Después del borrón, Ulilo y Caicedo hicieron cuentas nuevas

En solo tres años de las administraciones de Fuerza Ciudadana en la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta, el Hoy Diario del Magdalena ha recibido cerca de 7.000 millones de pesos en contratos de publicidad oficial, convirtiéndose prácticamente en la más grande caja de resonancia de Carlos Caicedo, Virna Johnson y el perro rabioso que muerde con sus portadas y titulares engañosos a todos aquellos a quienes los mandatarios le declaran la guerra, como la concesión de recolección de basuras y la Empresa de Servicios Públicos del Distrito, intervenida por el Estado.

Por: Unidad Investigativa con apoyo documental de Román Medrano Peña

En abril de 2013, el Hoy Diario del Magdalena en cabeza del ‘prestante periodista’ Ulilo Acevedo Silva, fue noticia nacional no precisamente por la calidad del periodismo que allí se ejecutaba, sino por todo lo contrario: de manera arbitraria borraron de una foto oficial de Presidencia al entonces alcalde de Santa Marta y hoy gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

Tras la andanada de críticas, Ulilo Acevedo, arrogante, publicó el 15 de abril una editorial donde contratacaba a los medios que le habían cuestionado su proceder antiético y salido de todos los marcos del ejercicio periodístico. En uno de sus apartes, la mencionada pieza dejaba ver su opinión respecto de la gestión de quien hoy llaman zalameramente en sus páginas ‘Doctor’: “[…] Al Alcalde no había necesidad de borrarlo de la foto, el mismo, solito, se ha encargado de que los samarios lo borren de su memoria y se les olvide el mal momento en que lo eligieron porque no ha sido capaz de sacar a la ciudad adelante y de ejecutar de manera clara y diáfana un Plan de Desarrollo que hoy a ciencia cierta no se sabe si existe o no. Y prueba de que la gente lo ha ido borrando, es que hace 15 meses contaba con el 78% de aprobación a su gestión y hoy apenas, llega raspando al 50%, lo que ha ido demostrando el grado de insatisfacción ciudadana para con el gobernante. De tal manera que no era necesario, resultaba irrelevante retirarlo de la foto.”

Más adelante, la editorial en comento, publicada por el Hoy Diario del Magdalena, arremete con más vehemencia contra los medios de comunicación que descalificaron su comportamiento, los acusa de cómplices y  vaticina la caída de las mentiras que han difundido en defensa de la gestión del entonces Alcalde: “nos cayeron encima con juicios y descalificativos propio de los que ejercen el linchamiento moral, y antes por el contrario vieron fue la oportunidad para tapar la realidad de lo que hoy padecen los samarios. Acertaron en ese sentido, en tapar y tapar el caos que hoy vive Santa Marta, pero no les va durar mucho, porque al final del túnel siempre se asoma la luz y aflora la verdad y se darán cuenta de la dura realidad de haber sido cómplices en ocultarle al país que la ciudad está en camino a cenizas”.

A poco menos de 10 años de aquel incidente, el ‘espacio libre e independiente que desarrollaba un periodismo a favor de los intereses de la comunidad’ no existe, pues, desde entonces el Hoy Diario del Magdalena ha venido ejerciendo el papel que su Director en editoriales y columnas de opinión, como dijimos citando textualmente una de esas piezas, le endilgaba a la prensa del interior del país. Esa independencia y defensa de los intereses comunes, si alguna vez existieron, desaparecieron completamente, porque el periódico que otrora investigaba y cuestionaba a la administración, ahora, por cuenta de ella, factura y a lo grande.

¿Corriendo las líneas éticas con contratos?

Desde la llegada de Caicedo a la Gobernación del Magdalena y también a la Alcaldía de Santa Marta, Editora de Medios S.A.S. y Canal Popular S.A.S., empresas de las que depende el Hoy Diario del Magdalena, han obtenido de esos dos entes territoriales y entidades descentralizadas, pero en la práctica serviles al Gobernador, contratos por casi 7.000 millones de pesos. (6.887.365.600)

Según Diego García Ramírez, Antropólogo, Magister en Comunicación, Doctor en Comunicación y Cultura y Profesor titular del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, si bien está permitido legalmente que las entidades públicas contraten con medios de comunicación, en la práctica no se cumple con los fines establecidos, pues, la experiencia dice y ha quedado demostrado en muchas oportunidades que ese tipo de vínculos tienen como finalidad limitar la acción periodística y establecer desde las oficinas estatales la agenda mediática.

