Columnistas
Volvimos a caer en la trampa

La difícil situación de orden público que se vive en el Catatumbo: más de 40.000 desplazados y un centenar de muertos, es la prueba irrefutable de un nuevo fracaso del Gobierno Nacional y los grupos armados en alcanzar un desescalamiento del conflicto por la vía política. La lógica indica que el territorio debe recuperarse militarmente: a sangre y fuego, como pasó después de ‘El Caguán’.
Por: Víctor Rodríguez Fajardo
El ‘vehemente’, pero tardío mensaje del presidente Gustavo Petro al Ejército de Liberación Nacional (ELN), me trajo a la mente un hecho similar: el 20 de febrero del 2002, Andrés Pastrana Arango, por ese entonces jefe de Estado, pronunció un breve discurso televisado, donde daba a conocer el fin de un episodio histórico conocido como ‘El Caguán’.
“He tomado la determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Este grupo guerrillero, con sus acciones y con su actitud, se ha encargado de cerrarle la puerta a la solución política. […] He decidido poner fin a la zona de distensión y he dado todas las órdenes del caso a nuestras Fuerzas Militares para que retornen a dicha zona en forma inmediata, teniendo especial cuidado en la protección de la población civil”, comunicó.
En su alocución, Pastrana enumeró los muchos hechos ejecutados por la guerrilla de las Farc, grupo subversivo con el que sostuvo casi desde el inicio de su gobierno una mesa de negociación. Según el presidente, entre enero y febrero de 2002 se presentaron en el país 117 atentados terroristas; explotaron cuatro carros bomba; se descubrieron por parte del Ejército siete campos minados; se comprobó la responsabilidad de esa organización en el homicidio de 20 civiles; fueron dinamitadas 33 torres de energía, dos tramos del oleoducto Caño Limón y tres puentes.
Sin embargo, el vaso que rebosó la copa y acabó con la confianza del gobierno de entonces, fue el secuestro de un avión donde se transportaba Jorge Eduardo Gechem Turbay, presidente de la Comisión de Paz del Senado. Las noticias dan cuenta que, en su huida, los guerrilleros de las Farc dinamitaron inicialmente el puente que conecta los municipios de Neiva y Garzón, en el departamento del Huila y, más adelante, el paso vial que une a San Rafael con San Carlos, en Antioquia. Este acto terrorista dejó como saldo tres personas muertas, dos de ellas, una mujer en trabajo de parto y su hijo por nacer.
Los años posteriores a esta declaratoria, dejarían en evidencia que los más de dos años que duraron las conversaciones entre el gobierno de Pastrana y la guerrilla de las Farc, fueron utilizados por esa organización para fortalecerse militar y económicamente. Prueba de ello, puede ser que, resistieron durante ocho años la arremetida militar de Álvaro Uribe y, aún hoy, después de haber ‘desmovilizado’ gran parte de sus hombres tras el Acuerdo de La Habana, siguen operando casi con el mismo vigor y en las mismas zonas.
Precisamente, este último punto puede darnos una idea de lo que realmente pasó en los más de cuatro años que el secretariado de las Farc estuvo sentado a manteles con el gobierno Santos; primero en Noruega y luego en Cuba. Uno de los comandantes de las disidencias de esa organización, reconoció que en el periodo de negociaciones pudieron acumular una caleta de oro estimada en más de $50.000 millones y que, la repartición de esta ha sido motivo de discordia.
Los combates que libran esas estructuras con varios frentes del ELN en el Catatumbo confirman la versión según la cual, parte de la caleta fue invertida en material para sustentar la guerra.
Esa entrevista con Andrey Avendaño es muy diciente y deja al descubierto la idea generalizada entre los cabecillas de esa guerrilla, como Jesús Santrich e Iván Márquez, a quienes les pareció que lo ‘acordado’ no era suficiente y retomaron las armas, rechazando una curul en el Congreso de la República.
Santrich, quedó filmado varias veces haciendo transacciones relacionadas con el narcotráfico, ratificando la idea de muchos colombianos, incluyéndome, para quienes las guerrillas que aún subsisten en el país dejaron hace mucho tiempo de ser movimientos políticos, para degradarse en organizaciones dedicadas al narcotráfico y el terror.
