Más policías para enfrentar la ola de criminalidad en Santa Marta

La ola de sicariato y criminalidad en general que azota a Santa Marta fue recientemente motivo de un Consejo Extraordinario de Seguridad liderado por la Alcaldía Distrital, en el cual anunciaron la adopción de “diversas medidas para garantizar la convivencia ciudadana y la tranquilidad de los samarios y turistas”.

En el encuentro estuvo presente el Secretario de Seguridad, Bladimir Torres, el de Gobierno, Marcelino K’david, el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jesús De Los Reyes, representantes del gremio de transportadores, entre sectores de la población.

Al cierre del consejo, la administración anunció la llegada de 110 nuevos policías en los próximos días, quienes tendrán la misión de reforzar los planes de seguridad y prevención.

De acuerdo con K’david, quien funge como alcalde encargado, este fin de semana estarían llegando al Distrito 50 uniformados, posteriormente se espera la llegada de los otros 60 para “incrementar las acciones operativas y combatir delincuencia”.

Pero, ¿realmente el aumento de policías es la solución para los problemas de inseguridad que enfrenta Santa Marta?
Sobre el tema, OPINIÓN CARIBE consultó a la psicóloga, lideresa y defensora de Derechos Humanos, Jennifer Del Toro, quien fue rotunda al afirmar que esta estrategia no es suficiente darles respuesta a los samarios.

“No es la solución que necesita el Distrito y creemos que va a recrudecer los actos de discriminación de los más de 28 mil motorizados que hay en Santa Marta”, expresó Del Toro.

De igual manera, hizo énfasis en la necesidad de crear grupos especiales de inteligencia que entren en función en el territorio para mitigar esta grave problemática que hoy tiene sitiada a la capital del Magdalena.

“Estos grupos para dar captura a objetivos de alto valor estratégico para las estructuras criminales y no estar dedicados a la persecución de vendedores informales y mototaxis porque eso ha sido una práctica que desde las caravanas de seguridad implementadas desde el 2014 han demostrado no servir para la disminución de los delitos de alto impacto”, añadió.

Del Toro considera necesario hacer un llamado al Gobierno Nacional para incluir a la Sierra Nevada y Serranía del Perijá dentro de las regiones de paz que fueron anunciadas como parte del proyecto de Ley que acaba de presentar en el Congreso de la República, señalando a Santa Marta y su zona rural como una sede para iniciar una transición hacia los diálogos con grupos armados, que permita pacificar y mitigar la conflictividad armada en la citada zona.

Lerber Dimas Vásquez, por otro lado, explicó que la situación en la ciudad se ha convertido en “un efecto placebo” pues cada vez que se elevan los indicadores de criminalidad la primera respuesta por parte de entidades como la Alcaldía y la Policía Metropolitana es el anuncio de mayor pie de fuerza.

“Eso nos los han dicho muchas veces, de hecho, cuando las cosas se ponen muy críticas, lo que hace la alcaldesa es solicitar que el Ejército también ayude a patrullar las calles, esto puede ayudar a que bajen los índices por unos días, pero una vez se retiran vuelven las problemáticas; así nos han tenido durante todos estos años, en altibajos”, señaló el antropólogo y también defensor de DD. HH.

Acorde con sus declaraciones, no serviría tener cualquier cantidad de policías en el Distrito, si las autoridades no saben leer correctamente el territorio para entender las dinámicas delictuales del mismo.

“En Santa Marta se requieren muchísimas cosas y lo que menos se necesita es tener muchísimos policías, lo que hay que hacer es que, con los que ya están aquí, potencializar. Que haya una infraestructura de seguridad que permita una acción urgente del Distrito frente a la criminalidad, lo que significa cámaras de seguridad vinculadas a la policía, cámaras que registren las placas, que registren rostros, drones, tecnología que permita descalar la acción criminal”, aseguró, reiterando la importancia de contar equipos de movilización eficientes.

En su explicación, también menciona la necesidad de realizar intervenciones integrales de seguridad, llegar hasta los barrios para recuperar la confianza en la institución, aliarse con las comunidades, organizaciones barriales, entre otros, en aras de desincentivar la criminalidad y desarticular pequeñas estructuras dedicadas a delitos como el hurto y el sicariato.

El crimen en la ciudad se encuentra en niveles preocupantes, por tal razón, los ciudadanos solicitan acciones efectivas que devuelvan la tranquilidad a los habitantes quienes se enfrenta al miedo ante la falta de medidas y procesos de judicialización que muestres resultados verdaderos.