Nos están matando

Por: Norma Vera

Históricamente las mujeres hemos pagado con nuestros cuerpos formas de violencia y discriminación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud -OMS- al menos el 36% de las mujeres en América, las han sufrido por parte de su pareja o cualquier otro agresor. Estas circunstancias, suelen agravarse en contextos de guerra y conflicto, dejando impactos no solo físicos, sino también, psicológicos y llevando incluso, hasta la muerte. En el caso de Colombia, el conflicto armado, la presencia de grupos al margen de la ley y el narcotráfico, han agravado el padecimiento de las mujeres, haciéndolo más crudo y frecuente.

Durante los últimos 40 años, los movimientos de mujeres han logrado que, dicha situación de discriminación sea reconocida y, por lo tanto, en Colombia, se desarrollen distintos mecanismos jurídicos para proteger y reivindicar nuestros derechos. En consecuencia, desde la Constitución de 1991, se han ido implementando políticas públicas con perspectiva de género y se han realizado esfuerzos legislativos para reducir y eliminar las formas de violencia contra las mujeres. Lo cual, permitió en 2008 la promulgación de la ley 1257 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforma los códigos penales, de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones” que llevaría a adoptar medidas específicas y acciones afirmativas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.

Sin embargo, el Estado y las agendas humanitarias han fracasado en la protección de la mujer; los índices de violencia han incrementado, especialmente al interior del hogar, como una pandemia invisible que llevamos padeciendo por años las mujeres. De acuerdo, con los datos de Medicina Legal, entre enero y octubre de 2021, 97.354 mujeres fueron valoradas por lesiones: 16.402 por violencia interpersonal, 15.644 por presunto delito sexual y 8.534 por violencia intrafamiliar. 525 han sido víctimas de feminicidio y en departamentos como Antioquia (94), Valle del Cauca (65), Cauca (39), Norte de Santander (36), Bogotá D.C. (33), Magdalena (32) y el Atlántico (30).

Un panorama desgarrador que demuestra que las medidas de protección contempladas en la ley 1257, no han sido suficientes para garantizar la vida e integridad de las mujeres en Colombia y esto obedece, a una serie de elementos como la debilidad institucional en la implementación de la ruta de atención, la falta de garantías para el acceso a justicia, documentación de casos con enfoque diferencial para proteger la vida de la mujeres indígenas, la falta de información y seguimiento para las solicitudes de protección, la desarticulación institucional, la falta de formación y sensibilización de los funcionarios que lleva a los prejuicios y la revictimización, hasta el uso del discurso de género  con fines electorales y políticos y no como un asunto de agenda pública.

Las deficiencias en la capacidad de respuesta institucional y judicial, todos los días aumenta el riesgo de muchas mujeres de padecer feminicidio. En Colombia nos están matando, pero, el 93% de los casos de feminicidio quedan en la impunidad. Nuestro sistema judicial es débil con los victimarios. En algunos casos, no se han garantizado modelos de investigación con análisis de contexto y ni trabajo de campo para recabar pruebas que permitan determinar la conducta feminicida. Los procesos de denuncia son difíciles y engorrosos y autoridades no indagan si hubo conductas violentas previas por parte de los agresores.

La violencia contra la mujer tiene sus raíces en las desigualdades históricas que nos han excluido y convertido en mercancías o botines de guerra. Pero, no podremos hablar de dignidad o de la eliminación de la violencia contra la mujer, mientras el 90% de las víctimas de violencia sexual aún no alcanzan justicia efectiva, las mujeres seguimos presentando una relación superior en las tasas de pobreza frente a los hombres y aportamos el 77% del valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (TDCNR).

Seguiremos insistiendo en la necesidad de fortalecer los procesos de investigación y juzgamiento. Pero también, en que se debe responder oportunamente a los llamados y supervisar el cumplimiento de las órdenes de protección a las víctimas que se atreven a denunciar y desarrollar acciones que desnaturalicen las vulneraciones a nuestros derechos, garanticen justicia y censuren moralmente a quienes nos violentan y agreden.

Necesitamos un compromiso real por la vida de las mujeres. De cara al 2022, debemos aportarle a la renovación del Congreso de la República, con liderazgos y voces que si representen la no instrumentalización de la mujer, que legislen con perspectiva de género para la solución de los problemas reales como la feminización de la pobreza y sean capaces de hacer los esfuerzos necesarios para consolidar una política de Estado en favor de la equidad y la igualdad de la mujer, garantizando la protección de los derechos humanos, control político, el cumplimiento de las leyes y oportunidades reales de acceso, participación, justicia verdad y reparación.