Líderes sociales de Santa Marta y la ONU se reúnen en busca de soluciones

Un nutrido número de líderes y lideresas sociales de Santa Marta y el Magdalena, participaron en una reunión de seguimiento con una comisión de la ONU Human Rights Colombia, en aras de construir estrategias de prevención y protección para garantizarles la ejecución de la la defensa de los Derechos Humanos.

Al encuentro asistieron alrededor de 16 personas, entre esas, Matilde Maestre, María Choles, Jennifer del Toro, Rosita Jiménez, Eulogia Bernal, Miliedis Yanes, Juana María Dávila, Sonia Gómez, entre otras, todos incluidos en un grupo de riesgo por la aparición de sus nombres en panfletos, mensajes de textos y correos electrónicos amenazantes, como fue el caso de la Mesa de Víctimas.

Esta es la segunda reunión que se lleva a cabo con la ONU, la primera fue el pasado 22 de diciembre. La organización, como organismo internacional, en estos casos asume la responsabilidad de velar por el respeto de los derechos universales de las personas, buscando que los Estados y Gobiernos Departamentales, Distritales y Nacionales garanticen la protección de todos, particularmente, de quienes sean amenazados.

Estas reuniones empezaron a hacerse efectivas a partir de la materialización de la amenaza de muerte en contra de la lideresa trans, Cristina Cantillo, quien fue asesinada a tiros el Día de las Velitas cuando se encontraba en la terraza de su casa departiendo con familiares. Así mismo, otras intimidaciones han vuelto a surgir en el territorio, obligando, incluso, a lideresas, gestores y miembros de la Mesa de Víctima a abandonar la ciudad ante el riesgo de muerte.

“Esta reunión es como una mesa técnica en la que estamos y en la que vamos a evaluando los pasos a seguir para mirar de qué forma se pueden resolver o visibilizar el tema de la defensa de los Derechos Humanos y de lo que está pasando en el territorio”, explicó a OPINIÓN CARIBE el antropólogo y defensor, Lerber Dimas Vásquez.

Los principales temas abordados fueron la revisión de la inseguridad en el Distrito y el departamento, el acompañamiento de las autoridades ante las situaciones de riesgo y los trámites que actualmente se están adelanta frente a la Unidad Nacional de Protección – UNP.

“Hay unos avances frente a unos líderes, pero con otros, tristemente, es absolutamente nulo, lo que pone en consideración que en el Distrito de Santa Marta hay líderes de primera, segunda e incluso de tercera categoría. Digamos que los líderes que, de cierto modo, son cercanos al movimiento del gobernador, tienen una mayor acogida y los que no, definitivamente no tienen ningún tipo de apoyo”, manifestó el Dimas Vásquez.

Al respecto, hizo referencia a los casos de Jennifer del Toro y Lino Pereira, quienes se vieron en la obligación en salir de la ciudad ante las reiteradas amenazas en su contra, sobre las cuales poca asistencia recibieron, pues, acorde con Dimas Vásquez, “no recibieron un llamada de la Gobernación, de la Alcaldía, Personería o la Defensoría del Pueblo regional Santa Marta”, catalogando dicha situación como un tema sumamente negativo.

Así como ellos, hay otros líderes que manifiestan sentirse afectados, debido a que no les es posible interponer denuncias en la Fiscalía por amenazas si no cuentan con el nombre de pila de quien la hace porque, al parecer, no es suficiente con hacer ilusión a un alias pues estos no corresponderían a personas reales.

“Eso lo discutimos en la mesa de trabajo con la ONU. También vamos a empezar a oficiar a las instituciones para que respondan qué es lo que está haciendo cada una con relación a las diferentes líderes y lideresas, a la Gobernación, a la Alcaldía, Procuraduría, a la Policía Metropolitana, Departamental, a la Defensoría del Pueblo, UNP, a todas las que tienen injerencia frente a este tipo de acciones y, dependiendo de las respuestas que ellos nos den, vamos a hacer una mesa mayor en Bogotá”, manifestó, explicando que, a partir de una próxima convocatoria, programada para enero, se puedan tomar decisiones.