El final de un monopolio moribundo

Por: Iván David Correa Acosta

El final del monopolio del aguardiente se veía venir. El monopolio era de los últimos vestigios de los impuestos que la Corona Española exigía a sus ciudadanos en las épocas coloniales. El aguardiente significó durante siglos una fuente de recursos indispensables para las regiones, en especial los departamentos, que ven en el licor una cartera segura para sus presupuestos.

Con el final del monopolio, no acaban estos ingresos para las entidades territoriales, dado que, de manera curiosa, estos recursos terminan llegando a la salud departamental, algo bastante paradójico. Con esto acaba una práctica bastante arbitraria de los departamentos, en especifico de los que tienen aún tienen fábrica de licores (Como dato curioso, en ningún departamento de la Costa Caribe sobrevive una Fabrica de Licores con control del ente territorial), era instalar “fronteras licoreras” en sus departamentos para evitar el paso del aguardiente de otro departamento al suyo para evitar “perdidas millonarias” y así asegurar la entrada de recursos, con ese enfoque fue que el legislador promulgó la ley 1816 del 2016, una ley que imponía un proteccionismo a la criolla, unos cuentos trumpistas pero a la colombiana, esta ley permitía en su artículo 28 que los departamentos ponían imponer permisos o prohibiciones de venta a aguardientes que no fueran fabricados en su Licorera hasta por seis años, un abuso desmedido y algo que claramente restringía la libertad económica y de empresa en el país, fronteras internas arbitrarias.

Esto pasó de agache por varios años, hasta que se desató una fuerte polémica en el 2024, por cuenta del lanzamiento o bueno, de la creciente popularidad que tomó el Aguardiente Amarillo de Manzanares, aguardiente fabricado por la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS y de que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, adscrita a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, impusiera una restricción al aguardiente amarillo, impidiendo venderlo en Bogotá y Cundinamarca, lo que generó una enorme controversia nacional y una demanda que llegó a la Corte Constitucional por parte de la Licorera de Caldas, aduciendo haber perdido un gran mercado como lo es Bogotá y Cundinamarca por una ley absurda que imponía restricciones de movilidad y de empresa en el propio país. Generó un gran debate jurídico que terminó declarando inexequible los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, que facultaban a los departamentos que producen aguardiente a restringir la venta de tragos que no fueran propios hasta por seis años.

Una victoria enorme para Colombia, el derrotar un sistema colonial que aún vulneraba el derecho a la libertad de los consumidores en poder consumir el licor que prefieran dentro del territorio nacional, para los departamentos que han construido absurdas barreras, en pos de seguir alimentando monopolios rentísticos oscuros y una victoria para los colombianos, que ya por fin podemos elegir que tomar en cualquier lugar del país. Con esto marco mi regreso a las columnas en este 2025, en un tema que a todos, sí, a todos, nos interesa.