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Columnistas

La economía popular del Gobierno Petro: por cada reto, una oportunidad

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Por: Mauricio Díaz-Beltrán

Pese a que la ortodoxia económica la ha tachado de improductiva, la denominada economía popular (EP), que, en particular, se refiere a oficios y ocupaciones mercantiles y no mercantiles desarrolladas por unidades económicas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas), en cualquier sector económico[1], ha venido ganando fuerza en los últimos años entre los Gobiernos progresistas de Latinoamérica. Argentina y Ecuador han hecho avances significativos en esta materia, y ahora Colombia, con la llegada del nuevo Gobierno, tiene intenciones de ello.

Problemas históricos de la economía nacional, como la alta concentración de rentas —téngase en cuenta que para el año 2021 el coeficiente de Gini fue 0.523[2], siendo el segundo más alto de Suramérica; tan sólo superado por Brasil, que es una nación con poco más del cuádruple de habitantes—, el poco acceso al crédito por gran parte de la población, la inflexibilidad institucional del mercado de trabajo, las altas barreras de entrada para el empresariado naciente, la conformación y persistencia de oligopolios y monopolios que inhiben la innovación tecnológica y la competitividad —generando conductas rentistas o parasitarias del capital que devienen en fallas de la productividad—, y la escasez de capital humano derivada de rigideces en el sector educativo, han tenido como consecuencia la configuración de altos niveles de desigualdad y pobreza que, a su vez, se suceden en alarmantes índices de informalidad[3] —para el total nacional, en el trimestre móvil noviembre 2022 – enero 2023 la proporción de ocupados informales fue 57,9%—. En otras palabras, ante la necesidad de subsistir, de la protección y reproducción de la vida, fin biológico esencial de nuestra especie, las personas pertenecientes a sectores excluidos del mercado laboral crean su propio trabajo.

Por primera vez, un Gobierno nacional ve en esta situación no un problema estructural denominado informalidad, sino una oportunidad de fomento empresarial y mejora en la calidad de vida de las clases vulnerables. Pero no todo es tan fácil como en el mundo de las ideas, pues, luego de décadas de apertura económica, primacía de un modelo de mercado y adopción de otras recetas económicas enmarcadas en el modelo neoliberal, el sistema colombiano actual en términos jurídico-económicos parece no ser compatible o, al menos, amigable con unidades productivas categorizadas como EP. El Gobierno lo sabe, y por eso a empezado a volcar sus capacidades institucionales en harás de atender los requerimientos necesarios para hacer partícipes del sistema a estos agentes.

No obstante, es importante aclarar y entender que economía popular no es sinónimo de economía informal. Existe una sección observable desde el punto de vista jurídico-económico de la EP —agentes que cuentan con NIT, RUT, y otras formalidades de esta naturaleza—, compuesta principalmente por micronegocios y microempresas. Dada su situación de madurez económica más avanzada, resulta plausible que unidades económicas pertenecientes a esta sección empiecen a participar en el sistema de compras públicas. Así lo pretende el Gobierno en el corto y mediano plazo.

Otra oportunidad podría ser la identificación y el apoyo a unidades productivas de baja o mediana escala que operan como satélite de una firma reconocida. Estos casos, en particular, responderían a uno de los puntos problemáticos planteados ante el tema: la desconfianza en que unidades productivas de este tipo tengan las capacidades técnicas para participar de las compras públicas y/o competir en el mercado nacional, incluso internacional.

Adenda: a manera de réplica a las duras posiciones de la ortodoxia económica mencionadas al comienzo de este artículo, hay que tener en cuenta que Elinor Ostrom, politóloga estadounidense galardonada con el premio Nobel de Economía en 2009, hacía referencia a la existencia de casos en las sociedades modernas que demostraban que la asociatividad de pequeñas unidades económicas, del tipo EP, y no la preponderancia de iniciativas privadas de grandes capitales, resultaba más estables y socialmente eficientes en el largo plazo y eran capaces de resistir mejor y recuperarse más rápido de eventuales crisis cíclicas inherentes al sistema capitalista.

[1] Véase las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/2023-02-06-Bases-PND-2023.pdf

[2] Véase el Comunicado de prensa del DANE del 26 de abril de 2022: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2021/Comunicado-pobreza-monetaria_2021.pdf

[3] Véase: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social#:~:text=Para%20el%20total%20nacional%2C%20en,anterior%20(58%2C4%25).