Buscan declarar nulo el artículo que establece tarifas del alumbrado público en Plato

El abogado Roger Evilla Cortina se convirtió recientemente en el promotor de una demanda de nulidad, interpuesta ante un juzgado de Santa Marta, con la cual buscará que se decrete nulo artículo 195 del Estatuto Tributario aprobado por el Concejo Municipal de Plato, que estableció la tarifa de cobro en los hogares por el servicio de alumbrado público.

Acorde con la explicación dada por el jurista en una entrevista con OPINIÓN CARIBE, la situación se remonta al 31 de diciembre de 2021, cuando la corporación procedió con la aprobación del mencionado documento, mismo que estaría obligando a los hogares a pagar un 15% del total del valor del consumo.

Abogado Roger Evilla Cortina, promotor de la demanda.

Por este tema, la Alcaldía Municipal, en cabeza de Jaime Peña Peñaranda, y el Concejo de Plato son los dos demandados, quienes en un plazo de 30 días hábiles deberán dar respuesta sobre las peticiones presentadas por el accionante.

“Tomamos esta iniciativa teniendo en cuenta que han sucedido varios factores externos, como son el incremento del kilovatio en el municipio de Plato, y al suceder esto se aumenta el valor del consumo, lo que implica que ese 15% vendría siendo casi que impagable por todas las familias plateñas y eso ha conllevado a que ya en dos ocasiones, tanto el comercio como otros gremios en general, hayan salido a manifestarse, a marchar, protestar, incluso han llegado hasta el recinto del Concejo sin que, hasta el momento, esas peticiones hayan tenido eco”, expresó Evilla Cortina.

La situación venía siendo una queja recurrente entre la ciudadanía, razón por la cual, por medio de la firma Dura Lex Abogados SAS, tomó la vocería en el tema haciendo uso de este medio de control que, aclara, puede ser presentado por cualquier persona en nombre propio.

“Queremos que se alivie el bolsillo de las familias tumbando ese porcentaje, ya que el mismo se estableció sin hacer un estudio técnico y no especifica de dónde sale ni cómo lo establecieron”, añade.

Así mismo, afirma que las dos manifestaciones ocurridas en la población han estado “cerca de salirse de control”, debido a que la gente se encuentra con una actitud muy sensible ante lo que está sucediendo con los cobros tarifarios.

“Es un tema social que, si no se toman acciones judiciales o administrativas, va a generar un estallido social en el municipio (…) No se hizo un estudio técnico, no se determina de donde sale el monto y, además, el sujeto pasivo, o sea a la persona que se le está cobrando ese impuesto de alumbrado público, no es únicamente quien se beneficia, sino que se está cobrando de manera indiscriminada”, expresó.

Lo anterior, de acuerdo con los datos suministrados por el abogado, significa que hay habitantes a quienes se les estaría cobrando la tarifa del 15%, que ni siquiera cuentan con servicio de alumbrado público en sus sectores de residencia.

“Quien paga un impuesto es la persona que se beneficia del servicio, por ejemplo, el impuesto de valorización lo pagan los moradores de sector donde se realiza una obra y, obviamente, por haberse hecho la obra en esa zona, los habitantes se verán beneficiados y les va a valorizar su inmueble, en este caso, está pasando algo que el impuesto de alumbrado público, a pesar que el concesionario no ha dado cobertura de las luminarias en todo el municipio, corregimientos y zonas de vereda, se está cobrando en esas partes”, afirma.

Estos ciudadanos estarían ubicados en barrios subnormales de Plato y zonas rurales en las que no hay lámparas de ningún tipo y, sin embargo, estarían pagando por un servicio que no estarían recibiendo, sino que está habilitado en las partes céntricas de la población.

“Eso es lo que estamos pidiendo en la demanda también, que eso se determine claramente. A la Alcaldía y al Concejo les digo que tienen una oportunidad procesal para demostrar la voluntad político – administrativa para, de una manera más fácil y dentro del proceso, llegar a un acuerdo que beneficie al pueblo”, manifestó el abogado.

“En reiteradas ocasiones el Concejo y el alcalde han dicho que no es tan fácil llegar a bajar las tarifas porque debe hacerse un estudio técnico o, en su defecto, concertar con el concesionario y hacerlo de común acuerdo, como eso no se ha dado, y es difícil que el concesionario acceda a bajar las tarifas, ya que eso afectaría su bolsillo, es preferible que se haga vía judicial, teniendo en cuenta que este no hace parte del proceso jurídico”, concluye, explicando que tanto la administración como la corporación pueden coadyuvar la demanda para que el artículo se decrete nulo y se ejecute un nuevo estudio para que en el municipio se cobre un porcentaje acorde a la economía y al servicio que se presta.