Procuraduría alerta por altas cifras de violencia sexual en el país

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, a octubre de 2024 se reportaron 28.944 casos de violencia sexual, 48.018 casos de violencia física y 11.782 casos de violencia psicológica contra mujeres.

La Procuraduría General de la Nación alertó sobre el preocupante panorama de la violencia de género en Colombia, lo que evidencia una lamentable realidad que exige acciones urgentes por parte del Estado y la sociedad.

Según las cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a septiembre de 2024 se registraron 16.797 exámenes medicolegales realizados por presunto delito sexual, con el 88 % de las víctimas siendo mujeres.

Así mismo, en el mismo periodo se registraron 47.757 casos de violencia intrafamiliar, donde el 76.9 % de las víctimas fueron mujeres, evidenciando la persistencia de esta problemática.

“Estos datos nos llaman a actuar con firmeza. No podemos permitir que las víctimas enfrenten barreras como la revictimización o la falta de acceso a la justicia. Es crucial garantizar que el Estado no sea cómplice, por acción u omisión, de perpetuar la desigualdad”, expresó la procuradora Margarita Cabello Blanco.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, a octubre de 2024 se reportaron 28.944 casos de violencia sexual, 48.018 casos de violencia física y 11.782 casos de violencia psicológica contra mujeres, reflejando la diversidad de formas que adopta esta violencia. Igualmente, se registraron 2.562 casos acoso sexual y laboral.

Adicionalmente, la Procuradora subrayó que, además de enfrentar actos de violencia, las víctimas deben afrontar serios obstáculos, como la revictimización y la limitada accesibilidad a la justicia, desafíos que perpetúan la impunidad y profundizan las desigualdades de género.

Frente a este panorama, el ente de control ha intensificado su lucha contra la violencia de género, destacando la identificación y remisión de 8.174 informes, desde 2022, a las personeras y personeros municipales competentes, con el propósito de alertar sobre la necesidad de intervención judicial prioritaria en casos donde se evidencia un riesgo extremo de lesiones o muerte de mujeres víctimas.

Finalmente, reiteró la importancia del enfoque diferencial como herramienta clave para enfrentar las desigualdades estructurales que afectan a mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y miembros de la comunidad LGBTIQ+.