Hoy podemos decir que la tal ‘Paz’ que consiguió Juan Manuel Santos nunca existió, tampoco las garantías de reparación y no repetición. A fecha de hoy es muy poco lo que se ha avanzado en esas materias y en lo que respecta a la verdad de los hechos acaecidos hasta ese momento del conflicto armado (2016). También, que los únicos realmente beneficiados son los políticos que vienen esquilmando el erario en nombre de la paz.
Motivado por el Premio Nobel de Juan Manuel Santos, el actual presidente, Gustavo Petro, se embarcó desde el primer día de su gobierno en algo que él mismo llama ‘Paz Total’: un proyecto que pretende desescalar la violencia en el país, sosteniendo diálogos y mesas exploratorias con todos los grupos armados que operan en la Colombia rural y urbana. Para demostrar que ‘iba en serio’, incluso, puso en marcha un programa que paga el equivalente de un salario mínimo a jóvenes vulnerables de Buenaventura para que no se enrolen en pandillas o grupos paramilitares.
No obstante, a que todas las organizaciones criminales que operan en el país han coqueteado con la ‘Paz Total’, solo la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) había ‘avanzado’, tanto así, que se habló de implementación inmediata de los acuerdos establecidos en el marco de los cinco ciclos de conversaciones y una ronda donde se incluyera a la población civil que habita las zonas de influencia de ese grupo armado ilegal.
En La Habana, influido por la dinámica de las conversaciones de su equipo negociador, mientras anunciaba un nuevo cese al fuego bilateral, Petro dijo: “aquí termina una etapa de insurgencia armada en América Latina (…) El mundo de las armas y de matarse unos a otros (…) debe terminar» y más adelante, en su larga disertación, vaticinó: «en mayo de 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado”.
Los videos que circulan en redes sociales y medios de comunicación, donde se observa la desesperación de los habitantes del Catatumbo por salvaguardar sus vidas, son sin duda, un duro golpe de realidad al romanticismo dialéctico del presidente Gustavo Petro, quien, ante los hechos, uno más censurable que el otro, tuvo que frenar en seco su optimismo.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que vigilan de cerca la situación de derechos humanos en el país, emiten juicios de valor lapidarios sobre la política de seguridad del actual gobierno. En el último Reporte Mundial, aseguró: “dos años y medio después de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, su estrategia de “Paz Total” ha logrado resultados limitados para frenar los abusos de grupos armados contra la población civil” y, más adelante, explicó: “el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios; el ELN, en 232; y los grupos “disidentes” de las FARC, en 299. Estas cifras representan un aumento de aproximadamente el 55%, el 23% y el 30%, respectivamente, en comparación con 2022”.
Este complejo panorama, donde solo se observa un avance progresivo de las estructuras criminales en la ruralidad y un régimen de terror en las ciudades, exacerbado por vendettas en busca del control total de las rentas ilegales producto del narcotráfico y la extorsión, no tiene ningún tipo de justificación creíble, muy a pesar de la excelsa capacidad oratoria del presidente Petro. De hecho, a la luz de un lector bien informado, en los más de dos años de la política de Paz Total, el gobierno de turno ha conseguido un fin totalmente distinto al inicialmente buscado, a saber: el desescalamiento del conflicto armado en el país.
Las cifras no acompañarán en lo sucesivo ningún discurso encaminado a la retoma de las negociaciones con el ELN: 48.000 desplazados producto de una disputa territorial entre dos organizaciones que buscan la paz con el gobierno no es un tema menor. Aunque el presidente Petro escribió en X que los diálogos estaban suspendidos, su reinicio no se dará en el corto plazo, habida cuenta de la realidad.
No se sabe si el presidente Gustavo Petro -quien a pesar de las pocas muestras de paz del ELN y desoyendo a un importante número de voces que le hacían ver la incongruencia de la guerrilla, cerró sus ojos y oídos y se la jugó por sacar adelante una de las banderas de su programa de gobierno- apueste otra vez por revivir un proceso a todas luces, sin posibilidad alguna de éxito. Valga la pena decir, que la paz de Santos, a fecha de hoy, deja más dudas que certezas.
Lo único claro es que Petro cayó en la trampa de la paz, tendida por organizaciones al margen de la Ley que tanto ayer, como hoy, usan ese tiempo de ‘concertación’ y la inactividad de las Fuerzas Armadas para convertir sus zonas de influencia “en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas ilícitas, en un depósito de armas, dinamita y carros robados”.