“Eso se conoce usualmente como publicidad oficial que es necesaria por supuesto, porque todas las entidades y dependencias de los gobiernos necesitan espacio en los medios para informar sobre sus actividades, sin embargo se ha vuelto un mecanismo de censura indirecta, es decir, una forma sutil a través de la cual las instituciones o los personajes de la política, o que ejercen cargos de poder, intentan condicionar la información que se produce sobre sus funciones y sobre su actuar, entonces se ha convertido en un mecanismo mucho más sutil que la censura directa, por eso se habla de censura indirecta, porque es una manera mucho más sutil, más difícil de rastrear, menos violenta y mucho más efectiva para incidir en la agenda pública”, explica Diego García.

En ese mismo sentido son las opiniones del Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), organización que ha podido comprobar con datos que este tipo de contratación tiene muchos elementos en su estructura que favorecen el desdibujamiento de los fines establecidos por la Ley para la publicidad oficial. “Los objetos de los contratos son ambiguos y muchas veces la definición de lo que entienden las entidades por publicidad oficial es confusa. Una situación que favorece el uso de esta herramienta para fines ajenos a su propósito que es informar a la ciudadanía sobre la oferta institucional. Las irregularidades o excesos cometidos por los funcionarios en la asignación de publicidad oficial, tanto por las administraciones locales como por las nacionales, constituyen una amenaza para la libertad de expresión en el país”, sostiene la ONG.

Es importante en este punto anotar, que la Ley 1474 de 2011 en su artículo 10 establece los lineamientos que han de seguirse a la hora de contratar con medios de comunicación la divulgación de programas y el alcance de los mismos. Indica la norma referenciada que tales contratos “deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos”.

No obstante, el lector crítico, luego de realizar un análisis a los vínculos contractuales entre Editora de Medios S.A.S. y Canal Popular S.A.S. , ejecutados por Hoy Diario del Magdalena y las entidades que controla a su antojo Carlos Caicedo, podría concluir que se salen del marco de los establecido por la Ley, porque no son para nada austeros, están enfocados a fines distintos a los de difusión de los resultados de gestión e inciden de manera directa en el Derecho a recibir información veraz, oportuna y, sobre todo imparcial, contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de 1991.

Ulilo ya no critica, ahora factura

“La opinión pública de Santa Marta nos conoce suficientemente y sabe que a través de más dos décadas hemos construido un espacio libre e independiente, que antes no existía”, dice en una parte el texto del editorial del Hoy Diario del Magdalena del lunes 15 de abril de 2013, unas líneas más abajo, el mismo documento, difundido por varios medios de comunicación advierte sobre la fotografía donde se borró al entonces Alcalde: “Fue un error innecesario, no somos estúpidos ni brutos que fuéramos para cometer a conciencia semejante falta. Y nos preocupa porque eso lesiona nuestra credibilidad, objetividad y profesionalismo. Circunstancia que desde luego la han aprovechado los oportunistas y han hecho uso de ella para tratar de menoscabar nuestra posición crítica frente al gobernante de la ciudad lo cual no van a lograr”.

Hoy esas palabras son para Ulilo Acevedo y Carlos Caicedo un mal recuerdo que se ha ido difuminando con dinero y afinidad periodística. Editora de Medios S.A.S. ha recibido de la Gobernación del Magdalena 7 contratos de acuerdo con la respuesta enviada por ese ente territorial a Opinión Caribe. El primero de ellos, fue adjudicado el 22 de diciembre de 2020 con un valor de 80 millones de pesos y un plazo de ejecución de 9 días. Su objeto era: Prestación de servicios profesionales de diagramación, diseño y publicación de una edición especial tipo separata para socializar la gestión del Plan de Desarrollo Magdalena renace 2020-2023, con el mismo objeto, fueron adjudicados tres contratos más: uno por valor de 120 millones el 24 de diciembre de 2021 y dos más el 27 de julio y 19 de diciembre de 2022 con un costo de 160 y 147 millones, respectivamente, es decir, el valor de la separata subió ostensiblemente su valor, se duplico y luego bajó de precio. Los tres contratos se adjudicaron en la modalidad de contratación directa.

