Una ‘fiscal destacada’ asumiría la investigación por el homicidio de Cristina Cantillo

El asesinato de la mujer transgénero Cristina Cantillo, en la noche del martes del 7 de diciembre, ha generado un notorio rechazo entre la comunidad local, debido al activismo que ella venía realizando en pro de la comunidad LGBTIG+, de la cual hacía parte. El homicidio ocurrió en barrio Ondas del Caribe, en donde residía, a eso de las 10:46 p.m., cuando se encontraba reunida con sus familiares, con quienes estaría celebrando el Día de las Velitas.

En numerosas ocasiones a lo largo de los últimos dos años, Cantillo había estado denunciando situaciones que ponían en riesgo su vida, incluso, en abril de 2020, padeció un atentado del cual resultó ilesa. Tal parece que las amenazas provenían del desarrollo de acciones que venía adelantando por la defensa del territorio y de los Derechos Humanos, acorde con la información suministrada por el antropólogo y también defensor de DD. HH, Lerber Dimas Vásquez.

Sobre el caso, se pronunció ayer miércoles Alfonso Campo, director de la Unidad Nacional de Protección – UNP, asegurando que, desde diciembre de 2018, Cristina Cantillo contaba un esquema de seguridad asignado por las amenazas de muerte en su contra, no obstante, de acuerdo con las afirmaciones de Lerber Dimas, ella en numerosas ocasiones había solicitado el cambio de vehículo, pues temía que no soportara el impacto de una bala al no ser blindado.

Las investigaciones en las que estaba involucrada la hoy víctima mortal, estarían relacionadas con los asesinatos de otras mujeres transgénero en Santa Marta y las acciones ilegales que se estarían llevando a cabo al interior de la Policía Nacional.

Ante lo ocurrido, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, el coronel Jesús De Los Reyes, aseguró que la investigación fue asumida por una “fiscal destacada” con experiencia en casos especiales como este, sumado al apoyo del cuerpo élite de la institución policial.

Por otro lado, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, anunció en un Consejo Departamental de Seguridad Extraordinario, una recompensa de $80 millones a quien entregue información relacionada con los autores intelectuales y materiales del crimen de la activista, de esa cifra, la Gobernación aportaría $50 millones y la Alcaldía Distrital, los $30 millones restantes.