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Columnistas

Cambio sin control

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Por: Román Medrano Peña

El Representante a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Lozada Vargas del Partido Liberal radicó en el Congreso un proyecto de ley ordinaria que busca “ajustar la legislación concerniente a la titularidad de la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, frente a la investigación y sanción de servidores públicos de elección popular, en aras a que sea acorde con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Lo anterior, atendiendo al mandato consignado en la sentencia del 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. En otras palabras, busca que los servidores públicos puedan tener participación en época electoral y modificar algunas de las funciones de la Procuraduría, lo que ha suscitado polémica en diferentes sectores políticos, pues esto se suma a la iniciativa de Gustavo Petro de eliminar este ente de control.

Y aquí se vuelve a poner sobre la mesa una discusión que viene desde hace tiempo, pero que tomó fuerza con el reciente caso del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien fue suspendido del cargo por presunta participación en las pasadas elecciones presidenciales.  Además, por las declaraciones del entonces general del ejército Eduardo Zapateiro en contra de Gustavo Petro, mientras este se encontraba en campaña. La cuestión aquí es clara y es quien ejercerá el control y pondrá un límite sobre estos servidores en caso de ser aprobado este proyecto, porque se podría convertir en un desfile de favores con el erario público y clientelismo por doquier.

Durante el gobierno de Iván Duque quedó en evidencia la politización en la que se encuentra la Procuraduría General de la Nación y del uso de su función jurisdiccional de manera arbitraría en contra de sectores de oposición, lo que ellos denominaron una ‘cacería de brujas’.  Entonces lo que se debería atacar no son las atribuciones que tiene esta entidad, sino la forma en que ha venido siendo utilizada para ponerse a disposición del gobierno de turno. Eliminar la Procuraduría sería un error de grandes magnitudes, porque se estaría olvidando que esta, va más allá de solo las funciones disciplinarias.

Para Andrés Calle, otro de los defensores de la llamada ley Quintero, la facultad de inhabilitar y suspender a un servidor público de elección popular debe darse por medio de un proceso penal, en el cual sea un juez de la República el encargado de dictar sentencia condenatoria. Muchos verían en esto una forma de salir totalmente absueltos, porque recordemos que el Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia para un período de cuatro años de una terna que envía el presidente de la República. Sin embargo, se olvidan de la independencia de los jueces, quienes llegan por concurso Y no por nombramiento a cambio de favores. Un claro ejemplo, es el caso del expresidente Álvaro Uribe, que renunció como senador y por consiguiente a su fuero, para así ser procesado por la justicia ordinaria.

Colombia es un país donde la mayoría de personas que ejercen un cargo político son de doble moral y quieren probar la deliciosa ‘mermelada’. Esta es la razón por la que se necesitan entidades de control como la Procuraduría o mecanismo legislativos como la ley de garantías o la prohibición a los servidores públicos para participar durante campañas electorales. Bastaría con preguntarle a Duque que se puede hacer sin esta vigilancia, ya que quiso suspender la ley de garantías con el apoyo de su bancada y celebró 600 contratos que representaban al menos 3,4 billones de pesos, que al final quedaron sin derivación alguna, puesto que la Corte Constitucional tumbó esta decisión con efectos retroactivos. Se quiere un cambio, pero no sin control y poniendo en riesgo los recursos de los colombianos.