El 30 de agosto de 2021 recibió un contrato para prestación de servicios profesionales que consolide el proceso de divulgación de la información institucional, socializando los proyectos contenidos dentro del plan de desarrollo departamental 2020-2023, a través de publicaciones en un medio de comunicación escrito y digital, por valor de 120 millones de pesos.

En octubre 13 de 2022 otro más por valor de 2.994 millones para adquisición de cuaderno escolar cinco materias para sedes educativas oficiales en el departamento del Magdalena para el año escolar 2023. Este medio contactó a varios docentes al azar para preguntar por esas libretas, pero, aseguraron no haberlas recibido ni tener conocimiento de la entrega de las mismas en sus escuelas y colegios. Una semana después, es decir, el 19 de octubre suscribieron otro contrato por 200 millones con el siguiente objeto: prestación de servicios profesionales con el fin de apoyar las acciones estratégicas de comunicación, que permitan una movilización ciudadana, a partir de la promoción de los programas banderas, proyectos y campañas de la Gobernación del Magdalena, a través de un medio de comunicación escrito.

De acuerdo con la información recibida, se tiene entonces, que Editora de Medios S.A.S. ha recibido de la Gobernación del Magdalena la suma de 3.674 millones de pesos en contratos, situación que ha condicionado la objetividad en el cubrimiento de la información relacionada con la gestión de Caicedo y los muchos problemas de índole penal y administrativo que ha tenido que enfrentar este último tiempo.

A su vez, la Alcaldía de Santa Marta ha suscrito 5 contratos con Editora de Medios para: prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proceso de masificación de la información institucional, a través de un medio de comunicación escrito. El primero de ellos, el 23 de junio de 2020 con un plazo de ejecución de tres meses por un valor de 100 millones de pesos; el segundo, por 200 millones de pesos el 10 de septiembre del mismo año con similar plazo de ejecución; el tercero, el 18 de junio de 2021 por 420 millones de pesos y tres meses de ejecución, las cláusulas de este contrato fueron modificadas el 27 de julio del mismo año. En enero 18 de 2022 recibieron el cuarto contrato por 700 millones y 10 meses de ejecución y, el último, fue entregado el pasado 13 de marzo por un valor de 700 millones y 9 meses de ejecución.

Así las cosas, tenemos que Editora de Medios ha recibido de la Alcaldía de Santa Marta contratos por valor de 2.120 millones de pesos. Esta cifra puede explicar la forma como se han venido cubriendo temas relacionados con el trabajo de Atesa, empresa recolectora de basuras y la Empresa de Servicios Públicos de Distrito de Santa Marta, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, entidades a las que Carlos Caicedo y Virna Johnson le han declarado públicamente la guerra.

También ha recibido contratos del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta (Setp) en estos tres años por valor de 435 millones de pesos y de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar) antes de la intervención, es decir, mientras estuvo administrada por funcionarios serviles al Caicedismo por 183 millones y 45 millones después de la intervención.

También se ha visto beneficiada con millonarios contratos la empresa Canal Popular S.A.S., la cual es representada legalmente por Astrid Liseth Zapata Goenaga quien también figura como representante legal de Editora de Medios S.A.S. en todos los contratos firmados por esta sociedad con la Gobernación del magdalena y la Alcaldía de Santa Marta.

Según la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Santa Marta, Canal Popular S.A.S. ha recibido dos contratos: uno en agosto y otro en noviembre de 2021 por valor de 138 y 126 millones de pesos respectivamente. También uno en octubre del mismo año por parte del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta (Setp) por un valor de 16 millones y medio. Tenemos entonces, que esta empresa, facturó por cuenta de entidades públicas 281 millones de pesos en un solo año.

