Colombia amplió el acceso a la escuela, pero sigue debiendo aprendizajes. En Santa Marta y el Magdalena hay presupuestos, programas y promesas que deben rendir examen. Pedro Pueblo necesita saber qué está entendiendo su hijo.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

PISA vuelve a dejar una pregunta sobre el pupitre: ¿de qué sirven tantos años de colegio si demasiados muchachos siguen sin comprender lo que leen? La respuesta también les toca a los adultos.

Según la ficha de Colombia de PISA 2025 de la OCDE, analizada por el Observatorio de Educación del Caribe Colombiano, el país obtuvo 414 puntos en ciencias, 399 en lectura y 381 en matemáticas. Frente a 2022, las variaciones no fueron estadísticamente significativas. Entre los estudiantes escolarizados de 15 años, cerca del 54 % en lectura y del 71 % en matemáticas quedaron por debajo del nivel 2, el umbral básico. En ciencias fue el 50,1 %. ^[1] [2]

La OCDE advierte que incluir a más jóvenes vulnerables entre 2018 y 2025 ayuda a explicar parte del aparente deterioro. Abrirles la puerta fue un avance. La obligación pendiente es enseñarles después de matricularlos. La pobreza explica dificultades; no puede convertirse en permiso para acostumbrarnos a ellas. ^[1]

Comprender una lectura sirve para resolver un problema, revisar una factura y desmontar una promesa política. Con inteligencia artificial, además, toca distinguir una explicación de una mentira bien redactada. La máquina puede ayudar a preguntar; no puede asumir por nosotros la responsabilidad de entender.

La prueba de problemas computacionales también permite mirarnos frente a otros países:

La distancia con Perú no es estadísticamente significativa. Brasil queda por debajo, pero Sobral ofrece una lección: pasó de estar fuera de los primeros mil municipios de su índice de calidad educativa en 2005 al primer puesto en 2017. Ceará puso una meta de alfabetización al terminar segundo grado, acompañó a los municipios rezagados y vinculó parte de los recursos a resultados. Exigir y ayudar al mismo tiempo, con continuidad: eso merece estudiarse en nuestra parroquia. ^{[3] [4] [5]}

La cuenta llega a la parroquia

Esa deuda nacional se cobra en cada secretaría. Educación estuvo entre las mayores partidas con Duque y con Petro. Pero presupuesto aprobado no equivale a plata ejecutada ni a suficiencia por alumno. La cuenta debe llegar hasta la escuela: cuánto recibió, cuándo y para qué sirvió. ^[6] [7]

El diagnóstico departamental de 2025 registra 222 puntos en Saber 11 de 2024 para los 28 municipios que administra. Entre 2019 y 2024 el puntaje osciló entre 214 y 223; bajó un punto en el último año. En la comparación del propio informe, quedó 21 puntos bajo el referente nacional de 243 y último en el Caribe, cuyo promedio fue 233. Aquí no hay motivo para sacar pecho. ^[8]

El mismo diagnóstico sitúa el 76,75 % de las sedes oficiales en zonas rurales. Allí la calidad empieza por poder llegar. En una denuncia de marzo de 2024, retomada por Opinión Caribe en julio de 2026, un padre de Los Pozos, Plato, lo resumió: “Con tremendo sol nuestros hijos tienen que caminar ese trayecto”. Reclamaban transporte y alimentación para niños que recorrían unos cinco kilómetros. ^[8] [9]

La deuda sigue en el bachillerato: el diagnóstico reporta deserción del 4,6 % en secundaria y del 4,35 % en media. Transporte, alimentación, primera infancia y horas efectivas de clase deben tener continuidad. Frente al trabajo infantil y el reclutamiento, cada ausencia exige seguimiento y apoyo para regresar. El muchacho que abandona también debe aparecer en las cuentas. ^[8]

En Santa Marta, la Alcaldía anunció en junio de 2024 la entrega de 3.260 computadores, dentro de una inversión superior a $16.000 millones que incluía materiales y simulacros. La entonces secretaria Sandra Patricia Muñoz Dorado prometió: “Este esfuerzo se reflejará en los resultados de las Pruebas Saber en los años venideros”. ^[10]

El seguimiento distrital de agosto de 2025 habla de 3.200 equipos y de simulacros y refuerzos en 23 instituciones, siete rurales. La Alcaldía debe aclarar la diferencia entre los reportes. Ese documento tampoco cruza dotación y resultados por colegio, y dejó propuestas de lectura y matemáticas pendientes de aval. ¿En qué terminaron? ^[11]

Pedro Pueblo puede preguntar sin hablar como un técnico: ¿mi hijo lee una página y explica qué dice? Si no puede, ¿quién lo detectó y quién lo está ayudando? La foto con el computador no responde.

