¡Señora fiscal, Luz Adriana Camargo, los niños de la calle 11 en Santa Marta siguen esperando justicia!

Las estadísticas que presentó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el boletín del pasado mes de septiembre son aterradoras: a esa fecha se habían realizado 13.420 exámenes medicolegales por presunto delito sexual a menores de entre 0 y 17 años. Por fortuna para las víctimas, los delitos contra la integridad y formación sexual son imprescriptibles. 

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

Muchos analistas sociales, políticos y hasta médicos, han sostenido, sin que haya mucho argumento en contrario, que los distintos tipos penales que atentan contra la Libertad y formación sexual son un fenómeno criminal y social intrincado y que debe abordarse desde diferentes dimensiones. Pues, atendiendo a los contextos en los que se presentan, pueden variar sustancialmente, tanto las casusas y población afectada, como las motivaciones y agresores. No obstante, es claro que son los niños, niñas y adolescentes la población más vulnerable.

Recientemente, el país quedó aterrado con el caso de una niña en Palmira, Valle del Cauca, que fue sometida a vejámenes sexuales, posteriormente asesinada y desmembrada por un sujeto a quien el sistema judicial ya había referenciado por hechos similares. Amén de este hombre que está hoy tras las rejas y a punto de recibir una ejemplar condena, son más los infortunados sucesos de este orden que quedan en la impunidad por muchos factores.

Esta problemática y a veces aceptada inaplicación de la justicia, se vive en todas las escalas sociales y escenarios más impensados. La semana pasada trascendió a la opinión pública el caso de una familia que fue violada sistemáticamente durante tres años por un sacerdote Jesuita, a quién solapadamente encubrió la curia, castigándolo únicamente con la suspensión de oficiar misas.

Los afectados presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Francisco de Roux, exdirector de la Comisión Nacional de la Verdad, quien siendo sacerdote, recepcionó las quejas de los siete hermanos Llanos, pero prefirió proteger a Darío Chavarriaga, uno de los párrocos de la congregación Jesuita. Los afectados, todos de una misma familia, dijeron en una entrevista con El Espectador que el sacerdote les daba regalos y comida aprovechando sus dificultades económicas para posteriormente poder agredirlos sexualmente. Estas prácticas, fueron reiteradas en el cura, quien siguió después de eso, mucho tiempo en actividad sacerdotal, teniendo acceso a más posibles víctimas.

“Llegaba y mis hermanas chiquitas, la menor tenía 6 años y la mayor 16, se tiraban a abrazarlo. Llegaba con bizcochos a tomar onces. También llegaba con regalos y otros incentivos. Era muy natural todo. […] Fue una persona muy simpática, era una persona muy entradora y agradable en su trato, y se ganaba muy fácil la confianza de los niños porque su principal foco de actividad fue con niños, desde los 16 años para abajo. Siempre tenía juegos y canciones. Eso le permitió mantener contacto con nosotros y llegar a una mayor intimidad cada vez más porque también se ganaba la confianza de los papás”, relataron los hermanos Llanos.

Escuchar la entrevista en las plataformas de El Espectador, es adentrarse en el horror de este tipo de prácticas y los ardides que utilizan los agresores, quienes en principio aparecen como benefactores y, aun condenados, suelen tener defensores. En este punto, advierten teóricos de la ciencia penal moderna como Manuel Cancio Meliá, que “dadas las circunstancias en las que estas infracciones suelen producirse –con víctima y autor solos en un espacio sustraído a la observación por parte de testigos–, debe procederse en muchos casos a una prueba de indicios en la que adquiere una relevancia muy especial la declaración de la víctima”.

Los peligros a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en Colombia no son percepciones ni cifras frías sino realidades que impactan diariamente a un número importante de familias, marcando el desarrollo psicosocial del afectado y las más de las veces, trastocando su potencial humano, es decir, la capacidad de convertirse en un ciudadano de bien y movilizarse socialmente. A corte diciembre de 2023, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se realizaron 10.192 exámenes medicolegales por presunto delito sexual a menores de entre 0 y 17 años.

El Boletín estadístico mensual del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, publicación que tabula el “comportamiento de las lesiones de causa externa registradas a través de la práctica forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, indica que, para septiembre de 2024, se realizaron 13.420 exámenes medicolegales por presunto delito sexual a menores de entre 0 y 17 años. Estadística nefasta, que deja ver un aumento exponencial de esta práctica criminal sobre los niños, niñas y adolescentes.

Esa publicación, señala también, que, a esa misma fecha de 2024, Santa Marta registra 212 casos sin que se desagreguen las cifras, sin embargo, este tipo de eventos no están dimensionados a plenitud por los subregistros, es decir, los abusos y violaciones que por cualquier factor no son denunciados ante las autoridades, posibilitan el accionar de los pedófilos, como ocurrió en el caso de los hermanos Llanos y otros tantos denunciados por la opinión pública.

Las estadísticas ofrecidas por Medicina Legal, según varias organizaciones defensoras de derechos humanos está distante de la realidad del asunto, ya que, estiman que hay un porcentaje de subregistros cercano al 40%, es decir, casi la mitad de los casos no se denuncia ni se investiga por las autoridades competentes. Este escrito tiene como objetivo traer a tiempo presente unas denuncias que se formularon en contra de un presunto abusador de menores, pero que el maremágnum de memes y comentarios de troles las sepultó en la internet.

