Corte Suprema condena a más de 15 años a Francisco José Infante, exgobernador encargado del Magdalena

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 15 años, 8 meses y 6 días prisión al exgobernador encargado del Magdalena, Francisco José Infante Vergara, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación, Infante Vergara hizo parte de un entramado de corrupción que direccionó indebidamente y se apropió de los recursos de un contrato destinado a la toma de muestras para detectar el VIH.

En el fallo se indica que la pena deberá hacerse efectiva en centro carcelario, por lo que se ordenó su captura inmediata. Además, deberá pagar 2.589 millones de pesos por concepto de daños y perjuicios, y una multa equivalente a 1.153 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“La investigación dirigida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró que Infante Vergara, mientras ejerció como gobernador en encargo, dio vía libre para la celebración irregular del contrato 372 de 2007, por 443 millones de pesos, que tenía por objeto la toma de muestras de sangre para detectar del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a 4.000 habitantes de sectores vulnerables del departamento”, dijo la Fiscalía.

Según la información, inicialmente, se estableció que el exmandatario permitió que fuera celebrado el contrato con un Instituto Prestador de Salud (IPS) que no estaba inscrito ante el Ministerio de Salud, que además había presentado una oferta comercial por encima de los precios de mercado, no contaba con personería jurídica ni experiencia mínima, infraestructura y solvencia financiera. En la fase de ejecución se ordenó el desembolso de un anticipo del 50% del valor del contrato, el cual fue consignado a una cuenta distinta a la registrada por el IPS.

Finalmente, el contrato fue liquidado y pagado en su totalidad. “Como sustento se aportaron certificaciones que daban cuenta de la atención total de la población a beneficiar; sin embargo, 1.065 personas no fueron atendidas y de las 2.935 personas restantes se tomó una muestra aleatoria, la cual manifestó que nunca recibió el servicio”, finalizó la Fiscalía.