Cambiar cuesta y alguien debe responder

“Muchos estudiantes llegan al último grado con vacíos acumulados desde la educación básica”, advirtió la docente Gladys Zapata en Opinión Caribe el 22 de julio de 2026. Esperar a once para descubrirlos es llegar tarde. En Manizales, un experimento de tutorías entre 2015 y 2017 atendió a niños rezagados en grupos de hasta seis, con sesiones estructuradas y tutores acompañados. Los avances lectores persistieron al año siguiente. Hay experiencia colombiana para adaptar. ^[9] [12]

Propongo arrancar en 2027 con 600 niños de primero a tercero en veinte sedes: diez de Santa Marta y diez de municipios administrados por la Gobernación, al menos la mitad rurales. Diagnóstico, metas publicadas y ciclos de doce semanas, con tres refuerzos semanales en grupos de seis. Invitaría a la Universidad del Magdalena a diseñar pruebas equivalentes y evaluar, independiente del operador.

Planteo un escenario de $400.000 a $800.000 por niño y ciclo, según personal y desplazamientos: entre $240 y $480 millones para los 600. Los supuestos quedan desglosados al final; requieren cotización local. Gobernación y Distrito pondrían recursos propios de calidad educativa, recortando programas sin resultados. Ahí empieza el costo político.

El rector debe registrar sesiones y asistencia; la secretaría, verificar y exigir correcciones con fecha si incumple. Familias y universidades revisarían el balance semestral de gasto y aprendizaje ante Concejos y Asamblea, sin exponer datos personales. Hay que seguir al mismo grupo, incluidos ausentes y retirados. Sacar al rezagado de la cuenta no puede mejorar el resultado.

La segunda tarea les toca a maestros y directivos: formación inicial y continua útil, observación de clases y mejoras con plazo. El Estatuto de Profesionalización Docente ya prevé consecuencias por desempeño insatisfactorio reiterado, con debido proceso y según el régimen aplicable. El puntaje del alumno no basta para juzgar al maestro; tampoco basta llenar un formulario para evaluarlo. ^[13]

La tercera entra al salón y a la casa: celulares guardados durante la clase, salvo uso pedagógico, accesibilidad o emergencia; tareas con IA que exijan comprobar fuentes y explicar lo aprendido. Los padres deben respaldar límites y acompañar la lectura. Quien necesite apoyo debe recibirlo. Pasar de grado sin aprender, igual que repetir sin ayuda, deja intacto el problema.

Al estudiante hay que exigirle trabajo. Pero la responsabilidad no se reparte en partes iguales: el muchacho no maneja el presupuesto ni contrata al profesor.

Hay con qué empezar: el 82,6 % dice que le gusta aprender cosas nuevas en la escuela y el 75,7 % que hace un esfuerzo adicional ante tareas difíciles. Esa disposición necesita enseñanza. Colombia no está condenada; Santa Marta y el Magdalena tampoco. ^[2]

El escándalo no sería otro mal resultado, sino repetir el diagnóstico sin pagar el costo de cambiar.

Fuentes de verificación

1. OCDE, ficha de Colombia
2. OCDE, indicadores de Colombia
3. OCDE, tabla I.2.4; Vietnam corresponde a la fila Viet Nam, columna de puntaje medio
4. Banco Mundial, estudio sobre Sobral y Ceará
5. Banco Mundial, las reformas de Ceará
6. Presupuesto aprobado para 2022
7. Presupuesto aprobado para 2023
8. Secretaría de Educación del Magdalena, diagnóstico 2025, páginas 7, 8, 10 y 11. Los referentes de 243 y 233 puntos corresponden a la comparación presentada por ese informe para los 28 municipios administrados por el departamento
9. Opinión Caribe, El Magdalena profundo, 22 de julio de 2026. Testimonio de Gladys Zapata y denuncia de un padre de Los Pozos de marzo de 2024; son voces previamente publicadas
10. Alcaldía de Santa Marta, boletín del 19 de junio de 2024
11. Secretaría de Educación de Santa Marta, seguimiento de agosto de 2025, páginas 3 y 6
12. BID, Impulsando la alfabetización, 22 de septiembre de 2021. Experimentos de Manizales de 2015 a 2017; antecedente pedagógico del piloto propuesto
13. Estatuto de Profesionalización Docente, Decreto 1278 de 2002

Supuestos del costo propuesto

Escenario presupuestal propuesto para un ciclo de doce semanas y 600 niños. Son supuestos editoriales de planeación, sujetos a cotización territorial; no tarifas verificadas ni recursos aprobados.

Por grupo de seis niños: 24 horas de atención (tres sesiones de 40 minutos por semana) y 12 horas de preparación, formación y coordinación. A un supuesto de $40.000–$60.000 por hora integral, corresponden $240.000–$360.000 por niño. Se agregan materiales ($40.000–$60.000), evaluación externa ($60.000–$100.000) y desplazamientos del personal ($20.000–$200.000). Subtotal: $360.000–$720.000; con 10 % de contingencia: $396.000–$792.000, redondeados a $400.000–$800.000. Total redondeado para 600 niños: $240–$480 millones por ciclo.

El escenario supone grupos completos y sesiones dentro de la jornada escolar. Transporte escolar habitual y alimentación necesitan sus propias partidas garantizadas. Más ciclos, grupos menores o rutas más costosas exigen recalcular. El antecedente de Manizales respalda el método; su costo histórico no se ha trasladado como tarifa local de 2027.