan sus nombres, ¿qué pensaban acerca de este silencio que ha tenido la Procuraduría sobre la sanción hacia Carlos Caicedo, hoy Gobernador del Magdalena? Teniendo en cuenta, que este hecho afectó a miles de familias que hoy no tienen servicio de agua en sus casas. Estas fueron sus respuestas:

“Lo que pasa es que los procesos judiciales son muy largos en Colombia y hasta que no se demuestre con pruebas contundentes que una persona es culpable, no se puede hacer nada. Los procesos son lentos, ese es el problema de la justicia en Colombia”, afirmó uno de los entrevistados.

Otro ciudadano expresó, que “toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, si está en su cargo, que lo dejen trabajar tranquilo, y si es culpable, que actúe la justicia”.

“Para mí, ahí hay plata de por medio, porque si está inhabilitado no tiene por qué ejercer el puesto que se ganó. El Procurador debe pronunciarse, porque eso no debe quedar así”, señaló otro.

Para finalizar, uno de ellos aseguró, “los entes fiscalizadores mientras sean elegidos por la clase política, seguirá en medio de la corrupción, y el problema se va a agrandar cada vez más, como una bola de nieve. Son organismos politizados, que a la larga no hacen una investigación profunda de los casos que se denuncian (…) Son entidades para sancionar disciplinariamente, pero aquí la ley es para los de ruana”.

Partiendo de los testimonios de las personas entrevistadas en Santa Marta, se nota el inconformismo con la justicia colombiana y los entes de control por casos como los que ocurren actualmente, en los que las personas con investigaciones disciplinarias por presunta corrupción, que perjudican a cientos de ellas, puedan aspirar u ocupar cargos públicos sin ningún tipo de intervención.

‘EL CÁRTEL DEL AGUA’

El exalcalde Carlos Caicedo Omar declaró la Calamidad Pública en Santa Marta a mediados de 2014, por la falta de agua, por ello recibió apoyo del Gobierno Nacional y se dispuso la contratación directa de la construcción de cuatro pozos profundos, mediante el Contrato 281 de abril 02 de 2014, por valor de 1.460 millones de pesos, para ejecutarlo en tres meses, contrato concedido a la firma Ingeniería del Caribe Ltda., Ingecar, creada por Víctor Meza Lagrancuth, con su gerente y hermano, Néstor Meza.

El Pozo 28 ‘Juan Maiguel de Osuna’ se encuentra en buen estado y funcionando.

“Dice la grabación de forma muy clara, que el Alcalde de Santa Marta estaba informado que habían pedido una coima del 40 %, luego de que el señor Johan Montenegro amenazara al contratista, como lo dice la misma grabación al día siguiente. En ese momento, entregamos las grabaciones a los medios, en donde el contratista especificaba que habían pedido un 40 % de coima y que el alcalde de ese momento, Carlos Caicedo, tenía conocimiento de ello”, aseguró Herrera Posada.

Aparentemente, el mecanismo empleado para el cobro de la comisión fue la apertura de una cuenta de ahorros a dos firmas (una por parte de contratista; otra, por alguien cercano a las administraciones), en la que los retiros de dinero requerían el acompañamiento de los dos. Lo que sí se pudo comprobar, según fuentes de La W Radio, es que en el mes de octubre de 2014 para el segundo pago, el contratista solicitó a la Secretaría de Hacienda el cambio de la cuenta a la que se le debía consignar, al argumentar de manera falsa, que la cuenta inicial estaba bloqueada por motivos de seguridad.

Este contrato, al igual que el de las obras, está firmado por el alcalde Carlos Caicedo Omar; el asesor del Despacho en Contratación, Jorge Miguel Guevara Fragozo; el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Adolfo Torné Stuwe; el líder del Programa de Contratación, Sergio Castiblanco Silva; y el gerente de Proyectos de Infraestructura, Efraín Vargas Corvacho; actual concejal de Santa Marta por el partido Mais.

OPINIÓN CARIBE visitó los cuatro pozos por los que es investigado el Gobernador del Magdalena y constató, que el Pozo 27 de Mamatoco nunca entró en funcionamiento, fue construido, se invirtieron en él los recursos, pero no suministró de agua a la población samaria; hoy está convertido en un lote baldío, lleno de maleza y que evidencia el detrimento patrimonial que sufrió el Distrito por el interés de unos pocos. Por otra parte, el Pozo 5 de La Troncal está desolado, abandonado y presenta daños estructurales que evitan su funcionamiento. El Pozo 28 ‘Juan Maiguel de Osuna’ y el Pozo 29 San Pedro Alejandrino, si se encuentran funcionando.

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