Contralor General ordena vigilar de cerca proceso licitatorio para construcción de acueducto en Santa Marta

El Contralor General utiliza su poder de control preventivo y concomitante para revisar el proceso de licitación, lo cual es una facultad única, excepcional y exclusiva de él como cabeza del órgano de control.

La Contraloría General de la República anunció el inicio de actuaciones de control concomitante y preventivo sobre el proceso licitatorio para la construcción del nuevo Acueducto de Santa Marta. Este enfoque se centrará específicamente en el contrato que se suscriba y en la ejecución global del proyecto.

Diego Alejandro Castro, Contralor Delegado para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, explicó que el objetivo principal es monitorear los riesgos identificados hasta el momento y aquellos que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto. Este seguimiento se realizará haciendo uso de las facultades otorgadas a la Contraloría General de la República, según lo establecido en el artículo 267 de la Constitución Política y el Decreto Ley 403 de 2020.

La licitación pública LP011-2023 para la Construcción del Sistema de Acueducto, denominado «El Curval», tiene como fecha límite para recibir ofertas el 29 de noviembre de 2023. La firma del contrato, según la modificación reciente al cronograma realizada el 22 de noviembre, se llevará a cabo el 26 de diciembre.

Riesgos Detectados por la CGR

En el marco del seguimiento de la Contraloría General de la República a esta licitación, se han identificado varios riesgos. Uno de los principales es la forma de pago propuesta para la ejecución de las obras, así como la falta de un estudio de financiamiento que analice diversas alternativas de crédito.

Se ha señalado que los pagos anuales durante 30 años, con una financiación del 100% a través del contratista, podrían generar problemas de liquidez y afectar el flujo de caja durante la etapa de construcción, llevando a la parálisis o abandono de los trabajos.

La Contraloría también advierte que los requerimientos financieros de la licitación no concuerdan con la forma de pago propuesta, lo que podría imponer demandas financieras superiores a las de un proyecto de obra pública tradicional.

Otro punto de preocupación es la posibilidad de una financiación onerosa a través del contratista, comparada con otras alternativas de crédito que no han sido debidamente estudiadas. Este sobrecosto financiero podría tener dimensiones significativas.

En conclusión, la Contraloría General de la República plantea la posibilidad de una presunta inobservancia a las disposiciones legales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano en lo que respecta a vigencias futuras excepcionales, si se suscribe el contrato en las condiciones actuales.