Según relatan las denunciantes y varias personas que tomaron partido en la discusión, los hechos ocurrieron en la calle 11 entre las carreras primera y quinta, uno de los sectores más deprimidos de la ciudad y desde hace muchos años reconocido por ser un espacio de drogas y prostitución. Varias entidades públicas e investigadores sociales han determinado que la población infantil y adolescente que habita en esa zona es vulnerable y fácilmente influenciable, habida cuenta de las limitaciones propias del espacio y el contexto inadecuado en el que se desarrolla su diario vivir.

Una de las mujeres, refiriéndose al presunto abusador denunció: “conocido en la calle 11 pero no solo por ser un gran personaje, sino por tus propuestas indecentes a los menores. […] Seductor de menores: ¿Recuerdas como querías regalarle un celular a mi hijo de 12 años? Gracias a dios siempre les he hablado a mis hijos de los peligros de los abusadores de menores”. A la luz del ordenamiento jurídico colombiano, estas conductas son punibles y se encuadran en al menos tres de los tipos que se encuentran descritos en el Título IV del Código Penal vigente, denominado: Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales.

Durante días, algunas personas interactuaron con la publicación, varias de estas en favor del presunto abusador, de hecho, esos perfiles solo tienen en esa red social la mencionada interacción, por lo que es fácil pensar que se trata de cuentas creadas con ese único fin, es decir troles. Los comentarios de esos internautas están encaminados a restar credibilidad de la víctima, insinuando que no era un hecho aislado, sino una conducta habitual en el infante, que, para ese entonces, tenía 12 años. Uno de esos, sentencia en tono burlesco: “ajaja que espectáculo. Más ese niño como le dicen y se lo comía, enseñen a sus hijos que sea hombres de verdad no cacorros ni marica”.

Otro de los habitantes del sector hizo una denuncia similar en contra de este presunto abusador, al percatarse de la polémica desatada y los comentarios descalificando la dignidad de los menores afectados. “Les hacía insinuaciones homosexuales a dos de mis sobrinos y lo digo porque me consta”, dice la publicación.

Varias interacciones más delante, uno de los que defiende al presunto abusador, da pistas de quién puede ser el menor que por los relatos, fue objeto de abusos sexuales en uno de los edificios que se encuentra en la calle 12 entre carreras primera y quinta. “Para terminar, señora mamá de N….., cuando el venga a Manta Marta, mire con quién anda porque el sí que anda en esas vueltas y la excusa es que anda siempre en la bici o jugando futbol. Dígale qué hace en la plaza de la Alcaldía y el cementerio y más bien corríjalo a él”, escribió ese usuario, aparentemente, conocedor de todos los detalles e intríngulis de los que en esa zona ocurría con ‘propietarios’ de edificios y menores de edad vulnerables.

Aunque ha pasado un tiempo desde que se hicieron esas denuncias y se emitieron juicios que parecen confirmarlo, las autoridades no han actuado de acuerdo con los modos y las formas que indica la lógica común, más aún, en una sociedad como la colombiana que vía legislación y jurisprudencia ha dado preponderancia y fortalecido los mecanismos de protección y reivindicación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

De hecho, El Protocolo de investigación de violencia sexual: Guía de buenas prácticas y lineamientos para la investigación penal y judicialización de delitos de violencia sexual, documento que guía el ejercicio del ente acusador, advierte que “la Fiscalía General de la Nación (FGN) tiene la obligación de seguir estándares de debida diligencia para atender, investigar y judicializar los casos de violencia sexual: La investigación debe realizarse de forma inmediata, exhaustiva, seria e imparcial, en un plazo razonable y bajo el impulso de los funcionarios judiciales, quienes deben utilizar plenamente sus facultades oficiosas y adoptar una actitud proactiva en la búsqueda efectiva de la verdad”.

En razón a este postulado, hago un llamado respetuoso a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la veracidad de los hechos denunciados por dos personas distintas, familiares de tres niños habitantes de una de las zonas más vulnerables de la ciudad e inmersa en un contexto de tráfico e intercambio sexual, básicamente de subsistencia.

La situación merece especial atención porque 9 años después de estas denuncias, el presunto abusador ha podido acceder o ejecutar actos sexuales con un número indeterminado de infantes, amparado, seguramente y según se entiende de los comentarios, en su solvencia económica. Casos hay por montones en periódicos y revistas, donde después de una investigación en detalle el ente acusador logra probar ante un juez, que, aprovechándose de las limitadas condiciones económicas de los menores, personas con desviaciones sexuales abusan de ellos a cambio de dinero y cosas de valor.

Finalmente, y por fortuna para las víctimas de este presunto abusador, la Ley 2081 de 2021, la cual modificó el artículo 83 del código Penal (Ley 599 del 2000), introduciendo un parágrafo, el cual señala que: “cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años, la acción penal será imprescriptible”.

¡Señora fiscal, Luz Adriana Camargo, los niños de la calle 11 en Santa Marta siguen esperando justicia!