Llamado de atención a los entes de control

Tenemos entonces, que Editora de Medios S.A.S. y Canal Popular S.A.S., empresas de las que depende el Hoy Diario del Magdalena, desde 2020 hasta la fecha, han obtenido de la Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta, Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta (Setp) y Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar) antes de la intervención, contratos que suman un gran total de 6.887.365.600, una análisis detallado al contenido de este periódico podría demostrar que este dinero ha condicionado la manera como se informa de las movidas que realizan tanto el Gobernador como la Alcaldesa, alejándose de los parámetros legales establecidos para la pauta oficial.

En varias oportunidades, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha sostenido que el objetivo primario de la publicidad oficial no se cumple entre otras cosas, por “la ausencia de parámetros específicos para el ejercicio de este tipo de contratación deja un amplio margen de discreción para la asignación de estos recursos que puede llegar a utilizarse con el objetivo de favorecer o castigar a los medios de comunicación”.

Similar opinión tiene el doctor Diego García, quien afirma que los montos y la periodicidad de los contratos que se otorgan a los medios de comunicación hacen que estos se hagan los de la vista gorda de los asuntos verdaderamente importantes para la opinión pública y se conviertan en canales propagandísticos de quienes ostentan el poder administrativo y controlan los recursos públicos.

“[La pauta oficial] termina condicionando mucho el periodismo y lo medios de comunicación que se conciben de alguna manera como medios vigilantes, críticos al poder, pues finalmente terminan es produciendo información celebratoria, adulatoria, que termina exaltando constantemente la labor de los políticos o de las personas que están en cargos públicos, se nota que no es una información donde hay investigación, donde hay contraste de información, donde hay diversidad de fuentes, sino que termina siendo de información oficial adulatoria, celebratoria de lo magnífico, de lo fantástica que es la labor de los políticos”, asegura García Ramírez.

Así mismo, asegura el académico que estas modalidades de contrato deberían regularse y someterse a las reglas de la contratación pública cuando alcancen ciertos montos y periodicidades, buscando que sea lo más transparente posible.

“En Colombia no está regulada la publicidad oficial, hay unos artículos en la Ley anticorrupción que dicen cómo se deben asignar recursos en general y en particular también sobre la pauta oficial, pero yo creo que sí debería regularse la publicidad oficial, ya algunos países lo están proponiendo,  así como en ciertos sectores después de determinado monto hay que ir a licitación pública y este tipo de cosas, la asignación de los recursos tiene que ser lo más trasparentemente posible en el caso de la publicidad de las entidades públicas, pues hay muy poca trasparencia”, apremió el profesor e investigador de la Universidad del Rosario.

Finalmente, desde esta tribuna hacemos un llamado a los entes de control y judiciales para que pongan la lupa sobre el Magdalena y el aparente uso indebido que se viene haciendo de los recursos públicos destinados a publicidad oficial para favorecer la imagen de funcionarios y movimientos políticos, en este caso la del gobernador Carlos Caicedo y el movimiento Fuera Ciudadana. Así mismo, recalcar que es de suma importancia que otros medios de comunicación cuenten con las garantías suficientes para realizar su debida labor y la protección del derecho de los ciudadanos a estar informados de manera objetiva.

Hay que poner un alto a la censura indirecta y al hostigamiento puntual que se viene presentando desde la Alcaldía de Santa Marta, los entes descentralizados y la Gobernación del Magdalena, castigando a quienes informan verás y oportunamente situaciones anómalas  y premiando a personas como Ulilo Acevedo, que pasó de ser guardián de los intereses del pueblo y un crítico acérrimo de la corrupción, a ser el adulador número uno del gobierno de turno, como hemos visto, por cuenta de multimillonarios contratos.

Hemos tratado de explicar en este artículo que en estos tres años se entregaron a dedo 7.000 millones de pesos a una misma persona.

Ver aquí relación de los contratos: https://drive.google.com/drive/folders/1QCNxUn8lrUhwwIKsdq8eQE6LSs_zsA9N?usp=sharing